Nacionales - 24-07-2016 / 10:07
PERO EL HECHO MÁS RELEVANTE ES QUE LA JUSTICIA HA PUESTO LÍMITES AL PODER EJECUTIVO
El “tarifazo” significó un costo político de grandes dimensiones para el Gobierno de Macri
El “tarifazo” significó un costo político de grandes dimensiones para el Gobierno. Pero el hecho más relevante es que la Justicia ha puesto límites al Poder Ejecutivo.
La protesta contra el aumento de tarifas que tuvo lugar el 14 de julio muestra que el Gobierno ha comenzado a perder apoyo en su propia base electoral. La segunda vuelta de la elección presidencial puso en evidencia un país dividido políticamente en dos mitades -la diferencia fue de sólo 2,6- pero también en términos sociales.
Resulta claro que la mitad que votó por Macri era de clase media y alta y la mitad que lo hizo por Scioli, de clase media baja y baja. Durante el primer cuatrimestre, los costos del sinceramiento económico recayeron más sobre los votantes de Scioli, siendo la inflación la causa más relevante de ello.
En cambio en el tercer bimestre (mayo y junio), con el aumento de tarifas, el costo se concentró más en los votantes de Macri, dado que en los sectores de menores ingresos se pagan menos tarifas o no se pagan. (Un informe oficial da cuenta de que en el Gran Buenos Aires no tiene agua de red 47% y 77% todavía no tiene cloacas).
La protesta contra el aumento de tarifas se realizó cuando Macri cumple siete meses en el gobierno. No es una expresión de malestar tan relevante si se tiene en cuenta que la inflación de los últimos doce meses es 42% y el país lleva tres trimestres seguidos en recesión.
Pero es relevante, por tener lugar en el inicio de un gobierno, cuando la disposición y tolerancia de la sociedad siempre es mayor. En la protesta convergieron la militancia de los partidos de izquierda y el kirchnerismo, con clase media "enojada" espontánea.
Protesta contra las tarifas, ¿nuevo punto de inflexión?
Si bien el malestar por el ajuste de tarifas es inevitable, el Gobierno no previó el efecto del aumento justo cuando se inicia el invierno. Es que si en promedio pretendía multiplicar la tarifa por cinco, al aumentar drásticamente el consumo entre abril y junio, cuando el frío además fue mayor que en años anteriores, las boletas registraron incrementos de diez, quince o veinte veces respecto de la anterior.
Hay usuarios que muestran así boletas entre abril y junio que tienen este tipo de aumentos, sin que se asuma -tampoco el gobierno dio una explicación clara y contundente al respecto- la suba del consumo como causa. La oposición "dura" (kirchnerismo e izquierda) ha encontrado así la debilidad del Gobierno sobre la cual articular la acción opositora. Por su parte, la oposición dialoguista toma distancia del aumento tarifario para no compartir el costo político que ha generado.
La imitación del Presidente que hizo Tinelli en su programa la segunda semana de julio, a raíz de su frase poco feliz respecto de que no había que estar con poca ropa en las casas para así ahorrar consumo de energía, mostró los efectos "imponderables" que tiene la política, ya que el conductor denunció haber sido víctima de un ataque anónimo mediante las redes sociales desde la oficina que maneja las redes sociales dependiente de la Presidencia, lo que fue negado.
Pero más relevante que el costo político del "tarifazo" es que la Justicia ha puesto un límite al poder del Ejecutivo, tras un semestre en el cual tuvo amplias mayorías en el Congreso. Primero, un juez de La Plata suspendió el aumento de tarifas; después, la Cámara Federal de esta ciudad -en la que dos de sus tres integrantes estarían más cerca del kirchnerismo que del oficialismo- lo confirmó y ambas instancias, en nuevas resoluciones, dijeron que no debía pagarse el aumento.
Que el gobierno no haya convocado a audiencias no vinculantes antes de aumentar las tarifas -como establece la ley- es uno de los argumentos esgrimidos para esta decisión judicial. La Corte Suprema, por su parte, ha buscado -en agosto se incorpora el segundo de los integrantes propuestos por el actual gobierno- ganar tiempo, avalando el limite de 400% para usuarios y 500% para comercios establecido ahora por el gobierno, pero sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo.
La Justicia ha emergido así como un límite imprevisto para el poder del gobierno de Cambiemos, que viene mostrándose muy eficaz para manejar el Congreso aunque está en marcada minoría en ambas cámaras. El riesgo ahora es que el Senado emita un pronunciamiento contra el aumento tarifario, algo en lo cual trabajan legisladores peronistas de las diferentes fracciones. La respuesta política del Gobierno ha sido reforzar la comunicación "informal" de Macri y lanzar un "timbreado" casa por casa en La Matanza, encabezado por la gobernadora (Vidal) y el jefe de Gabinete (Peña) y decir a los usuarios que por ahora no paguen el aumento.
Al mismo tiempo, el avance de las causas de corrupción sigue afectando al kirchnerismo y arrojando más ventajas que desventajas para el oficialismo. Tanto una legisladora ultra-k (Conti) como otra que se ha caracterizado por impulsar las causas de corrupción contra el kirchnerismo (Ocaña) han coincidido la semana pasada en que la ex presidenta puede ir presa.
El hallazgo de varios millones de dólares en dos cajas de seguridad de su hija (Florencia) tomadas el mismo día que el juez Bonadio citó a su madre, acentúan el impacto mediático de la llamada "ruta del dinero K" y, al mismo tiempo, han llevado a la Justicia a inhibirla en el manejo de sus bienes, como ya ha sucedido con Cristina Kirchner.
El ex ministro De Vido ha tenido el tercer procesamiento en menos de un mes y el fiscal Delgado ha dicho que en un mes elevará a juicio la causa que investiga contra el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo (López). Pero, al mismo tiempo, es el mismo fiscal que investiga la vinculación del Presidente con los Panama Papers, y ha dicho que hay inconsistencias en las dos declaraciones de bienes que realizara el año pasado como jefe de Gobierno y candidato presidencial simultáneamente, y el Procelac -la oficina del gobierno que investiga el lavado- ha pedido que se investiguen estas declaraciones.
En conclusión: la protesta contra el aumento de tarifas muestra que el Gobierno ha comenzado a perder apoyo en su propia base electoral, que es la clase media; este aumento mostró limitaciones del Gobierno al no prever el efecto de hacerlo justo cuando se inicia el frío y no advertir determinados pasos jurídicos previos que eran necesarios; la Justicia ha emergido como el límite al poder de Macri, que encuentra una Corte Suprema con intención de evitar una crisis pero al mismo tiempo reacia a pagar el costo de aparecer imponiendo el "tarifazo".
Y el avance de las causas de corrupción contra el kirchnerismo favorece políticamente al oficialismo, que en mucha menor medida comienza a tener algunos problemas en este ámbito.
Por Rosendo Fraga - Analista político
Fuente: Los Andes