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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“Parece que el Presidente Mauricio Macri y su gobierno de ricos continúa la senda del gobierno anterior en lo que hace a favorecer sus negocios personales y enriquecerse a costa del Estado”. Victoria Donda
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Nacionales - 13-02-2017 / 10:02

El Gobierno de Macri avanza con un plan para remover a jueces afines a los K y ubicar magistrados propios

El Gobierno de Macri avanza con un plan para remover a jueces afines a los K y ubicar magistrados propios
El Gobierno de Macri avanza con un plan para remover a jueces afines a los K y ubicar magistrados propios.
 
El gobierno de Mauricio Macri diseñó un cronograma para depurar el Poder Judicial y destituir mediante juicio político en 2017 a media docena de jueces sospechosos de corrupción o de mal desempeño. De esta manera, busca dar señales de transparencia y cambio institucional, una de las promesas de campaña de Cambiemos.
 
La otra parte del plan, que coordina el ministro de Justicia, Germán Garavano, es nombrar por lo menos 70 nuevos jueces para cubrir cargos vacantes. Todo ello se gestionará en medio de la campaña para las elecciones legislativas de octubre próximo. El miércoles pasado, el oficialismo logró aprobar 13 ternas para cubrir juzgados vacantes.

 
El propio Macri sigue de cerca el proceso y está al tanto del cronograma. Altas fuentes del Gobierno indicaron a LA NACION que, a fines de marzo, el oficialismo dará el primer paso cuando intente lograr la remoción de Eduardo Freiler, miembro de la Sala I de la Cámara Federal.
 
Entre abril y agosto, Cambiemos se ocupará del juez federal Daniel Rafecas, y en el último cuatrimestre del año buscará consenso para destituir a Ana María Figueroa, de la Cámara de Casación; a Oscar Hergott, camarista del Tribunal Oral Federal de la Capital, y a Jorge Ferro, camarista federal de Mar del Plata. El propósito es elevar esos casos a juicio político.
 
Para lograr ese objetivo, el oficialismo necesita reunir el voto de al menos 9 de los 13 consejeros. Cambiemos podría conseguirlos en algunos casos, pero la estrategia del oficialismo podría complicarse en otros.
 
Dependerá de cada acusación. Cerca de Macri aseguran que Garavano y el jefe de asesores presidenciales, José Torello, trabajan con prudencia y en línea con los bloques de diputados y senadores de Cambiemos, representados en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar y remover jueces.
 
"Hay varios jueces en la lista, pero iremos de a poco y según las evidencias y el consenso dentro del Consejo para pedir el juicio político", afirmó a LA NACION un funcionario cercano al Presidente.
 
El principal operador del macrismo en el Consejo es el diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, que evalúa las denuncias y las eleva al plenario que luego define el juicio político mediante el jury.
 
Las recientes auditorías del Consejo de la Magistratura al desempeño de los jueces federales de Comodoro Py jugarán un papel clave. El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, que pidió esas auditorías, comenzará a analizar mañana sus resultados, que son públicos y abiertos a cualquier ciudadano, para avanzar en nuevos pedidos de juicio político.
 
Empero, desde mucho antes de esas auditorías, Freiler está acusado de enriquecimiento ilícito. Y Rafecas fue denunciado por mal desempeño, al igual que Ana María Figueroa, Hergott y Ferro.
 
 
Primer avance
 
Como primer paso en su ofensiva, el Gobierno logró desplazar el miércoles pasado a Juan Cubría, que era el administrador del Consejo de la Magistratura. Lo reemplazó por Agustín Cinto con una mayoría facilitada por Jorge Candis, consejero académico que le dio al oficialismo el noveno voto necesario de los 13 consejeros del cuerpo.
 
Ésta fue la mayor novedad en la relación de fuerzas en el Consejo. Cubría, hijo de la jueza federal María Servini de Cubría, tenía el apoyo del kirchnerismo.
 
