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Nacionales - 22-02-2017 / 08:02
SUS EXPLICACIONES FUERON INSUFICIENTES Y EVASIVAS

"Affaire Correo": sin autocrítica, Aguad intentó justificarse y encubrir a Macri en el Congreso

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, avanzó este martes en otro paso de sacarse responsabilidades de encima por el caso del Correo y no dudó en involucrar a Mauricio Macri en el escándalo: "Yo nunca dije que el Presidente no sabía, dije que no lo habló conmigo", afirmó el ministro ante la mirada atónita de los diputados de Cambiemos, presentes en el plenario de la comisión de Comunicaciones. Aguad ya había involucrado a Marcos Peña, días atrás en una entrevista radial con Marcelo Longobardi. Dijo entonces y este lunes lo reiteró que el polémico acuerdo lo cerró, luego de avisarle al jefe de Gabinete. "Nosotros trabajamos en equipo en serio. Le dije a Peña que había firmado el acuerdo, pero era un tema del Ministerio. Es probable que el presidente sepa del acuerdo, pero por mí no se informaba", agregó, haciéndole al macrismo una llave de judo con su remanido concepto del "equipo". “Nosotros trabajamos en equipo en serio, le dije a Peña que había firmado el acuerdo, es probable que el presidente sepa del acuerdo, afirmó con bastante cinismo Aguad. Las declaraciones del radical no son inocentes ni gratuitas, ya que hay una causa penal en curso. De hecho, apenas un día después de ser allanado por orden del juez Ariel Lijo, el ministro implicó al Presidente en el caso, contradiciendo la estrategia del Gobierno que buscó despegar a Macri del entendimiento con su propia empresa.
El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, concurrió al Congreso para intentar explicaciones sobre el fraude que se pretendió orquestar desde el Gobierno por el perdón de la deuda de la empresa de Franco Macri. Allí, buscó encubrir a Mauricio Macri tras el escandaloso acuerdo por el Correo, por el cual, según la fiscal Gabriela Boquín, se produciría un perjuicio para el Estado de $70 mil millones.
 
Frente a los diputados de la comisión de Comunicaciones e Informática, Aguad insistió en que no se condonó ni un peso, acusó a los K por no haber aceptado las condiciones ruinosas que propuso el Grupo Macri en años anteriores y además, dijo que no hubo conflicto de intereses pese a que la empresa es propiedad de los hijos del Presidente, con usufructo de su padre, Franco Macri.
 
"Yo no dije que el Presidente no sabía, yo dije que nunca hablé con él de esto", se rectificó Aguad, en un verdadero "sincericidio", pero recibió duros cuestionamientos de todo el arco opositor. El FpV y el Frente de Izquierda, entre otros, reiteraron el pedido para que sea interpelado en el recinto por considerar que las explicaciones fueron insuficientes y evasivas. "Le admiro la desvergüenza con la que usted quiere defender este delito", le espetó el diputado Martín Doñate.
 
Aguad acudió al Congreso con la voluntad de no contestar prácticamente ninguna de las preguntas que se le formularon. Casi sin nombrar jamás al Correo, a Franco Macri o a la empresa Socma, Aguad repitió buena parte de las justificaciones que ensayó desde que explotó el tema. Sin embargo, entre explicaciones previsibles y medias respuestas, dejó algunas frases que no tienen desperdicio.
 
"No hemos dado marcha atrás, el Presidente dijo que estamos ante un problema de transparencia. ¿Y cómo salimos? con más transparencia", sostuvo Aguad y consideró que "la familia que es dueña del Correo Argentino tiene que pagarle al Estado lo que le debe". "No le vamos a perdonar un peso de capital y vamos impedir que trate de cobrarle al Estado los juicios que tiene pendientes", sobreactuó.
 
Uno de los puntos en los que mayor hincapié hizo la oposición fue en el conflicto de intereses. "El presidente está de los dos lados del mostrador. Es el dueño de la empresa que le debe a los argentinos. Y el Presidente le hace juicio al Estado, le quiere sacar más plata al Estado. Hay una perversidad nunca vista en un gobierno. Es un escándalo internacional", afirmaron desde la oposición.
 
