, la diputada Diana Conti, el ex gobernador bonaerense Felipe Solá y, claro está, el kirchnerismo más duro.
 
Por lo pronto, resulta llamativa la postura ambigua que viene manteniendo el gobierno de Mauricio Macri. Escudado en un discurso "políticamente correcto" (respetar la separación de poderes del Estado y la independencia en el accionar de jueces y fiscales), ha tratado de mantenerse equidistante y ajeno a este tema, que mantiene en vilo a todo el arco político.
 
"No lo imagino, ni lo pienso, no es un tema mío", responde Macri cuando se le pregunta si él cree que Cristina puede terminar presa. "Hay que ser muy respetuoso de la independencia de los poderes. Estoy orgulloso de haber generado un espacio en el que la Justicia empiece a combatir la impunidad ", agrega. En otras palabras, dice lo que se espera que un político diga en este tipo de circunstancias. Es decir, que no piensa interferir en las decisiones judiciales y que nada de los que pase dependerá de Macri.
 
Algunas semanas antes, el ministro de Justicia, Germán Garavano -también midiendo meticulosamente sus palabras- envió un mensaje a los ahora hiperactivos miembros del Poder Judicial. "Mi sensación es que con estas cosas hay que ser muy prudentes y no hay que sobreactuar. Entiendo que hay hechos que nos irritan, pero eso no justifica avanzar de modos alocados", remarcó. Formuló estas declaraciones luego de admitir que "nunca es bueno" que un ex mandatario sea detenido.
 
No obstante, resultó particularmente sugestiva su advertencia sobre "tener equilibrio para resolver sin las presiones de la opinión pública". También, sus expresiones en el sentido de "ser solventes con las pruebas y los procesos" y no caer en la tentación de "abusar de las detenciones porque así lo pida una mayoría circunstancial". Pero, acaso, su frase más fuerte fue: "Estos procesos no deben ser venganzas".
 
¿A Macri lo beneficiaría o lo perjudicaría una Cristina presa?
'/> A Macri, ¿le conviene Cristina presa?: temor a que una cacería judicial alimente el "relato" de auto-victimización / La Opinión Popular
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                  16:53  |  Jueves 28 de Marzo de 2013  |  Entre Ríos
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Nacionales - 25-07-2016 / 09:07
EVALÚAN SI ES MEJOR QUE ESTÉ DEBILITADA O TRAS LAS REJAS

A Macri, ¿le conviene Cristina presa?: temor a que una cacería judicial alimente el "relato" de auto-victimización

A Macri, ¿le conviene Cristina presa?: temor a que una cacería judicial alimente el
Mientras el ámbito político se pregunta si la ex presidenta Cristina Fernández puede ser detenida ante el avance en las causas por corrupción, el ultra kirchnerismo apuesta a instalar la persecución como una estrategia para el resurgimiento de Cristina. El gobierno de Mauricio Macri evalúa si es mejor que esté libre y debilitada o tras las rejas.
Es "la" pregunta del momento. Es lo que todos quieren saber. Es el comentario obligado en el ámbito político, en la Justicia, en las redes sociales y en las mesas de café: ¿Cristina puede terminar presa? La acumulación de causas penales, la revelación de escándalos de corrupción que involucran a sus ex funcionarios, la exhibición de las pilas de billetes en la caja de seguridad de su hija Florencia (con faja de la Reserva Federal estadounidense), la causa Hotesur, la del dólar futuro, la trama de la ruta del dinero K.
 
Estas, y otras cuestiones que puedan ir surgiendo, han contribuido a generar un clima en el que una situación que hasta hace poco resultaba impensable hoy resulte factible. En todo el espectro político, en estos días se maneja la posibilidad cierta de que la expresidenta pueda terminar entre rejas.
 
Algunos se manifiestan en este sentido como una expresión de deseo, como es el caso de la diputada Graciela Ocaña o la denunciante Margarita Stolbizer. Otros no ocultan sus temores y elevan sus advertencias en el sentido de que claramente existe una "persecución" o una "cacería" contra ella. En este último grupo se enlistan el líder piquetero Luis D'Elía, la diputada Diana Conti, el ex gobernador bonaerense Felipe Solá y, claro está, el kirchnerismo más duro.
 
Por lo pronto, resulta llamativa la postura ambigua que viene manteniendo el gobierno de Mauricio Macri. Escudado en un discurso "políticamente correcto" (respetar la separación de poderes del Estado y la independencia en el accionar de jueces y fiscales), ha tratado de mantenerse equidistante y ajeno a este tema, que mantiene en vilo a todo el arco político.
 