"Este año queremos que asuman 70 nuevos jueces como mínimo. Va en serio", dijo un alto funcionario a LA NACION. El mismo miércoles, el Consejo aprobó 13 ternas de jueces para cubrir vacantes en la Cámara Laboral, en la Cámara Federal de Paraná, en la de Tucumán y en la de Mendoza. El voto de Candis fue la clave para obtener la mayoría de dos tercios en el Consejo.
 
La Casa Rosada comenzó la depuración judicial el año pasado. Ante la amenaza de seguras destituciones mediante juicio político, renunciaron varios magistrados: el ex juez federal de la Capital Norberto Oyarbide, el ex presidente del Tribunal Oral Federal de La Plata Carlos Rozanski, el ex juez federal de La Pampa José Antonio Charlín, el ex juez federal de Orán Raúl Reynoso (luego detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico) y el ex camarista federal de Bahía Blanca Néstor Montizenti.
 
El Gobierno descuenta que podrá lograr los dos tercios de los votos en el Consejo de la Magistratura para activar el juicio político en algunos casos, pero contempla la posibilidad de enfrentar complicaciones para alcanzar el número necesario en otros.
 
Los votos incondicionales de la Casa Rosada son los de los diputados Tonelli, Gustavo Valdez, el senador Ángel Rozas y el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques. Cuatro votos con los que puede contar.
 
Además, cuenta como aliados a la presidenta del Consejo, Adriana Donato, y al vicepresidente, Miguel Piedecasas. Dos votos más. Y también los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes suelen coincidir con el oficialismo. Aunque estos últimos dos votos podrían cambiar según quiénes sean los jueces acusados.
 
A esos posibles 8 votos a favor de la estrategia de la Casa Rosada se sumó el reciente de Candis, lo cual abrió una perspectiva optimista para el Gobierno. Sabe que nunca podrá contar con el apoyo de los consejeros kirchneristas, Virginia García, Ruperto Godoy, Rodolfo Tailhade y Gabriela Vázquez.
 
 
Los números del juicio político
 
Votos necesarios
 
Al menos nueve de los 13 votos en el Consejo necesita el oficialismo para remover a un juez por la vía del juicio político
 
Complicaciones
 
En la Casa Rosada confían en alcanzar ese número en los casos más polémicos, pero en otros prevén dificultades.
 
Por Mariano Obarrio
 
Fuente: LA NACION
 

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19-02-2017 / 19:02
En una de las peores semanas para el Gobierno desde que asumió Mauricio Macri como presidente, debido al escándalo del Correo y la polémica por el retoque a la baja del aumento de las jubilaciones, Cambiemos logró dos victorias al hilo en el Congreso: la sanción de la reforma del régimen de ART y el aval al DNU que endurece la ley migratoria. La particularidad de ambos triunfos es que el macrismo los consiguió con la sorpresiva ausencia de legisladores del Frente para la Victoria.
 
El miércoles a la noche, cuando finalizaba la sesión, los bloques que lideran Sergio Massa y Diego Bossio le retiraron su apoyo a la ley de ART al enterarse que el Gobierno había modificado por resolución la fórmula de cálculo de la ley de Movilidad Jubilatoria. Ambos espacios se abstuvieron. La votación la ganó Cambiemos con 88 votos a favor, 44 abstenciones y 22 votos en contra.
 
Durante la votación, los diputados del Frente para la Victoria-PJ, la bancada más numerosa de la cámara baja, se quedaron sospechosamente de pie junto a sus poltronas, para figurar como ausentes y no votar.
 
"Si el kirchnerismo se sentaba y votaba en contra, caía la ley. Salvaron al Gobierno", afirmó Massa al día siguiente de la sesión. El tigrense, de todas maneras, iba a votar a favor del proyecto y no mandó a su tropa a votar en contra, sino a abstenerse. El kirchnerismo argumentó que si, en lugar de abstenerse, el massimo y el bloque de Bossio no daban quórum, la ley se caía.
 
