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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“Parece que el Presidente Mauricio Macri y su gobierno de ricos continúa la senda del gobierno anterior en lo que hace a favorecer sus negocios personales y enriquecerse a costa del Estado”. Victoria Donda
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Nacionales - 12-02-2017 / 08:02

Macri: sus errores con los precios y las batallas judiciales por el Correo

Macri: sus errores con los precios y las batallas judiciales por el Correo
La intención de que los precios de contado bajaran un 20 por ciento para artículos que son financiados a 12 o 18 cuotas mostró la ingenuidad oficial de creer que los comerciantes no iban a distorsionar la idea en su propio beneficio. El otro caso en el que el Gobierno paga un costo político innecesario es con el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, la empresa que pertenecía a Franco Macri, el padre del Presidente.
Resulta paradójico, pero algunos de los valorables esfuerzos que hace el Gobierno de Mauricio Macri para superar inconvenientes y encontrar nuevas maneras de aliviar el peso de la crisis terminan chocando contra sus propias equivocaciones.
 
Con ironía, podría decirse que a esta altura muchos errores cometidos tal vez obedezcan a un problema vocacional.
 
Otros dos claros ejemplos de este fenómeno quedaron expuestos en la semana que pasó. La noble intención de que los precios de contado bajaran un 20 por ciento para artículos que son financiados a 12 o 18 cuotas mostró la ingenuidad oficial de creer que los comerciantes no iban a distorsionar la idea en su propio beneficio.
 
Y todo cayó en una gran confusión que perjudica a los consumidores. En muchos casos, esos precios no bajaron y las cuotas se llenaron de intereses.
 
El otro caso en el que el Gobierno paga un costo político innecesario es con el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, la empresa que pertenecía a Franco Macri, el padre del Presidente, por una deuda originada en 2001.
 
Fue cuando el Correo se presentó en concurso de acreedores y quedó debiendo más de 250 millones de pesos convertibles, que se acumularon por la falta de pago del canon acordado en la privatización.
 
Las objeciones de una fiscal a ese acuerdo sometido a la Justicia comercial trascendieron el ámbito de los tribunales y, como es lógico por tratarse de un arreglo del Gobierno con una empresa del padre del jefe del Estado, ingresaron de manera estrepitosa a la arena política para beneficio de la oposición.
 
¿Era tan difícil imaginar que esto sucedería, aunque técnicamente la negociación estuviese a tono con la ley? ¿No era conveniente hacer conocer los detalles antes de cerrar el acuerdo?
 
La simplificación de los dos temas mencionados deja saldos negativos en el imaginario popular. En el primero, que el Gobierno no da pie con bola con los precios; en el segundo, que su promesa de transparentar los procedimientos del Estado es relativa cuando se trata de la familia presidencial.

 
La jueza
 
La sorpresiva decisión de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton, de querer seguir en su cargo después del próximo 27 de diciembre, cuando cumplirá 75 años, anticipó la discusión de un tema que no estaba en agenda.
 
La actitud de Highton es controvertida porque hasta agosto del año pasado ella opinaba que los jueces, como dice la Constitución, deben cesar en sus funciones al cumplir 75 años; es decir, todo lo contrario de lo que ahora manifiesta.
 
La jueza hizo una consulta al Gobierno en noviembre del año pasado acerca de si avalaría su continuidad. Cuando se lo transmitieron al Presidente, este respondió que no tendría inconvenientes, que ella le caía simpática y que era la única proveniente de la carrera judicial. A la vez, Macri recomendó hablar con la oposición en el Senado, que es el cuerpo que debería prestar su acuerdo.
 
Cuando le preguntaron al jefe de la bancada PJ-FPV, Miguel Pichetto, este respondió que "de ninguna manera" aprobarían ese pliego para que Highton siga en la Corte. "Nosotros queremos que se cumpla el acuerdo que hicimos el año pasado, cuando fueron designados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros del tribunal", agregó Pichetto.
 
