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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“El modelo económico que aplica el Gobierno atrasa 40 años y hay que cambiarlo porque estamos en estanflación, se triplicó la deuda y tenemos un problema de fuga de capitales”. Aldo Pignanelli
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Nacionales - 09-02-2017 / 08:02

Macri le perdonó a su padre $70.163 millones de deuda del Correo con el Estado

Macri le perdonó a su padre $70.163 millones de deuda del Correo con el Estado
El Presidente Mauricio Macri le perdonó a su familia, y a él mismo, más de $70.000 millones de la deuda de Correo Argentino con el Estado. Se trata de la antigua deuda de esta empresa de la familia Macri, que lleva más de 15 años empantanada en los tribunales. Durante ese lapso, el Estado Nacional rechazó distintas propuestas de pago de Correo Argentino por considerarlas abusivas. Pero ahora, con Macri en el poder, el Estado aceptó una quita del 98,82% de la deuda y podrán terminar de pagar recién en 2033. Las decisiones que comprometen a la familia presidencial en diversos hechos reñidos con la ley siguen aumentando con el correr del tiempo.
Esta larga historia de chanchullos y negocios con el poder comenzó en 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando el Grupo Macri consiguió la concesión del privatizado Correo Argentino. Durante seis años, los Macri colocaron el servicio entre los más caros del mundo, despidieron miles de trabajadores y lograron que el Estado le reconociera las indemnizaciones como "inversiones".
 
En 2003 Correo Argentino S.A., la empresa de Franco Macri, se presentó a concurso de quiebra a pocos días de que asumiera Néstor Kirchner como presidente. Y el juez Favier Dubois lo decretó e impidió salir del país a toda la familia Macri como a quienes formaban parte del directorio de Sideco. En ese mismo año, la deuda de Correo Argentino era de $296.205.376, y el Estado rechazó propuestas de pago del 7,7% y del 5,73% de la deuda, o sea, quitas del 92,3% y del 94,27%. Durante 14 años estuvo presente la deuda en Tribunales.
 
Recién a mediados del año pasado, con Macri en el gobierno, el Estado aceptó la propuesta de pago de la empresa quebrada. A la audiencia, solicitada por el Estado, concurrieron los representantes de Correo Argentino, los síndicos y dos representantes del Estado: Juan Carlos Mocoroa, Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación y María Alejandra Gottardi. Lo notable es que Mocoroa, quien se presentó en nombre del Estado, fue designado en forma transitoria por 180 días por los macristas Marcos Peña y Oscar Aguad.
 
Así, Mauricio Macri habría condonado las deudas de su propia familia, aceptando una quita de 70.163 millones de pesos, un 98,82%. Ahora, los Macri, todos juntos y en familia, deberán pagar solo el 1,18% de la deuda. También les adjudicaron un "prudente" tiempo de pago para el porcentaje restante: tendrán hasta el 2033 para cancelar la deuda.
 
Este escandaloso acuerdo fue rechazado por la fiscal general Gabriela Boquin, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, quien sostuvo que Mocoroa no tenía la facultad para tomar ninguna decisión en esa audiencia en nombre del Estado ya que para eso necesitaba una autorización de la Procuración del Tesoro. Autorización que jamás presentó. Y solicitó investigar si la aceptación de esta propuesta fue por propia negligencia del funcionario o fue por orden de sus superiores.
 
Luego de haber vaciado el Correo Argentino, durante todos estos años desde el holding Macri se negaron a pagar la deuda que tenían con el Estado, tratando de renegociarla. A pesar de los gestos de desaprobación de Franco Macri para con su hijo, éste sigue siendo fiel a los negocios familiares y ahora le perdona lo que le debe al Estado.
 
En medio del ajuste neoliberal, del intento de negociar paritarias a la baja, con un tarifazo atrás del otro, y mientras tratan de flexibilizar los convenios colectivos de trabajo, el presidente Macri, le explica a los argentinos que deben "hacer un esfuerzo" para que al país le vaya mejor. Mientras tanto, sigue beneficiando los negocios de su familia y los empresarios amigos. Los únicos privilegiados son los ricos.
 
La Opinión Popular

EL GOBIERNO ACORDÓ CON EL GRUPO MACRI LA QUITA DEL 98,87 POR CIENTO DE SU DEUDA CON EL ESTADO POR EL CORREO
 
Un vuelto que quedó fuera del fideicomiso ciego
 
El gobierno de Mauricio Macri acordó con el Grupo Macri el pago de una deuda con el Estado por el Correo Argentino que implicó una quita del 98,87 por ciento en perjuicio del Estado, según indicó el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín. A valores actuales, esa quita implica cuatro mil millones de pesos. Proyectado a quince años -que es lo que tendrá el holding familiar para pagar-, asciende a 70 mil millones de pesos.
 
