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Entre Ríos - 12-11-2016 / 10:11
VIOLENCIA DE GÉNERO

La senadora nacional Sigrid Kunath planteó como “urgente” sancionar leyes que protejan a las mujeres

La senadora nacional Sigrid Kunath planteó como “urgente” sancionar leyes que protejan a las mujeres
“Es imprescindible revisar el control del uso de armas", dijo Sigrid Kunath. Foto: Blas García para La Opinión Popular (Permitida su reproducción citando la fuente)
La senadora nacional Sigrid Kunath (FPV PJ Entre Ríos) señaló hoy que "es necesario que avancemos en el Congreso con iniciativas que aborden el tema de la prevención y la sanción de hechos de violencia contra la mujer y familiar desde distintas perspectivas".
 
La legisladora presentó un proyecto de ley para quitar armas reglamentarias a agentes de seguridad denunciados por violencia de género y familiar.
 
También, pidió avanzar con la tipificación como delito de medidas cautelares como restricciones perimetrales; impedir la suspensión del juicio a prueba en delitos que medie violencia; dar asistencia económica a mujeres víctimas de estos delitos; y la inclusión de la perspectiva de género en los contenidos escolares como medida de prevención.

 
Y agregó: "es imprescindible revisar el control del uso de armas en la sociedad civil y en especial en las fuerzas de seguridad para aquellos agentes denunciados por delitos de violencia familiar y/o de género; profundizar medidas que apunten a fortalecer la protección de mujeres víctimas que denuncian los hechos y que se encuentran en un estado de especial vulnerabilidad; y dotar a las escuelas de herramientas para la concientización contra la violencia y la discriminación como forma de prevención de la misma, entre otras cuestiones".
 
 
Fuerzas de Seguridad
 
"Los femicidios en manos de agentes de las distintas fuerzas con armas reglamentarias resultan preocupantes, razón por la cual es fundamental establecer un canal de comunicación obligatorio e inmediato que inste a la justicia a actuar de forma directa sobre el impedimento de tenencia de armas de fuego", señaló la senadora Kunath al fundamentar el proyecto de ley que presentó esta semana que "busca que no sea facultad de un juez el quitar el arma a un policía federal, un gendarme, un prefecto o un oficial de seguridad aeroportuaria denunciado por violencia de género o familiar, sino que sea una obligación hacerlo y que no pueda portar un arma, ni siquiera cuando esté de servicio".
 
"Para esto, proponemos establecer además un mecanismo de prevención que incluya exámenes psicofísicos y medidas de prevención para los agentes de alguna fuerza policial o de seguridad denunciados", explicó la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara Alta sobre la iniciativa que dispone la modificación de las leyes 26.485 de Protección Integral de la Mujer y 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar.
 
En este sentido, la legisladora destacó la decisión del gobierno de la provincia de Entre Ríos de avanzar en esta dirección, estableciendo, mediante la emisión de una resolución, la regulación de la portación del arma reglamentaria para los efectivos de la fuerza sobre los que pese denuncia por violencia de género o familiar, limitando su uso al horario laboral.
 
Cabe destacar además que, complementariamente al proyecto de ley, Kunath realizó un pedido de informes al Ejecutivo nacional respecto a las políticas de prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres y familiar dentro de los miembros de las Fuerzas de Seguridad y Policiales de la Nación, para conocer cuáles son las medidas que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Seguridad de la Nación en este sentido.
 
 
Educar contra la violencia
 
En septiembre pasado se le dio media sanción en el Senado al proyecto de la senadora entrerriana que propone modificar la Ley 26.206 de Educación Nacional para que en los contenidos educativos de las escuelas de todo el país, se incluyan perspectivas de igualdad y equidad para la prevención de la violencia.
 
"El trabajo educativo con los niños, niñas y adolescentes es una estrategia por excelencia que podemos darnos para construir una sociedad sin violencias y menos desigual, revisando y cuestionando estereotipos y mandatos culturales sobre lo que la mujer y el hombre 'deben ser'", señaló la autora de la iniciativa que destacó además el rol de las escuelas "en la detección y abordaje de situaciones de violencia, como pueden ser el maltrato y/o abuso en el hogar de niñas, niños, adolescentes y también de madres", manifestó.
 
 
Protección de las mujeres víctimas que denuncian
 
Asimismo, Kunath recordó que se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados, la media sanción del Senado aprobada en 2014 del proyecto de su autoría para impedir la suspensión del juicio a prueba, más conocido como "probation", cuando se trate de un delito cometido mediando violencia de género contra las mujeres.
 
La redacción actual del art. 76 bis del Código Penal establece que el imputado puede ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño y el juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento pudiendo la parte damnificada aceptar o no dicha reparación. En consecuencia, puede permitir que el juicio quede suspendido o que no se determine la culpabilidad del imputado.
 
"En casos de violencia de género, la mujer víctima de un delito rara vez se encuentra en una condición de igualdad para negociar, ya que hay muchos factores que influyen y pueden inducirla a perdonar a su agresor y dejarla expuesta a la misma violencia que denunció", señaló Kunath, al tiempo que explicó que el objetivo de la iniciativa es "proteger a las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia y que se encuentran en situación de vulnerabilidad por la presión y amenazas que pudieran llegar a recibir no sólo de su agresor, sino incluso de su propio entorno familiar, pudiendo ser influenciadas para llegar a un acuerdo y suspender el juicio correspondiente".
 
En el mismo sentido, se inscribe otra iniciativa legislativa de la senadora que propone agravar la sanción frente al incumplimiento de resoluciones judiciales, tales como prohibiciones de acercamiento o restricciones perimetrales entre otras, dictadas en protección de las víctimas de violencia de género y familiar, que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión Banca de la Mujer del Senado.
 
"Muchas mujeres que deciden denunciar los hechos de violencia padecidos comienzan a sentir un segundo maltrato producto de la falta de acompañamiento desde el Estado que evidencian durante dicho proceso. La peligrosidad existente en un sujeto denunciado por violencia de género y la posterior desobediencia de las medidas cautelares dictadas en tutela de la víctima, sumado al elevado índice de probabilidad de que esta situación desencadene en un femicidio, son elementos más que suficientes que justifican esta nueva especificación del tipo penal. Frente al juez que entienda en una causa determinada no tendrá el mismo peso el simple incumplimiento de una medida cautelar de, hasta hoy, dudosa delictuosidad, que la comisión de un delito específico".
 
El dictamen incorpora un párrafo al artículo 239 del Código Penal en el que se dispone que frente a la desobediencia de una resolución judicial en casos de violencia de género contra una mujer o violencia familiar, el mínimo de la pena se elevará a 60 días y el máximo a tres años. Además se modifica el artículo 32 de la ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer, estableciendo que cuando haya una desobediencia el juez/a en lo civil tendrá un plazo máximo de 24 horas para poner en conocimiento del hecho al juez/a con competencia en materia penal.
 
En este marco, se inscribe además otro proyecto de su autoría que será tratado en comisión y que propicia la creación de una pensión no contributiva y un programa de promoción del desarrollo económico y de inclusión social y laboral de las mujeres víctimas de violencia de género o familiar.
 
Fuente: Análisis Digital
 

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