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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“Parece que el Presidente Mauricio Macri y su gobierno de ricos continúa la senda del gobierno anterior en lo que hace a favorecer sus negocios personales y enriquecerse a costa del Estado”. Victoria Donda
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Nacionales - 15-02-2017 / 10:02
ESCANDALOSO ACUERDO QUE BENEFICIÓ AL GRUPO MACRI

La Justicia imputó a “Chasman” Macri y “Chirolita” Aguad por el Curreo

La Justicia imputó a “Chasman” Macri y “Chirolita” Aguad por el Curreo
UN CURREO QUE LE PUEDE TERMINAR COSTANDO BASTANTE CARO. La Justicia impulsó la “investigación criminal” de lo actuado por el Presidente y su ministro en el ruinoso acuerdo que condona por licuación la milmillonaria deuda con el Estado de la empresa de los Macri. El fiscal, que investiga dos de las cuatro denuncias presentadas sobre este tema, pidió una serie de medidas de prueba al juez Lijo.
El macrismo se enfrenta a una difícil situación. Al malhumor social derivado de la política de ajuste económico neoliberal, se suma el escándalo del Correo Argentino que implica al propio Presidente, configurando un cóctel peligroso para la alianza Cambiemos en el comienzo de un año electoral que será clave para su futuro político.
 
Ayer, Juan Pedro Zoni, fiscal federal, impulsó la acción penal contra el presidente Mauricio "Chasman" Macri, el ministro de Comunicación, Oscar "Chirolita"  Aguad, y el director de asuntos jurídicos de ese ministerio, Juan "Forro" Mocoroa, a raíz del acuerdo entre el Gobierno de Macri y el Grupo Macri por la deuda del Correo Argentino.
 
Se los acusa de fraude en perjuicio de la Administración Pública y negociaciones incompatibles con su rol de funcionarios, por el escándalo de la condonación del 98,82 % de la deuda que la familia Macri tiene con el Estado por el Correo Argentino. El Presidente hace honor a la tradición familiar, que sabe desde hace décadas enriquecerse haciendo negociados con el Estado.
 
El tema del curro es duro para Macri porque es indefendible y les pega al macrismo en la única bandera que todavía agitan: la diferenciación ética con el kirchnerismo, basada en la creencia en una superioridad moral autootorgada. Para la recuperación económica, el plan de obra pública más importante de los últimos 50 años y la lluvia de inversiones, habrá que esperar.
 
Ahora que sea indefendible no significa que no intenten hacer nada. Lo más obvio, desactivarlo antes que estalle: Correo, deuda, privatización, quiebra, papá Macri, el combo es peligroso por donde se lo mire y sin embargo nadie atajó nada. La noticia se deslizó cuando una fiscal lo denunció por el perjuicio escandaloso que provocaba al Estado.
 
Con Panamá Papers, Arribas, Correo... no pasa nada, no penetra en la gente, es otra vez el círculo rojo, afirman los macristas "puros". Los amigos de los medios los ayudan y lo tapan o lo ponen bien atrás. No hablan, a lo sumo salen los perejiles con respuestas que nadie cree.
 
Pero esto no funciona y terminó explotado, obligando al jefe de Gabinete a poner la cara, a la defensiva, mientras se esconde al presidente Macri, para evitar cruces directos con la prensa, para que no le pregunten. Tuvieron suerte, les estalló siete meses antes de las elecciones. Todavía pueden recuperarse. Si este escándalo pasaba en octubre... buenas noches, hasta nunca.
 
Aunque es cada vez más evidente el brutal contraste entre los padecimientos que el gobierno de Macri le impone al pueblo trabajador y los escándalos que golpean a los funcionarios, que con sus políticas se enriquecen a sí mismos, a sus familiares y a los grandes empresarios.
 
