Nacionales - 05-09-2015 / 11:09
VIGILANCIA PROHIBIDA CONTRA OPOSITORES
Desde un grupo de tareas ultra K, realizan espionaje interno ilegal a una ONG
La fiscal ultra kirchnerista Cristina Caamaño montó una fuerza de tareas con empleados de la Procuración y buchones de La Cámpora para espiar ilegalmente a opositores.
Una denuncia penal que el lunes a primera hora llegará a los tribunales federales asegura que la encargada de las escuchas judiciales, Cristina Caamaño, habría ordenado seguir, pinchar llamadas e intervenir mensajes de varios dirigentes de la organización antimafia La Alameda.
"La información recibida hace ya unos días y debidamente analizada y validada, indica que el mentado organismo conducido por la Dra. Cristina Caamaño País, no solo dirige las escuchas legales judiciales, sino que también conduce la totalidad o buena parte de las escuchas ilegales realizada por el Gobierno Nacional", dice en la denuncia el titular de La Alameda, el diputado porteño Gustavo Vera.
"Poseo información, que aportará el testigo, referente a que existiría un memo interno sin firma pero con membrete oficial de la Procuraduría, donde hacía especial hincapié en el espionaje de los celulares, mail, mensajes y whatsapp de "los alamedenses" (sic según mi fuente). Es más, pude confirmar que se vertían los nombres y apellidos de mi persona, los dos letrados de la Fundación Alameda, Mario Fernando Ganora y Carlos Beizhun, y otros miembros de la Fundación, y mis asesores en la Legislatura porteña, Lucas Enrique Schaerer y Facundo Carlos Antonio Lugo", detalla el legislador.
"El memo del espionaje circuló el día 12 de agosto del corriente año, el mismo día que regresaba de una estadía en el Vaticano". Vera afirma que en la sede de la Procuraduría, en Avenida de Mayo 760, habría "varias oficinas, aparentemente ubicadas en los pisos primero y segundo", que funcionarían como "áreas absolutamente restringidas" desde las cuales se trabajaría en el espionaje ilegal.
Ese inmueble sería una "cueva" desde donde se concretaría "toda la operatoria ilegal con las consabidas escuchas y espionajes, y habría allí buena parte del hardware millonario".
"La fuerza de tareas de Caamaño, de reciente formación, está integrada por empleados y funcionarios K de la Procuración, y fue 'fortificada' con militantes de la agrupación La Campora. Asimismo el espionaje político ilegal cuenta con un célula de cinco hackers y un grupo operativo de rompe puertas, que se dedican al seguimiento de los miembros de la Alameda", asegura la denuncia.
La Opinión Popular
Más espionaje interno, y en manos ultra K
El traumático divorcio del Gobierno con su espía favorito, el oscuro ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio "Jaime" Stiuso, obligó a Cristina a cambiar algunas cosas en la ex SIDE, para poder argumentar que con Jaime se irían para siempre las prácticas ilegales que por supuesto eran ordenadas desde Balcarce 50.
Ese lavado en el Jordán de la transparencia borró hasta el nombre del viejo organismo -ahora llamado Agencia Federal de Inteligencia- y mudó la estratégica oficina que hacía las escuchas telefónicas a la órbita de la procuradora Alejandra Gils Carbó, una ferviente militante kirchnerista.
Ella nombró al frente de la DIRCOM -nuevo nombre de la vieja Ojota, dirección de Observaciones Judiciales- a otra gladiadora del modelo K: la fiscal Cristina Caamaño.
La funcionaria prometió transparentar las escuchas, desempañar el funcionamiento de la oficina que las realiza y evitar los trapicheos habituales para que las conversaciones privadas caigan en manos de cualquiera.
El compromiso es necesario y bienvenido. Pero la puntillosa denuncia que el lunes llegará a Tribunales barre con ese castillo de cristal. El supuesto seguimiento de los dirigentes de La Alameda y la posible existencia de un equipo de inteligencia ilegal encargado del trabajo sucio vuelve irrelevante lo que se haga y se muestre en la superficie.
El contexto tampoco ayuda: desde Esquel llegan noticias de espionaje a vecinos y militantes sociales, realizado por alguna de las fuerzas federales en las que trabajan más de 5000 personas. En el mercado negro, un día de escucha telefónica aún se paga hasta 50.000 pesos.
Por Claudio Savoia. Autor de "Espiados"
Fuente: Clarín