"No lo imagino, ni lo pienso, no es un tema mío", responde Macri cuando se le pregunta si él cree que Cristina puede terminar presa. "Hay que ser muy respetuoso de la independencia de los poderes. Estoy orgulloso de haber generado un espacio en el que la Justicia empiece a combatir la impunidad ", agrega. En otras palabras, dice lo que se espera que un político diga en este tipo de circunstancias. Es decir, que no piensa interferir en las decisiones judiciales y que nada de los que pase dependerá de Macri.
 
Algunas semanas antes, el ministro de Justicia, Germán Garavano -también midiendo meticulosamente sus palabras- envió un mensaje a los ahora hiperactivos miembros del Poder Judicial. "Mi sensación es que con estas cosas hay que ser muy prudentes y no hay que sobreactuar. Entiendo que hay hechos que nos irritan, pero eso no justifica avanzar de modos alocados", remarcó. Formuló estas declaraciones luego de admitir que "nunca es bueno" que un ex mandatario sea detenido.
 
No obstante, resultó particularmente sugestiva su advertencia sobre "tener equilibrio para resolver sin las presiones de la opinión pública". También, sus expresiones en el sentido de "ser solventes con las pruebas y los procesos" y no caer en la tentación de "abusar de las detenciones porque así lo pida una mayoría circunstancial". Pero, acaso, su frase más fuerte fue: "Estos procesos no deben ser venganzas".
 
¿A Macri lo beneficiaría o lo perjudicaría una Cristina presa?

 
Curiosamente, muchas de sus advertencias coinciden con las de la propia Cristina Kirchner y las de sus abogados, que vienen protestando por entender que existe un claro "hostigamiento" hacia ella. Además, cuestionan algunos procedimientos por considerar que tenían el mero fin de exponerla ante la opinión pública.
 
En este sentido, la ex mandataria denunció que el ministerio de Seguridad le había facilitado a los medios de comunicación las imágenes de los fajos de billetes que su hija tenía en las cajas de seguridad. Y que ese dinero había sido presentado como "un hallazgo" cuando, en realidad, había sido la propia Florencia la que pidió la apertura de los cofres para que se comprobara que el contenido coincidía con lo que previamente había declarado.
 
 
Un sugestivo pedido de cautela
 
En este contexto de agitación mediática, ruido político y debate sobre el futuro de la ex jefa de Estado, ha quedado algo opacado otro gran interrogante. Si bien aún no fue discutido en profundidad, lo cierto es que se presenta como el más importante del momento: ¿a Macri lo beneficiaría o, por el contrario, lo perjudicaría una "Cristina presa"?
 
Algunos analistas se muestran convencidos de que el Presidente no ve con buenos ojos esta situación, del mismo modo que a Fernando de la Rúa no le agradó en su momento la prisión de Carlos Menem. "Es claro que la persecución es a nivel de la Justicia, porque Macri no la quiere presa. Quien sí la quiere en la cárcel es Héctor Magneto, que hoy es más importante que Macri", arriesga el siempre polémico Jorge Asís.
 
En este sentido, no deja de resaltar el rol que está jugando el multimedio Clarín con sus investigaciones, informes y coberturas periodísticas. Lo cierto es que, hasta ahora, el Gobierno no ha dado señales de que la situación que atraviesa CFK le entusiasme mucho. De hecho, sus dirigentes se han pronunciado de manera negativa respecto de la acusación en su contra en la causa del dólar futuro.
 
A pesar de haber criticado ácidamente la política kirchnerista de vender contratos a un precio inferior al del mercado, esos mismos funcionarios entienden que una cosa es criticar la falta de ética de una política y otra muy distinta es transformarla en materia judicializable.
 
A fin de cuentas, con argumentos parecidos a los que utiliza Claudio Bonadio para procesarla a ella y a sus funcionarios, también podría enjuiciarse a la actual plana mayor del Banco Central, por haber fijado tasas de interés del 38% y favorecido la "bicicleta financiera".
 
Por lo pronto, parece clara la opinión de la propia ex mandataria respecto de si a Macri le conviene que ella sea detenida. No por nada, en cada uno de sus descargos públicos suele enviar señales al Gobierno.
 
