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Sociedad e Interés General - 14-03-2017 / 18:03
EFEMÉRIDES POPULARES

Se sanciona la Ley Universitaria del Tercer Gobierno Peronista

Se sanciona la Ley Universitaria del Tercer Gobierno Peronista
Se la recuerda como la “Ley Taiana”, en honor a Jorge Alberto Taiana uno de los impulsores de la norma que fuera el Ministro de Educación del Tercer Gobierno Peronista.
El 14 de marzo del año 1974 se sancionó la ley 20.654/74, Ley Orgánica de las Universidades Nacionales. Se la recuerda como la "Ley Taiana", en honor a Jorge Alberto Taiana uno de los impulsores de la norma que fuera el Ministro de Educación del Tercer Gobierno Peronista.
 
La ley consiguió organizar en un texto articulado y coherente, las posiciones de dos tradiciones universitarias:
 
1) La nacionalista y popular iniciada en 1946.
 
2) La reformista inaugurada en 1918.
 
La Opinión Popular
 
LEY UNIVERSITARIA DEL TERCER GOBIERNO PERONISTA
 
 
"Las universidades nacionales son comunidades de trabajo que integran el sistema nacional de educación en el nivel superior con el fin de impartir enseñanza, realizar investigación, promover la cultura nacional, producir bienes y prestar servicios con proyección social y haciendo los aportes necesarios y útiles al proceso de liberación nacional, contribuir a la solución de los grandes problemas argentinos".
Artículo 1 de la ley 20.654/74
 
 
1) La ley Taiana y el nacionalismo popular
 
A lo largo de su historia, el peronismo protagonizó una acción legislativa prolifera y la norma del año 1974 fue precedida por las leyes 10.031/47 y por la 14.297/54. La decisión de regular por ley el funcionamiento universitario, no fue una casualidad. Por el contrario, la voluntad legislativa suponía que las instituciones tenían que articularse con el proyecto nacional y que debían actuar en correspondencia con la soberanía popular.
 
La ley 20.654 actualizó en los años setenta, los principios del nacionalismo popular universitario iniciados en 1946. El programa puede resumirse en los siguientes aspectos:
 
La función social de la educación superior
 
En el año 1949 el peronismo sancionó la gratuidad de la institución. Para darle mayor entidad a la función social universitaria, la ley 20.654 incluyó un "régimen de becas" de ayuda económica, de estímulos, de asignación a la familia, para estudiantes extranjeros y de honor.
 
La iniciativa mencionó que las becas tenían que orientar a los "estudiantes hacia las carreras estratégicas".
 
La ley permitió que alumnos sin titulo de escuela media ingresen a la universidad demostrando "estudios que permitan deducir una capacitación equivalente al mismo".
 
Perfil científico orientado a la industrialización
 
La ley 13.031/47 planteó que las universidades tenían que "Estimar el estudio y desarrollo de la ciencia aplicada y las creaciones técnicas, adaptándolas a las necesidades regionales". La propuesta buscó comprometer a la universidad, con el proceso de industrialización nacional del Primero y Segundo Plan Quinquenal.
 
Profundizando la misma concepción, la ley del año 1974 propuso "Promover, organizar y desarrollar la investigación y la enseñanza científica y técnica, pura y aplicada, asumiendo los problemas reales nacionales y regionales, procurando superar la distinción entre trabajo manual e intelectual. La orientación será nacional y tendiente a establecer la independencia tecnológica y económica"
 
Difundir contenidos nacionalistas y populares, en el marco de una universidad regionalizada en sus funciones de enseñanza y de investigación
 
Según la ley de 1974 son objetivos de la universidad "Formar y capacitar profesionales y técnicos, con una conciencia argentina apoyada en nuestra tradición cultural, según los requerimientos nacionales y regionales de las respectivas áreas de Influencia".
 
Las instituciones tenían que "Elaborar, desarrollar y difundir el conocimiento y toda forma de cultura en particular la de carácter autóctono, nacional y popular".
 
Universidad antiimperialista
 
En línea con las leyes universitarias de 1947 y de 1954, la norma mencionó que "El docente universitario no podrá defender intereses que están en pugna, competencia o colisión con los de la Nación, provincias o municipios, siendo pasible, si así lo hiciera, de suspensión, cesantía o exoneración (...) Es incompatible con el ejercicio de la docencia universitaria o funciones académicas que le sean correlativas, el desempeño de funciones jerárquicas o de asesoramiento, remuneradas o no, al servicio de empresas multinacionales o extranjeras, como así también la pertenencia a organizaciones u organismos internacionales cuyos objetivos o accionar se hallen en colisión con los intereses de la Nación".
 
"Iguales recaudos deben tomarse en los casos de créditos y otras financiaciones, con el fin de mantener la libertad e independencia de sus actividades docentes y de investigación. En ningún caso se aceptan liberalidades provenientes de empresas multinacionales en colisión con los intereses de la Nación".
 
Los trabajadores universitarios y la justicia social
 
La leyes de 1947 y de 1954 introdujeron la figura de dedicaciones exclusivas y la carrera docente. Ésta última, fue ratificada por la ley 20.654.
 
Profundizando las políticas de justicia social para los trabajadores, la ley de 1974 incluyó la estabilidad permanente de los docentes luego de una tercera designación (concurso).
 
La integración regional
 
Para el tercer gobierno peronista la universidad tenía que "Estimular el estudio de la realidad nacional y el protagonismo que corresponde a la Argentina dentro del orden mundial y del proceso de integración regional y continental".
 
La universidad y las políticas de Estado
 
Fiel a la tradición del nacionalismo popular, la Ley Taiana generó mecanismos de articulación entre las universidades, el resto de las políticas del Estado y las Organizaciones Libres del Pueblo.
 
