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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“Con la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Macri, los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo”. Pablo Tonelli, diputado nacional por el PRO.
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Nacionales - 13-02-2017 / 10:02

El Gobierno de Macri avanza con un plan para remover a jueces afines a los K y ubicar magistrados propios

El Gobierno de Macri avanza con un plan para remover a jueces afines a los K y ubicar magistrados propios
El Gobierno de Macri avanza con un plan para remover a jueces afines a los K y ubicar magistrados propios.
 
El gobierno de Mauricio Macri diseñó un cronograma para depurar el Poder Judicial y destituir mediante juicio político en 2017 a media docena de jueces sospechosos de corrupción o de mal desempeño. De esta manera, busca dar señales de transparencia y cambio institucional, una de las promesas de campaña de Cambiemos.
 
La otra parte del plan, que coordina el ministro de Justicia, Germán Garavano, es nombrar por lo menos 70 nuevos jueces para cubrir cargos vacantes. Todo ello se gestionará en medio de la campaña para las elecciones legislativas de octubre próximo. El miércoles pasado, el oficialismo logró aprobar 13 ternas para cubrir juzgados vacantes.

 
El propio Macri sigue de cerca el proceso y está al tanto del cronograma. Altas fuentes del Gobierno indicaron a LA NACION que, a fines de marzo, el oficialismo dará el primer paso cuando intente lograr la remoción de Eduardo Freiler, miembro de la Sala I de la Cámara Federal.
 
Entre abril y agosto, Cambiemos se ocupará del juez federal Daniel Rafecas, y en el último cuatrimestre del año buscará consenso para destituir a Ana María Figueroa, de la Cámara de Casación; a Oscar Hergott, camarista del Tribunal Oral Federal de la Capital, y a Jorge Ferro, camarista federal de Mar del Plata. El propósito es elevar esos casos a juicio político.
 
Para lograr ese objetivo, el oficialismo necesita reunir el voto de al menos 9 de los 13 consejeros. Cambiemos podría conseguirlos en algunos casos, pero la estrategia del oficialismo podría complicarse en otros.
 
Dependerá de cada acusación. Cerca de Macri aseguran que Garavano y el jefe de asesores presidenciales, José Torello, trabajan con prudencia y en línea con los bloques de diputados y senadores de Cambiemos, representados en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar y remover jueces.
 
"Hay varios jueces en la lista, pero iremos de a poco y según las evidencias y el consenso dentro del Consejo para pedir el juicio político", afirmó a LA NACION un funcionario cercano al Presidente.
 
El principal operador del macrismo en el Consejo es el diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, que evalúa las denuncias y las eleva al plenario que luego define el juicio político mediante el jury.
 
Las recientes auditorías del Consejo de la Magistratura al desempeño de los jueces federales de Comodoro Py jugarán un papel clave. El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, que pidió esas auditorías, comenzará a analizar mañana sus resultados, que son públicos y abiertos a cualquier ciudadano, para avanzar en nuevos pedidos de juicio político.
 
Empero, desde mucho antes de esas auditorías, Freiler está acusado de enriquecimiento ilícito. Y Rafecas fue denunciado por mal desempeño, al igual que Ana María Figueroa, Hergott y Ferro.
 
 
Primer avance
 
Como primer paso en su ofensiva, el Gobierno logró desplazar el miércoles pasado a Juan Cubría, que era el administrador del Consejo de la Magistratura. Lo reemplazó por Agustín Cinto con una mayoría facilitada por Jorge Candis, consejero académico que le dio al oficialismo el noveno voto necesario de los 13 consejeros del cuerpo.
 
Ésta fue la mayor novedad en la relación de fuerzas en el Consejo. Cubría, hijo de la jueza federal María Servini de Cubría, tenía el apoyo del kirchnerismo.
 
"Este año queremos que asuman 70 nuevos jueces como mínimo. Va en serio", dijo un alto funcionario a LA NACION. El mismo miércoles, el Consejo aprobó 13 ternas de jueces para cubrir vacantes en la Cámara Laboral, en la Cámara Federal de Paraná, en la de Tucumán y en la de Mendoza. El voto de Candis fue la clave para obtener la mayoría de dos tercios en el Consejo.
 
La Casa Rosada comenzó la depuración judicial el año pasado. Ante la amenaza de seguras destituciones mediante juicio político, renunciaron varios magistrados: el ex juez federal de la Capital Norberto Oyarbide, el ex presidente del Tribunal Oral Federal de La Plata Carlos Rozanski, el ex juez federal de La Pampa José Antonio Charlín, el ex juez federal de Orán Raúl Reynoso (luego detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico) y el ex camarista federal de Bahía Blanca Néstor Montizenti.
 
El Gobierno descuenta que podrá lograr los dos tercios de los votos en el Consejo de la Magistratura para activar el juicio político en algunos casos, pero contempla la posibilidad de enfrentar complicaciones para alcanzar el número necesario en otros.
 
Los votos incondicionales de la Casa Rosada son los de los diputados Tonelli, Gustavo Valdez, el senador Ángel Rozas y el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques. Cuatro votos con los que puede contar.
 
Además, cuenta como aliados a la presidenta del Consejo, Adriana Donato, y al vicepresidente, Miguel Piedecasas. Dos votos más. Y también los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes suelen coincidir con el oficialismo. Aunque estos últimos dos votos podrían cambiar según quiénes sean los jueces acusados.
 