La continua referencia a las revelaciones de los "Panamá Papers", por ejemplo, y sus comparaciones en las que entiende que hay un trato desigual de la Justicia -ensañamiento en un caso, displicencia y falta de voluntad investigativa, en el otro- entraña un mensaje.
 
La percepción es que, en la medida en que su situación procesal se agrave, mayor será la fuerza con la que el kirchnerismo atacará a nivel político y mediático los flancos débiles del macrismo. Por otra parte, la advertencia de CFK tras la escandalosa detención del ex secretario de Obra Pública, José López, también incluye un mensaje entrelíneas.
 
Al remarcar que siempre que un funcionario corrupto recibe una coima es porque un empresario -no menos corrupto- se la da, Cristina está recordando que las actuales investigaciones pueden derivar en un cuestionamiento generalizado a todo un sistema de contrataciones estatales del que quizás pocos puedan salir indemnes.
 
Pero, más allá de esas advertencias, está también la evaluación política propiamente dicha. El análisis superficial que se hizo tras los primeros casos judiciales que afectaron al kirchnerismo concluyó que el macrismo se beneficiaba con la situación.
 
Lo cierto es que ese argumento, si es que fuera cierto, sólo podría tener un efecto de corto plazo. En rigor de verdad, el apoyo hacia las políticas implementadas por Macri dependerá mucho más de los resultados económicos que de la comparación entre los niveles de honestidad de los dos gobiernos.
 
Como demuestran las encuestas, una gran mayoría de los argentinos (más del 70%) admite que era necesaria una corrección de las tarifas. Por otro lado, no necesitaron de Lázaro Báez ni de José López para convencerse de que los apagones de cada verano son un argumento por demás elocuente del colapso del sistema energético.
 
 
La victimización como capital político
 
Las frases macristas que hacen hincapié en la independencia de poderes y en la necesidad de que la Justicia avance lentamente pero seguro no tienen la intención de proteger a Cristina. Si bien esto es lo podría parecer a primera vista, lo cierto es que funcionan como una suerte de autodefensa. El Gobierno sabe que lo peor que le puede ocurrir es que se instale en la opinión pública la sensación de que CFK es una perseguida política.
 
No por casualidad, la estrategia de la militancia kirchnerista apunta a la victimización. Prueba de ello es la advertencia de D'Elía en el sentido de que la ex presidenta irá presa "por decisión de Macri". O bien la comparación de Diana Conti entre la situación actual de la ex mandataria y la que viviera Perón tras su derrocamiento en 1955.
 
"Las 70 causas judiciales finalmente quedaron en la nada (...) Fueron una arremetida por tirar abajo un ´ismo´, el peronismo y, sin embargo, subsiste hasta hoy", dijo la diputada. Su mensaje es claro: así como una ofensiva judicial no pudo contra la fuerza del movimiento político fundado por el General, tampoco ahora la "persecución" podrá tirar abajo el proyecto político K.
 
Es cierto que ese argumento hoy no se presenta fácil de sostener para los dirigentes kirchneristas. La prueba está a la vista: tras el escándalo de López, Cristina no ha podido repetir un acto masivo como aquel de abril en los juzgados de Comodoro Py. El golpe anímico en la militancia hasta fue admitido por ella.
 
Por eso el Gobierno prefiere que la situación actual se prolongue, que ella ocupe su tiempo y se desgaste más en atender los detalles procesales que en tener un rol de líder político. Claro que eso sólo puede ocurrir mientras siga libre y trajinando juzgados. Una Cristina presa, en cambio, tendría un impacto en la opinión pública de tal magnitud que cambiaría todo el clima partidario.
 
Para empezar, nadie sabe qué tan grave puede ser la alteración de la paz social. Las manifestaciones en reclamo de su libertad podrían fácilmente derivar en disturbios de consecuencias impredecibles.
 
En la evaluación estrictamente política, también hay temores fundados para el macrismo. Encarar la elección legislativa de 2017 contra una Cristina libre pero desprestigiada y debilitada no es lo mismo que hacerlo contra una Cristina presa que -con la autoridad de todo perseguido político- denuncia los errores del nuevo Gobierno.
 
En esa eventualidad, no sería un detalle menor el motivo que pudiera llevarla a prisión. En este sentido, no es lo mismo que sea detenida por presunto lavado de dinero en su emprendimiento hotelero a que sea llevada tras las rejas por la causa del dólar futuro, o por la conexión AMIA-Irán que denunciara el fallecido fiscal Alberto Nisman.
 
