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“A los que les guste mucho la plata hay que correrlos de la política. Hay que buscar gente que viva con sencillez, con sobriedad, como la inmensa mayoría de la sociedad”. Pepe Mujica
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Nacionales - 20-03-2017 / 08:03
LA PELEA SALARIAL EN EL AÑO ELECTORAL

Los intendentes del PJ firman paritarias más altas y complican la pauta de Vidal

Los intendentes del PJ firman paritarias más altas y complican la pauta de Vidal
Los intendentes del PJ desafían a Vidal y cierran paritarias por arriba del 30%.
Entre 18 a 36, una ancha grieta separa los aumentos de salarios que, en medio del pulseo entre Mauricio Macri con la CGT y María Eugenia Vidal con los gremios docentes, otorgaron los intendentes de la provincia de Buenos Aires para el 2017.
 
Julio Garro, alcalde PRO de La Plata, consiguió en noviembre que los municipales le firmen una paritaria de 18%. En el otro borde, el peronista Fernando Gray, de Esteban Echeverría, dio una suba que en los sueldos más bajos trepa a 36%.
 
La diferencia roza los 20 puntos y tiene un rasgo definido: los alcaldes de Cambiemos negocian a la baja en línea con la recomendación que hizo Vidal, aunque varios no cumplieron la consigna, mientras los PJ, sobre todo los K, son más concesivos.
 
La oferta más alta la hizo Mario Secco, intendente K de Ensenada: propuso 44% de aumento en el básico pero el sindicato le dijo que no y pidió, a cambio, 30% en todos los conceptos y en un solo pago. Secco aceptó. "Es una vergüenza que Vidal ofrezca 18% a docentes y estatales y que amenace a los intendentes que si ofrecemos más que ella, no nos dará obras ni fondos", dijo.
 
En la gobernación traducen a Secco en clave electoral y sostienen que aunque en algún caso la grieta es por decisiones políticas, en otros es por las diferencias en los salarios básicos. En distritos del Conurbano hay mínimos de $4.500, mientras en el interior pueden llegar a $ 14.000.
 
Rubén García, de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSIMuBo), que reúne a 112 gremios de la provincia, rechaza el techo de 18/20% que recomendó Vidal. "Con lo que propuso, se iguala la inflación pero nosotros queremos recuperar lo que perdimos el año pasado. Arriba del 18%, los gremios piden 8% ó 10%", dijo García a Clarín.
 
El último diciembre, Vidal firmó con los estatales de UPCN una suba de 18% para todo 2017, en 4 cuotas de 4,5% y con una cláusula gatillo que ajusta según la variación de inflación.
 
Con ese acuerdo bajo el brazo, mandó a monitorear las paritarias municipales con el plan de plancharlas abajo de 20%. Joaquín De la Torre, ministro de Gobierno, su vice Alex Campbell -que es el responsable del área de Municipios- y Marcelo Villegas, ministro de Trabajo, fueron los encargados.
 
Como la paritaria depende de cada municipio, la Provincia no las puede limitar. El recurso es otro: desde La Plata avisan que cada distrito deberá responder con fondos propios para cubrir los aumentos salariales.
 
Como en La Plata, en San Miguel se aplicó 18%. Lo cerró Jaime Méndez, a cargo del distrito cuando De la Torre asumió como ministro bonaerense. Otro PRO aplicado fue Diego Valenzuela, que en Tres de Febrero firmó 18% con bonificaciones.
 
Los peronistas, en cambio, están todos cerca de 25%. E incluso más. "Hacemos el esfuerzo para ofrecer más que Vidal y que Macri para colaborar con que los salarios se recupere un poco" argumentan desde el PJ.
 
En San Martín, donde gobierna Gabriel Katopodis, se avanzó con una paritaria que va de 25% a 27%. Martín Insaurralde ofreció en Lomas de Zamora una suba variable de 23% y 28%. Gray, en Echeverría, otorgó subas que van de 27% a 36% -según el segmento salarial- mientras que en Almirante Brown, Mariano Cascallares (PJ), fijó una suba variable que se estira hasta 24%. Juan Pablo de Jesús, en el partido de la Costa, dio 31,5% y sorprendió a los propios sindicalistas.
 
