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“A los que les guste mucho la plata hay que correrlos de la política. Hay que buscar gente que viva con sencillez, con sobriedad, como la inmensa mayoría de la sociedad”. Pepe Mujica
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Nacionales - 12-02-2017 / 08:02

Macri: sus errores con los precios y las batallas judiciales por el Correo

Macri: sus errores con los precios y las batallas judiciales por el Correo
La intención de que los precios de contado bajaran un 20 por ciento para artículos que son financiados a 12 o 18 cuotas mostró la ingenuidad oficial de creer que los comerciantes no iban a distorsionar la idea en su propio beneficio. El otro caso en el que el Gobierno paga un costo político innecesario es con el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, la empresa que pertenecía a Franco Macri, el padre del Presidente.
Resulta paradójico, pero algunos de los valorables esfuerzos que hace el Gobierno de Mauricio Macri para superar inconvenientes y encontrar nuevas maneras de aliviar el peso de la crisis terminan chocando contra sus propias equivocaciones.
 
Con ironía, podría decirse que a esta altura muchos errores cometidos tal vez obedezcan a un problema vocacional.
 
Otros dos claros ejemplos de este fenómeno quedaron expuestos en la semana que pasó. La noble intención de que los precios de contado bajaran un 20 por ciento para artículos que son financiados a 12 o 18 cuotas mostró la ingenuidad oficial de creer que los comerciantes no iban a distorsionar la idea en su propio beneficio.
 
Y todo cayó en una gran confusión que perjudica a los consumidores. En muchos casos, esos precios no bajaron y las cuotas se llenaron de intereses.
 
El otro caso en el que el Gobierno paga un costo político innecesario es con el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, la empresa que pertenecía a Franco Macri, el padre del Presidente, por una deuda originada en 2001.
 
Fue cuando el Correo se presentó en concurso de acreedores y quedó debiendo más de 250 millones de pesos convertibles, que se acumularon por la falta de pago del canon acordado en la privatización.
 
Las objeciones de una fiscal a ese acuerdo sometido a la Justicia comercial trascendieron el ámbito de los tribunales y, como es lógico por tratarse de un arreglo del Gobierno con una empresa del padre del jefe del Estado, ingresaron de manera estrepitosa a la arena política para beneficio de la oposición.
 
¿Era tan difícil imaginar que esto sucedería, aunque técnicamente la negociación estuviese a tono con la ley? ¿No era conveniente hacer conocer los detalles antes de cerrar el acuerdo?
 
La simplificación de los dos temas mencionados deja saldos negativos en el imaginario popular. En el primero, que el Gobierno no da pie con bola con los precios; en el segundo, que su promesa de transparentar los procedimientos del Estado es relativa cuando se trata de la familia presidencial.

 
La jueza
 
La sorpresiva decisión de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton, de querer seguir en su cargo después del próximo 27 de diciembre, cuando cumplirá 75 años, anticipó la discusión de un tema que no estaba en agenda.
 
La actitud de Highton es controvertida porque hasta agosto del año pasado ella opinaba que los jueces, como dice la Constitución, deben cesar en sus funciones al cumplir 75 años; es decir, todo lo contrario de lo que ahora manifiesta.
 
La jueza hizo una consulta al Gobierno en noviembre del año pasado acerca de si avalaría su continuidad. Cuando se lo transmitieron al Presidente, este respondió que no tendría inconvenientes, que ella le caía simpática y que era la única proveniente de la carrera judicial. A la vez, Macri recomendó hablar con la oposición en el Senado, que es el cuerpo que debería prestar su acuerdo.
 
Cuando le preguntaron al jefe de la bancada PJ-FPV, Miguel Pichetto, este respondió que "de ninguna manera" aprobarían ese pliego para que Highton siga en la Corte. "Nosotros queremos que se cumpla el acuerdo que hicimos el año pasado, cuando fueron designados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros del tribunal", agregó Pichetto.
 
En ese acuerdo, con el que la oposición le dio una salida decorosa al error presidencial de nombrarlos por decreto, el Gobierno se comprometió a que las dos próximas vacantes serían ocupadas por candidatos propuestos por el peronismo.
 
Ya entonces se mencionó que esos dos lugares serían el de Highton y el de la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, si conseguían su alejamiento.
 
Como síntesis, la vía política parece clausurada para Highton, y más aún luego de invitar a su despacho al senador Pichetto y que este se negara a concurrir. La vía judicial que inició tendrá por delante un largo camino, en el que deberá superar todas las instancias. Así, no parece posible que pueda seguir en la Corte.
 
 
La avalancha
 
Como se esperaba, la reanudación de la actividad judicial tras la feria de verano llegó plagada de resoluciones en las causas donde están involucrados Cristina Fernández e integrantes de su gobierno.
 
En forma simultánea, y en un clásico proceder de los servicios de Inteligencia, las escuchas telefónicas bajo custodia judicial también llegaron a los medios, lo que dejó en evidencia no sólo conversaciones reservadas de exfuncionarios, sino también prácticas reñidas con la ética en el ejercicio del poder.
 