En ese acuerdo, con el que la oposición le dio una salida decorosa al error presidencial de nombrarlos por decreto, el Gobierno se comprometió a que las dos próximas vacantes serían ocupadas por candidatos propuestos por el peronismo.
 
Ya entonces se mencionó que esos dos lugares serían el de Highton y el de la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, si conseguían su alejamiento.
 
Como síntesis, la vía política parece clausurada para Highton, y más aún luego de invitar a su despacho al senador Pichetto y que este se negara a concurrir. La vía judicial que inició tendrá por delante un largo camino, en el que deberá superar todas las instancias. Así, no parece posible que pueda seguir en la Corte.
 
 
La avalancha
 
Como se esperaba, la reanudación de la actividad judicial tras la feria de verano llegó plagada de resoluciones en las causas donde están involucrados Cristina Fernández e integrantes de su gobierno.
 
En forma simultánea, y en un clásico proceder de los servicios de Inteligencia, las escuchas telefónicas bajo custodia judicial también llegaron a los medios, lo que dejó en evidencia no sólo conversaciones reservadas de exfuncionarios, sino también prácticas reñidas con la ética en el ejercicio del poder.
 
La expresidenta; el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli, y el jefe de la bancada kirchnerista de Diputados, Héctor Recalde, denunciaron una maniobra política, judicial y mediática con fines electorales. Centraron el cuestionamiento en las filtraciones de las escuchas, cuando en realidad lo más importante sería saber si lo que revelan esos diálogos configura o no un delito.
 
En la desesperación que les provoca la acumulación de pruebas, llegaron a afirmar que "la democracia argentina está en grave riesgo" y que "hay poderes que están obstaculizando la libertad, la intimidad y la seguridad de todos los ciudadanos argentinos". Por esas razones, Cristina anunció que suspendía su viaje de vacaciones a Croacia e incrementó su andanada de mensajes ultra opositores en las redes sociales.
 
Ningún funcionario de alto rango del Gobierno salió a refutar tan grave denuncia. Ese silencio tiene un alto contenido político, porque encuadra en la estrategia de mantener vigentes los desvaríos de un sector político que se parece cada vez más a una secta.
 
Por Carlos Sacchetto
 
Fuente: La Voz del Interior 
 

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19-02-2017 / 19:02
En una de las peores semanas para el Gobierno desde que asumió Mauricio Macri como presidente, debido al escándalo del Correo y la polémica por el retoque a la baja del aumento de las jubilaciones, Cambiemos logró dos victorias al hilo en el Congreso: la sanción de la reforma del régimen de ART y el aval al DNU que endurece la ley migratoria. La particularidad de ambos triunfos es que el macrismo los consiguió con la sorpresiva ausencia de legisladores del Frente para la Victoria.
 
El miércoles a la noche, cuando finalizaba la sesión, los bloques que lideran Sergio Massa y Diego Bossio le retiraron su apoyo a la ley de ART al enterarse que el Gobierno había modificado por resolución la fórmula de cálculo de la ley de Movilidad Jubilatoria. Ambos espacios se abstuvieron. La votación la ganó Cambiemos con 88 votos a favor, 44 abstenciones y 22 votos en contra.
 
Durante la votación, los diputados del Frente para la Victoria-PJ, la bancada más numerosa de la cámara baja, se quedaron sospechosamente de pie junto a sus poltronas, para figurar como ausentes y no votar.
 
"Si el kirchnerismo se sentaba y votaba en contra, caía la ley. Salvaron al Gobierno", afirmó Massa al día siguiente de la sesión. El tigrense, de todas maneras, iba a votar a favor del proyecto y no mandó a su tropa a votar en contra, sino a abstenerse. El kirchnerismo argumentó que si, en lugar de abstenerse, el massimo y el bloque de Bossio no daban quórum, la ley se caía.
 
