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Nacionales - 12-02-2017 / 08:02

Macri: sus errores con los precios y las batallas judiciales por el Correo

Macri: sus errores con los precios y las batallas judiciales por el Correo
La intención de que los precios de contado bajaran un 20 por ciento para artículos que son financiados a 12 o 18 cuotas mostró la ingenuidad oficial de creer que los comerciantes no iban a distorsionar la idea en su propio beneficio. El otro caso en el que el Gobierno paga un costo político innecesario es con el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, la empresa que pertenecía a Franco Macri, el padre del Presidente.
Resulta paradójico, pero algunos de los valorables esfuerzos que hace el Gobierno de Mauricio Macri para superar inconvenientes y encontrar nuevas maneras de aliviar el peso de la crisis terminan chocando contra sus propias equivocaciones.
 
Con ironía, podría decirse que a esta altura muchos errores cometidos tal vez obedezcan a un problema vocacional.
 
Otros dos claros ejemplos de este fenómeno quedaron expuestos en la semana que pasó. La noble intención de que los precios de contado bajaran un 20 por ciento para artículos que son financiados a 12 o 18 cuotas mostró la ingenuidad oficial de creer que los comerciantes no iban a distorsionar la idea en su propio beneficio.
 
Y todo cayó en una gran confusión que perjudica a los consumidores. En muchos casos, esos precios no bajaron y las cuotas se llenaron de intereses.
 
El otro caso en el que el Gobierno paga un costo político innecesario es con el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, la empresa que pertenecía a Franco Macri, el padre del Presidente, por una deuda originada en 2001.
 
Fue cuando el Correo se presentó en concurso de acreedores y quedó debiendo más de 250 millones de pesos convertibles, que se acumularon por la falta de pago del canon acordado en la privatización.
 
Las objeciones de una fiscal a ese acuerdo sometido a la Justicia comercial trascendieron el ámbito de los tribunales y, como es lógico por tratarse de un arreglo del Gobierno con una empresa del padre del jefe del Estado, ingresaron de manera estrepitosa a la arena política para beneficio de la oposición.
 
¿Era tan difícil imaginar que esto sucedería, aunque técnicamente la negociación estuviese a tono con la ley? ¿No era conveniente hacer conocer los detalles antes de cerrar el acuerdo?
 
La simplificación de los dos temas mencionados deja saldos negativos en el imaginario popular. En el primero, que el Gobierno no da pie con bola con los precios; en el segundo, que su promesa de transparentar los procedimientos del Estado es relativa cuando se trata de la familia presidencial.

 
La jueza
 
La sorpresiva decisión de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton, de querer seguir en su cargo después del próximo 27 de diciembre, cuando cumplirá 75 años, anticipó la discusión de un tema que no estaba en agenda.
 
La actitud de Highton es controvertida porque hasta agosto del año pasado ella opinaba que los jueces, como dice la Constitución, deben cesar en sus funciones al cumplir 75 años; es decir, todo lo contrario de lo que ahora manifiesta.
 
La jueza hizo una consulta al Gobierno en noviembre del año pasado acerca de si avalaría su continuidad. Cuando se lo transmitieron al Presidente, este respondió que no tendría inconvenientes, que ella le caía simpática y que era la única proveniente de la carrera judicial. A la vez, Macri recomendó hablar con la oposición en el Senado, que es el cuerpo que debería prestar su acuerdo.
 
Cuando le preguntaron al jefe de la bancada PJ-FPV, Miguel Pichetto, este respondió que "de ninguna manera" aprobarían ese pliego para que Highton siga en la Corte. "Nosotros queremos que se cumpla el acuerdo que hicimos el año pasado, cuando fueron designados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros del tribunal", agregó Pichetto.
 
En ese acuerdo, con el que la oposición le dio una salida decorosa al error presidencial de nombrarlos por decreto, el Gobierno se comprometió a que las dos próximas vacantes serían ocupadas por candidatos propuestos por el peronismo.
 
Ya entonces se mencionó que esos dos lugares serían el de Highton y el de la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, si conseguían su alejamiento.
 
Como síntesis, la vía política parece clausurada para Highton, y más aún luego de invitar a su despacho al senador Pichetto y que este se negara a concurrir. La vía judicial que inició tendrá por delante un largo camino, en el que deberá superar todas las instancias. Así, no parece posible que pueda seguir en la Corte.
 
 
La avalancha
 
Como se esperaba, la reanudación de la actividad judicial tras la feria de verano llegó plagada de resoluciones en las causas donde están involucrados Cristina Fernández e integrantes de su gobierno.
 
En forma simultánea, y en un clásico proceder de los servicios de Inteligencia, las escuchas telefónicas bajo custodia judicial también llegaron a los medios, lo que dejó en evidencia no sólo conversaciones reservadas de exfuncionarios, sino también prácticas reñidas con la ética en el ejercicio del poder.
 
La expresidenta; el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli, y el jefe de la bancada kirchnerista de Diputados, Héctor Recalde, denunciaron una maniobra política, judicial y mediática con fines electorales. Centraron el cuestionamiento en las filtraciones de las escuchas, cuando en realidad lo más importante sería saber si lo que revelan esos diálogos configura o no un delito.
 