Pablo Kosiner, del Bloque Justicialista, acusó de que "el ministro señala que no hay conflicto de interés cuando las acciones de la empresa son de los hijos del presidente y el usufructo de la empresa es de su padre. Le pido al Ministro que me defina qué es el conflicto de interés". Y el diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, remató que "la explicación de Aguad es extremadamente pobre frente al escándalo desatado. No creo en el cuento que nos ha hecho, lo lamento mucho. ¿Nadie estaba informado? ¿Esto es impericia, ineptitud?".
 
La Opinión Popular

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, brindó este martes explicaciones al Congreso sobre el pacto suscripto entre el Estado nacional y el Correo Argentino por una millonaria deuda que la empresa tenía cuando era propiedad del padre del presidente Mauricio Macri.
 
Ante la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, el funcionario afirmó: "Hicimos lo que pudimos, obviamente que hay un enorme quebranto en perjuicio del Estado". "Estamos tratando de ser lo más transparente que podamos" añadió y consideró que "no hay conflicto de intereses".
 
En sintonía con la que expuso el Gobierno antes de dar marcha atrás con el acuerdo, Aguad enfatizó que al haber una quiebra "las deudas no se pueden ni actualizar ni recargar intereses. Consecuentemente, lo que heredamos era un pasivo que teníamos que cobrar desactualizado en un 90 por ciento". Así, defendió que el Gobierno haya aceptado que una deuda de $296 millones (durante la convertibilidad) se pague $600 millones en 2033.
 
Según la fiscal Gabriela Boquin, que consideró "abusivo" el convenio firmado entre el Estado y el Correo -propiedad del Grupo Macri-, el argumento del Poder Ejecutivo es falso y se condonó una deuda que actualizada ascendería a $4.000 millones.
 
No obstante, el dictamen de la procuradora, el titular de la cartera de Comunicaciones insistió con la tesis que lo llevó a rubricar el polémico pacto."Las opciones eran seguir haciendo lo que se hizo durante 10 años, es decir la omisión. La otra opción era pedirle la quiebra a la empresa, pero la empresa no tiene bienes, fue desapoderada en 2003 de los bienes" por el Estado, añadió, y continuó con la estrategia oficial de culpar al kirchnerismo.
 
Ante la crisis política que se desató, el ministro sostuvo que "el Presidente entiende que tenemos que generar un protocolo para los cosas donde hay dudas". "El acuerdo ya se anuló", aseguró luego.
 
Y en referencia a los juicios iniciados por el Correo contra el Estado, dijo: "Estoy tratando que no puedan cobrar un peso de esos juicios". Después, sobreactuó: "No le vamos a perdonar un peso" al grupo Socma de la deuda que tiene con el Estado. Pero también indicó que "es muy probable" que Mauricio Macri se haya informado sobre el desarrollo de la causa.
 
"Jamás dije que el Presidente no conocía (el acuerdo con el Correo), dije que nunca hablé con el Presidente de este tema", precisó el funcionario. "Yo era el responsable del tema del juicio. El Presidente no se puede interesar por un juicio donde está involucrada su familia", agregó.
 
 
Cruces
 
Las respuestas fueron instantáneas y unánimes desde la oposición. "Le admiro la desvergüenza con la que viene a defender este delito", le espetó el diputado por el FPV, Martín Doñate. "Decir que el acuerdo vuelve a "foja cero" no solo es admitir el delito, sino que ratifica que el Presidente sabía (lo que estaba sucediendo) y que el Presidente es el dueño del Correo", dijo.
 
Acto seguido, Doñate, cruzó al ministro: "Lo utilizan a usted y a (el director de Asuntos Jurídicos, Juan Carlos) Mocoroa para robarle $70.000 millones a los argentinos". Esa cifra es la deuda que se le condonaría al grupo Macri si se aplicasen sobre la deuda los intereses desde el 2001 al 2033, cuando culmina el plan de cuotas que se le otorgó al Correo.
 
"Estamos ante una verdadera estafa", señaló el diputado y manifestó no estar sorprendido porque "venimos alertando que los dueños de grandes empresas se sientan en los sillones del Estado para decidir sobre sus propios intereses". En este contexto, el legislador kirchnerista mostró un listado de 54 funcionarios "que cumplen roles que son incompatibles".
 
Doñate calificó el acuerdo como "una perversidad nunca vista en un gobierno" y "un escándalo internacional" al tiempo que consideró que el ministro debería estar "en el recinto de la Cámara, dando respuestas a través de una interpelación".
 
