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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“Si uno solo puede ser macrista o cristinista -si así son las cosas- estamos en el fondo del pozo y ni imaginamos la salida”. Julio Bárbaro
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Nacionales - 09-02-2017 / 08:02

Macri le perdonó a su padre $70.163 millones de deuda del Correo con el Estado

Macri le perdonó a su padre $70.163 millones de deuda del Correo con el Estado
El Presidente Mauricio Macri le perdonó a su familia, y a él mismo, más de $70.000 millones de la deuda de Correo Argentino con el Estado. Se trata de la antigua deuda de esta empresa de la familia Macri, que lleva más de 15 años empantanada en los tribunales. Durante ese lapso, el Estado Nacional rechazó distintas propuestas de pago de Correo Argentino por considerarlas abusivas. Pero ahora, con Macri en el poder, el Estado aceptó una quita del 98,82% de la deuda y podrán terminar de pagar recién en 2033. Las decisiones que comprometen a la familia presidencial en diversos hechos reñidos con la ley siguen aumentando con el correr del tiempo.
Esta larga historia de chanchullos y negocios con el poder comenzó en 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando el Grupo Macri consiguió la concesión del privatizado Correo Argentino. Durante seis años, los Macri colocaron el servicio entre los más caros del mundo, despidieron miles de trabajadores y lograron que el Estado le reconociera las indemnizaciones como "inversiones".
 
En 2003 Correo Argentino S.A., la empresa de Franco Macri, se presentó a concurso de quiebra a pocos días de que asumiera Néstor Kirchner como presidente. Y el juez Favier Dubois lo decretó e impidió salir del país a toda la familia Macri como a quienes formaban parte del directorio de Sideco. En ese mismo año, la deuda de Correo Argentino era de $296.205.376, y el Estado rechazó propuestas de pago del 7,7% y del 5,73% de la deuda, o sea, quitas del 92,3% y del 94,27%. Durante 14 años estuvo presente la deuda en Tribunales.
 
Recién a mediados del año pasado, con Macri en el gobierno, el Estado aceptó la propuesta de pago de la empresa quebrada. A la audiencia, solicitada por el Estado, concurrieron los representantes de Correo Argentino, los síndicos y dos representantes del Estado: Juan Carlos Mocoroa, Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación y María Alejandra Gottardi. Lo notable es que Mocoroa, quien se presentó en nombre del Estado, fue designado en forma transitoria por 180 días por los macristas Marcos Peña y Oscar Aguad.
 
Así, Mauricio Macri habría condonado las deudas de su propia familia, aceptando una quita de 70.163 millones de pesos, un 98,82%. Ahora, los Macri, todos juntos y en familia, deberán pagar solo el 1,18% de la deuda. También les adjudicaron un "prudente" tiempo de pago para el porcentaje restante: tendrán hasta el 2033 para cancelar la deuda.
 
Este escandaloso acuerdo fue rechazado por la fiscal general Gabriela Boquin, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, quien sostuvo que Mocoroa no tenía la facultad para tomar ninguna decisión en esa audiencia en nombre del Estado ya que para eso necesitaba una autorización de la Procuración del Tesoro. Autorización que jamás presentó. Y solicitó investigar si la aceptación de esta propuesta fue por propia negligencia del funcionario o fue por orden de sus superiores.
 
Luego de haber vaciado el Correo Argentino, durante todos estos años desde el holding Macri se negaron a pagar la deuda que tenían con el Estado, tratando de renegociarla. A pesar de los gestos de desaprobación de Franco Macri para con su hijo, éste sigue siendo fiel a los negocios familiares y ahora le perdona lo que le debe al Estado.
 
En medio del ajuste neoliberal, del intento de negociar paritarias a la baja, con un tarifazo atrás del otro, y mientras tratan de flexibilizar los convenios colectivos de trabajo, el presidente Macri, le explica a los argentinos que deben "hacer un esfuerzo" para que al país le vaya mejor. Mientras tanto, sigue beneficiando los negocios de su familia y los empresarios amigos. Los únicos privilegiados son los ricos.
 
La Opinión Popular

EL GOBIERNO ACORDÓ CON EL GRUPO MACRI LA QUITA DEL 98,87 POR CIENTO DE SU DEUDA CON EL ESTADO POR EL CORREO
 
Un vuelto que quedó fuera del fideicomiso ciego
 
El gobierno de Mauricio Macri acordó con el Grupo Macri el pago de una deuda con el Estado por el Correo Argentino que implicó una quita del 98,87 por ciento en perjuicio del Estado, según indicó el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín. A valores actuales, esa quita implica cuatro mil millones de pesos. Proyectado a quince años -que es lo que tendrá el holding familiar para pagar-, asciende a 70 mil millones de pesos.
 
