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Nacionales - 12-02-2017 / 10:02
EL GOBIERNO Y CAMBIEMOS, CON PROBLEMAS DE ENFOQUE POLÍTICO

Macri, enredado en el escándalo de la deuda del Correo y enfrentado a una creciente litigiosidad sindical en un año electoral

Macri, enredado en el escándalo de la deuda del Correo y enfrentado a una creciente litigiosidad sindical en un año electoral
Macri, enredado en el escándalo de la deuda del Correo y enfrentado a una creciente litigiosidad sindical en un año electoral .
La escena ocurrió el último viernes en la Casa Rosada. Un grupo de funcionarios de primer nivel de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño debía ingresar a un salón para participar de un acto organizado por la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero en la previa del encuentro pidieron que se retirara a la prensa, pese a que originalmente se había realizado una convocatoria oficial.
 
¿Qué sucedió entonces? El ministro Frigerio, la gobernadora Vidal y el alcalde Rodríguez Larreta no quisieron, aparentemente, responder preguntas -que seguramente se les iban a formular- sobre el acuerdo entre el Estado nacional y el Grupo Macri por una deuda con el ex Correo Argentino. La reacción de estas primeras figuras del PRO reveló que el caso excede largamente las formalidades burocráticas.
 
Se trata, en rigor, de un asunto de extrema sensibilidad política, ya que Cambiemos llegó al poder con el claro mandato de sus votantes de terminar con la discrecionalidad y de eliminar cualquier atisbo de corrupción. Pero en este caso, resulta inevitable la sospecha de que el acuerdo entre el Estado y Socma pudo haber contemplado que la empresa pertenece a la familia presidencial.
 
Por cierto que la sospecha no alcanza para probar nada en los estrados judiciales, aunque provoca daño en términos políticos. ¿Nadie en el Gobierno advirtió que el acuerdo podía ser cuestionado en ese plano? La responsabilidad mayor recaería sobre el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, ya que fueron los funcionarios a su cargo los que participaron de las negociaciones.
 
En medio de esta situación, el Gobierno contó con un favor inesperado: la fiscal que puso la lupa sobre el caso -alineada con la procuradora Gils Carbó- exageró las cifras del presunto beneficio a Socma, mientras que la ex presidenta Kirchner agitaba la información por las redes sociales. De todos modos, en el propio oficialismo se preguntaron qué era lo que realmente había pasado.
 
De hecho, la diputada Elisa Carrió se comunicó con sus colaboradores desde Punta del Este -donde se encuentra de vacaciones- para pedirles precisiones al respecto, un día antes que Frigerio, Vidal y Larreta se llamaran a silencio. Tampoco el presidente Macri se pronunció sobre el delicado asunto. Sólo habló la vice Michetti para asegurar que el mandatario desconocía el acuerdo.
 
Como fuera, en los hechos el entendimiento beneficia a dos hermanos y tres hijos del Presidente, que son los actuales propietarios de Socma, la compañía de la que su padre Franco y él mismo se retiraron hace varios años. Aunque los puntos de contacto están a la vista: Macri designó al frente del Correo a Jorge Irigoin, un ejecutivo de esa misma empresa que participó de aquella concesión.
 
Por esos motivos, el Gobierno recalcularía el ofrecimiento inicial del ministro Aguad de concurrir al Congreso para brindar las explicaciones del caso. Es que si hubiera una escalada política, el oficialismo llevaría las de perder. Ya tiene bastantes inconvenientes con la gestión gubernamental, como para andar dilapidando energías en una discusión que lo obliga a ponerse a la defensiva.
 
 
APUNTEN A HIGHTON
 
Los problemas de "enfoque político" que evidencia el Gobierno no se remiten solamente al caso de la empresa de la familia presidencial. También se pusieron en evidencia con la avanzada para que la jueza Highton de Nolasco deje su cargo en la Corte Suprema.
 
Desde el punto de vista jurídico, al Gobierno le asiste la razón: Highton juró por la Constitución de 1994, que limitó los mandatos a los 75 años, por lo que es posible que apele el fallo favorable a la magistrada que no se quiere jubilar. Pero en el plano político, todavía hay quienes se preguntan cuál es la necesidad de generar un conflicto más en el escenario público.
 