Por ahora, es una incógnita la reacción que tendría un el peronismo -hoy a la deriva, sin liderazgo ni voluntad para imponer una mayoría en el Congreso- ante una Cristina presa.
 
Hasta el momento, el macrismo ha sido exitoso en encontrar allí aliados circunstanciales para votar sus proyectos. Pero esa situación podría cambiar. A veces, la prisión puede ser el factor que revitalice un liderazgo. La historia está repleta de esos ejemplos. Y el macrismo lo sabe.
 
Por Fernando Gutiérrez
 
Fuente: iprofesional.com
 

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28-03-2024 / 08:03
Una nueva, polémica, cruel e insensible decisión del gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei que perfecciona el desgobierno. Las marchas y contramarchas con la nueva movilidad jubilatoria por DNU, eludiendo al Congreso, sumadas al desbarajuste causado por los despidos indiscriminados en la Anses, terminaron impactando de lleno en los jubilados: se anunció oficialmente que la liquidación de abril se pagará en dos cuotas y ni siquiera se comunicaron las fechas en que se efectivizarán. La libertad avanza en el saqueo: jubilaciones licuadas y en dos cuotas.

Siempre contra los más débiles y en medio de despidos en Anses, por primera vez las jubilaciones se pagarán desdobladas. La primera parte corresponderá al mismo monto de la jubilación de marzo y el segundo tramo a la diferencia por el bono y el aumento por inflación. Milei y Luis "Toto" Caputo siguen golpeando a los adultos mayores bajo el pretexto de demoras en los cálculos para aplicar los ajustes por inflación y el bono de $70.000.

El mismo día que se conoció el dato de pobreza, confirmando que casi 20 millones de personas están alcanzadas; y mientras avanzan con despidos masivos en Anses y otras dependencias estatales, el gobierno aplica un nuevo golpe a los jubilados. En el primer tramo se pagará el mismo monto que se cobró en marzo y la fecha es la correspondiente al calendario. Mientras en segundo tramo se liquidará la diferencia correspondiente al aumento y el bono de $70.000 y aún no hay fecha determinada de pago. 
Se le fue la mano.


Este ataque se suma a la estafa de la nueva movilidad por DNU anunciada este lunes. En la misma se establece que las jubilaciones y pensiones aumentarán en abril un 27,35 %, que es la suma de un 12,5 % de "compensación" por lo "perdido" en enero, cuando en realidad la inflación fue de 20,6 % que el gobierno se negó a dar completo. Y se adiciona un "adelanto de la movilidad" del 13,2 % por la inflación de febrero, "correspondiente al mes de junio de 2024".

A su vez, en mayo se otorgará un aumento "a cuenta" de la movilidad de junio, también basado en la inflación de dos meses previos, es decir la de marzo. Y en junio se aplicará la diferencia por la movilidad actual, es decir, descontando los aumentos a cuenta. El ajuste por IPC entrará en vigencia desde el mes de julio. Otro robo, dando una dádiva que apenas supera la cuarta parte del daño causado. 

Además del robo del empalme el DNU 274/2024 de Milei busca consolidar haberes de miseria y licuar el impacto del bono anunciado. El gobierno de LLA viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional, y lograr el superávit fiscal para cumplir con el FMI. El plan motosierra y licuadora no se detiene, hay que enfrentarlos.

Milei tiene una alta dosis de insensibilidad y no entiende lo que le pasa a un jubilado que cobra 200 lucas. Se ha caracterizado desde que asumió por estar muy lejos de combatir a "la casta", todas las medidas van en contra de los sectores más débiles de la sociedad. Con las jubilaciones por el piso, la Argentina firmó una carta de intención para adquirir 24 aviones obsoletos F-16 a Dinamarca. Cerca de US$ 340 millones irían a la compra de aviones en desuso en un gesto cipayo hacia EE.UU. en su disputa con China. El relato de "no hay plata" se resquebraja tras las necesidades de Milei y Caputo por hacer los deberes con EE.UU. en busca de financiamiento del FMI para su delirante aventura dolarizadora.

La Opinión Popular

 

27-03-2024 / 10:03
El ministro de Defensa, Luis Petri, cerró un acuerdo con su par  de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, por la compra de 24 aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea. Poulsen firmó y posó para la foto con Petri en el Edificio Libertador, pero detrás de cámara estaban también presentes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.
 