Así, la ley de ART fue rechazada solamente por el Movimiento Evita (bloque Peronismo para la Victoria), Progresistas (socialismo, Libres del Sur y Margarita Stolbizer) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

19-02-2017 / 10:02
19-02-2017 / 10:02
19-02-2017 / 09:02
La pregunta sigue siendo la misma entre analistas y observadores. A los que se suman ahora hasta aliados de Cambiemos o funcionarios del propio Gobierno que no aprueban a libro cerrado ni el sentido de la oportunidad de algunas decisiones que se han tomado, ni la chapucería aplicada para llevarlas adelante.
 
También es cierto que hay más de una respuesta para esa pregunta que a estas alturas bien podría ser la del millón. Una: cuánto daño le provocarán al Gobierno y a la coalición que encabeza Mauricio Macri tantos errores no forzados, y algunas perjudiciales muestras de insensibilidad de algunos funcionarios, en el resultado de las elecciones de octubre.
 
Tan cruciales una vez más para el destino de mediano o largo plazo, pero en especial para los tiempos que podría durar esta experiencia no peronista al mando de la administración del país.
 
Otra: si la persistencia en el error y la contramarcha que a estas alturas resulta casi patológica en un Gobierno que se ufana de tener "el mejor equipo de los últimos cincuenta años" harán que el oficialismo salga derrotado de ese paso por las urnas en apenas ocho meses, que podrían tener un previo llamado de atención en las primarias del próximo mes de agosto.
 
O si como creen los estrategas del macrismo, y algunos funcionarios que no temen pecar de soberbios o autosuficientes, la economía triunfará, la inflación será doblegada, los salarios ganarán la vieja carrera, y los errores cometidos no pasarán de ser una anécdota.
 
Un dato de la historia reciente, desde el renacimiento de la democracia para acá, va y viene en los análisis que son comunes a oficialistas y opositores cuando se dan a la tarea de orejear lo que puede ocurrir en esos comicios clave: la ciudadanía suele darse el gusto de castigar a los gobernantes que no hacen las cosas bien, aunque les sigan guardando la necesaria dosis de esperanza, cuando lo que se vota no es la gestión propiamente dicha sino bancas en el Congreso o en las legislaturas provinciales.

19-02-2017 / 09:02
El miércoles pasado en el Congreso, que es el principal ámbito donde reina la política, se tuvo la sensación de que la coalición Cambiemos había entrado en una crisis irremontable.
 
No era la oposición la que lo percibía, sino los principales dirigentes del oficialismo en Diputados, donde estuvo a punto de fracasar la votación del cambio en las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) impulsado por el Gobierno de Macri.
 
Luego de soportar más de cuatro horas de críticas, burlas y chicanas sobre el acuerdo entre la familia presidencial y el Estado por la deuda del Correo Argentino, el interbloque que preside el radical Mario Negri se enteró de que la Anses había modificado el cálculo que se utiliza para aumentar de manera  automática las jubilaciones.
 
Hubo asombro, indignación y hasta fuertes insultos hacia miembros del Gobierno, como fue el caso de Elisa Carrió, que utilizó los más subidos de tono.
 
Emilio Monzó, Nicolás Massot, Fernando Sánchez y el propio Negri llamaban exasperados a distintos funcionarios pidiendo explicaciones y recomendando que esa modificación se anulara.
 
Uno de los que respondió fue el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien sorprendido por tanto escándalo dijo "pero si son 20 pesos de diferencia, es una pavada...".
 
Su interlocutor le habló de la sensibilidad del tema y le recordó que el Gobierno había asignado 75 mil millones de pesos para la reparación histórica a los jubilados y ahora echaba por tierra esa buena señal, justamente por esa "pavada".
 
En la Casa Rosada, hubo funcionarios que insistieron hasta la mañana siguiente con mantener el nuevo cálculo, sin advertir la gravedad del momento.
 
Fue el Presidente quien decidió dar la cara y volver atrás con la medida. El error con las jubilaciones se sumaba al conflictivo acuerdo con el Correo, y a las otras muchas equivocaciones cometidas desde que asumió a fines de 2015.
 
Esa noche, los legisladores de Cambiemos se fueron a dormir con la incertidumbre de una crisis política que traería serias consecuencias.

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