Este es cálculo que hizo la fiscal Boquín para apelar ante la Cámara en lo Comercial. La fiscal advirtió que el Estado cambió su estrategia judicial con la llegada de Macri y aceptó una propuesta ruinosa que antes había rechazado. Desde el Gobierno argumentaron que es mejor cobrar algo que extender el pleito. La fiscal remarcó que se debe investigar si no se buscó beneficiar a la familia presidencial.
 
Esta historia comenzó en 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando el Grupo Macri consiguió la concesión del Correo Argentino. La administró a través de su empresa Sideco Argentina, de la que la familia Macri conserva la mayoría accionaria. En 2009, siendo jefe gobierno, Macri le cedió sus acciones a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco Juan.
 
Durante seis años, los Macri colocaron el servicio entre los más caros del mundo y despidieron miles de trabajadores. En su momento, lograron que el Estado le reconociera las indemnizaciones como "inversiones". La concesión fue rescindida por el presidente Néstor Kirchner poco después de su llegada al gobierno, en noviembre de 2003.
 
Ya en septiembre de 2001, la empresa privatizada había entrado en convocatoria de acreedores con una deuda de 900 millones de pesos-dólares, dado que regía la convertibilidad. El Estado era acreedor del 32,65 por ciento de esa deuda: incluía 296 millones de pesos-dólares en deudas en el pago del canon (dejó de pagar en marzo de 2000), ante la DGI y con el Banco Nación. Allí se inició la causa que seguiría durante los 12 años kirchneristas, hasta el gobierno del primogénito.
 
En diciembre de 2003, el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra de Correo Argentino S.A. y prohibió la salida del país de Franco Macri y del directorio de la empresa, que incluía a Angelo Calcaterra y a Néstor Grindetti. En ese momento, el Grupo Macri propuso a los acreedores un pago a 25 años con una tasa de interés del 1 por ciento anual. Implicaba una quita del 94 por ciento. No lo aceptaron.
 
La causa se extendió por largos años hasta que la jueza Marta Cirulli no homologó un acuerdo que presentó el Grupo Macri porque el Estado Nacional no lo aceptó. Argumentaron el perjuicio de no actualizar los montos por el paso del tiempo. El Grupo Macri apeló esa decisión y llegó a la Cámara.
 
El acuerdo final se produjo en una audiencia convocada el 28 de junio del año pasado por los camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi. Allí, el Grupo Macri hizo una propuesta de pago al Estado en 19 años y con un interés del 6 por ciento.
 
El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, rechazó la oferta, pero les dio a conocer las condiciones en las que podía aceptar. Hubo un cuarto intermedio y se presentó una nueva oferta, que fue aceptada de inmediato. El funcionario aseguró que la aceptaba porque "se ajustaba a las instrucciones impartidas".
 
La oferta que aceptó el Gobierno de Macri implica que el holding de la familia del Presidente podrá pagar en 15 cuotas anuales, comenzando en 2018. La mitad de la deuda nominal será pagada en los últimos dos años: 2032 y 2033. El acuerdo incluye una cláusula de pago acelerado en el caso de que el Grupo Macri le gane el juicio que le inició al Estado nacional por la rescisión del contrato del Correo. En ese caso, le pagará al Estado con su propio dinero.
 
 
Buitres al revés
 
La negociación con el Grupo Macri para que le pague al Estado sería la cara inversa del pago a los fondos buitres, según se puede leer en el dictamen que emitió la fiscal de cámara Gabriela Boquín emitió el 30 diciembre del año pasado.
 
Allí advirtió que la "mejora" de la oferta que fue aceptada por el Estado no era tal: la primera propuesta implicaba una quita del 99,16 por ciento. La segunda, del 98,87 por ciento. "La propuesta a la que se prestó conformidad es abusiva, implica perjuicio fiscal, y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado", remarcó.
 
Anteayer presentó el cálculo que hizo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Fue el siguiente: la deuda original era de 296 millones de pesos-dólares en septiembre de 2001, antes de la devaluación.
 
La propuesta del Grupo Macri fue pagar en 15 cuotas anuales del "100 por ciento del monto verificado". Esto es, 296 millones de pesos, con un interés anual del 7 por ciento. Si se actualiza la deuda original en dólares a febrero de este año con un tipo de cambio de 15,90, la quita es de 4.656 millones de pesos. Es una quita real del 98,87 por ciento.
 
Para proyectar ese monto a 2033, la DAFI tomó la tasa activa del Banco Nación en septiembre de 2001 (1,46 por ciento), lo que le dio una quita cuando se termine de pagar la deuda de 70.163 millones de pesos.
 
