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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“Parece que el Presidente Mauricio Macri y su gobierno de ricos continúa la senda del gobierno anterior en lo que hace a favorecer sus negocios personales y enriquecerse a costa del Estado”. Victoria Donda
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Nacionales - 12-02-2017 / 10:02
EL GOBIERNO Y CAMBIEMOS, CON PROBLEMAS DE ENFOQUE POLÍTICO

Macri, enredado en el escándalo de la deuda del Correo y enfrentado a una creciente litigiosidad sindical en un año electoral

Macri, enredado en el escándalo de la deuda del Correo y enfrentado a una creciente litigiosidad sindical en un año electoral
Macri, enredado en el escándalo de la deuda del Correo y enfrentado a una creciente litigiosidad sindical en un año electoral .
La escena ocurrió el último viernes en la Casa Rosada. Un grupo de funcionarios de primer nivel de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño debía ingresar a un salón para participar de un acto organizado por la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero en la previa del encuentro pidieron que se retirara a la prensa, pese a que originalmente se había realizado una convocatoria oficial.
 
¿Qué sucedió entonces? El ministro Frigerio, la gobernadora Vidal y el alcalde Rodríguez Larreta no quisieron, aparentemente, responder preguntas -que seguramente se les iban a formular- sobre el acuerdo entre el Estado nacional y el Grupo Macri por una deuda con el ex Correo Argentino. La reacción de estas primeras figuras del PRO reveló que el caso excede largamente las formalidades burocráticas.
 
Se trata, en rigor, de un asunto de extrema sensibilidad política, ya que Cambiemos llegó al poder con el claro mandato de sus votantes de terminar con la discrecionalidad y de eliminar cualquier atisbo de corrupción. Pero en este caso, resulta inevitable la sospecha de que el acuerdo entre el Estado y Socma pudo haber contemplado que la empresa pertenece a la familia presidencial.
 
Por cierto que la sospecha no alcanza para probar nada en los estrados judiciales, aunque provoca daño en términos políticos. ¿Nadie en el Gobierno advirtió que el acuerdo podía ser cuestionado en ese plano? La responsabilidad mayor recaería sobre el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, ya que fueron los funcionarios a su cargo los que participaron de las negociaciones.
 
En medio de esta situación, el Gobierno contó con un favor inesperado: la fiscal que puso la lupa sobre el caso -alineada con la procuradora Gils Carbó- exageró las cifras del presunto beneficio a Socma, mientras que la ex presidenta Kirchner agitaba la información por las redes sociales. De todos modos, en el propio oficialismo se preguntaron qué era lo que realmente había pasado.
 
De hecho, la diputada Elisa Carrió se comunicó con sus colaboradores desde Punta del Este -donde se encuentra de vacaciones- para pedirles precisiones al respecto, un día antes que Frigerio, Vidal y Larreta se llamaran a silencio. Tampoco el presidente Macri se pronunció sobre el delicado asunto. Sólo habló la vice Michetti para asegurar que el mandatario desconocía el acuerdo.
 
Como fuera, en los hechos el entendimiento beneficia a dos hermanos y tres hijos del Presidente, que son los actuales propietarios de Socma, la compañía de la que su padre Franco y él mismo se retiraron hace varios años. Aunque los puntos de contacto están a la vista: Macri designó al frente del Correo a Jorge Irigoin, un ejecutivo de esa misma empresa que participó de aquella concesión.
 
Por esos motivos, el Gobierno recalcularía el ofrecimiento inicial del ministro Aguad de concurrir al Congreso para brindar las explicaciones del caso. Es que si hubiera una escalada política, el oficialismo llevaría las de perder. Ya tiene bastantes inconvenientes con la gestión gubernamental, como para andar dilapidando energías en una discusión que lo obliga a ponerse a la defensiva.
 
 
APUNTEN A HIGHTON
 
Los problemas de "enfoque político" que evidencia el Gobierno no se remiten solamente al caso de la empresa de la familia presidencial. También se pusieron en evidencia con la avanzada para que la jueza Highton de Nolasco deje su cargo en la Corte Suprema.
 
Desde el punto de vista jurídico, al Gobierno le asiste la razón: Highton juró por la Constitución de 1994, que limitó los mandatos a los 75 años, por lo que es posible que apele el fallo favorable a la magistrada que no se quiere jubilar. Pero en el plano político, todavía hay quienes se preguntan cuál es la necesidad de generar un conflicto más en el escenario público.
 
