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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“Si uno solo puede ser macrista o cristinista -si así son las cosas- estamos en el fondo del pozo y ni imaginamos la salida”. Julio Bárbaro
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Nacionales - 12-02-2017 / 08:02

Macri: sus errores con los precios y las batallas judiciales por el Correo

Macri: sus errores con los precios y las batallas judiciales por el Correo
La intención de que los precios de contado bajaran un 20 por ciento para artículos que son financiados a 12 o 18 cuotas mostró la ingenuidad oficial de creer que los comerciantes no iban a distorsionar la idea en su propio beneficio. El otro caso en el que el Gobierno paga un costo político innecesario es con el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, la empresa que pertenecía a Franco Macri, el padre del Presidente.
Resulta paradójico, pero algunos de los valorables esfuerzos que hace el Gobierno de Mauricio Macri para superar inconvenientes y encontrar nuevas maneras de aliviar el peso de la crisis terminan chocando contra sus propias equivocaciones.
 
Con ironía, podría decirse que a esta altura muchos errores cometidos tal vez obedezcan a un problema vocacional.
 
Otros dos claros ejemplos de este fenómeno quedaron expuestos en la semana que pasó. La noble intención de que los precios de contado bajaran un 20 por ciento para artículos que son financiados a 12 o 18 cuotas mostró la ingenuidad oficial de creer que los comerciantes no iban a distorsionar la idea en su propio beneficio.
 
Y todo cayó en una gran confusión que perjudica a los consumidores. En muchos casos, esos precios no bajaron y las cuotas se llenaron de intereses.
 
El otro caso en el que el Gobierno paga un costo político innecesario es con el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, la empresa que pertenecía a Franco Macri, el padre del Presidente, por una deuda originada en 2001.
 
Fue cuando el Correo se presentó en concurso de acreedores y quedó debiendo más de 250 millones de pesos convertibles, que se acumularon por la falta de pago del canon acordado en la privatización.
 
Las objeciones de una fiscal a ese acuerdo sometido a la Justicia comercial trascendieron el ámbito de los tribunales y, como es lógico por tratarse de un arreglo del Gobierno con una empresa del padre del jefe del Estado, ingresaron de manera estrepitosa a la arena política para beneficio de la oposición.
 
¿Era tan difícil imaginar que esto sucedería, aunque técnicamente la negociación estuviese a tono con la ley? ¿No era conveniente hacer conocer los detalles antes de cerrar el acuerdo?
 
La simplificación de los dos temas mencionados deja saldos negativos en el imaginario popular. En el primero, que el Gobierno no da pie con bola con los precios; en el segundo, que su promesa de transparentar los procedimientos del Estado es relativa cuando se trata de la familia presidencial.

 
La jueza
 
La sorpresiva decisión de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton, de querer seguir en su cargo después del próximo 27 de diciembre, cuando cumplirá 75 años, anticipó la discusión de un tema que no estaba en agenda.
 
La actitud de Highton es controvertida porque hasta agosto del año pasado ella opinaba que los jueces, como dice la Constitución, deben cesar en sus funciones al cumplir 75 años; es decir, todo lo contrario de lo que ahora manifiesta.
 
La jueza hizo una consulta al Gobierno en noviembre del año pasado acerca de si avalaría su continuidad. Cuando se lo transmitieron al Presidente, este respondió que no tendría inconvenientes, que ella le caía simpática y que era la única proveniente de la carrera judicial. A la vez, Macri recomendó hablar con la oposición en el Senado, que es el cuerpo que debería prestar su acuerdo.
 
Cuando le preguntaron al jefe de la bancada PJ-FPV, Miguel Pichetto, este respondió que "de ninguna manera" aprobarían ese pliego para que Highton siga en la Corte. "Nosotros queremos que se cumpla el acuerdo que hicimos el año pasado, cuando fueron designados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros del tribunal", agregó Pichetto.
 
En ese acuerdo, con el que la oposición le dio una salida decorosa al error presidencial de nombrarlos por decreto, el Gobierno se comprometió a que las dos próximas vacantes serían ocupadas por candidatos propuestos por el peronismo.
 
Ya entonces se mencionó que esos dos lugares serían el de Highton y el de la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, si conseguían su alejamiento.
 
Como síntesis, la vía política parece clausurada para Highton, y más aún luego de invitar a su despacho al senador Pichetto y que este se negara a concurrir. La vía judicial que inició tendrá por delante un largo camino, en el que deberá superar todas las instancias. Así, no parece posible que pueda seguir en la Corte.
 