"La propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible, por resultar equiparable a una condonación de la deuda", señaló la fiscal Boquín, quien además advirtió que con el Gobierno de Macri se dio "un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad -que corresponde investigar- en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio Estatal".
 
La fiscal advirtió, además, que el funcionario que aceptó la propuesta estaba designado en forma transitoria por 180 días y que, por lo tanto, no podría haber firmado el acuerdo.
 
En el Ministerio de Comunicación, el subsecretario de Regulación de la de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las  Comunicaciones, Oscar González, afirmó a PáginaI12 que "se llegó a un acuerdo entre el conjunto de los acreedores y el Correo Argentino. No es una ocurrencia nuestra salir a pagar. No estamos haciendo regalos, ni manejándonos arbitrariamente".
 
"Entendemos que hemos cuidado los intereses del Estado, porque hemos logrado que nos paguen algo -no algo, el 100 por ciento-, en lugar de que continúe de manera indefinida y la empresa nunca nos pague. El interés nuestro ha sido poder cobrar", indicó el funcionario.
 
"Cuatro mil millones nos parece que es una suma exorbitante y fuera de lugar. Es una evaluación poco seria", sostuvo González, quien indicó que el Estado terminará cobrando con los intereses cerca de 600 millones de pesos.
 
En su apelación a la Cámara, la fiscal advirtió además sobre la violación de la Ley de Ética Pública dado que la decisión beneficia a la familia del Presidente y envió actuaciones a la Procuraduría de Investigaciones Administraciones.
 
"Deberá determinarse si estamos frente a una simple irregularidad funcional, por actuación con culpa o negligencia, o bien ante el cumplimiento de una instrucción, emanada de autoridad de jerarquía superior, orientada a satisfacer intereses privados por sobre los públicos que deben en todo caso prevalecer", indicó. La fiscal indicó que, de no recibir un fallo favorable, va a apelar a la Corte Suprema.
 
Por Werner Pertot
 
Fuentes: Página12, Perfil, Urgente24, La Política Online, La Izquierda Diario, Hoy en la Noticia y LOP
 

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Macri le perdonó a su padre $70.163 millones de deuda del Correo con el Estado
La fiscal Gabriela Boquín denunció que puede haber un conflicto de interés porque el acuerdo que impulsó el Gobierno de Mauricio Macri para poner fin al concurso de la fallida concesión del Correo, podría beneficiar a sus familiares.
26-03-2017 / 11:03
"La manifestación, que expresa demandas y a la vez afirma la identidad del grupo que las porta introduce una relación diferenciada con el tiempo de la política (...) intenta demostrar su fuerza para evitar la violencia." Del libro "La manifestación. Cuando la acción colectiva toma las calles."
 
Olivier Fillieule
Danielle Tartakowsky
 
El libro citado comienza recordando que la revista Time eligió como personaje del año 2011 "al manifestante". Es presumible que la  revista  autóctona Gente no imitará el ejemplo en 2017 porque sus criterios para los castings son diferentes.
 
De todos modos, la cita viene a cuento en este marzo vibrante, signado por cinco actos masivos en menos de veinte días, contando solo la Plaza de Mayo y sus inmediaciones.  Hubo muchas otras, entre frutazos y las conmemoraciones del 24 de marzo en todos los confines del país.
 
Las cifras son secundarias  y muy estimativas.  Millones de personas, en cualquier caso. Cada convocatoria tuvo su pliego de demandas, oradores o documentos vinculados a ellas, personalidad propia si se admite la expresión. No se recuerda una seguidilla de estas características desde la recuperación de la democracia.
 
Fuerza y no violencia, ese fue el signo que el potente aparato de propaganda oficialista intentó vanamente distorsionar. El espacio público se ocupó con respeto, una serena alegría. Los incidentes fueron mínimos, considerando la cantidad de gente congregada.
 
Los manifestantes salen en defensa propia. Es válido debatir sobre sus reclamos a condición de advertir que todos encuadran en la lógica institucional. Paritarias docentes, aumentos de salarios, cambios en la política económica, respeto a la igualdad de género, protección contra la violencia machista y siguen las firmas.
 
El gobierno del presidente Mauricio Macri ganó las elecciones y arrancó con la condigna legitimidad de origen que confiere cargos, espacios políticos... y responsabilidades. Lo que viene después, de cajón, no es apenas el "fin de la luna de miel" sino la medición popular de la legitimidad de ejercicio.
 
Con quince meses largos de gestión, el macrismo recoge día tras días los frutos de su propia siembra. Prima el descontento, extendido en el vasto espacio de las clases medias y populares.
26-03-2017 / 11:03
26-03-2017 / 10:03
El Gobierno de Mauricio Macri se encuentra empantanado entre la incapacidad para retomar la iniciativa y el desgaste que genera la durísima huelga de los maestros, mientras el kirchnerismo mostró 2 veces más -la Marcha de los Docentes y el 24/03- que tiene una mayor capacidad de movilización, organización y de encarnar el creciente odio antimacrista de una parte de la opinión pública, sobre todo, bonaerense.
 
