Nacionales - 25-08-2016 / 08:08
Cristina, contra las cuerdas: pidieron su indagatoria y prohibirle salir del país
Cristina, contra las cuerdas: pidieron su indagatoria y prohibirle salir del país. La medida alcanza también al exministro Axel Kicillof y es por el caso de la ruta del dinero K. El fiscal Guillermo Marijuan considera que es imposible que ambos desconocieran el giro al exterior de US$500 millones.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria de la expresidenta Cristina Fernandez y le prohibió salir del país, en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero que tiene preso a Lázaro Báez.
La medida alcanza también al exministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof, quien está acusado de ocultar transferencias bancarias vinculadas al empresario kirchnerista.
El funcionario del ministerio público elevó ese requerimiento al juez federal Sebastián Casanello, a cargo del expediente por el que Báez se encuentra detenido desde el 5 de abril implicado en un presunto lavado de dinero estatal a través de la obra pública.
En el dictamen, Marijuan propuso que se investigue si Cristina perpetró los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia", en el marco de la llamada ruta del dinero K.
El informe oculto
La causa se inició el 10 de junio, a partir de un informe presentado por el actual procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien entregó a la Justicia datos sobre empresas y personas que derivaron US$ 500 millones desde la Argentina hacia bancos de China, Islas Seychelles y Letonia.
La presentación respondía a un pedido de los fondos buitre, que buscaban información financiera de empresarios y otras personas con presuntos vínculos con el gobierno de Cristina Kirchner, en el contexto del litigio internacional que mantenían con Argentina, relacionado a la deuda externa.
El informe presentado por Balbín demostró además que el estudio de abogados que representaba al país recibió la información relacionada con Báez y se la giró a la entonces procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, pero que esos datos nunca salieron de ahí.
En su dictamen, Marijuan consideró que "la Procuración del Tesoro, las autoridades del Ministerio de Economía y la expresidenta no podían desconocer en modo alguno el contenido" del informe que recibió Abbona, sobre las transferencias de dinero en el exterior de sociedades ligadas a Lázaro Báez.
"El tema que se trataba constituía una cuestión nacional que influía en la actividad económica de la Argentina", sostiene el fiscal en relación a la pelea con los fondos buitres, por lo que considera que toda la información que tenía que ver con esa causa "llegaba indudablemente a manos de las máximas autoridades del país", sostuvo el fiscal, cuya apreciación fue contundente: "El ocultamiento de estos valiosos informes fue una forma de protección a las conductas ilícitas del empresario Lázaro Báez, quien indudablemente era más que un simple conocido para Cristina Kirchner".
Solicitan a Suiza información sobre las cuentas de Lázaro Báez
La Justicia de Suiza confirmó que recibió el pedido formal del juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, solicitando información sobre el patrimonio de la familia Báez.
El portavoz de la Oficina Federal de Justicia en Berna informó que el exhorto enviado desde Argentina solicitó pruebas documentales de diez cuentas bancarias, en tres establecimientos de Ginebra, y uno de Lugano.
Casanello y Marijuan quieren confirmar si sus beneficiarios serían, además de Lázaro Báez, sus cuatro hijos (Leandro, Luciana, Martín y Melina), dos de sus colaboradores, y Helvetic Services Group, la financiera domiciliada en Lugano, "gerenciada" por el fiduciario italo-argentino residente en Suiza, Néstor Marcelo Ramos.
Los funcionarios judiciales requieren colaboración para "completar acabadamente el circuito de lavado de dinero ilícito de Lázaro Antonio Báez", ya que, según consideran, el dinero detectado en Suiza provendría del fraude fiscal.
El requerimiento agrega que una parte "fue reingresado y blanqueado en Argentina" por la "activa intervención de Helvetic Services Group y de Néstor Marcelo Ramos, mediante la adquisición en la Confederación Suiza, a través del Banco J. Safra Sarasin, de títulos de la deuda pública argentina", por u$s32.800.000 que fueron luego liquidados "en las cuentas bancarias" de Argentina por "Austral Construcciones SA", la principal empresa de Lázaro Báez.
Por estos hechos, Suiza abrió una investigación penal en 2013. Detectó u$s22 millones depositados en los bancos de Ginebra Lombard Odier y J. Safra Sarasin por "sociedades emparentadas con la familia Báez", pero archivó el caso en 2014 al no poder "determinar si los fondos eran de origen corruptivo". Ahora, desde Argentina se piden copias certificadas de "los testimonios de los representantes legales" de esos dos bancos, recabados entonces por la fiscalía suiza.
La Justicia, tras la ruta de los datos de los millones girados al exterior
Luego de recibir el dictamen del fiscal Marijuan, el juez federal Sebastián Casanello se comunicó con la Cancillería para conocer cuál es el estado de los exhortos a Estados Unidos impulsados en noviembre de 2014, en los que se solicitaban copias del informe financiero impulsado por los llamados fondos buitre para rastrear información de movimientos de fondos de Lázaro Báez y el Estado argentino en el marco del litigio que mantenían.
El juez también pidió a la Procuración del Tesoro y al Ministerio de Economía que informe si se llevaron expedientes administrativos en los que se haya dejado constancia de la existencia de los cientos de correos electrónicos que habrían sido borrados.
Además, Casanello ordenó analizar los llamados entrantes y salientes de la exprocuradora del tesoro Angelina Abbona, sospechada de recibir la información sobre los millones girados por Báez y no denunciarla; de su segundo, Horacio Diez, y del exsecretario Legal y Técnico del ministerio de Economía Federico Thea, ya imputados en la causa y cuyas indagatorias fueron ordenadas, aunque no tienen fecha.
El magistrado también remitió oficios a los juzgados de Claudio Bonadio y Julián Ercolini, que ya investigan a la expresidenta por la operación de dólar futuro y por el caso "Los Sauces", respectivamente, para saber si en sus causas se le prohibió la salida del país a la exjefa de Estado y decidir sobre ese punto.
Fuente: diariohoy.net