Con la firma del acuerdo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei reafirma su alineamiento cipayo total con Estados Unidos, al concluir una reequipamiento que había quedado abierto desde la gestión de Alberto Fernández y que tenía como alternativa la compra de aviones de última generación  J-17 a China.
 
El ministro Petri no dejó dudas sobre el movimiento geopolítico al compartir en sus redes primero la comunicación oficial del Ministerio y luego una nota de Infobae con el título: "Con el apoyo de Estados Unidos, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para comprar 24 aviones de combate F16".
 
El acuerdo se cerrará cuando Petri viaje a Copenhague a mediados de abril, donde se sellará el contrato para la adquisición de los 24 aviones F16, que el país aliado de la OTAN ya tiene en desuso para sus operaciones militares. Las naves fueron fabricadas por la empresa norteamericana Lockheed Martin y llegarían a la Argentina recién en diciembre, debido a que Dinamarca las entregará sin equipamiento ni armamento.
 
El reequipamiento de las naves quedará a cargo de Estados Unidos por un contrato de 40 millones de dólares, que será una donación de la administración Biden, según informaron desde Casa Rosada. Los aviones valen 300 millones y el armamento y la parte electrónica otros 300 millones, aunque Estados Unidos regala más o menos un 15 por ciento.
 
El acuerdo terminó de sellarse con la reciente visita del actual director de la CIA, William Burns, quien aterrizó en Buenos Aires la semana pasada para visitar la Casa Rosada y reunirse con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori; y el propio jefe de Gabinete. "Tenemos un problema a corto plazo, Rusia; pero un problema mayor, a largo plazo, China", dijo Burns en la reunión de la semana pasada.
 
Antes de ese reciente encuentro, el presidente Milei recibió al secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Rosada y poco después logró un breve encuentro con el candidato republicano y ex presidente Donald Trump.
 
La alineación sistémica de la Casa Rosada con Estados Unidos queda marcada con este acuerdo que cierra las puertas a la propuesta hecha por China para la adquisición de 34 aviones de guerra F17, mucho más modernos y más baratos. De esta manera, las Fuerzas Aéreas adquirirán los aviones F-16 dinamarqueses que están camino al desuso, al punto de que Bélgica se negó a venderle los F-16 a su aliado, Ucrania, porque no los consideró aptos.
 
La Opinión Popular
 

26-03-2024 / 08:03
En medio de confusiones, que obligaron a sacar un decreto correctivo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo estableció la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones por decreto sin pasar por el Congreso. Se actualizarán por la inflación de dos meses atrás, pero en el empalme quedará fijada la pérdida que provocó la mega devaluación de Milei, entre 25 y 30%, y seguirá congelada en ese piso histórico hacia el futuro. Con la jubilación mínima reducida a la mitad debido a la inflación (en febrero, comparada con el mismo mes del 2023 sin contar el bono), el Gobierno busca impedir cualquier tipo de recomposición limitando los aumentos solamente al índice de la inflación. Además la nueva fórmula de actualización no se aplicará a los bonos, dejando abierta la posibilidad de licuar aún más los magros ingresos de los jubilados.
 
Desde que asumió como presidente, Milei, viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional y reducir el déficit fiscal, pero ahora busca dejar asentado que los jubilados serán los garantes de su plan de ajuste. Este lunes el gobierno publicó un nuevo DNU cambiando la fórmula previsional para atar a los haberes a la inflación. El problema es que, en la actualidad, la jubilación mínima (que cobran la mayoría de los jubilados) no llega a cubrir ni el 30 % de la canasta básica de los adultos mayores y sin ningún mecanismo de recomposición no habría forma de revertirlo.
 
La modificación de la fórmula previsional era parte de la Ley Ómnibus, pero habiendo sido rechazada en el Congreso, desde el oficialismo decidieron realizarla por un nuevo DNU. La "urgencia" del gobierno se debe a que habiendo pasado el pico inflacionario de diciembre y enero, la fórmula vigente generaría aumentos mayores de los que están dispuestos a otorgar. Caputo, desde el Ministerio de Economía, viene aprovechando el método de actualización trimestral actual para licuar las jubilaciones y ahora pretende mantener el robo realizado con el cambio de la fórmula.
 
En medio de la polémica que se generó por el nuevo DNU, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al Gobierno de Milei, y a la medida. Según dijo el dirigente peronista, "es impresionante, la decisión de Milei es que el ajuste no recaiga en la casta sino en los jubilados" y agregó: "Es un atraco a los jubilados... Es consolidar una baja que ya se produjo, y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el guadañazo se lo dieron al bolsillo de ellos".
 