Así, la ley de ART fue rechazada solamente por el Movimiento Evita (bloque Peronismo para la Victoria), Progresistas (socialismo, Libres del Sur y Margarita Stolbizer) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

19-02-2017 / 10:02
19-02-2017 / 10:02
19-02-2017 / 09:02
La pregunta sigue siendo la misma entre analistas y observadores. A los que se suman ahora hasta aliados de Cambiemos o funcionarios del propio Gobierno que no aprueban a libro cerrado ni el sentido de la oportunidad de algunas decisiones que se han tomado, ni la chapucería aplicada para llevarlas adelante.
 
También es cierto que hay más de una respuesta para esa pregunta que a estas alturas bien podría ser la del millón. Una: cuánto daño le provocarán al Gobierno y a la coalición que encabeza Mauricio Macri tantos errores no forzados, y algunas perjudiciales muestras de insensibilidad de algunos funcionarios, en el resultado de las elecciones de octubre.
 
Tan cruciales una vez más para el destino de mediano o largo plazo, pero en especial para los tiempos que podría durar esta experiencia no peronista al mando de la administración del país.
 
Otra: si la persistencia en el error y la contramarcha que a estas alturas resulta casi patológica en un Gobierno que se ufana de tener "el mejor equipo de los últimos cincuenta años" harán que el oficialismo salga derrotado de ese paso por las urnas en apenas ocho meses, que podrían tener un previo llamado de atención en las primarias del próximo mes de agosto.
 
O si como creen los estrategas del macrismo, y algunos funcionarios que no temen pecar de soberbios o autosuficientes, la economía triunfará, la inflación será doblegada, los salarios ganarán la vieja carrera, y los errores cometidos no pasarán de ser una anécdota.
 
Un dato de la historia reciente, desde el renacimiento de la democracia para acá, va y viene en los análisis que son comunes a oficialistas y opositores cuando se dan a la tarea de orejear lo que puede ocurrir en esos comicios clave: la ciudadanía suele darse el gusto de castigar a los gobernantes que no hacen las cosas bien, aunque les sigan guardando la necesaria dosis de esperanza, cuando lo que se vota no es la gestión propiamente dicha sino bancas en el Congreso o en las legislaturas provinciales.

19-02-2017 / 09:02
El miércoles pasado en el Congreso, que es el principal ámbito donde reina la política, se tuvo la sensación de que la coalición Cambiemos había entrado en una crisis irremontable.
 
No era la oposición la que lo percibía, sino los principales dirigentes del oficialismo en Diputados, donde estuvo a punto de fracasar la votación del cambio en las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) impulsado por el Gobierno de Macri.
 
Luego de soportar más de cuatro horas de críticas, burlas y chicanas sobre el acuerdo entre la familia presidencial y el Estado por la deuda del Correo Argentino, el interbloque que preside el radical Mario Negri se enteró de que la Anses había modificado el cálculo que se utiliza para aumentar de manera  automática las jubilaciones.
 
Hubo asombro, indignación y hasta fuertes insultos hacia miembros del Gobierno, como fue el caso de Elisa Carrió, que utilizó los más subidos de tono.
 
Emilio Monzó, Nicolás Massot, Fernando Sánchez y el propio Negri llamaban exasperados a distintos funcionarios pidiendo explicaciones y recomendando que esa modificación se anulara.
 
Uno de los que respondió fue el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien sorprendido por tanto escándalo dijo "pero si son 20 pesos de diferencia, es una pavada...".
 
Su interlocutor le habló de la sensibilidad del tema y le recordó que el Gobierno había asignado 75 mil millones de pesos para la reparación histórica a los jubilados y ahora echaba por tierra esa buena señal, justamente por esa "pavada".
 
En la Casa Rosada, hubo funcionarios que insistieron hasta la mañana siguiente con mantener el nuevo cálculo, sin advertir la gravedad del momento.
 
Fue el Presidente quien decidió dar la cara y volver atrás con la medida. El error con las jubilaciones se sumaba al conflictivo acuerdo con el Correo, y a las otras muchas equivocaciones cometidas desde que asumió a fines de 2015.
 
Esa noche, los legisladores de Cambiemos se fueron a dormir con la incertidumbre de una crisis política que traería serias consecuencias.

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