 
CONFLICTIVIDAD SINDICAL
 
Un tercer asunto que el Gobierno no está enfocando en toda su dimensión es el de la conflictividad sindical. Hasta el momento, los funcionarios achacan a los gremialistas motivaciones políticas y electorales detrás de sus demandas de aumento salarial. Aunque está claro que los dirigentes juegan en ese terreno, también lo es que los sueldos perdieron con la inflación en 2016.
 
La tensión sindical se está agudizando especialmente en el sector docente, que reclama una paritaria nacional dada de baja por el Gobierno; entre los bancarios que no obtienen la homologación oficial para un acuerdo salarial del 24% de aumento y entre los gremios industriales, que padecen suspensiones y despidos. Son los sectores que marcharán a Plaza de Mayo el próximo 7 de marzo.
 
En este contexto poco favorable, la administración de Cambiemos viene dando muestras de que tiene vocación de introducir reformas en el mundo laboral. Los cambios en el régimen de las ART -tendientes a frenar vertiginosamente la litigiosidad y la cartelización de esas compañías- son una punta del iceberg, que también incluirá un blanqueo del trabajo en negro y la rebaja de contribuciones patronales.
 
Se trata de iniciativas que en la Casa Rosada consideran fundamentales para que la economía gane herramientas de competitividad en un escenario de apertura comercial, como la que auspicia el presidente Macri. Los empresarios están a priori a favor de ese paquete de reforma laboral. "Si nos van a cambiar la cancha, que por lo menos nos den mejores condiciones para jugar", razonan.
 
Pero los sindicatos están en otra sintonía: advierten que la inflación sigue siendo un problema -pese al 1,3% que detectó el nuevo INDEC para enero- y sostienen que el Gobierno beneficia a algunos sectores de la economía en detrimento de otros. Entre los ganadores del Modelo M -afirman- se encuentran el gran complejo agropexportador, el farmacéutico y el automotriz.
 
 
RUIDO EN EL OFICIALISMO
 
En ese marco, tanto sindicalistas como empresarios aguardan que la economía empiece a crecer, pero acuerdan en que no habrá un impacto positivo inmediato sobre el nivel de empleo ni el consumo masivo. Paradójicamente, algunos de ellos sostienen que las mejoras comenzarían a notarse en el "segundo semestre" de este año. En 2016, ese pronóstico nunca se verificó.
 
Por eso es que en el oficialismo ya se evidencian algunas dudas respecto del destino electoral de la alianza Cambiemos. La situación tiende a achicar el margen de maniobra del PRO para imponer la estrategia y los candidatos a sus principales aliados, la UCR y la Coalición Cívica. Aunque por el momento el partido del presidente Macri lleva las riendas y trata de digerir las críticas internas.
 
La más extendida de ellas es que la mesa chica del Gobierno no atiende las opiniones de dirigentes como el radical Sanz o "Lilita" Carrió. Tampoco las de Eduardo Duhalde, que acerca peronistas en territorio bonaerense. Ese ruido en la línea oficialista se manifiesta especialmente en tres distritos: Buenos Aires, Santa Fe y la capital. Es decir, en donde se podrían definir las elecciones legislativas.
 
En la Provincia, el PRO rechaza llevar a Carrió como candidata, mientras que en la capital bloquea la postulación del embajador Lousteau, que cuenta con el apoyo del radicalismo. En Santa Fe, el macrismo espera que la UCR se retire de su larga alianza de nueve años con el socialismo. Los problemas de enfoque no afectan sólo al Gobierno sino que derraman sobre su armado político.
 
Por Mariano Spezzapria
 
Fuente: El Día 
 
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19-02-2017 / 19:02
En una de las peores semanas para el Gobierno desde que asumió Mauricio Macri como presidente, debido al escándalo del Correo y la polémica por el retoque a la baja del aumento de las jubilaciones, Cambiemos logró dos victorias al hilo en el Congreso: la sanción de la reforma del régimen de ART y el aval al DNU que endurece la ley migratoria. La particularidad de ambos triunfos es que el macrismo los consiguió con la sorpresiva ausencia de legisladores del Frente para la Victoria.
 
El miércoles a la noche, cuando finalizaba la sesión, los bloques que lideran Sergio Massa y Diego Bossio le retiraron su apoyo a la ley de ART al enterarse que el Gobierno había modificado por resolución la fórmula de cálculo de la ley de Movilidad Jubilatoria. Ambos espacios se abstuvieron. La votación la ganó Cambiemos con 88 votos a favor, 44 abstenciones y 22 votos en contra.
 
Durante la votación, los diputados del Frente para la Victoria-PJ, la bancada más numerosa de la cámara baja, se quedaron sospechosamente de pie junto a sus poltronas, para figurar como ausentes y no votar.
 