 
CONFLICTIVIDAD SINDICAL
 
Un tercer asunto que el Gobierno no está enfocando en toda su dimensión es el de la conflictividad sindical. Hasta el momento, los funcionarios achacan a los gremialistas motivaciones políticas y electorales detrás de sus demandas de aumento salarial. Aunque está claro que los dirigentes juegan en ese terreno, también lo es que los sueldos perdieron con la inflación en 2016.
 
La tensión sindical se está agudizando especialmente en el sector docente, que reclama una paritaria nacional dada de baja por el Gobierno; entre los bancarios que no obtienen la homologación oficial para un acuerdo salarial del 24% de aumento y entre los gremios industriales, que padecen suspensiones y despidos. Son los sectores que marcharán a Plaza de Mayo el próximo 7 de marzo.
 
En este contexto poco favorable, la administración de Cambiemos viene dando muestras de que tiene vocación de introducir reformas en el mundo laboral. Los cambios en el régimen de las ART -tendientes a frenar vertiginosamente la litigiosidad y la cartelización de esas compañías- son una punta del iceberg, que también incluirá un blanqueo del trabajo en negro y la rebaja de contribuciones patronales.
 
Se trata de iniciativas que en la Casa Rosada consideran fundamentales para que la economía gane herramientas de competitividad en un escenario de apertura comercial, como la que auspicia el presidente Macri. Los empresarios están a priori a favor de ese paquete de reforma laboral. "Si nos van a cambiar la cancha, que por lo menos nos den mejores condiciones para jugar", razonan.
 
Pero los sindicatos están en otra sintonía: advierten que la inflación sigue siendo un problema -pese al 1,3% que detectó el nuevo INDEC para enero- y sostienen que el Gobierno beneficia a algunos sectores de la economía en detrimento de otros. Entre los ganadores del Modelo M -afirman- se encuentran el gran complejo agropexportador, el farmacéutico y el automotriz.
 
 
RUIDO EN EL OFICIALISMO
 
En ese marco, tanto sindicalistas como empresarios aguardan que la economía empiece a crecer, pero acuerdan en que no habrá un impacto positivo inmediato sobre el nivel de empleo ni el consumo masivo. Paradójicamente, algunos de ellos sostienen que las mejoras comenzarían a notarse en el "segundo semestre" de este año. En 2016, ese pronóstico nunca se verificó.
 
Por eso es que en el oficialismo ya se evidencian algunas dudas respecto del destino electoral de la alianza Cambiemos. La situación tiende a achicar el margen de maniobra del PRO para imponer la estrategia y los candidatos a sus principales aliados, la UCR y la Coalición Cívica. Aunque por el momento el partido del presidente Macri lleva las riendas y trata de digerir las críticas internas.
 
La más extendida de ellas es que la mesa chica del Gobierno no atiende las opiniones de dirigentes como el radical Sanz o "Lilita" Carrió. Tampoco las de Eduardo Duhalde, que acerca peronistas en territorio bonaerense. Ese ruido en la línea oficialista se manifiesta especialmente en tres distritos: Buenos Aires, Santa Fe y la capital. Es decir, en donde se podrían definir las elecciones legislativas.
 
En la Provincia, el PRO rechaza llevar a Carrió como candidata, mientras que en la capital bloquea la postulación del embajador Lousteau, que cuenta con el apoyo del radicalismo. En Santa Fe, el macrismo espera que la UCR se retire de su larga alianza de nueve años con el socialismo. Los problemas de enfoque no afectan sólo al Gobierno sino que derraman sobre su armado político.
 
Por Mariano Spezzapria
 
Fuente: El Día 
 
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18-02-2018 / 12:02
El caso del policía Luis Chocobar, felicitado por el Gobierno de Mauricio Macri tras asesinar por la espalda a Pablo Kukoc, hizo estallar dentro de la alianza Cambiemos su propia grieta y desató un gran alboroto en sectores judiciales molestos por las polémicas e inoportunas opiniones públicas de Macri sobre los fallos que procesaron al uniformado y el anuncio de una nueva doctrina según la cual, a entender de la ministra Patricia Bullrich, siempre tienen razón las fuerzas de seguridad.
 
