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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“Mauricio Macri prometió que iba a lograr pobreza cero en la Argentina y cada vez hay más pobres. Dijo que venía a unir a los argentinos y cada vez es más grande la grieta”. Juan Manzur, gobernador de Tucumán
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Nacionales - 15-02-2017 / 10:02
ESCANDALOSO ACUERDO QUE BENEFICIÓ AL GRUPO MACRI

La Justicia imputó a “Chasman” Macri y “Chirolita” Aguad por el Curreo

La Justicia imputó a “Chasman” Macri y “Chirolita” Aguad por el Curreo
UN CURREO QUE LE PUEDE TERMINAR COSTANDO BASTANTE CARO. La Justicia impulsó la “investigación criminal” de lo actuado por el Presidente y su ministro en el ruinoso acuerdo que condona por licuación la milmillonaria deuda con el Estado de la empresa de los Macri. El fiscal, que investiga dos de las cuatro denuncias presentadas sobre este tema, pidió una serie de medidas de prueba al juez Lijo.
El macrismo se enfrenta a una difícil situación. Al malhumor social derivado de la política de ajuste económico neoliberal, se suma el escándalo del Correo Argentino que implica al propio Presidente, configurando un cóctel peligroso para la alianza Cambiemos en el comienzo de un año electoral que será clave para su futuro político.
 
Ayer, Juan Pedro Zoni, fiscal federal, impulsó la acción penal contra el presidente Mauricio "Chasman" Macri, el ministro de Comunicación, Oscar "Chirolita"  Aguad, y el director de asuntos jurídicos de ese ministerio, Juan "Forro" Mocoroa, a raíz del acuerdo entre el Gobierno de Macri y el Grupo Macri por la deuda del Correo Argentino.
 
Se los acusa de fraude en perjuicio de la Administración Pública y negociaciones incompatibles con su rol de funcionarios, por el escándalo de la condonación del 98,82 % de la deuda que la familia Macri tiene con el Estado por el Correo Argentino. El Presidente hace honor a la tradición familiar, que sabe desde hace décadas enriquecerse haciendo negociados con el Estado.
 
El tema del curro es duro para Macri porque es indefendible y les pega al macrismo en la única bandera que todavía agitan: la diferenciación ética con el kirchnerismo, basada en la creencia en una superioridad moral autootorgada. Para la recuperación económica, el plan de obra pública más importante de los últimos 50 años y la lluvia de inversiones, habrá que esperar.
 
Ahora que sea indefendible no significa que no intenten hacer nada. Lo más obvio, desactivarlo antes que estalle: Correo, deuda, privatización, quiebra, papá Macri, el combo es peligroso por donde se lo mire y sin embargo nadie atajó nada. La noticia se deslizó cuando una fiscal lo denunció por el perjuicio escandaloso que provocaba al Estado.
 
Con Panamá Papers, Arribas, Correo... no pasa nada, no penetra en la gente, es otra vez el círculo rojo, afirman los macristas "puros". Los amigos de los medios los ayudan y lo tapan o lo ponen bien atrás. No hablan, a lo sumo salen los perejiles con respuestas que nadie cree.
 
Pero esto no funciona y terminó explotado, obligando al jefe de Gabinete a poner la cara, a la defensiva, mientras se esconde al presidente Macri, para evitar cruces directos con la prensa, para que no le pregunten. Tuvieron suerte, les estalló siete meses antes de las elecciones. Todavía pueden recuperarse. Si este escándalo pasaba en octubre... buenas noches, hasta nunca.
 
Aunque es cada vez más evidente el brutal contraste entre los padecimientos que el gobierno de Macri le impone al pueblo trabajador y los escándalos que golpean a los funcionarios, que con sus políticas se enriquecen a sí mismos, a sus familiares y a los grandes empresarios.
 
La Opinión Popular

 
Al final, La Nación y Clarín aceptan que el tema es político
 
Los columnistas políticos más tradicionales evitaron el domingo 12/02 abordar el escándalo del Correo que involucra a la familia Macri. Finalmente, el miércoles 15/02 aceptan que el tema es político, no una cuestión judicial propia del fuero comercial. Esto quiere decir que la Casa Rosada acepta reenfocar el tema, y es una derrota muy torpe porque, en el caso de los medios, es ante la obviedad: el tema era delicado y era político desde un comienzo.
 
