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Entre Ríos - 30-06-2016 / 12:06
DIJO QUE “ES UNA NECESIDAD INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA”

Julio Rodríguez Signes admitió que “se requiere un debate sobre el funcionamiento de los organismos de control”

Julio Rodríguez Signes admitió que “se requiere un debate sobre el funcionamiento de los organismos de control”
Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes. Foto: Blas García para La Opinión Popular (Permitida su reproducción citando la fuente)
 
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, admitió las debilidades existentes en el funcionamiento de los organismos de control de la provincia como el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General y la Oficina Anticorrupción.
 
Sostuvo que "hay cosas urgentes que hay que hacer y otras que requieren modificaciones legislativas y pueden llevar más tiempo" y en tal sentido se refirió a los diversos proyectos de ley que se analizan en la Legislatura.
 
Aseguró que "hoy se requiere un debate sobre el funcionamiento de los organismos de control" porque "es una necesidad institucional de la provincia".
 
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Rodríguez Signes aceptó que "hay cosas que hay que hacer urgente, y otras que requieren algunas modificaciones legislativas que pueden llevar más tiempo". Al respecto, explicó que "el Tribunal de Cuentas requiere ya la designación de un Presidente, pero según la legislación el presidente debe ser abogado y los dos vocales que están ahora son contadores, con lo cual ahí hay un problema de integración".
 
A ello se agrega que "la ley vigente dice que lo reemplaza un vocal del STJ pero ya el Tribunal adelantó que no lo va a hacer porque las apelaciones del Tribunal de Cuentas se sustancian a través del STJ", explicitó el funcionario.
 
Para solucionar la situación, indicó que "se requiere una ley y hay dos caminos: uno como pidió la diputada (Rosario) Romero que es la designación provisoria de un presidente, por seis meses, hasta la realización del concurso; y el otro es modificar la ley y que en vez de que subrogue un vocal del STJ lo haga un juez de la Cámara Contencioso Administrativa".
 
Ahondó que en el Tribunal de Cuentas "además de la designación de un presidente -regularmente designado- se necesita que se regule el juicio de cuentas porque hoy tiene muchos flancos constitucionales". "Hoy que estamos frente al auge del sistema acusatorio para todas las áreas del derecho, también debe ser así dentro del Tribunal de Cuentas, cosa que no sucede porque tiene una estructura de más de 30 años que no permite que el juicio de cuenta se haga con todas las garantías judiciales que se exigen", añadió.
 
Sobre la situación de la Contaduría General, opinó que "está normalizada" y que "es uno de los organismos de más importancia porque todos los movimientos económicos de salida de fondos de la administración pública deben estar autorizados previamente por ese organismo".
 
En cuanto a la Oficina Anticorrupción también admitió que "tiene un problema porque la Constitución de 2008 la pasa al Ministerio Público Fiscal, en la forma de una Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y en ese marco puede decirse que funciona hoy la Oficina de Investigación de Delitos contra la Administración Pública".
 
Coincidió en que "hoy se requiere un debate sobre el funcionamiento de los organismos de control" y aclaró el motivo de su parecer: "No es que me sume a lo que pasa a nivel nacional sino porque debe ser".
 
En el caso de la Fiscalía asevró que "también requiere algunas adecuaciones porque la Constitución de 2008 le otorgó autonomía y rango constitucional, y en la provincia no existe una norma de procedimiento administrativo que obligue a que los actos administrativos tengan un dictamen jurídico previo y eso requiere una solución, requiere que haya un cuerpo de abogados del Estado".
 
Destacó el fiscal que "la diputada Rosario Romero presentó varios proyectos" en relación con estas temáticas por lo que opinó que "el debate sobre responsabilidades y sistema de control está". Y con insistencia reiteró la aclaración: "No es que me sumé a la corriente nacional que hoy habla de estos temas, sino que es una necesidad institucional de la provincia de Entre Ríos".
 
Asimismo, adelantó que existe "un dictamen de la Ley de Ética Pública que postula al creación de un organismo más anticorrupción para controlar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos" e informó que este miércoles mantuvo una reunión con el presidente del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Juan José Bahillo, y "habría un consenso para sancionar una ley".
 
Consideró que "existe un concepto político equivocado" y sostuvo que "el tema es convencernos de que el Presupuesto de la provincia -que son 50 mil millones aproximadamente- y el Presupuesto de la Nación - de un billón y medio de pesos- está formado por la contribución de cada ciudadano del país, a través de los impuestos, y de esa forma hay que tratarlo siendo lo más regulares y transparentes posibles". "Para eso existen los sistemas de control para que esa ejecución presupuestaria se haga regularmente y sin ninguna duda de que no debe haber sistemas de corrupción instalados adentro", analizó.
 
Sobre el proyecto relacionado a la Oficina Anticorrupción, detalló que ese organismo "no tiene acción en los delitos contra la administración pública, es depositaria de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos" y especificó que "el gran cambio del proyecto de Ley de Ética Pública respecto a lo que está hoy en vigencia es el carácter público de las declaraciones juradas. Hoy existen y hay obligación de presentarlas ante la Contaduría General de la Provincia, pero el proyecto de ley dispone que sean -en parte- púbicas y la oficina encargada de resguardarlas y administrarlas es la Oficina Anticorrupción".
 
Fuente: Análisis Digital
 
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