El radicalismo dio esta semana su expresión más clara de que hay ciertos límites que no está dispuesto a cruzar: en el diario macrista La Nación, Ricardo Gil Lavedra publicó una columna titulada "Los riesgos de la demagogia punitiva", que asociaba el uso del tema como parte de un "marketing político" que acarrea el riesgo de multiplicar el delito y la violencia y esquiva el desarrollo de políticas "integrales, estables y serias".
 
Detrás del jurista salieron a cuestionar la postura presidencial varios dirigentes de la UCR, y fue la posición compartida en reuniones de bloque. Gil Lavedra es hoy, además, quien lidera el emprendimiento "Justicia 2020" del Ministerio de Justicia, que entre otras cosas desarrolla un anteproyecto de reforma del Código Penal.
 
La comisión que está en plena confección del texto no tiene intención de flexibilizar la regulación de la llamada "legítima defensa" (que señala las limitaciones en el uso de armas por parte de los agentes) ni la carga de la prueba, que según la ministra de Seguridad debiera eximir a los policías de toda acusación.
 
A los camaristas que agravaron la situación de Chocobar al atribuirle "homicidio agravado" y que fueron criticados por Macri el viernes, les llovieron mensajes de apoyo de colegas y hasta de funcionarios de la propia Casa Rosada.
 
En la Corte Suprema miran el escenario con atención y analizan dar un mensaje que, sin ser condescendiente con el Poder Ejecutivo, los ayude a soñar con contrarrestar la imagen desastrosa (70 por ciento negativa) que le dan las encuestas al Poder Judicial.

18-02-2018 / 12:02
17-02-2018 / 12:02
17-02-2018 / 12:02
En su paso por Argentina, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, ex director ejecutivo de la petrolera Exxon Mobile, no levantó las restricciones a los limones y al biodiésel o a la carne, que constituyen la modesta contrapartida argentina del intercambio entre ambos países.
 
Pero el jueves, el gobierno argentino emitió un decreto para la compra de material militar, un decreto secreto por decreto. Todas las discusiones económicas con Washington han sido un fracaso para Mauricio Macri, quien a cambio ha sido generoso y rápido para alinearse.
 
El gobierno de la alianza Cambiemos anunció acuerdos con el Comando Sur norteamericano, para asentar una base de la DEA en la triple frontera y conformar un grupo comando de respuesta rápida que involucra a las tres fuerzas armadas, que apoyará esa tarea.
 
El motivo de esta reactivación bélica de la región apunta a la decisión de Estados Unidos de recuperar una posición hegemónica en su "patio trasero". Su actual política proteccionista lo limita para hacerlo con acuerdos comerciales y entonces lo completa con presencia militar, la vieja política de la zanahoria y el garrote de la doctrina Monroe que seduce a Tillerson.
 
Son las dos vías de recolonización de las Fuerzas Armadas y de Seguridad regionales: la introducción de bases de la DEA y la consolidación de hipótesis de conflicto contra el narcotráfico y el terrorismo, que a poco de andar se convierten en represión de la disidencia interna con la presencia de asesores yanquis como ha sucedido en México.
 
Macri tenía que inventar la existencia de un foco terrorista para encajar en ese esquema dependiente y así surgió una organización fantasmagórica de mapuches alzados, de la que no se conoce un documento y de la que ni siquiera se ha mostrado armamento.
 
Pero el gobierno argentino puede exhibir, en cambio, que la lucha contra esta inasible RAM ya produjo dos bajas: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dos pibes desarmados que participaban en una protesta social legítima.
 
Con el dedo siempre en el gatillo, son esquemas de muy baja intensidad democrática. Porque el garrote ideológico se traslada hacia dentro de cada país.
 
Las primeras en ser reequipadas por el gobierno de los ricos han sido las fuerzas de seguridad, que pasaron por un lavado de cabeza ideológico para conferirles impunidad en las funciones de represión. 

16-02-2018 / 12:02
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