A esos posibles 8 votos a favor de la estrategia de la Casa Rosada se sumó el reciente de Candis, lo cual abrió una perspectiva optimista para el Gobierno. Sabe que nunca podrá contar con el apoyo de los consejeros kirchneristas, Virginia García, Ruperto Godoy, Rodolfo Tailhade y Gabriela Vázquez.
 
 
Los números del juicio político
 
Votos necesarios
 
Al menos nueve de los 13 votos en el Consejo necesita el oficialismo para remover a un juez por la vía del juicio político
 
Complicaciones
 
En la Casa Rosada confían en alcanzar ese número en los casos más polémicos, pero en otros prevén dificultades.
 
Por Mariano Obarrio
 
Fuente: LA NACION
 

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13-12-2017 / 11:12
13-12-2017 / 11:12
La mayoría de los diputados del flamante interbloque referenciado en los gobernadores no quiere votar la reforma jubilatoria que les quita 100.000 millones a los jubilados y Cambiemos los necesita para garantizar su sanción, en una sesión que estaba prevista para el miércoles 20 pero podrían adelantar para este jueves.
 
Cambiemos necesita unos 30 diputados aproximadamente para tener mayoría, aún después del recambio legislativo que les permitió aumentar su cantidad de bancas. Sigue necesitando de los peronistas. Ya el massismo le dio la espalda a la reforma, entonces necesita de los gobernadores, los mismos que permitieron que la reforma se apruebe en el Senado. Pero en Diputados su peso es relativo y obliga a cuentas más finas.
 
En Cambiemos hay confianza de llegar a la mayoría pero si Rogelio Frigerio no logra ablandar a los mandatarios en estos días, a Mario Negri y Nicolás Massot no les será tan sencillo.  Lo que le preocupa a Cambiemos son los gobernadores que callan como Urtubey, Bordet, Uñac y Verna cuyos legisladores no estuvieron en la reunión escandalosa de ayer. Incluso algunos de los diputados que responden a esos cuatro mandatarios provinciales ya habrían avisado que no apoyarán la reforma.
 
Según las cuentas que hicieron en Cambiemos, sólo necesitan 23 aliados para abrir la sesión especial y aprobar la reforma neoliberal y dicen tenerlos, pero algunos de los 'contabilizados' están agarrados con alfileres y además el número es muy justo para arriesgarse en el recinto, aunque no sería la primera vez que el macrismo parlamentario corre riesgos que a veces terminaron mal.
 
La Opinión Popular

13-12-2017 / 10:12
En un plenario de comisiones cargado de tensión, discusiones, trifulcas y discursos encendidos de macristas y opositores, Cambiemos logró en Diputados dictamen favorable a la reforma previsional que el Gobierno de Macri pactó con los gobernadores peronistas y que podará entre 75 mil y 100 mil millones de pesos anuales a jubilados, pensionados, discapacitados, asignaciones familiares, beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y embarazo, para tapar agujeros financieros de la administración central y la provincia de Buenos Aires.
 
La oposición terminó por unificar un dictamen de rechazo entre el FpV-PJ, el Frente Renovador y los puntanos de Compromiso Federal a los que se sumarían el Movimiento Evita, el FIT y Libres del Sur a los que el oficialismo excluyó de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social.
 
Los diputados del interbloque Argentina Federal, que responden a los gobernadores peronistas, casi no participaron del plenario y se reunieron en la búsqueda infructuosa de unificar posiciones. La mayoría de los diputados del flamante interbloque referenciado en los gobernadores no quiere votar la reforma jubilatoria y Cambiemos los necesita para garantizar su sanción.
 
Los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, serían los únicos oradores en defensa del proyecto oficial. No habría otros, más allá de los diputados que intervinieron. Cambiemos apostó a un trámite súper exprés, aunque no logró esquivar las voces de protesta que había borrado del debate.
 
Triaca comenzó su disertación cuando un numeroso grupo de jubilados y trabajadores de distintos gremios comenzaron a abuchearlo. "Es lo que votó el pueblo argentino unos meses atrás". La respuesta enardeció a la gente que levantó el tono: "atorrante", "ladrón", "traidor", le gritaron. El jefe de los diputados PRO, Nicolás Massot, hizo un discurso provocador contra el kirchnerismo, pero no dedicó una sola palabra a la defensa del proyecto. 
Muy incendiarias sus frases pero no respondió al interrogante: ¿esto es para que los jubilados cobren más o para que cobren menos?

 
Triaca no pudo continuar y un grupo de trabajadores identificado con el Apops (el gremio de la Anses) que reclamaban participación en la discusión se cruzaron con la seguridad de la Cámara. El jefe del bloque del FpV-PJ, Agustín Rossi, en una demostración de buen estado físico, saltó una mesa para interponerse entre los dos grupos y frenar la pelea.
 
En Cambiemos evaluaban anoche si confirmaban que contarían con los votos suficientes, cambiarían la estrategia y convocarían a una sesión este jueves para tratar la reforma previsional. Quieren evitar que la sesión ómnibus del 19 y 20 de diciembre se tope con una masiva marcha que organizaciones de trabajadores, organizaciones sociales y jubilados preparan para esa fecha. En este marco, la perspectiva de un Paro Nacional y una movilización masiva el día que se trate la norma se hace urgente y más que necesaria.
 
La Opinión Popular

12-12-2017 / 16:12
12-12-2017 / 12:12
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