La Opinión Popular

 
Al final, La Nación y Clarín aceptan que el tema es político
 
Los columnistas políticos más tradicionales evitaron el domingo 12/02 abordar el escándalo del Correo que involucra a la familia Macri. Finalmente, el miércoles 15/02 aceptan que el tema es político, no una cuestión judicial propia del fuero comercial. Esto quiere decir que la Casa Rosada acepta reenfocar el tema, y es una derrota muy torpe porque, en el caso de los medios, es ante la obviedad: el tema era delicado y era político desde un comienzo.
 
Marcos Peña intentó resolver el intríngulis pero no pudo. Unos dirán que Peña ha sufrido una devaluación más acelerada que  Mauricio Macri durante el año en el poder. Otros reconocerán que el tema era imposible de obviar. Ni un necio podría pretender que no formara parte de la agenda de opinión pública.
 
Urgente24 ya lo explicó el martes 14/02: el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones,  Oscar Aguad, por supuestos delitos que se habrían cometido en el marco el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado durante el concurso preventivo de la firma propiedad de la familia del jefe del Poder Ejecutivo.
 
Zoni consideró: "Se deberá verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores -funcionarios públicos o particulares- que intervinieron -de forma directa o indirecta- a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada".
 
E indicó que  Juan Manuel Mocoroa -el funcionario que suscribió el acuerdo- "desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél".
 
El fiscal pidió que se declare secreto de sumario y solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba que mantuvo en reserva. Será el magistrado el que defina ahora el ritmo que tendrá la causa por el Correo Argentino que, lejos de los deseos presidenciales de que desaparezca del mapa, crece día a día como el pasado que vuelve para perseguirlo.
 
Marcos Peña, en conferencia de prensa desde la Quinta de Olivos, anunció que el gobierno le pediría una audiencia "urgente" a la Cámara Comercial para que resuelva el conflicto y que le solicitaría un "veredicto técnico" a la Auditoría General de la Nación (AGN).
 
Le respondió el titular de la AGN, el peronista Oscar Lamberto, asegurando: "No somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la Sigen (Sindicatura General de la Nación) para este tipo de cuestiones; suena raro que se acuerden de la Auditoría después de que se armó el escándalo".
 
El conflicto es político y es público. ¿Cómo seguir ignorándolo?
 
Ricardo Kirschbaum en el diario Clarín:
 
"La demanda de transparencia es hoy un compartido reclamo general y un compromiso de cambio asumido y propagandizado por Cambiemos que no es nada ajeno sino de la médula de su triunfo en las elecciones presidenciales.
 
Hay un enrevesado aspecto jurídico en el acuerdo por el Correo que las leyes permiten o avalan, que muchas veces van contra el sentido común de la gente y que alimentan, aumentándolo, el estado de sospecha que siempre está agazapado en la sociedad argentina. Muchísimas veces con razón.
 
El Gobierno no puede ignorarlo. Tampoco, que el mal manejo es un combustible extra especialmente cuando se habla tanto de gestión.
 
Se añade un colmo: la afirmación de que el presidente Macri no estuvo para nada enterado del arreglo que su gobierno al final hizo con su familia. El no está entre los dueños de la empresa en convocatoria, con deudas con el Estado y con el Estado con deudas con ella, pero están sus hermano e hijos. Se trata de una apelación demasiado exigente a la ingenuidad de la sociedad y por lo tanto una ingenuidad política que en el imaginario popular sólo se explica con un legítimo qué hay detrás de todo esto. Aunque no haya nada.
Porque en la controversia está presente el Estado y la familia presidencial, lo que significa que se requiere el más alto grado de claridad cuando Macri está en los dos lados del mostrador. Pero de ahí en más no sólo para casos particulares sino para todos con una indispensable actualización de las leyes y su aplicación. (...)".
 

Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, ensayando la última defensa de Mauricio Macri... termina aceptando la realidad:

 
"(...) La primera conclusión es que el dictamen de la fiscal Boquin no es vinculante ni tiene efectos prácticos. La instancia que deberá tomar una decisión de fondo, sobre si homologa o no el acuerdo del Estado con el Correo, es la Cámara en lo Comercial. Por eso es un proyecto de acuerdo y no un acuerdo terminado. No estamos, por lo tanto, ante un hecho consumado del Presidente supuestamente beneficiando a los intereses de su familia. Es la Justicia la que deberá decidir si ese acuerdo es correcto o es "abusivo", como lo calificó la fiscal.
 
Es ostensible, por otro lado, que el Presidente viene de una familia empresaria y que tiene muchos amigos y familiares que son propietarios de empresas. Sería injusto reclamarle que segregara a sus familiares y amigos de soluciones que el Estado brindaría en cualquier otra situación. El acuerdo último, bueno o malo, tiende a cobrar una deuda y no a olvidarse de ella, como sucedió durante los últimos doce años.
Del mismo modo, el Gobierno debe tener en cuenta la condición extremadamente sensible que tiene cada decisión que involucra a las empresas de la familia Macri o de los amigos del Presidente. (...)
 
De todos modos, faltó previsión sobre la potencial carga política de la decisión sobre el Correo y la necesaria comunicación acerca de lo que se estaba haciendo. El año electoral comenzó y la oposición viene insistiendo en el eslogan de que Macri "gobierna para los ricos", que logró instalar en vastos sectores sociales. Éste es un caso perfecto para esa estrategia, y su consecuencia es la cuestión política de hecho que el Gobierno debe gestionar ahora. La existencia de un proyecto de acuerdo por el Correo llegó al conocimiento de la opinión pública por el dictamen de la fiscal Boquin y no por una oportuna información del Gobierno. Con antelación, la administración debió, además, convocar la opinión de expertos independientes y pedir dictámenes de la Sigen, el organismo de control interno de la administración, y de la Oficina Anticorrupción. Faltaron política y sensibilidad, otra vez, para predecir potenciales conflictos."
 
Fuentes: Urgente24, Clarín, La Nación, Página12, La Política Online, La Izquierda Diario y LOP
 

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19-02-2017 / 19:02
En una de las peores semanas para el Gobierno desde que asumió Mauricio Macri como presidente, debido al escándalo del Correo y la polémica por el retoque a la baja del aumento de las jubilaciones, Cambiemos logró dos victorias al hilo en el Congreso: la sanción de la reforma del régimen de ART y el aval al DNU que endurece la ley migratoria. La particularidad de ambos triunfos es que el macrismo los consiguió con la sorpresiva ausencia de legisladores del Frente para la Victoria.
 
El miércoles a la noche, cuando finalizaba la sesión, los bloques que lideran Sergio Massa y Diego Bossio le retiraron su apoyo a la ley de ART al enterarse que el Gobierno había modificado por resolución la fórmula de cálculo de la ley de Movilidad Jubilatoria. Ambos espacios se abstuvieron. La votación la ganó Cambiemos con 88 votos a favor, 44 abstenciones y 22 votos en contra.
 
Durante la votación, los diputados del Frente para la Victoria-PJ, la bancada más numerosa de la cámara baja, se quedaron sospechosamente de pie junto a sus poltronas, para figurar como ausentes y no votar.
 
"Si el kirchnerismo se sentaba y votaba en contra, caía la ley. Salvaron al Gobierno", afirmó Massa al día siguiente de la sesión. El tigrense, de todas maneras, iba a votar a favor del proyecto y no mandó a su tropa a votar en contra, sino a abstenerse. El kirchnerismo argumentó que si, en lugar de abstenerse, el massimo y el bloque de Bossio no daban quórum, la ley se caía.
 
Así, la ley de ART fue rechazada solamente por el Movimiento Evita (bloque Peronismo para la Victoria), Progresistas (socialismo, Libres del Sur y Margarita Stolbizer) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

19-02-2017 / 10:02
19-02-2017 / 10:02
19-02-2017 / 09:02
La pregunta sigue siendo la misma entre analistas y observadores. A los que se suman ahora hasta aliados de Cambiemos o funcionarios del propio Gobierno que no aprueban a libro cerrado ni el sentido de la oportunidad de algunas decisiones que se han tomado, ni la chapucería aplicada para llevarlas adelante.
 