Este es cálculo que hizo la fiscal Boquín para apelar ante la Cámara en lo Comercial. La fiscal advirtió que el Estado cambió su estrategia judicial con la llegada de Macri y aceptó una propuesta ruinosa que antes había rechazado. Desde el Gobierno argumentaron que es mejor cobrar algo que extender el pleito. La fiscal remarcó que se debe investigar si no se buscó beneficiar a la familia presidencial.
 
Esta historia comenzó en 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando el Grupo Macri consiguió la concesión del Correo Argentino. La administró a través de su empresa Sideco Argentina, de la que la familia Macri conserva la mayoría accionaria. En 2009, siendo jefe gobierno, Macri le cedió sus acciones a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco Juan.
 
Durante seis años, los Macri colocaron el servicio entre los más caros del mundo y despidieron miles de trabajadores. En su momento, lograron que el Estado le reconociera las indemnizaciones como "inversiones". La concesión fue rescindida por el presidente Néstor Kirchner poco después de su llegada al gobierno, en noviembre de 2003.
 
Ya en septiembre de 2001, la empresa privatizada había entrado en convocatoria de acreedores con una deuda de 900 millones de pesos-dólares, dado que regía la convertibilidad. El Estado era acreedor del 32,65 por ciento de esa deuda: incluía 296 millones de pesos-dólares en deudas en el pago del canon (dejó de pagar en marzo de 2000), ante la DGI y con el Banco Nación. Allí se inició la causa que seguiría durante los 12 años kirchneristas, hasta el gobierno del primogénito.
 
En diciembre de 2003, el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra de Correo Argentino S.A. y prohibió la salida del país de Franco Macri y del directorio de la empresa, que incluía a Angelo Calcaterra y a Néstor Grindetti. En ese momento, el Grupo Macri propuso a los acreedores un pago a 25 años con una tasa de interés del 1 por ciento anual. Implicaba una quita del 94 por ciento. No lo aceptaron.
 
La causa se extendió por largos años hasta que la jueza Marta Cirulli no homologó un acuerdo que presentó el Grupo Macri porque el Estado Nacional no lo aceptó. Argumentaron el perjuicio de no actualizar los montos por el paso del tiempo. El Grupo Macri apeló esa decisión y llegó a la Cámara.
 
El acuerdo final se produjo en una audiencia convocada el 28 de junio del año pasado por los camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi. Allí, el Grupo Macri hizo una propuesta de pago al Estado en 19 años y con un interés del 6 por ciento.
 
El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, rechazó la oferta, pero les dio a conocer las condiciones en las que podía aceptar. Hubo un cuarto intermedio y se presentó una nueva oferta, que fue aceptada de inmediato. El funcionario aseguró que la aceptaba porque "se ajustaba a las instrucciones impartidas".
 
La oferta que aceptó el Gobierno de Macri implica que el holding de la familia del Presidente podrá pagar en 15 cuotas anuales, comenzando en 2018. La mitad de la deuda nominal será pagada en los últimos dos años: 2032 y 2033. El acuerdo incluye una cláusula de pago acelerado en el caso de que el Grupo Macri le gane el juicio que le inició al Estado nacional por la rescisión del contrato del Correo. En ese caso, le pagará al Estado con su propio dinero.
 
 
Buitres al revés
 
La negociación con el Grupo Macri para que le pague al Estado sería la cara inversa del pago a los fondos buitres, según se puede leer en el dictamen que emitió la fiscal de cámara Gabriela Boquín emitió el 30 diciembre del año pasado.
 
Allí advirtió que la "mejora" de la oferta que fue aceptada por el Estado no era tal: la primera propuesta implicaba una quita del 99,16 por ciento. La segunda, del 98,87 por ciento. "La propuesta a la que se prestó conformidad es abusiva, implica perjuicio fiscal, y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado", remarcó.
 
Anteayer presentó el cálculo que hizo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Fue el siguiente: la deuda original era de 296 millones de pesos-dólares en septiembre de 2001, antes de la devaluación.
 
La propuesta del Grupo Macri fue pagar en 15 cuotas anuales del "100 por ciento del monto verificado". Esto es, 296 millones de pesos, con un interés anual del 7 por ciento. Si se actualiza la deuda original en dólares a febrero de este año con un tipo de cambio de 15,90, la quita es de 4.656 millones de pesos. Es una quita real del 98,87 por ciento.
 
Para proyectar ese monto a 2033, la DAFI tomó la tasa activa del Banco Nación en septiembre de 2001 (1,46 por ciento), lo que le dio una quita cuando se termine de pagar la deuda de 70.163 millones de pesos.
 
"La propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible, por resultar equiparable a una condonación de la deuda", señaló la fiscal Boquín, quien además advirtió que con el Gobierno de Macri se dio "un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad -que corresponde investigar- en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio Estatal".
 
La fiscal advirtió, además, que el funcionario que aceptó la propuesta estaba designado en forma transitoria por 180 días y que, por lo tanto, no podría haber firmado el acuerdo.
 