Desde el Frente Renovador, uno de los diputados que tomó la voz fue Felipe Solá, quien cuestionó la forma en que se manejó el Gobierno. "No estamos discutiendo esa cifra (en referencia a los $70 mil millones) sino las formas de moverse y operar cuando se tiene que negociar con una empresa de la familia Macri", afirmó. "No creo en el cuento (del Gobierno sobre el asunto). Yo lo conozco al ministro Aguad y usted tampoco creería en el cuento", cruzó al ministro y dirigente radical.
 
El diputado massista se preguntó si "cuando se firma un convenio de gravedad importantísima para el Estado, ¿no se sabe que la familia presidencial es parte, no lo sabe el Presidente que se llama Macri ni el jefe de Gabinete (Marcos Peña)? A todos tenemos que acusar de que no están informados".
 
Por su parte, desde el Bloque Justicialista, el diputado Pablo Kosiner alertó que "es imposible negar un conflicto de intereses" y consideró que "no han sido lo suficientemente sólidas" las "explicaciones" del ministro de Comunicaciones para "desvirtuar la idea de que los funcionarios incumplieron con sus deberes".
 
"El usufructo es del padre del Presidente y las acciones son de los hijos. Si eso no es conflicto de intereses, ¿entonces qué es?", se interrogó. "Esto no es una confrontación política, esto es un pedido de informe, está en juego el patrimonio de todos los argentinos", concluyó.
 
Aguad había ingresado al Congreso a las 14.35. La explicación del ministro comenzó cerca de las 15.15. Tras su mensaje al plenario de Diputados, los legisladores comenzaron con sus preguntas y comentarios.
 
 
Contexto
 
La exposición del ministro ocurrió luego de que el lunes Gendarmería ingresara al Ministerio en busca de información. El jueves pasado, el presidente Mauricio Macri había anunciado el retorno a "foja cero" del controversial acuerdo que beneficiaba a la empresa de su padre Franco Macri.
 
"No hay ningún hecho consumado, nadie cobró, nadie pagó ni condonó nada", aseguró Macri la semana pasada para intentar amortiguar el impacto que causó la noticia en la opinión pública.
 
En pos de contener la crisis que desató el acuerdo, el martes pasado, Aguad participó de una reunión del interbloque Cambiemos en la que se trazó una estrategia para amortiguar el impacto del caso, que fue judicializado.
 
Por caso, tanto Macri y Aguad fueron imputados en una causa penal iniciada por la denuncia de los dirigentes kirchneristas, Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti.
 
Ante este escenario, el lunes pasado la Casa Rosada presentó un escrito ante la Cámara en lo Comercial en el que pidió dejar sin efecto el acuerdo a que había arribado con la empresa Correo Argentino por los cánones que el Grupo SOCMA tiene impagos desde 2001.
 
El tribunal resolvió ante ello, convocar a una nueva audiencia de las partes para el próximo 16 de marzo a las 11, para volver a evaluar los términos de los reclamos y un eventual nuevo acuerdo entre acreedores y la empresa.
 
Por su parte, el juez federal Ariel Lijo dispuso este mismo lunes la búsqueda de información en el Ministerio de Comunicaciones.
 
En este mismo plan de "acelerar" la investigación, el magistrado ordenó que una comisión de la Gendarmería Nacional se presente en el Ministerio para exigir documentación, con un plazo de entrega de 24 horas.
 
Le pidió a la cartera, dirigida por Oscar Aguad, que presente información sobre los antecedentes y proyectos que constan en torno al concurso preventivo de quiebra; detalles sobre el marco normativo respectivo; y los antecedentes de Mocoroa.
 
Con respecto a la Cámara en lo Comercial, Lijo solicitó que entregue copias certificadas sobre las ofertas y contraofertas de las negociaciones; y las opiniones que dieron la Fiscalía, la Sindicatura General de la Nación, y los síndicos controlantes y verificantes.
 
Pero también la Auditoría General de la Nación y la Procuración del Tesoro tendrán que darle explicaciones al juez actuante. En este caso, deberán aportar las opiniones que hizo en torno al concurso preventivo del Correo Argentino.
 
