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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
"Con todo respeto le decimos al gobierno de Macri que cambie este rumbo, que por acá vamos mal”. Gustavo Bordet
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Nacionales - 12-02-2017 / 10:02
EL GOBIERNO Y CAMBIEMOS, CON PROBLEMAS DE ENFOQUE POLÍTICO

Macri, enredado en el escándalo de la deuda del Correo y enfrentado a una creciente litigiosidad sindical en un año electoral

Macri, enredado en el escándalo de la deuda del Correo y enfrentado a una creciente litigiosidad sindical en un año electoral
Macri, enredado en el escándalo de la deuda del Correo y enfrentado a una creciente litigiosidad sindical en un año electoral .
La escena ocurrió el último viernes en la Casa Rosada. Un grupo de funcionarios de primer nivel de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño debía ingresar a un salón para participar de un acto organizado por la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero en la previa del encuentro pidieron que se retirara a la prensa, pese a que originalmente se había realizado una convocatoria oficial.
 
¿Qué sucedió entonces? El ministro Frigerio, la gobernadora Vidal y el alcalde Rodríguez Larreta no quisieron, aparentemente, responder preguntas -que seguramente se les iban a formular- sobre el acuerdo entre el Estado nacional y el Grupo Macri por una deuda con el ex Correo Argentino. La reacción de estas primeras figuras del PRO reveló que el caso excede largamente las formalidades burocráticas.
 
Se trata, en rigor, de un asunto de extrema sensibilidad política, ya que Cambiemos llegó al poder con el claro mandato de sus votantes de terminar con la discrecionalidad y de eliminar cualquier atisbo de corrupción. Pero en este caso, resulta inevitable la sospecha de que el acuerdo entre el Estado y Socma pudo haber contemplado que la empresa pertenece a la familia presidencial.
 
Por cierto que la sospecha no alcanza para probar nada en los estrados judiciales, aunque provoca daño en términos políticos. ¿Nadie en el Gobierno advirtió que el acuerdo podía ser cuestionado en ese plano? La responsabilidad mayor recaería sobre el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, ya que fueron los funcionarios a su cargo los que participaron de las negociaciones.
 
En medio de esta situación, el Gobierno contó con un favor inesperado: la fiscal que puso la lupa sobre el caso -alineada con la procuradora Gils Carbó- exageró las cifras del presunto beneficio a Socma, mientras que la ex presidenta Kirchner agitaba la información por las redes sociales. De todos modos, en el propio oficialismo se preguntaron qué era lo que realmente había pasado.
 
De hecho, la diputada Elisa Carrió se comunicó con sus colaboradores desde Punta del Este -donde se encuentra de vacaciones- para pedirles precisiones al respecto, un día antes que Frigerio, Vidal y Larreta se llamaran a silencio. Tampoco el presidente Macri se pronunció sobre el delicado asunto. Sólo habló la vice Michetti para asegurar que el mandatario desconocía el acuerdo.
 
Como fuera, en los hechos el entendimiento beneficia a dos hermanos y tres hijos del Presidente, que son los actuales propietarios de Socma, la compañía de la que su padre Franco y él mismo se retiraron hace varios años. Aunque los puntos de contacto están a la vista: Macri designó al frente del Correo a Jorge Irigoin, un ejecutivo de esa misma empresa que participó de aquella concesión.
 
Por esos motivos, el Gobierno recalcularía el ofrecimiento inicial del ministro Aguad de concurrir al Congreso para brindar las explicaciones del caso. Es que si hubiera una escalada política, el oficialismo llevaría las de perder. Ya tiene bastantes inconvenientes con la gestión gubernamental, como para andar dilapidando energías en una discusión que lo obliga a ponerse a la defensiva.
 
 
APUNTEN A HIGHTON
 
Los problemas de "enfoque político" que evidencia el Gobierno no se remiten solamente al caso de la empresa de la familia presidencial. También se pusieron en evidencia con la avanzada para que la jueza Highton de Nolasco deje su cargo en la Corte Suprema.
 
Desde el punto de vista jurídico, al Gobierno le asiste la razón: Highton juró por la Constitución de 1994, que limitó los mandatos a los 75 años, por lo que es posible que apele el fallo favorable a la magistrada que no se quiere jubilar. Pero en el plano político, todavía hay quienes se preguntan cuál es la necesidad de generar un conflicto más en el escenario público.
 
 
CONFLICTIVIDAD SINDICAL
 
Un tercer asunto que el Gobierno no está enfocando en toda su dimensión es el de la conflictividad sindical. Hasta el momento, los funcionarios achacan a los gremialistas motivaciones políticas y electorales detrás de sus demandas de aumento salarial. Aunque está claro que los dirigentes juegan en ese terreno, también lo es que los sueldos perdieron con la inflación en 2016.
 
La tensión sindical se está agudizando especialmente en el sector docente, que reclama una paritaria nacional dada de baja por el Gobierno; entre los bancarios que no obtienen la homologación oficial para un acuerdo salarial del 24% de aumento y entre los gremios industriales, que padecen suspensiones y despidos. Son los sectores que marcharán a Plaza de Mayo el próximo 7 de marzo.
 
