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Nacionales - 13-02-2017 / 10:02

El Gobierno de Macri avanza con un plan para remover a jueces afines a los K y ubicar magistrados propios

El Gobierno de Macri avanza con un plan para remover a jueces afines a los K y ubicar magistrados propios
El Gobierno de Macri avanza con un plan para remover a jueces afines a los K y ubicar magistrados propios.
 
El gobierno de Mauricio Macri diseñó un cronograma para depurar el Poder Judicial y destituir mediante juicio político en 2017 a media docena de jueces sospechosos de corrupción o de mal desempeño. De esta manera, busca dar señales de transparencia y cambio institucional, una de las promesas de campaña de Cambiemos.
 
La otra parte del plan, que coordina el ministro de Justicia, Germán Garavano, es nombrar por lo menos 70 nuevos jueces para cubrir cargos vacantes. Todo ello se gestionará en medio de la campaña para las elecciones legislativas de octubre próximo. El miércoles pasado, el oficialismo logró aprobar 13 ternas para cubrir juzgados vacantes.

 
El propio Macri sigue de cerca el proceso y está al tanto del cronograma. Altas fuentes del Gobierno indicaron a LA NACION que, a fines de marzo, el oficialismo dará el primer paso cuando intente lograr la remoción de Eduardo Freiler, miembro de la Sala I de la Cámara Federal.
 
Entre abril y agosto, Cambiemos se ocupará del juez federal Daniel Rafecas, y en el último cuatrimestre del año buscará consenso para destituir a Ana María Figueroa, de la Cámara de Casación; a Oscar Hergott, camarista del Tribunal Oral Federal de la Capital, y a Jorge Ferro, camarista federal de Mar del Plata. El propósito es elevar esos casos a juicio político.
 
Para lograr ese objetivo, el oficialismo necesita reunir el voto de al menos 9 de los 13 consejeros. Cambiemos podría conseguirlos en algunos casos, pero la estrategia del oficialismo podría complicarse en otros.
 
Dependerá de cada acusación. Cerca de Macri aseguran que Garavano y el jefe de asesores presidenciales, José Torello, trabajan con prudencia y en línea con los bloques de diputados y senadores de Cambiemos, representados en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar y remover jueces.
 
"Hay varios jueces en la lista, pero iremos de a poco y según las evidencias y el consenso dentro del Consejo para pedir el juicio político", afirmó a LA NACION un funcionario cercano al Presidente.
 
El principal operador del macrismo en el Consejo es el diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, que evalúa las denuncias y las eleva al plenario que luego define el juicio político mediante el jury.
 
Las recientes auditorías del Consejo de la Magistratura al desempeño de los jueces federales de Comodoro Py jugarán un papel clave. El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, que pidió esas auditorías, comenzará a analizar mañana sus resultados, que son públicos y abiertos a cualquier ciudadano, para avanzar en nuevos pedidos de juicio político.
 
Empero, desde mucho antes de esas auditorías, Freiler está acusado de enriquecimiento ilícito. Y Rafecas fue denunciado por mal desempeño, al igual que Ana María Figueroa, Hergott y Ferro.
 
 
Primer avance
 
Como primer paso en su ofensiva, el Gobierno logró desplazar el miércoles pasado a Juan Cubría, que era el administrador del Consejo de la Magistratura. Lo reemplazó por Agustín Cinto con una mayoría facilitada por Jorge Candis, consejero académico que le dio al oficialismo el noveno voto necesario de los 13 consejeros del cuerpo.
 
Ésta fue la mayor novedad en la relación de fuerzas en el Consejo. Cubría, hijo de la jueza federal María Servini de Cubría, tenía el apoyo del kirchnerismo.
 
"Este año queremos que asuman 70 nuevos jueces como mínimo. Va en serio", dijo un alto funcionario a LA NACION. El mismo miércoles, el Consejo aprobó 13 ternas de jueces para cubrir vacantes en la Cámara Laboral, en la Cámara Federal de Paraná, en la de Tucumán y en la de Mendoza. El voto de Candis fue la clave para obtener la mayoría de dos tercios en el Consejo.
 
La Casa Rosada comenzó la depuración judicial el año pasado. Ante la amenaza de seguras destituciones mediante juicio político, renunciaron varios magistrados: el ex juez federal de la Capital Norberto Oyarbide, el ex presidente del Tribunal Oral Federal de La Plata Carlos Rozanski, el ex juez federal de La Pampa José Antonio Charlín, el ex juez federal de Orán Raúl Reynoso (luego detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico) y el ex camarista federal de Bahía Blanca Néstor Montizenti.
 
El Gobierno descuenta que podrá lograr los dos tercios de los votos en el Consejo de la Magistratura para activar el juicio político en algunos casos, pero contempla la posibilidad de enfrentar complicaciones para alcanzar el número necesario en otros.
 
Los votos incondicionales de la Casa Rosada son los de los diputados Tonelli, Gustavo Valdez, el senador Ángel Rozas y el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques. Cuatro votos con los que puede contar.
 
Además, cuenta como aliados a la presidenta del Consejo, Adriana Donato, y al vicepresidente, Miguel Piedecasas. Dos votos más. Y también los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes suelen coincidir con el oficialismo. Aunque estos últimos dos votos podrían cambiar según quiénes sean los jueces acusados.
 