Se trata de las primeras medidas de prueba ordenadas por el magistrado a instancias del fiscal federal Juan Pedro Zoni, quien imputó a Macri y Aguad la semana pasada para determinar si el acuerdo con el Correo implicaba un perjuicio al Estado.
 
Fuentes: iProfesional, Página12, La Política Online y LOP
 

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28-03-2024 / 08:03
Una nueva, polémica, cruel e insensible decisión del gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei que perfecciona el desgobierno. Las marchas y contramarchas con la nueva movilidad jubilatoria por DNU, eludiendo al Congreso, sumadas al desbarajuste causado por los despidos indiscriminados en la Anses, terminaron impactando de lleno en los jubilados: se anunció oficialmente que la liquidación de abril se pagará en dos cuotas y ni siquiera se comunicaron las fechas en que se efectivizarán. La libertad avanza en el saqueo: jubilaciones licuadas y en dos cuotas.

Siempre contra los más débiles y en medio de despidos en Anses, por primera vez las jubilaciones se pagarán desdobladas. La primera parte corresponderá al mismo monto de la jubilación de marzo y el segundo tramo a la diferencia por el bono y el aumento por inflación. Milei y Luis "Toto" Caputo siguen golpeando a los adultos mayores bajo el pretexto de demoras en los cálculos para aplicar los ajustes por inflación y el bono de $70.000.
 
El mismo día que se conoció el dato de pobreza, confirmando que casi 20 millones de personas están alcanzadas; y mientras avanzan con despidos masivos en Anses y otras dependencias estatales, el gobierno aplica un nuevo golpe a los jubilados. En el primer tramo se pagará el mismo monto que se cobró en marzo y la fecha es la correspondiente al calendario. Mientras en segundo tramo se liquidará la diferencia correspondiente al aumento y el bono de $70.000 y aún no hay fecha determinada de pago.
 
Este ataque se suma a la estafa de la nueva movilidad por DNU anunciada este lunes. En la misma se establece que las jubilaciones y pensiones aumentarán en abril un 27,35 %, que es la suma de un 12,5 % de "compensación" por lo "perdido" en enero, cuando en realidad la inflación fue de 20,6 % que el gobierno se negó a dar completo. Y se adiciona un "adelanto de la movilidad" del 13,2 % por la inflación de febrero, "correspondiente al mes de junio de 2024".

A su vez, en mayo se otorgará un aumento "a cuenta" de la movilidad de junio, también basado en la inflación de dos meses previos, es decir la de marzo. Y en junio se aplicará la diferencia por la movilidad actual, es decir, descontando los aumentos a cuenta. El ajuste por IPC entrará en vigencia desde el mes de julio. Otro robo, dando una dádiva que apenas supera la cuarta parte del daño causado. 

Además del robo del empalme el DNU 274/2024 de Milei busca consolidar haberes de miseria y licuar el impacto del bono anunciado. El gobierno de LLA viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional, y lograr el superávit fiscal para cumplir con el FMI. El plan motosierra y licuadora no se detiene, hay que enfrentarlos.

Milei tiene una alta dosis de insensibilidad y no entiende lo que le pasa a un jubilado que cobra 200 lucas. Se ha caracterizado desde que asumió por estar muy lejos de combatir a "la casta", todas las medidas van en contra de los sectores más débiles de la sociedad. Con las jubilaciones por el piso, la Argentina firmó una carta de intención para adquirir 24 aviones obsoletos F-16 a Dinamarca. Cerca de US$ 340 millones irían a la compra de aviones en desuso en un gesto cipayo hacia EE.UU. en su disputa con China. El relato de "no hay plata" se resquebraja tras las necesidades de Milei y Caputo por hacer los deberes con EE.UU. en busca de financiamiento del FMI para su delirante aventura dolarizadora.

La Opinión Popular

27-03-2024 / 10:03
El ministro de Defensa, Luis Petri, cerró un acuerdo con su par  de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, por la compra de 24 aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea. Poulsen firmó y posó para la foto con Petri en el Edificio Libertador, pero detrás de cámara estaban también presentes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.
 
Con la firma del acuerdo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei reafirma su alineamiento cipayo total con Estados Unidos, al concluir una reequipamiento que había quedado abierto desde la gestión de Alberto Fernández y que tenía como alternativa la compra de aviones de última generación  J-17 a China.
 