En el Ministerio de Comunicación, el subsecretario de Regulación de la de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las  Comunicaciones, Oscar González, afirmó a PáginaI12 que "se llegó a un acuerdo entre el conjunto de los acreedores y el Correo Argentino. No es una ocurrencia nuestra salir a pagar. No estamos haciendo regalos, ni manejándonos arbitrariamente".
 
"Entendemos que hemos cuidado los intereses del Estado, porque hemos logrado que nos paguen algo -no algo, el 100 por ciento-, en lugar de que continúe de manera indefinida y la empresa nunca nos pague. El interés nuestro ha sido poder cobrar", indicó el funcionario.
 
"Cuatro mil millones nos parece que es una suma exorbitante y fuera de lugar. Es una evaluación poco seria", sostuvo González, quien indicó que el Estado terminará cobrando con los intereses cerca de 600 millones de pesos.
 
En su apelación a la Cámara, la fiscal advirtió además sobre la violación de la Ley de Ética Pública dado que la decisión beneficia a la familia del Presidente y envió actuaciones a la Procuraduría de Investigaciones Administraciones.
 
"Deberá determinarse si estamos frente a una simple irregularidad funcional, por actuación con culpa o negligencia, o bien ante el cumplimiento de una instrucción, emanada de autoridad de jerarquía superior, orientada a satisfacer intereses privados por sobre los públicos que deben en todo caso prevalecer", indicó. La fiscal indicó que, de no recibir un fallo favorable, va a apelar a la Corte Suprema.
 
Por Werner Pertot
 
Fuentes: Página12, Perfil, Urgente24, La Política Online, La Izquierda Diario, Hoy en la Noticia y LOP
 

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Macri le perdonó a su padre $70.163 millones de deuda del Correo con el Estado
La fiscal Gabriela Boquín denunció que puede haber un conflicto de interés porque el acuerdo que impulsó el Gobierno de Mauricio Macri para poner fin al concurso de la fallida concesión del Correo, podría beneficiar a sus familiares.
24-04-2017 / 09:04
24-04-2017 / 08:04
24-04-2017 / 07:04
Por los graves incidentes del fin de semana en Santa Cruz, tanto el kirchnerismo como el gobierno de Mauricio Macri se mostraron alarmados por la escalada de violencia que llegó a poner en riesgo la integridad de Cristina Fernández, la gobernadora Alicia Kirchner, tres empleadas de la gobernación y Helena, la pequeña nieta de CFK.
 
También hay cierto consenso respecto de cómo se llegó a esta situación: el colapso financiero provocado por la superpoblada plantilla de trabajadores estatales, que llega a niveles récord. Casi 90.000 empleados en una provincia que apenas supera los 300.000 habitantes. Para colmo, Santa Cruz tiene una dependencia excesiva de la industria petrolera, ahora en declive por la caída de los precios internacionales.
 
Santa Cruz es una jurisdicción donde los empleados y jubilados cobran mal y tarde, la propuesta a los docentes es un ajuste salarial de 3% y el fantasma del estallido violento está a la vuelta de la esquina. Hay consenso respecto de que el Gobierno nacional debe asistir financieramente a la provincia en su emergencia, según las declaraciones del ministro del interior, Rogelio Frigerio. Pero ahí terminan los consensos y empieza el verdadero nudo del problema: quién debe pagar el costo político de la crisis.
 
Porque Cristina y Alicia sostienen que el empleo público es un espacio de contención social y de refugio en una provincia donde si se echa a un estatal se lo condena a la miseria; en un escenario recesivo como es claramente el caso de Santa Cruz, con su muy poca diversificada economía. En consecuencia, la visión K es que la dotación de empleados debe ser mantenida con la asistencia financiera de Macri.
 
En la vereda de enfrente, Frigerio dio a entender con bastante claridad lo que se espera de la gobernadora Alicia Kirchner: que asuma el costo político de echar gente. Que la provincia le garantice que se está haciendo algo concreto para recortar el gasto fiscal.
 
Resulta claro que el Gobierno de Macri no gana mucho si deja que se tense la situación, porque la gravedad es tal que no se puede descartar un final trágico si se repiten los enfrentamientos callejeros. Pero, además, al macrismo no le sirve la salida de Alicia Kirchner de su cargo. Lo que ocurriría después de una intervención federal de la provincia, es que pondría al macrismo en el antipático rol de tener que realizar el ajuste que no hizo el kirchnerismo. Y es lo que quiere evitar.
 
En consecuencia, se buscará un acuerdo que implique la ayuda financiera para la provincia pero que el Gobierno nacional no dará "gratis", en términos políticos. Buscará por todos los medios mostrar las consecuencias que trae un desgobierno K en esa provincia. Hoy, Santa Cruz es la capital nacional de la "grieta", un verdadero peligro que se corporiza en empleados que no cobran sus salarios o en una pedrada contra la casa donde hay una bebé de 18 meses.
 
La Opinión Popular

23-04-2017 / 20:04
23-04-2017 / 18:04
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