En Avellaneda, Jorge Ferraresi, un cristinista explícito, aumentó 30% en tres tramos, con cuotas de 12, 9 y 9%. Uno de los gremios se levantó de la negociación.
 
A diferencia del parámetro de 18/20%, del modelo Vidal derramó la cláusula gatillo que ajusta el aumento por inflación. La mayoría de las paritarias incorporaron ese recurso de revisión.
 
Otros PRO se salieron del corset provincial. En Quilmes, Martiniano Molina rompió el techo de los 20 y firmó una suba de 24% con 6 puntos de recuperación de atrasos pasados y 18% correspondientes a este año. En Mar del Plata, Carlos Arroyo, un vecinalista que integra Cambiemos, propone 26% con 18% correspondiente al 2017 y pero 8 puntos de recuperación de salarios. Es un atajo. Cumplen, por un lado, con la pauta que Vidal cerró con UPCN y propone a docente, pero agregan subas con el argumento de subas atrasadas o bonificaciones. En Pinamar, el joven macrista Martín Yeza, ofrece 23,5%.
 
En Ameghino, Villegas y Los Toldos, intendentes de Cambiemos, también cerraron en 18%, pero en Lincoln y Rivadavia, otros oficialistas, dieron aumentos de 35%. Varias discusiones esperan la resolución del tema docente. Todavía no se cerraron paritarias de distritos clave como La Matanza, Tigre y Vicente López, donde gobierna Jorge Macri.
 
Por Pablo Ibáñez
 
Fuente: Clarín 
 
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22-04-2018 / 17:04
De visita en Estados Unidos, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, afirmó ante periodistas argentinos que hay un "optimismo total" sobre lo que aquí sucede. Pocos días antes, El País publicó un sencillo y claro reportaje, a Guillermo Ambrogi, presidente de la Cámara de Comercio Española en Argentina. Ambrogi no teme decir que Macri fue ingenuo cuando creyó que lo iban a tapar con inversiones.
 
Y que esas inversiones (que se esperan hace más de dos años) no llegarán hasta que una inflación controlada garantice a los empresarios su tasa de ganancia. No se refirió en primer lugar a los costos laborales (que mencionó después), sino de la inflación.
 
De eso deberíamos hablar: de que Macri se equivocó en sus predicciones y diagnósticos y que llegó al gobierno haciendo promesas que eran mentiras o torpes ingenuidades. Elíjase lo que mejor parezca.
 
El mismo jueves en que se difundió el optimismo de Caputo, también nos enteramos de que los aliados de la UCR y la Coalición Cívica habían logrado que los férreos Marcos Peña y Aranguren accedieran a dos modificaciones en el cronograma de los aumentos de tarifas.
 
La noche anterior, en barrios que no pueden ser denominados K, cientos de ciudadanos cortaron bocacalles entonando la consigna "Mauricio Macri la puta que te parió". Más que sensibilidad social o negociación con sus aliados, el macrismo se dio cuenta de que esas manifestaciones no eran buenos preliminares para su pretensión de 2019.
 
No queda claro si los radicales están en condiciones de capitalizar el triunfo de dos puntos de su pliego de modificaciones sobre tarifas. El problema, para los radicales, es que no tienen figuras que puedan hacer balance con lo que logran.
 
Es injusto que no se reconozca a Mario Negri haber encabezado la negociación para morigerar el sablazo planificado por Aranguren. Pero así es la política. La inquietud toca a los radicales, que suponen (con razón) que no están incorporados a una alianza.
 
Una alianza de gobierno requiere experiencia y un grado de confianza considerable. Sobre todo, requiere que los aliados no pierdan más de lo que ganan, ni que los desvele la certeza de que el "otro" ha ganado infinitamente más que uno mismo.
 
Una alianza implica distribución equilibrada del poder, de la discusión de las decisiones. Implica prever las posiciones del otro. Implica tacto, conocimiento y deliberación.
 
En países de régimen parlamentario, las condiciones de la alianza se pactan antes de firmar los papeles; la distribución de los cargos, también. Después, sin duda, habrá desinteligencias y discusiones, pero antes se hizo todo lo posible para evitarlas, aunque se sepa que son ineludibles.