 
La avalancha
 
Como se esperaba, la reanudación de la actividad judicial tras la feria de verano llegó plagada de resoluciones en las causas donde están involucrados Cristina Fernández e integrantes de su gobierno.
 
En forma simultánea, y en un clásico proceder de los servicios de Inteligencia, las escuchas telefónicas bajo custodia judicial también llegaron a los medios, lo que dejó en evidencia no sólo conversaciones reservadas de exfuncionarios, sino también prácticas reñidas con la ética en el ejercicio del poder.
 
La expresidenta; el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli, y el jefe de la bancada kirchnerista de Diputados, Héctor Recalde, denunciaron una maniobra política, judicial y mediática con fines electorales. Centraron el cuestionamiento en las filtraciones de las escuchas, cuando en realidad lo más importante sería saber si lo que revelan esos diálogos configura o no un delito.
 
En la desesperación que les provoca la acumulación de pruebas, llegaron a afirmar que "la democracia argentina está en grave riesgo" y que "hay poderes que están obstaculizando la libertad, la intimidad y la seguridad de todos los ciudadanos argentinos". Por esas razones, Cristina anunció que suspendía su viaje de vacaciones a Croacia e incrementó su andanada de mensajes ultra opositores en las redes sociales.
 
Ningún funcionario de alto rango del Gobierno salió a refutar tan grave denuncia. Ese silencio tiene un alto contenido político, porque encuadra en la estrategia de mantener vigentes los desvaríos de un sector político que se parece cada vez más a una secta.
 
Por Carlos Sacchetto
 
Fuente: La Voz del Interior 
 

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26-03-2017 / 11:03
"La manifestación, que expresa demandas y a la vez afirma la identidad del grupo que las porta introduce una relación diferenciada con el tiempo de la política (...) intenta demostrar su fuerza para evitar la violencia." Del libro "La manifestación. Cuando la acción colectiva toma las calles."
 
Olivier Fillieule
Danielle Tartakowsky
 
El libro citado comienza recordando que la revista Time eligió como personaje del año 2011 "al manifestante". Es presumible que la  revista  autóctona Gente no imitará el ejemplo en 2017 porque sus criterios para los castings son diferentes.
 
De todos modos, la cita viene a cuento en este marzo vibrante, signado por cinco actos masivos en menos de veinte días, contando solo la Plaza de Mayo y sus inmediaciones.  Hubo muchas otras, entre frutazos y las conmemoraciones del 24 de marzo en todos los confines del país.
 
Las cifras son secundarias  y muy estimativas.  Millones de personas, en cualquier caso. Cada convocatoria tuvo su pliego de demandas, oradores o documentos vinculados a ellas, personalidad propia si se admite la expresión. No se recuerda una seguidilla de estas características desde la recuperación de la democracia.
 
Fuerza y no violencia, ese fue el signo que el potente aparato de propaganda oficialista intentó vanamente distorsionar. El espacio público se ocupó con respeto, una serena alegría. Los incidentes fueron mínimos, considerando la cantidad de gente congregada.
 
Los manifestantes salen en defensa propia. Es válido debatir sobre sus reclamos a condición de advertir que todos encuadran en la lógica institucional. Paritarias docentes, aumentos de salarios, cambios en la política económica, respeto a la igualdad de género, protección contra la violencia machista y siguen las firmas.
 
El gobierno del presidente Mauricio Macri ganó las elecciones y arrancó con la condigna legitimidad de origen que confiere cargos, espacios políticos... y responsabilidades. Lo que viene después, de cajón, no es apenas el "fin de la luna de miel" sino la medición popular de la legitimidad de ejercicio.
 
Con quince meses largos de gestión, el macrismo recoge día tras días los frutos de su propia siembra. Prima el descontento, extendido en el vasto espacio de las clases medias y populares.
26-03-2017 / 11:03
26-03-2017 / 10:03
El Gobierno de Mauricio Macri se encuentra empantanado entre la incapacidad para retomar la iniciativa y el desgaste que genera la durísima huelga de los maestros, mientras el kirchnerismo mostró 2 veces más -la Marcha de los Docentes y el 24/03- que tiene una mayor capacidad de movilización, organización y de encarnar el creciente odio antimacrista de una parte de la opinión pública, sobre todo, bonaerense.
 