Los Estatutos tenían que prever "La vinculación con organismos especializados nacionales, provinciales y municipales, la promoción cultural del medio a través de actividades de capacitación, de perfeccionamiento, profesionales y artísticas".
 
La norma mencionó que las instituciones tenían que "Prever las normas reglamentarias para la vinculación de la universidad con las provincias, los municipios, la Confederación General del Trabajo, fuerzas organizadas de la producción, de la industria y del comercio y organizaciones profesionales y científicas, para la consideración de asuntos específicos".
 
2) La ley Taiana y el reformismo
 
La autonomía universitaria adquirió estatus constitucional con la reforma del año 1949.
 
La regulación del año 1974 reiteró la autonomía de la institución e institucionalizó la libertad de cátedra y el cogobierno. Las universidades estaban habilitadas para dictar "cursos libres, parciales, o completos sobre cualquier materia del plan de estudios; asimismo, organizarán cursos de postgrado orientados a la educación y capacitación permanente".
 
Las leyes de 1947 y 1954 habían dejado la potestad de designación del rector y de los docentes (previo concurso) al Poder Ejecutivo Nacional[1]. Por el contrario, la ley 20.654 garantizó la participación de los tres[2] claustros en el marco de una universidad cogobernada.
 
La norma mencionó que "El gobierno y la administración de las universidades serán ejercidos con la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria: docentes, estudiantes y personal no docente".
 
La inclusión de los "no docentes" fue un hecho histórico de suma trascendencia y le dio entidad jurídica material, a la acción protagónica de los trabajadores de la universidad.
 
La Ley Taiana les otorgó a los "alumnos" el derecho a formar parte de los concursos docentes como miembros del jurado. 
 
 
 
[1] Este sistema fue organizado con anterioridad. Para conocer el contexto de aparición ver:
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.ar/2014/02/wilde-y-la-autonomia-universitaria.html
 
[2] La Ley Taiana no incluyó a los graduados. Este sector ocupó lugares en la universidad desde la dictadura de 1955. La ley 20.654 obligó a las universidades a crear "Departamentos de graduados" y estudios de posgrado.
 
Por  Aritz Recalde  
 
Consultá los artículos e investigaciones de mi blog:
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com/
 
Fuente: Nac&Pop
 
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21-02-2018 / 12:02
21-02-2018 / 12:02
19-02-2018 / 22:02
El 20 de febrero de 1932, el general Agustín Pedro Justo asume como presidente de Argentina para el periodo 1932 - 1938. Su época se denominó "Década Infame", un período de gobiernos autoritarios, ilegítimos y corruptos, signados por la trampa electoral sistemática, la represión a opositores, la proscripción del yrigoyenismo y la entrega económica de la Patria.
 
Fue elegido presidente en 8 de noviembre de 1931, apoyado por la dictadura militar gobernante y los sectores políticos que integrarían poco después la Concordancia, alianza conservadora formada por el Partido Demócrata Nacional, la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente. Sobre las elecciones que lo consagraron presidente pesó la acusación de fraude electoral y la proscripción del radicalismo.
 
Expresión de la restauración conservadora, de la vieja argentina oligárquica, semicolonial y dependiente, su labor fue empañada por constantes acusaciones de corrupción y de haber entregado la economía nacional a los capitales extranjeros, en particular los británicos. Tuvo, durante su gobierno, la persistente oposición de los sectores yrigoyenistas de la Unión Cívica Radical.
 
El gobierno de Justo, fiel representante de los sectores ganaderos oligárquicos exportadores, envió a su vicepresidente, Julio Argentino Pascual Roca, para suscribir el Pacto Roca-Runciman. Con ese vergonzoso acuerdo, Inglaterra sólo se comprometía a seguir comprando carnes argentinas siempre y cuando su precio fuera menor al de los demás proveedores. En cambio, la Argentina aceptó concesiones lindantes con la deshonra: liberó los impuestos que pesaban sobre los productos ingleses y se comprometió a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos. Además de la concesión de todos los medios de transporte público de la ciudad de Buenos Aires.
 
Por Blas García

19-02-2018 / 22:02
19-02-2018 / 22:02
Estallada la guerra con el Imperio esclavista del Brasil, el general Carlos María de Alvear fue designado jefe del Ejército Republicano. Este se hizo cargo de sus fuerzas en septiembre de 1826; las mismas alcanzaban a 7.000 hombres. Las acciones bélicas se iniciaron al comenzar el año, y hubo varios hechos exitosos para las armas patrias: toma de Bagé, victorias de Bacacay y Ombú.
 
La batalla de Ituzaingó o batalla del Paso de Rosario se desarrolló en lo que actualmente es el centro-oeste del estado de Río Grande del Sur (en la época del combate el área estaba litigada entre Argentina y Brasil).
 
Fue un enfrentamiento ocurrido el 20 de febrero de 1827 entre las tropas aliadas de los insurrectos orientales y el Ejército Argentino, por una parte, y las tropas del imperio del Brasil por otra, enfrentados por el control de la Banda Oriental en manos brasileñas desde 1820.
 
Fue una victoria táctica de los aliados, y dio nacimiento a la Convención Preliminar de Paz que se firma en 1828, reconociendo como Estado libre, independiente y soberano al Uruguay, poniendo fin al ciclo militar de la primera época de la historia uruguaya.
 
La historiografía brasileña llama a este combate batalla de Passo do Rosário ya que ocurrió en las cercanías del vado del Rosario, a pocos kilómetros al este de la ciudad hoy brasileña de Rosário do Sul entonces en las Misiones Orientales.
 
Lo ganado por las armas en el campo de batalla, seria cedido por el presidente unitario Bernardino Rivadavia en el campo diplomático; dando instrucciones para que se firme "la paz a cualquier precio".

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