La propuesta es que las jubilaciones aumenten mensualmente por el IPC de dos meses atrás. Si bien a priori parecería superadora, el empalme provocará una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, 25 por ciento. La verdadera trampa se encuentra en el empalme es decir en los meses de transición entre una fórmula a otra. Desde abril, el gobierno decidió comenzar a dar aumentos por IPC "a cuenta" del resultado de la próxima fórmula de movilidad vigente en junio.
 
Con la nueva fórmula jubilatoria, Milei sumó resistencias en la oposición dialoguista. Varios legisladores de ese sector se expresaron contra la nueva fórmula de movilidad, que se suponía que discutirían en el Congreso. El Ejecutivo suma contratiempos en la negociación por la nueva ley Bases que el ministro Guillermo Francos buscará recomponer en un encuentro con mandatarios del Norte Grande.
 
La Opinión Popular
 

25-03-2024 / 07:03
Con una movilización histórica, organismos de DDHH reivindicaron la cifra de 30.000 desaparecidos. La marcha del 24M, que congregó a una multitud en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país, al cumplirse 48 años del último golpe cívico militar genocida, se convirtió en la tercera gran manifestación callejera contra el gobierno neoliberal anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. El Presidente fue principal blanco de críticas de los organismos de Derechos Humanos, el peronismo, movimientos sociales y la CGT.
 
Como en la huelga general del 24 de enero, y la movilización del 8M, numerosas columnas de organizaciones y miles de personas auto convocadas se volcaron a las calles para repudiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y reafirmar la consigna del Nunca Más. También ratificaron la cifra de 30 mil personas desaparecidas, número que el gobierno libertario puso en duda. En el documento final de la marcha, que leyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los organismos de derechos humanos reclamaron una ley contra el negacionismo de los crímenes de la dictadura.
 
Junto a esas consignas vinculadas a derechos humanos, la marcha estuvo atravesada por consignas contra las políticas del gobierno libertario y su siniestro plan de ajuste neoliberal. El 24M fue el tercer gran hito callejero contra el gobierno de ultraderecha. "Milei, basura, vos sos la dictadura", "El que no salta votó a Milei", "No se vende, la patria no se vende" y "Fueron 30 mil de verdad", concurrieron los canticos y las consignas que más se repitieron en la Plaza, donde además se colgaron banderas contra Victoria Villarruel, por su cercanía con los represores condenados por lesa humanidad.
 
El peronismo mostró un gran despliegue de movilización. Por Diagonal Sur, los gremios de la CGT y el Movimiento Evita coparon varias cuadras junto a la UTEP y apenas pudieron ingresar a la Plaza. Por Diagonal Norte, y después de caminar 13 kilómetros desde la ex ESMA, La Cámpora llegó pasado el mediodía en una columna encabezada por Máximo Kirchner. En tanto, el gobernador Axel Kicillof llegó junto a su gabinete y los intendentes del conurbano.
 
Fue una gran convocatoria que los medios hegemónicos tratarán de ignorar, y que respondió a la provocación del gobierno, que unió a la CGT, al peronismo, los movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y al movimiento de derechos humanos. La idea de derechos humanos encaja con la idea de justicia social, de país solidario, de trabajo y retribuciones justas, de protección a los niños, a los enfermos y a los ancianos, de hazañas científicas y culturales.
 
No encaja con la justificación de la dictadura, con el intento de que los jubilados crean que ganan poco por culpa de los de la moratoria y que los trabajadores se enfurezcan con los desocupados porque reciben un aporte sin trabajar. No encaja con el país donde los únicos que ganan son los ricos, como procuran las políticas de Milei. Los ricos son "héroes" para Milei y los beneficiarios de sus políticas.
 
Los cientos de miles que desbordaron la Plaza de Mayo, las diagonales y la Avenida de Mayo están enlazados, hermanados, con los miles que se movilizaron en otras ciudades del país, y con los miles y miles que desde sus casas confluyen en la angustia de la pobreza, la amenaza del desempleo y el hambre o la destrucción de comercios y empresas. Hay vías comunicantes por las que fluye una energía que alimenta resistencias, rebeldías y esperanzas.
 
La Opinión Popular


24-03-2024 / 08:03
Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
 
Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: "En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar", escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.
 
Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.
 
El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.
 
Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.
 
Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.
 
Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedaron condenados a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.
 

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