"Si el kirchnerismo se sentaba y votaba en contra, caía la ley. Salvaron al Gobierno", afirmó Massa al día siguiente de la sesión. El tigrense, de todas maneras, iba a votar a favor del proyecto y no mandó a su tropa a votar en contra, sino a abstenerse. El kirchnerismo argumentó que si, en lugar de abstenerse, el massimo y el bloque de Bossio no daban quórum, la ley se caía.
 
Así, la ley de ART fue rechazada solamente por el Movimiento Evita (bloque Peronismo para la Victoria), Progresistas (socialismo, Libres del Sur y Margarita Stolbizer) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

19-02-2017 / 10:02
19-02-2017 / 10:02
19-02-2017 / 09:02
La pregunta sigue siendo la misma entre analistas y observadores. A los que se suman ahora hasta aliados de Cambiemos o funcionarios del propio Gobierno que no aprueban a libro cerrado ni el sentido de la oportunidad de algunas decisiones que se han tomado, ni la chapucería aplicada para llevarlas adelante.
 
También es cierto que hay más de una respuesta para esa pregunta que a estas alturas bien podría ser la del millón. Una: cuánto daño le provocarán al Gobierno y a la coalición que encabeza Mauricio Macri tantos errores no forzados, y algunas perjudiciales muestras de insensibilidad de algunos funcionarios, en el resultado de las elecciones de octubre.
 
Tan cruciales una vez más para el destino de mediano o largo plazo, pero en especial para los tiempos que podría durar esta experiencia no peronista al mando de la administración del país.
 
Otra: si la persistencia en el error y la contramarcha que a estas alturas resulta casi patológica en un Gobierno que se ufana de tener "el mejor equipo de los últimos cincuenta años" harán que el oficialismo salga derrotado de ese paso por las urnas en apenas ocho meses, que podrían tener un previo llamado de atención en las primarias del próximo mes de agosto.
 
O si como creen los estrategas del macrismo, y algunos funcionarios que no temen pecar de soberbios o autosuficientes, la economía triunfará, la inflación será doblegada, los salarios ganarán la vieja carrera, y los errores cometidos no pasarán de ser una anécdota.
 
Un dato de la historia reciente, desde el renacimiento de la democracia para acá, va y viene en los análisis que son comunes a oficialistas y opositores cuando se dan a la tarea de orejear lo que puede ocurrir en esos comicios clave: la ciudadanía suele darse el gusto de castigar a los gobernantes que no hacen las cosas bien, aunque les sigan guardando la necesaria dosis de esperanza, cuando lo que se vota no es la gestión propiamente dicha sino bancas en el Congreso o en las legislaturas provinciales.

19-02-2017 / 09:02
El miércoles pasado en el Congreso, que es el principal ámbito donde reina la política, se tuvo la sensación de que la coalición Cambiemos había entrado en una crisis irremontable.
 
No era la oposición la que lo percibía, sino los principales dirigentes del oficialismo en Diputados, donde estuvo a punto de fracasar la votación del cambio en las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) impulsado por el Gobierno de Macri.
 
Luego de soportar más de cuatro horas de críticas, burlas y chicanas sobre el acuerdo entre la familia presidencial y el Estado por la deuda del Correo Argentino, el interbloque que preside el radical Mario Negri se enteró de que la Anses había modificado el cálculo que se utiliza para aumentar de manera  automática las jubilaciones.
 
Hubo asombro, indignación y hasta fuertes insultos hacia miembros del Gobierno, como fue el caso de Elisa Carrió, que utilizó los más subidos de tono.
 
Emilio Monzó, Nicolás Massot, Fernando Sánchez y el propio Negri llamaban exasperados a distintos funcionarios pidiendo explicaciones y recomendando que esa modificación se anulara.
 
Uno de los que respondió fue el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien sorprendido por tanto escándalo dijo "pero si son 20 pesos de diferencia, es una pavada...".
 
Su interlocutor le habló de la sensibilidad del tema y le recordó que el Gobierno había asignado 75 mil millones de pesos para la reparación histórica a los jubilados y ahora echaba por tierra esa buena señal, justamente por esa "pavada".
 
En la Casa Rosada, hubo funcionarios que insistieron hasta la mañana siguiente con mantener el nuevo cálculo, sin advertir la gravedad del momento.
 
Fue el Presidente quien decidió dar la cara y volver atrás con la medida. El error con las jubilaciones se sumaba al conflictivo acuerdo con el Correo, y a las otras muchas equivocaciones cometidas desde que asumió a fines de 2015.
 
Esa noche, los legisladores de Cambiemos se fueron a dormir con la incertidumbre de una crisis política que traería serias consecuencias.

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