A esos posibles 8 votos a favor de la estrategia de la Casa Rosada se sumó el reciente de Candis, lo cual abrió una perspectiva optimista para el Gobierno. Sabe que nunca podrá contar con el apoyo de los consejeros kirchneristas, Virginia García, Ruperto Godoy, Rodolfo Tailhade y Gabriela Vázquez.
 
 
Los números del juicio político
 
Votos necesarios
 
Al menos nueve de los 13 votos en el Consejo necesita el oficialismo para remover a un juez por la vía del juicio político
 
Complicaciones
 
En la Casa Rosada confían en alcanzar ese número en los casos más polémicos, pero en otros prevén dificultades.
 
Por Mariano Obarrio
 
Fuente: LA NACION
 

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18-02-2018 / 12:02
El caso del policía Luis Chocobar, felicitado por el Gobierno de Mauricio Macri tras asesinar por la espalda a Pablo Kukoc, hizo estallar dentro de la alianza Cambiemos su propia grieta y desató un gran alboroto en sectores judiciales molestos por las polémicas e inoportunas opiniones públicas de Macri sobre los fallos que procesaron al uniformado y el anuncio de una nueva doctrina según la cual, a entender de la ministra Patricia Bullrich, siempre tienen razón las fuerzas de seguridad.
 
El radicalismo dio esta semana su expresión más clara de que hay ciertos límites que no está dispuesto a cruzar: en el diario macrista La Nación, Ricardo Gil Lavedra publicó una columna titulada "Los riesgos de la demagogia punitiva", que asociaba el uso del tema como parte de un "marketing político" que acarrea el riesgo de multiplicar el delito y la violencia y esquiva el desarrollo de políticas "integrales, estables y serias".
 
Detrás del jurista salieron a cuestionar la postura presidencial varios dirigentes de la UCR, y fue la posición compartida en reuniones de bloque. Gil Lavedra es hoy, además, quien lidera el emprendimiento "Justicia 2020" del Ministerio de Justicia, que entre otras cosas desarrolla un anteproyecto de reforma del Código Penal.
 
La comisión que está en plena confección del texto no tiene intención de flexibilizar la regulación de la llamada "legítima defensa" (que señala las limitaciones en el uso de armas por parte de los agentes) ni la carga de la prueba, que según la ministra de Seguridad debiera eximir a los policías de toda acusación.
 
A los camaristas que agravaron la situación de Chocobar al atribuirle "homicidio agravado" y que fueron criticados por Macri el viernes, les llovieron mensajes de apoyo de colegas y hasta de funcionarios de la propia Casa Rosada.
 
En la Corte Suprema miran el escenario con atención y analizan dar un mensaje que, sin ser condescendiente con el Poder Ejecutivo, los ayude a soñar con contrarrestar la imagen desastrosa (70 por ciento negativa) que le dan las encuestas al Poder Judicial.

18-02-2018 / 12:02
17-02-2018 / 12:02
17-02-2018 / 12:02
En su paso por Argentina, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, ex director ejecutivo de la petrolera Exxon Mobile, no levantó las restricciones a los limones y al biodiésel o a la carne, que constituyen la modesta contrapartida argentina del intercambio entre ambos países.
 
Pero el jueves, el gobierno argentino emitió un decreto para la compra de material militar, un decreto secreto por decreto. Todas las discusiones económicas con Washington han sido un fracaso para Mauricio Macri, quien a cambio ha sido generoso y rápido para alinearse.
 
El gobierno de la alianza Cambiemos anunció acuerdos con el Comando Sur norteamericano, para asentar una base de la DEA en la triple frontera y conformar un grupo comando de respuesta rápida que involucra a las tres fuerzas armadas, que apoyará esa tarea.
 
El motivo de esta reactivación bélica de la región apunta a la decisión de Estados Unidos de recuperar una posición hegemónica en su "patio trasero". Su actual política proteccionista lo limita para hacerlo con acuerdos comerciales y entonces lo completa con presencia militar, la vieja política de la zanahoria y el garrote de la doctrina Monroe que seduce a Tillerson.
 
Son las dos vías de recolonización de las Fuerzas Armadas y de Seguridad regionales: la introducción de bases de la DEA y la consolidación de hipótesis de conflicto contra el narcotráfico y el terrorismo, que a poco de andar se convierten en represión de la disidencia interna con la presencia de asesores yanquis como ha sucedido en México.
 
Macri tenía que inventar la existencia de un foco terrorista para encajar en ese esquema dependiente y así surgió una organización fantasmagórica de mapuches alzados, de la que no se conoce un documento y de la que ni siquiera se ha mostrado armamento.
 
Pero el gobierno argentino puede exhibir, en cambio, que la lucha contra esta inasible RAM ya produjo dos bajas: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dos pibes desarmados que participaban en una protesta social legítima.
 
Con el dedo siempre en el gatillo, son esquemas de muy baja intensidad democrática. Porque el garrote ideológico se traslada hacia dentro de cada país.
 
Las primeras en ser reequipadas por el gobierno de los ricos han sido las fuerzas de seguridad, que pasaron por un lavado de cabeza ideológico para conferirles impunidad en las funciones de represión. 

16-02-2018 / 12:02
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