El ministro Petri no dejó dudas sobre el movimiento geopolítico al compartir en sus redes primero la comunicación oficial del Ministerio y luego una nota de Infobae con el título: "Con el apoyo de Estados Unidos, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para comprar 24 aviones de combate F16".
 
El acuerdo se cerrará cuando Petri viaje a Copenhague a mediados de abril, donde se sellará el contrato para la adquisición de los 24 aviones F16, que el país aliado de la OTAN ya tiene en desuso para sus operaciones militares. Las naves fueron fabricadas por la empresa norteamericana Lockheed Martin y llegarían a la Argentina recién en diciembre, debido a que Dinamarca las entregará sin equipamiento ni armamento.
 
El reequipamiento de las naves quedará a cargo de Estados Unidos por un contrato de 40 millones de dólares, que será una donación de la administración Biden, según informaron desde Casa Rosada. Los aviones valen 300 millones y el armamento y la parte electrónica otros 300 millones, aunque Estados Unidos regala más o menos un 15 por ciento.
 
El acuerdo terminó de sellarse con la reciente visita del actual director de la CIA, William Burns, quien aterrizó en Buenos Aires la semana pasada para visitar la Casa Rosada y reunirse con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori; y el propio jefe de Gabinete. "Tenemos un problema a corto plazo, Rusia; pero un problema mayor, a largo plazo, China", dijo Burns en la reunión de la semana pasada.
 
Antes de ese reciente encuentro, el presidente Milei recibió al secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Rosada y poco después logró un breve encuentro con el candidato republicano y ex presidente Donald Trump.
 
La alineación sistémica de la Casa Rosada con Estados Unidos queda marcada con este acuerdo que cierra las puertas a la propuesta hecha por China para la adquisición de 34 aviones de guerra F17, mucho más modernos y más baratos. De esta manera, las Fuerzas Aéreas adquirirán los aviones F-16 dinamarqueses que están camino al desuso, al punto de que Bélgica se negó a venderle los F-16 a su aliado, Ucrania, porque no los consideró aptos.
 
La Opinión Popular
 

26-03-2024 / 08:03
En medio de confusiones, que obligaron a sacar un decreto correctivo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo estableció la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones por decreto sin pasar por el Congreso. Se actualizarán por la inflación de dos meses atrás, pero en el empalme quedará fijada la pérdida que provocó la mega devaluación de Milei, entre 25 y 30%, y seguirá congelada en ese piso histórico hacia el futuro. Con la jubilación mínima reducida a la mitad debido a la inflación (en febrero, comparada con el mismo mes del 2023 sin contar el bono), el Gobierno busca impedir cualquier tipo de recomposición limitando los aumentos solamente al índice de la inflación. Además la nueva fórmula de actualización no se aplicará a los bonos, dejando abierta la posibilidad de licuar aún más los magros ingresos de los jubilados.
 
Desde que asumió como presidente, Milei, viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional y reducir el déficit fiscal, pero ahora busca dejar asentado que los jubilados serán los garantes de su plan de ajuste. Este lunes el gobierno publicó un nuevo DNU cambiando la fórmula previsional para atar a los haberes a la inflación. El problema es que, en la actualidad, la jubilación mínima (que cobran la mayoría de los jubilados) no llega a cubrir ni el 30 % de la canasta básica de los adultos mayores y sin ningún mecanismo de recomposición no habría forma de revertirlo.
 
La modificación de la fórmula previsional era parte de la Ley Ómnibus, pero habiendo sido rechazada en el Congreso, desde el oficialismo decidieron realizarla por un nuevo DNU. La "urgencia" del gobierno se debe a que habiendo pasado el pico inflacionario de diciembre y enero, la fórmula vigente generaría aumentos mayores de los que están dispuestos a otorgar. Caputo, desde el Ministerio de Economía, viene aprovechando el método de actualización trimestral actual para licuar las jubilaciones y ahora pretende mantener el robo realizado con el cambio de la fórmula.
 
En medio de la polémica que se generó por el nuevo DNU, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al Gobierno de Milei, y a la medida. Según dijo el dirigente peronista, "es impresionante, la decisión de Milei es que el ajuste no recaiga en la casta sino en los jubilados" y agregó: "Es un atraco a los jubilados... Es consolidar una baja que ya se produjo, y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el guadañazo se lo dieron al bolsillo de ellos".
 