En la desesperación que les provoca la acumulación de pruebas, llegaron a afirmar que "la democracia argentina está en grave riesgo" y que "hay poderes que están obstaculizando la libertad, la intimidad y la seguridad de todos los ciudadanos argentinos". Por esas razones, Cristina anunció que suspendía su viaje de vacaciones a Croacia e incrementó su andanada de mensajes ultra opositores en las redes sociales.
 
Ningún funcionario de alto rango del Gobierno salió a refutar tan grave denuncia. Ese silencio tiene un alto contenido político, porque encuadra en la estrategia de mantener vigentes los desvaríos de un sector político que se parece cada vez más a una secta.
 
Por Carlos Sacchetto
 
Fuente: La Voz del Interior 
 

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18-02-2018 / 12:02
El caso del policía Luis Chocobar, felicitado por el Gobierno de Mauricio Macri tras asesinar por la espalda a Pablo Kukoc, hizo estallar dentro de la alianza Cambiemos su propia grieta y desató un gran alboroto en sectores judiciales molestos por las polémicas e inoportunas opiniones públicas de Macri sobre los fallos que procesaron al uniformado y el anuncio de una nueva doctrina según la cual, a entender de la ministra Patricia Bullrich, siempre tienen razón las fuerzas de seguridad.
 
El radicalismo dio esta semana su expresión más clara de que hay ciertos límites que no está dispuesto a cruzar: en el diario macrista La Nación, Ricardo Gil Lavedra publicó una columna titulada "Los riesgos de la demagogia punitiva", que asociaba el uso del tema como parte de un "marketing político" que acarrea el riesgo de multiplicar el delito y la violencia y esquiva el desarrollo de políticas "integrales, estables y serias".
 
Detrás del jurista salieron a cuestionar la postura presidencial varios dirigentes de la UCR, y fue la posición compartida en reuniones de bloque. Gil Lavedra es hoy, además, quien lidera el emprendimiento "Justicia 2020" del Ministerio de Justicia, que entre otras cosas desarrolla un anteproyecto de reforma del Código Penal.
 
La comisión que está en plena confección del texto no tiene intención de flexibilizar la regulación de la llamada "legítima defensa" (que señala las limitaciones en el uso de armas por parte de los agentes) ni la carga de la prueba, que según la ministra de Seguridad debiera eximir a los policías de toda acusación.
 
A los camaristas que agravaron la situación de Chocobar al atribuirle "homicidio agravado" y que fueron criticados por Macri el viernes, les llovieron mensajes de apoyo de colegas y hasta de funcionarios de la propia Casa Rosada.
 
En la Corte Suprema miran el escenario con atención y analizan dar un mensaje que, sin ser condescendiente con el Poder Ejecutivo, los ayude a soñar con contrarrestar la imagen desastrosa (70 por ciento negativa) que le dan las encuestas al Poder Judicial.

18-02-2018 / 12:02
17-02-2018 / 12:02
17-02-2018 / 12:02
En su paso por Argentina, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, ex director ejecutivo de la petrolera Exxon Mobile, no levantó las restricciones a los limones y al biodiésel o a la carne, que constituyen la modesta contrapartida argentina del intercambio entre ambos países.
 
Pero el jueves, el gobierno argentino emitió un decreto para la compra de material militar, un decreto secreto por decreto. Todas las discusiones económicas con Washington han sido un fracaso para Mauricio Macri, quien a cambio ha sido generoso y rápido para alinearse.
 
El gobierno de la alianza Cambiemos anunció acuerdos con el Comando Sur norteamericano, para asentar una base de la DEA en la triple frontera y conformar un grupo comando de respuesta rápida que involucra a las tres fuerzas armadas, que apoyará esa tarea.
 
El motivo de esta reactivación bélica de la región apunta a la decisión de Estados Unidos de recuperar una posición hegemónica en su "patio trasero". Su actual política proteccionista lo limita para hacerlo con acuerdos comerciales y entonces lo completa con presencia militar, la vieja política de la zanahoria y el garrote de la doctrina Monroe que seduce a Tillerson.
 
Son las dos vías de recolonización de las Fuerzas Armadas y de Seguridad regionales: la introducción de bases de la DEA y la consolidación de hipótesis de conflicto contra el narcotráfico y el terrorismo, que a poco de andar se convierten en represión de la disidencia interna con la presencia de asesores yanquis como ha sucedido en México.
 
Macri tenía que inventar la existencia de un foco terrorista para encajar en ese esquema dependiente y así surgió una organización fantasmagórica de mapuches alzados, de la que no se conoce un documento y de la que ni siquiera se ha mostrado armamento.
 
Pero el gobierno argentino puede exhibir, en cambio, que la lucha contra esta inasible RAM ya produjo dos bajas: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dos pibes desarmados que participaban en una protesta social legítima.
 
Con el dedo siempre en el gatillo, son esquemas de muy baja intensidad democrática. Porque el garrote ideológico se traslada hacia dentro de cada país.
 
Las primeras en ser reequipadas por el gobierno de los ricos han sido las fuerzas de seguridad, que pasaron por un lavado de cabeza ideológico para conferirles impunidad en las funciones de represión. 

16-02-2018 / 12:02
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