La comunicación oficial no deja en claro cuál es el eje de la campaña que tendrá el macrismo en esta elección. ¿Hay que votar a "Cambiemos" para que no vuelva el kirchnerismo al poder o hay que votarlos porque están haciendo obras y cumpliendo promesas y anuncios realizados?
 
En realidad, hay varios grupos de votante de Cambiemos, sumando los que aportaron su voto en las PASO, la 1ra. vuelta + el balotaje: están los "PRO puros" + los aliados radicales + los seguidores de Elisa Carrió + grupos peronistas antikirchneristas + los antikirchneristas puros. Y, algunos de ellos, han comenzado a poner su duda repetir su voto. ¿Qué está haciendo el Gobierno para volver a seducirlos? Nada. Y esto es grave.
 
Quizás, quién más está haciendo para que el voto antikirchnerista vuelva a canalizarse a Cambiemos sea el propio kirchnerismo, que en las 5 grandes marchas que se organizaron en 2 semanas, aportaron las columnas más nutridas, tomaron el control de los actos y, en la de la CGT, coparon el escenario; superando a organizaciones de derechos humanos, sindicatos y partidos de izquierda. Sin duda, todo un éxito de organización, armado y obediencia de la estructura, sin contar con recursos necesarios para sostener todo lo necesario en una movilización.
 
Que el kircherismo sea hoy el colectivo social que tiene mayor capacidad de movilización del peronismo es también culpa del Gobierno. Desde el comienzo de la gestión del PRO, el plan fue polarizar con el kirchnerismo para eliminar a Sergio Massa del escenario electoral.
 
Si bien el ex intendente de Tigre viene "escapando" del desgaste que produce el choque entre el macrismo y el kirchnerismo gracias a sus viajes al exterior (ahora está en China); el efecto negativo que generó esta polarización es que no permitió que el peronismo se deskirchnerizara, tal como era de esperar luego de una derrota electoral tan contundente.
 
Hoy, no hay nadie en el peronismo que mida mejor en las encuestas que Cristina Fernández. Hoy, no hay nadie que tenga el poder de movilización que tiene La Cámpora. Hoy, no hay nadie en el peronismo que pueda articular alianzas tan amplias como el kirchnerismo. La duda resulta si todas esas ventajas se terminarán por confirmar en las urnas.
 
Los problemas pasan por las narices del Gobierno y el Gobierno no entiende por qué ocurren. Esto demuestra una desconexión con la realidad y una incapacidad notable para escuchar. La consecuencia, en política, son las derrotas electorales.

26-03-2017 / 09:03
26-03-2017 / 09:03
No se había completado la desconcentración de la multitud que protagonizó el miércoles pasado la denominada marcha federal educativa a Plaza de Mayo, cuando uno de los principales funcionarios de la Jefatura de Gabinete de la Nación manifestó lo que muchos creen en la Casa Rosada, incluido el presidente Mauricio Macri: "Estamos atravesando bien lo peor de la tempestad".
 
A esa hora, Marcos Peña seguía dándole una encendida batalla dialéctica a la oposición en la Cámara de Diputados, con su primer informe de gestión del año.
 
Para el Gobierno, esa tempestad desatada por la protesta social comenzará a amainar tras el paro general convocado por la CGT para el 6 de abril. Hasta entonces, las calles de Buenos Aires y otras ciudades del país se saturarán de gritos, quejas y banderas agitadas.
 
También de piquetes y cortes, que seguirán por ahora sin recibir sanciones efectivas porque los estrategas del oficialismo quieren evitar episodios de violencia. Sospechan que los sectores más duros de la oposición están esperando victimizarse ante cualquier atisbo de represión.
 
Informes de Inteligencia que circulan en los despachos del Gobierno aseguran que los grupos más extremos buscan que se produzca una muerte, para convertirla en símbolo de la lucha.
 
La historia tiene abundantes episodios de esas características que sirvieron para realimentar espirales de violencia. Macri reiteró su reclamo de una mayor firmeza para evitar el bloqueo de las vías de circulación, pero con la especial recomendación de evitar enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
 
Las masivas concentraciones del viernes, para recordar el 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas se apoderaron del Estado para instaurar la última y brutal dictadura militar, también formaron parte de la tempestad que atraviesa el Gobierno.
 
Fueron claras y contundentes expresiones opositoras, ganadas por consignas partidarias como el "Vamos a volver" del kirchnerismo o las clásicas exigencias revolucionarias de la izquierda.

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