Marcos Peña intentó resolver el intríngulis pero no pudo. Unos dirán que Peña ha sufrido una devaluación más acelerada que  Mauricio Macri durante el año en el poder. Otros reconocerán que el tema era imposible de obviar. Ni un necio podría pretender que no formara parte de la agenda de opinión pública.
 
Urgente24 ya lo explicó el martes 14/02: el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones,  Oscar Aguad, por supuestos delitos que se habrían cometido en el marco el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado durante el concurso preventivo de la firma propiedad de la familia del jefe del Poder Ejecutivo.
 
Zoni consideró: "Se deberá verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores -funcionarios públicos o particulares- que intervinieron -de forma directa o indirecta- a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada".
 
E indicó que  Juan Manuel Mocoroa -el funcionario que suscribió el acuerdo- "desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél".
 
El fiscal pidió que se declare secreto de sumario y solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba que mantuvo en reserva. Será el magistrado el que defina ahora el ritmo que tendrá la causa por el Correo Argentino que, lejos de los deseos presidenciales de que desaparezca del mapa, crece día a día como el pasado que vuelve para perseguirlo.
 
Marcos Peña, en conferencia de prensa desde la Quinta de Olivos, anunció que el gobierno le pediría una audiencia "urgente" a la Cámara Comercial para que resuelva el conflicto y que le solicitaría un "veredicto técnico" a la Auditoría General de la Nación (AGN).
 
Le respondió el titular de la AGN, el peronista Oscar Lamberto, asegurando: "No somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la Sigen (Sindicatura General de la Nación) para este tipo de cuestiones; suena raro que se acuerden de la Auditoría después de que se armó el escándalo".
 
El conflicto es político y es público. ¿Cómo seguir ignorándolo?
 
Ricardo Kirschbaum en el diario Clarín:
 
"La demanda de transparencia es hoy un compartido reclamo general y un compromiso de cambio asumido y propagandizado por Cambiemos que no es nada ajeno sino de la médula de su triunfo en las elecciones presidenciales.
 
Hay un enrevesado aspecto jurídico en el acuerdo por el Correo que las leyes permiten o avalan, que muchas veces van contra el sentido común de la gente y que alimentan, aumentándolo, el estado de sospecha que siempre está agazapado en la sociedad argentina. Muchísimas veces con razón.
 
El Gobierno no puede ignorarlo. Tampoco, que el mal manejo es un combustible extra especialmente cuando se habla tanto de gestión.
 
Se añade un colmo: la afirmación de que el presidente Macri no estuvo para nada enterado del arreglo que su gobierno al final hizo con su familia. El no está entre los dueños de la empresa en convocatoria, con deudas con el Estado y con el Estado con deudas con ella, pero están sus hermano e hijos. Se trata de una apelación demasiado exigente a la ingenuidad de la sociedad y por lo tanto una ingenuidad política que en el imaginario popular sólo se explica con un legítimo qué hay detrás de todo esto. Aunque no haya nada.
Porque en la controversia está presente el Estado y la familia presidencial, lo que significa que se requiere el más alto grado de claridad cuando Macri está en los dos lados del mostrador. Pero de ahí en más no sólo para casos particulares sino para todos con una indispensable actualización de las leyes y su aplicación. (...)".
 

Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, ensayando la última defensa de Mauricio Macri... termina aceptando la realidad:

 
"(...) La primera conclusión es que el dictamen de la fiscal Boquin no es vinculante ni tiene efectos prácticos. La instancia que deberá tomar una decisión de fondo, sobre si homologa o no el acuerdo del Estado con el Correo, es la Cámara en lo Comercial. Por eso es un proyecto de acuerdo y no un acuerdo terminado. No estamos, por lo tanto, ante un hecho consumado del Presidente supuestamente beneficiando a los intereses de su familia. Es la Justicia la que deberá decidir si ese acuerdo es correcto o es "abusivo", como lo calificó la fiscal.
 