La propuesta es que las jubilaciones aumenten mensualmente por el IPC de dos meses atrás. Si bien a priori parecería superadora, el empalme provocará una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, 25 por ciento. La verdadera trampa se encuentra en el empalme es decir en los meses de transición entre una fórmula a otra. Desde abril, el gobierno decidió comenzar a dar aumentos por IPC "a cuenta" del resultado de la próxima fórmula de movilidad vigente en junio.
 
Con la nueva fórmula jubilatoria, Milei sumó resistencias en la oposición dialoguista. Varios legisladores de ese sector se expresaron contra la nueva fórmula de movilidad, que se suponía que discutirían en el Congreso. El Ejecutivo suma contratiempos en la negociación por la nueva ley Bases que el ministro Guillermo Francos buscará recomponer en un encuentro con mandatarios del Norte Grande.
 
La Opinión Popular
 

25-03-2024 / 07:03
Con una movilización histórica, organismos de DDHH reivindicaron la cifra de 30.000 desaparecidos. La marcha del 24M, que congregó a una multitud en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país, al cumplirse 48 años del último golpe cívico militar genocida, se convirtió en la tercera gran manifestación callejera contra el gobierno neoliberal anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. El Presidente fue principal blanco de críticas de los organismos de Derechos Humanos, el peronismo, movimientos sociales y la CGT.
 
Como en la huelga general del 24 de enero, y la movilización del 8M, numerosas columnas de organizaciones y miles de personas auto convocadas se volcaron a las calles para repudiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y reafirmar la consigna del Nunca Más. También ratificaron la cifra de 30 mil personas desaparecidas, número que el gobierno libertario puso en duda. En el documento final de la marcha, que leyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los organismos de derechos humanos reclamaron una ley contra el negacionismo de los crímenes de la dictadura.
 
Junto a esas consignas vinculadas a derechos humanos, la marcha estuvo atravesada por consignas contra las políticas del gobierno libertario y su siniestro plan de ajuste neoliberal. El 24M fue el tercer gran hito callejero contra el gobierno de ultraderecha. "Milei, basura, vos sos la dictadura", "El que no salta votó a Milei", "No se vende, la patria no se vende" y "Fueron 30 mil de verdad", concurrieron los canticos y las consignas que más se repitieron en la Plaza, donde además se colgaron banderas contra Victoria Villarruel, por su cercanía con los represores condenados por lesa humanidad.
 
El peronismo mostró un gran despliegue de movilización. Por Diagonal Sur, los gremios de la CGT y el Movimiento Evita coparon varias cuadras junto a la UTEP y apenas pudieron ingresar a la Plaza. Por Diagonal Norte, y después de caminar 13 kilómetros desde la ex ESMA, La Cámpora llegó pasado el mediodía en una columna encabezada por Máximo Kirchner. En tanto, el gobernador Axel Kicillof llegó junto a su gabinete y los intendentes del conurbano.
 
Fue una gran convocatoria que los medios hegemónicos tratarán de ignorar, y que respondió a la provocación del gobierno, que unió a la CGT, al peronismo, los movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y al movimiento de derechos humanos. La idea de derechos humanos encaja con la idea de justicia social, de país solidario, de trabajo y retribuciones justas, de protección a los niños, a los enfermos y a los ancianos, de hazañas científicas y culturales.
 
No encaja con la justificación de la dictadura, con el intento de que los jubilados crean que ganan poco por culpa de los de la moratoria y que los trabajadores se enfurezcan con los desocupados porque reciben un aporte sin trabajar. No encaja con el país donde los únicos que ganan son los ricos, como procuran las políticas de Milei. Los ricos son "héroes" para Milei y los beneficiarios de sus políticas.
 
Los cientos de miles que desbordaron la Plaza de Mayo, las diagonales y la Avenida de Mayo están enlazados, hermanados, con los miles que se movilizaron en otras ciudades del país, y con los miles y miles que desde sus casas confluyen en la angustia de la pobreza, la amenaza del desempleo y el hambre o la destrucción de comercios y empresas. Hay vías comunicantes por las que fluye una energía que alimenta resistencias, rebeldías y esperanzas.
 
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24-03-2024 / 08:03
Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
 
Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: "En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar", escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.
 
Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.
 
El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.
 
Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.
 
Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.
 
Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedaron condenados a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.
 

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