La comunicación oficial no deja en claro cuál es el eje de la campaña que tendrá el macrismo en esta elección. ¿Hay que votar a "Cambiemos" para que no vuelva el kirchnerismo al poder o hay que votarlos porque están haciendo obras y cumpliendo promesas y anuncios realizados?
 
En realidad, hay varios grupos de votante de Cambiemos, sumando los que aportaron su voto en las PASO, la 1ra. vuelta + el balotaje: están los "PRO puros" + los aliados radicales + los seguidores de Elisa Carrió + grupos peronistas antikirchneristas + los antikirchneristas puros. Y, algunos de ellos, han comenzado a poner su duda repetir su voto. ¿Qué está haciendo el Gobierno para volver a seducirlos? Nada. Y esto es grave.
 
Quizás, quién más está haciendo para que el voto antikirchnerista vuelva a canalizarse a Cambiemos sea el propio kirchnerismo, que en las 5 grandes marchas que se organizaron en 2 semanas, aportaron las columnas más nutridas, tomaron el control de los actos y, en la de la CGT, coparon el escenario; superando a organizaciones de derechos humanos, sindicatos y partidos de izquierda. Sin duda, todo un éxito de organización, armado y obediencia de la estructura, sin contar con recursos necesarios para sostener todo lo necesario en una movilización.
 
Que el kircherismo sea hoy el colectivo social que tiene mayor capacidad de movilización del peronismo es también culpa del Gobierno. Desde el comienzo de la gestión del PRO, el plan fue polarizar con el kirchnerismo para eliminar a Sergio Massa del escenario electoral.
 
Si bien el ex intendente de Tigre viene "escapando" del desgaste que produce el choque entre el macrismo y el kirchnerismo gracias a sus viajes al exterior (ahora está en China); el efecto negativo que generó esta polarización es que no permitió que el peronismo se deskirchnerizara, tal como era de esperar luego de una derrota electoral tan contundente.
 
Hoy, no hay nadie en el peronismo que mida mejor en las encuestas que Cristina Fernández. Hoy, no hay nadie que tenga el poder de movilización que tiene La Cámpora. Hoy, no hay nadie en el peronismo que pueda articular alianzas tan amplias como el kirchnerismo. La duda resulta si todas esas ventajas se terminarán por confirmar en las urnas.
 
Los problemas pasan por las narices del Gobierno y el Gobierno no entiende por qué ocurren. Esto demuestra una desconexión con la realidad y una incapacidad notable para escuchar. La consecuencia, en política, son las derrotas electorales.

26-03-2017 / 09:03
26-03-2017 / 09:03
No se había completado la desconcentración de la multitud que protagonizó el miércoles pasado la denominada marcha federal educativa a Plaza de Mayo, cuando uno de los principales funcionarios de la Jefatura de Gabinete de la Nación manifestó lo que muchos creen en la Casa Rosada, incluido el presidente Mauricio Macri: "Estamos atravesando bien lo peor de la tempestad".
 
A esa hora, Marcos Peña seguía dándole una encendida batalla dialéctica a la oposición en la Cámara de Diputados, con su primer informe de gestión del año.
 
Para el Gobierno, esa tempestad desatada por la protesta social comenzará a amainar tras el paro general convocado por la CGT para el 6 de abril. Hasta entonces, las calles de Buenos Aires y otras ciudades del país se saturarán de gritos, quejas y banderas agitadas.
 
También de piquetes y cortes, que seguirán por ahora sin recibir sanciones efectivas porque los estrategas del oficialismo quieren evitar episodios de violencia. Sospechan que los sectores más duros de la oposición están esperando victimizarse ante cualquier atisbo de represión.
 
Informes de Inteligencia que circulan en los despachos del Gobierno aseguran que los grupos más extremos buscan que se produzca una muerte, para convertirla en símbolo de la lucha.
 
La historia tiene abundantes episodios de esas características que sirvieron para realimentar espirales de violencia. Macri reiteró su reclamo de una mayor firmeza para evitar el bloqueo de las vías de circulación, pero con la especial recomendación de evitar enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
 
Las masivas concentraciones del viernes, para recordar el 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas se apoderaron del Estado para instaurar la última y brutal dictadura militar, también formaron parte de la tempestad que atraviesa el Gobierno.
 
Fueron claras y contundentes expresiones opositoras, ganadas por consignas partidarias como el "Vamos a volver" del kirchnerismo o las clásicas exigencias revolucionarias de la izquierda.

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