La expresidenta; el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli, y el jefe de la bancada kirchnerista de Diputados, Héctor Recalde, denunciaron una maniobra política, judicial y mediática con fines electorales. Centraron el cuestionamiento en las filtraciones de las escuchas, cuando en realidad lo más importante sería saber si lo que revelan esos diálogos configura o no un delito.
 
En la desesperación que les provoca la acumulación de pruebas, llegaron a afirmar que "la democracia argentina está en grave riesgo" y que "hay poderes que están obstaculizando la libertad, la intimidad y la seguridad de todos los ciudadanos argentinos". Por esas razones, Cristina anunció que suspendía su viaje de vacaciones a Croacia e incrementó su andanada de mensajes ultra opositores en las redes sociales.
 
Ningún funcionario de alto rango del Gobierno salió a refutar tan grave denuncia. Ese silencio tiene un alto contenido político, porque encuadra en la estrategia de mantener vigentes los desvaríos de un sector político que se parece cada vez más a una secta.
 
Por Carlos Sacchetto
 
Fuente: La Voz del Interior 
 

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21-04-2018 / 17:04
21-04-2018 / 10:04
Un nuevo recorte de personal en el Estado, llevado a cabo esta vez por el Ministerio de Agroindustria, se cobró ayer 330 puestos de áreas sensibles, como agricultura familiar, comercio exterior y estatus fitosanitario. Se dispuso el jueves, mientras se completaba la tanda de telegramas, asueto general en la sede de Paseo Colón y Azopardo y encargó un operativo policial para custodiar el edificio central.
 
Desde el organismo que conduce el ex titular de la Sociedad Rural, el oligarca Luis Miguel Etchevehere, confirmaron que esa cifra corresponde apenas a las áreas dependientes de la administración nacional. "Los despidos involucran un 50 por ciento de trabajadores de Capital Federal y otro 50 por ciento del Interior del país", señaló un vocero de Agroindustria.
 
El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla de personal y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual (3500 empleados).
 
Los gremios advierten que la misma suerte correrían trabajadores de organismos descentralizados (INTA, Senasa, Inase-Inidep y el Instituto Nacional de Vitivinicultura), pudiendo elevarse la cifra de despedidos a 958, y se declararon "en estado de alerta y movilización".
 
La decisión de Etchevehere de decretar asueto hasta el lunes, cercar con policías el acceso a la sede del Ministerio y rechazar los pedidos de reunión con los delegados sumó tensión a la situación. "Lejos de calmar los ánimos y llevar tranquilidad, parecen estar empeñados en echarle más nafta al fuego", criticó ATE a través de un comunicado.

21-04-2018 / 09:04
Frente al descenso inevitable de su imagen, producido por la crisis de la economía que generaron las medidas del gobierno de Mauricio Macri, la Casa Rosada renueva su arsenal con algunas apuestas que se empiezan a vislumbrar.
 
Hay una expectativa exagerada en el macrismo por el funcionamiento de la obra pública bajo el mecanismo de Participaciones Público-privadas (PPP) por las que las corporaciones constructoras ya comprometieron seis mil millones de dólares de inversión para los primeros cuatro años.
 
En estas licitaciones, las empresas se comprometen a conseguir el financiamiento internacional, pero es el Estado el que sale como garante. Constituye una forma de endeudamiento encubierto, porque las que toman el dinero son las empresas y el riesgo lo toma el Estado.
 
Los contratos garantizan a los financistas la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros. Esta modalidad ha levantado polémica en Europa porque los PPP son muy restrictivos para los Estados y porque el riesgo que recae en los gobiernos resulta excesivo.
 
Entre la espada y la pared por su enorme deuda, en Grecia los PPP se convirtieron en una vía desesperada de financiamiento. Se calcula que con ese mecanismo cada kilómetro de ruta nueva costó 70 por ciento más de lo presupuestado.
 
Las PPP, que involucran a las principales corporaciones locales, encabezadas por la flamante SACDE, que es la ex IECSA del grupo Macri, iban a ser anunciadas esta semana y se postergaron para el próximo martes con la esperanza de utilizar también su lanzamiento para neutralizar el mal clima creado por los tarifazos.
 
Las PPP serán el corazón de la estrategia del macrismo para reactivar una economía que está en plena crisis, con indicadores macro muy negativos y con el augurio nefasto de una magra cosecha de granos por las inundaciones.
 
Así como las PPP se lanzan en estos días para tratar de reavivar la economía y sostener la imagen alicaída del gobierno, también en estos días se conoció el dictamen de la jueza María Servini para intervenir el Partido Justicialista y designar como interventor a Luis Barrionuevo.
 
La práctica oficial de judicializar la política a través de la manipulación de los jueces ha sido una marca del macrismo. La intervención a un PJ que no había trasgredido ninguna norma es una maniobra que busca demonizar al adversario y frustrar la posibilidad de que el peronismo construya una sola candidatura para el 2019.
 
La intervención está destinada al fracaso. Pero con el sello del PJ y la complicidad de las corporaciones mediáticas se convertirán en propaladores de un  mensaje destinado a entorpecer el proceso de unidad que buscarán por otro lado las corrientes peronistas más representativas. 

20-04-2018 / 16:04
20-04-2018 / 10:04
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