En este contexto poco favorable, la administración de Cambiemos viene dando muestras de que tiene vocación de introducir reformas en el mundo laboral. Los cambios en el régimen de las ART -tendientes a frenar vertiginosamente la litigiosidad y la cartelización de esas compañías- son una punta del iceberg, que también incluirá un blanqueo del trabajo en negro y la rebaja de contribuciones patronales.
 
Se trata de iniciativas que en la Casa Rosada consideran fundamentales para que la economía gane herramientas de competitividad en un escenario de apertura comercial, como la que auspicia el presidente Macri. Los empresarios están a priori a favor de ese paquete de reforma laboral. "Si nos van a cambiar la cancha, que por lo menos nos den mejores condiciones para jugar", razonan.
 
Pero los sindicatos están en otra sintonía: advierten que la inflación sigue siendo un problema -pese al 1,3% que detectó el nuevo INDEC para enero- y sostienen que el Gobierno beneficia a algunos sectores de la economía en detrimento de otros. Entre los ganadores del Modelo M -afirman- se encuentran el gran complejo agropexportador, el farmacéutico y el automotriz.
 
 
RUIDO EN EL OFICIALISMO
 
En ese marco, tanto sindicalistas como empresarios aguardan que la economía empiece a crecer, pero acuerdan en que no habrá un impacto positivo inmediato sobre el nivel de empleo ni el consumo masivo. Paradójicamente, algunos de ellos sostienen que las mejoras comenzarían a notarse en el "segundo semestre" de este año. En 2016, ese pronóstico nunca se verificó.
 
Por eso es que en el oficialismo ya se evidencian algunas dudas respecto del destino electoral de la alianza Cambiemos. La situación tiende a achicar el margen de maniobra del PRO para imponer la estrategia y los candidatos a sus principales aliados, la UCR y la Coalición Cívica. Aunque por el momento el partido del presidente Macri lleva las riendas y trata de digerir las críticas internas.
 
La más extendida de ellas es que la mesa chica del Gobierno no atiende las opiniones de dirigentes como el radical Sanz o "Lilita" Carrió. Tampoco las de Eduardo Duhalde, que acerca peronistas en territorio bonaerense. Ese ruido en la línea oficialista se manifiesta especialmente en tres distritos: Buenos Aires, Santa Fe y la capital. Es decir, en donde se podrían definir las elecciones legislativas.
 
En la Provincia, el PRO rechaza llevar a Carrió como candidata, mientras que en la capital bloquea la postulación del embajador Lousteau, que cuenta con el apoyo del radicalismo. En Santa Fe, el macrismo espera que la UCR se retire de su larga alianza de nueve años con el socialismo. Los problemas de enfoque no afectan sólo al Gobierno sino que derraman sobre su armado político.
 
Por Mariano Spezzapria
 
Fuente: El Día 
 
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22-08-2017 / 09:08
22-08-2017 / 09:08
22-08-2017 / 09:08
Los gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y distintos movimientos sociales volverán a marchar hoy a partir de las 15 horas hacia Plaza de Mayo en rechazo a las políticas económicas y sociales neoliberales de Mauricio Macri, contra la precarización laboral, el aumento de la edad jubilatoria y en defensa del empleo.
 
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa (CCC) marcharán a Plaza de Mayo junto a la CGT, mientras que la izquierda irá más temprano para reclamar un Paro General. La CTEP llevará sus propios reclamos como la "plena implementación de la ley de emergencia social" y la "sanción de la ley de emergencia alimentaria", para mejorar la alimentación de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
 
Pese al alto grado de convocatoria, la dirigencia colaboracionista de los sindicatos de servicios, denominados "Los Gordos", los llamados "independientes" y los sectores del transporte ya descartaron su respaldo a una posible huelga nacional. Se espera que estos gremios estén presentes hoy en la Plaza, pero "sin forzar la convocatoria hasta el extremo", dejaron trascender. No estarán presentes los jerarcas de las 62 Organizaciones Peronistas que prefirieron ir a almorzar con los funcionarios macristas.
 
A más de un mes de la represión y el desalojo de la fábrica de PepsiCo, que fue el motivo original que desencadenó la movilización, uno de los objetivos será que las autoridades nacionales convoquen al diálogo. En caso de que el Gobierno no de una respuesta, está presente la idea de un paro nacional, aunque todavía no se ha confirmado.
 
En este marco, la CGT se encuentra atravesando un momento de pujas internas entre los jefes sindicales, ya que hay múltiples diferencias entre quienes promueven un paro general, como el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, el camionero Pablo Moyano, y otros como "Los Gordos", referentes de los grandes servicios, quienes no quieren movilizar y reducirán al mínimo su participación. 
 
El único orador de la jornada será Juan Carlos Schmid, que codirige la central obrera junto a Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio). Schmid sostuvo que la marcha "consolida a la CGT" y muestra "organización y disciplina" dentro de ella, al tiempo que también demuestra su capacidad de "movilizar y expresar pacíficamente, pero con firmeza" lo que piensan.
 
Se espera para hoy una importante movilización contra el ajuste, la desocupación, la modificación en las condiciones laborales, los cambios en las jubilaciones y la reforma en la ley de ART. Despues de la marcha, en septiembre, se reunirá el Comité Central Confederal que será el encargado de decidir los pasos a seguir.
 
La Opinión Popular

21-08-2017 / 16:08
21-08-2017 / 09:08
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