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Sociedad e Interés General - 21-02-2017 / 19:02
EFEMÉRIDES POPULARES

Entra en vigor la ley de Punto Final en la Argentina

Entra en vigor la ley de Punto Final en la Argentina
La práctica habitual de los grupos de tareas, como el temible Grupo de tareas 3.3.2, fue el hacer la repartija de los niños secuestrados, dándolos en adopción a familias de militares o de civiles relacionados con las Fuerzas Armadas.
La Ley 23.492 de Punto Final argentina, entra en vigor el 22 de Febrero de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) que tuvieron lugar durante la dictadura militar genocida del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de 1976-1983.
 
La ley, conocida como de impunidad, decía literalmente "se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983".
 
La ley, que sancionaba la impunidad de los militares por la desaparición de miles de opositores y guerrilleros peronistas y de izquierda (casi 9.000 según el informe del Nunca Más de 1984 y hasta unos 30.000 de acuerdo a los organismos de Derechos Humanos), fue en su momento objeto de una viva y acalorada polémica.
 
Sólo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de recién nacidos, hijos de prisioneras políticas destinadas a desaparecer, que eran por lo general adoptados por militares, quienes les ocultaban su verdadera identidad biológica.
 
La Opinión Popular

 
Las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), junto a los indultos realizados por Carlos Menem (1989-1990), son conocidas entre sus detractores como las leyes de impunidad.
 
La ley, junto con su complementaria, la de Obediencia debida, fueron anuladas por el Congreso Nacional en 2003. Esta anulación fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia, que las declaró inconstitucionales el 14 de junio de 2005.
 
Fuente: Wikipedia 

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