Es ostensible, por otro lado, que el Presidente viene de una familia empresaria y que tiene muchos amigos y familiares que son propietarios de empresas. Sería injusto reclamarle que segregara a sus familiares y amigos de soluciones que el Estado brindaría en cualquier otra situación. El acuerdo último, bueno o malo, tiende a cobrar una deuda y no a olvidarse de ella, como sucedió durante los últimos doce años.
Del mismo modo, el Gobierno debe tener en cuenta la condición extremadamente sensible que tiene cada decisión que involucra a las empresas de la familia Macri o de los amigos del Presidente. (...)
 
De todos modos, faltó previsión sobre la potencial carga política de la decisión sobre el Correo y la necesaria comunicación acerca de lo que se estaba haciendo. El año electoral comenzó y la oposición viene insistiendo en el eslogan de que Macri "gobierna para los ricos", que logró instalar en vastos sectores sociales. Éste es un caso perfecto para esa estrategia, y su consecuencia es la cuestión política de hecho que el Gobierno debe gestionar ahora. La existencia de un proyecto de acuerdo por el Correo llegó al conocimiento de la opinión pública por el dictamen de la fiscal Boquin y no por una oportuna información del Gobierno. Con antelación, la administración debió, además, convocar la opinión de expertos independientes y pedir dictámenes de la Sigen, el organismo de control interno de la administración, y de la Oficina Anticorrupción. Faltaron política y sensibilidad, otra vez, para predecir potenciales conflictos."
 
Fuentes: Urgente24, Clarín, La Nación, Página12, La Política Online, La Izquierda Diario y LOP
 

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26-06-2017 / 10:06
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26-06-2017 / 08:06
"Recuperamos todos los puestos de trabajo que se perdieron en el último año", dijo Mauricio Macri el martes en la ciudad de Rosario en el acto por el Día de la Bandera. Sin "brotes verdes" en el empleo y más allá de los pronósticos excesivamente optimistas del macrismo, la realidad no se condice con lo que se vive en las calles, que impacta fuertemente en los sectores más vulnerables de la sociedad.
 
De acuerdo a los datos provistos por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que conduce Jorge Triaca, desde el 10 de diciembre de 2015 al 31 de mayo de 2107 en la Argentina hubo 115.700 despidos, que se dividen en 75.200 puestos en el sector privado, y 40.500 en el Estado.
 
De esta manera, los datos muestran que en suelo nacional un trabajador pierde su fuente laboral cada seis minutos, algo que se asemeja a los años 90, cuando el neoliberalismo hizo estragos en el tejido social, desmembrando a cientos de miles de familias que se quedaron sin el sustento mínimo para subsistir.
 
A esta triste situación se le agrega el hecho de que en los 564 días que van de gobierno macrista, las suspensiones laborales en fábricas y empresas han superado las 130.000. Así, la cantidad total de despidos y suspensiones alcanzan los 245.700 afectados, lo que brinda el desalentador dato de que existe un caso de expulsión o suspensión cada tres minutos en el país, sembrando de escepticismo la estabilidad laboral de los trabajadores.
 
El panorama se agrava si se tiene en cuenta que el último informe sobre desocupación elaborado por el Indec muestra datos alarmantes sobre la evolución del empleo en la Argentina, ya que la tasa de desempleo subió al 9,2% en el primer trimestre de este año, con un alza de 1,6 punto porcentual respecto al cuarto trimestre del año pasado, cuando había sido de 7,6%. Y donde los jóvenes son los más perjudicados por la desocupación y la precarización laboral.
 
Con estos números, que muestran la fuerte contracción económica que reina en buena parte de la producción nacional, se evidencian las contradicciones de un discurso oficial que habla de "brotes verdes" y "pobreza 0", pero que todavía no ha podido hacer pie en el mercado laboral, pareciendo que los grandes enunciados lanzados desde el Gobierno son imposibles de alcanzar.
 
La transferencia de ingresos de la clase trabajadora a los sectores empresarios es la consecuencia de las principales medidas económicas neoliberales de la alianza Cambiemos, como la eliminación o reducción de las retenciones a las exportaciones de las patronales agrarias, industriales y mineras; los tarifazos, que engrosaron los bolsillos de las empresas energéticas; y las altas tasas de interés, que beneficiaron al sector financiero especulativo y perjudican a las pymes. En tanto, para los trabajadores, hubo desocupación, empleo precario y menores salarios. Como dicen todos, un gobierno de los ricos y para los ricos.
 
La Opinión Popular

26-06-2017 / 07:06
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