También es cierto que hay más de una respuesta para esa pregunta que a estas alturas bien podría ser la del millón. Una: cuánto daño le provocarán al Gobierno y a la coalición que encabeza Mauricio Macri tantos errores no forzados, y algunas perjudiciales muestras de insensibilidad de algunos funcionarios, en el resultado de las elecciones de octubre.
 
Tan cruciales una vez más para el destino de mediano o largo plazo, pero en especial para los tiempos que podría durar esta experiencia no peronista al mando de la administración del país.
 
Otra: si la persistencia en el error y la contramarcha que a estas alturas resulta casi patológica en un Gobierno que se ufana de tener "el mejor equipo de los últimos cincuenta años" harán que el oficialismo salga derrotado de ese paso por las urnas en apenas ocho meses, que podrían tener un previo llamado de atención en las primarias del próximo mes de agosto.
 
O si como creen los estrategas del macrismo, y algunos funcionarios que no temen pecar de soberbios o autosuficientes, la economía triunfará, la inflación será doblegada, los salarios ganarán la vieja carrera, y los errores cometidos no pasarán de ser una anécdota.
 
Un dato de la historia reciente, desde el renacimiento de la democracia para acá, va y viene en los análisis que son comunes a oficialistas y opositores cuando se dan a la tarea de orejear lo que puede ocurrir en esos comicios clave: la ciudadanía suele darse el gusto de castigar a los gobernantes que no hacen las cosas bien, aunque les sigan guardando la necesaria dosis de esperanza, cuando lo que se vota no es la gestión propiamente dicha sino bancas en el Congreso o en las legislaturas provinciales.

19-02-2017 / 09:02
El miércoles pasado en el Congreso, que es el principal ámbito donde reina la política, se tuvo la sensación de que la coalición Cambiemos había entrado en una crisis irremontable.
 
No era la oposición la que lo percibía, sino los principales dirigentes del oficialismo en Diputados, donde estuvo a punto de fracasar la votación del cambio en las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) impulsado por el Gobierno de Macri.
 
Luego de soportar más de cuatro horas de críticas, burlas y chicanas sobre el acuerdo entre la familia presidencial y el Estado por la deuda del Correo Argentino, el interbloque que preside el radical Mario Negri se enteró de que la Anses había modificado el cálculo que se utiliza para aumentar de manera  automática las jubilaciones.
 
Hubo asombro, indignación y hasta fuertes insultos hacia miembros del Gobierno, como fue el caso de Elisa Carrió, que utilizó los más subidos de tono.
 
Emilio Monzó, Nicolás Massot, Fernando Sánchez y el propio Negri llamaban exasperados a distintos funcionarios pidiendo explicaciones y recomendando que esa modificación se anulara.
 
Uno de los que respondió fue el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien sorprendido por tanto escándalo dijo "pero si son 20 pesos de diferencia, es una pavada...".
 
Su interlocutor le habló de la sensibilidad del tema y le recordó que el Gobierno había asignado 75 mil millones de pesos para la reparación histórica a los jubilados y ahora echaba por tierra esa buena señal, justamente por esa "pavada".
 
En la Casa Rosada, hubo funcionarios que insistieron hasta la mañana siguiente con mantener el nuevo cálculo, sin advertir la gravedad del momento.
 
Fue el Presidente quien decidió dar la cara y volver atrás con la medida. El error con las jubilaciones se sumaba al conflictivo acuerdo con el Correo, y a las otras muchas equivocaciones cometidas desde que asumió a fines de 2015.
 
Esa noche, los legisladores de Cambiemos se fueron a dormir con la incertidumbre de una crisis política que traería serias consecuencias.

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