21-04-2018 / 17:04
21-04-2018 / 10:04
Un nuevo recorte de personal en el Estado, llevado a cabo esta vez por el Ministerio de Agroindustria, se cobró ayer 330 puestos de áreas sensibles, como agricultura familiar, comercio exterior y estatus fitosanitario. Se dispuso el jueves, mientras se completaba la tanda de telegramas, asueto general en la sede de Paseo Colón y Azopardo y encargó un operativo policial para custodiar el edificio central.
 
Desde el organismo que conduce el ex titular de la Sociedad Rural, el oligarca Luis Miguel Etchevehere, confirmaron que esa cifra corresponde apenas a las áreas dependientes de la administración nacional. "Los despidos involucran un 50 por ciento de trabajadores de Capital Federal y otro 50 por ciento del Interior del país", señaló un vocero de Agroindustria.
 
El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla de personal y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual (3500 empleados).
 
Los gremios advierten que la misma suerte correrían trabajadores de organismos descentralizados (INTA, Senasa, Inase-Inidep y el Instituto Nacional de Vitivinicultura), pudiendo elevarse la cifra de despedidos a 958, y se declararon "en estado de alerta y movilización".
 
La decisión de Etchevehere de decretar asueto hasta el lunes, cercar con policías el acceso a la sede del Ministerio y rechazar los pedidos de reunión con los delegados sumó tensión a la situación. "Lejos de calmar los ánimos y llevar tranquilidad, parecen estar empeñados en echarle más nafta al fuego", criticó ATE a través de un comunicado.

21-04-2018 / 09:04
Frente al descenso inevitable de su imagen, producido por la crisis de la economía que generaron las medidas del gobierno de Mauricio Macri, la Casa Rosada renueva su arsenal con algunas apuestas que se empiezan a vislumbrar.
 
Hay una expectativa exagerada en el macrismo por el funcionamiento de la obra pública bajo el mecanismo de Participaciones Público-privadas (PPP) por las que las corporaciones constructoras ya comprometieron seis mil millones de dólares de inversión para los primeros cuatro años.
 
En estas licitaciones, las empresas se comprometen a conseguir el financiamiento internacional, pero es el Estado el que sale como garante. Constituye una forma de endeudamiento encubierto, porque las que toman el dinero son las empresas y el riesgo lo toma el Estado.
 
Los contratos garantizan a los financistas la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros. Esta modalidad ha levantado polémica en Europa porque los PPP son muy restrictivos para los Estados y porque el riesgo que recae en los gobiernos resulta excesivo.
 
Entre la espada y la pared por su enorme deuda, en Grecia los PPP se convirtieron en una vía desesperada de financiamiento. Se calcula que con ese mecanismo cada kilómetro de ruta nueva costó 70 por ciento más de lo presupuestado.
 
Las PPP, que involucran a las principales corporaciones locales, encabezadas por la flamante SACDE, que es la ex IECSA del grupo Macri, iban a ser anunciadas esta semana y se postergaron para el próximo martes con la esperanza de utilizar también su lanzamiento para neutralizar el mal clima creado por los tarifazos.
 
Las PPP serán el corazón de la estrategia del macrismo para reactivar una economía que está en plena crisis, con indicadores macro muy negativos y con el augurio nefasto de una magra cosecha de granos por las inundaciones.
 
Así como las PPP se lanzan en estos días para tratar de reavivar la economía y sostener la imagen alicaída del gobierno, también en estos días se conoció el dictamen de la jueza María Servini para intervenir el Partido Justicialista y designar como interventor a Luis Barrionuevo.
 
La práctica oficial de judicializar la política a través de la manipulación de los jueces ha sido una marca del macrismo. La intervención a un PJ que no había trasgredido ninguna norma es una maniobra que busca demonizar al adversario y frustrar la posibilidad de que el peronismo construya una sola candidatura para el 2019.
 
La intervención está destinada al fracaso. Pero con el sello del PJ y la complicidad de las corporaciones mediáticas se convertirán en propaladores de un  mensaje destinado a entorpecer el proceso de unidad que buscarán por otro lado las corrientes peronistas más representativas. 

20-04-2018 / 16:04
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