06:36 | Jueves 25 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Nacionales - 31-08-2015 / 11:08
LA OPOSICIÓN PEDIRÁ HOY LA NULIDAD ABSOLUTA DE LOS COMICIOS
En Tucumán siguen las marchas contra el fraude e insisten con volver a votar
El candidato a gobernador de Tucumán por el opositor Acuerdo por el Bicentenario, José Cano, afirmó este lunes que se modificaron los resultados de los comicios en el Correo según los testimonios de dos empleados de la empresa postal que afirmaron ante escribano público que hubo "estrategias y anormalidades" para favorecer al candidato oficialista Juan Manzur. Desde el kirchnerismo, el equipo del ex precandidato a la gobernación de Buenos Aires que cayera ante Aníbal Fernández, Julián Domínguez, coincidió en que el Correo influyó en las primarias provinciales del 9 de agosto.
En Tucumán, la séptima marcha contra el fraude le da aire al pedido formal de declarar nula la elección. Una nueva manifestación se llevó a cabo anoche en la Plaza Independencia, en reclamo de transparencia en la elección de autoridades provinciales, tras las escandalosas irregularidades de los comicios del domingo pasado.
Más temprano, el candidato a vicegobernador de Tucumán por el Acuerdo por el Bicentenario, el peronista disidente Domingo Amaya, aseguró que su espacio presentará el pedido de "nulidad absoluta de los comicios" del 23 de agosto y recordó que hay "una denuncia penal al Correo por fraude informático".
Además, denunció: "la Junta Electoral es parte del fraude y no vamos a aceptar de ninguna manera lo que diga y menos con los testimonios que estamos recogiendo". "El acto eleccionario tiene que tener una nulidad absoluta y estamos trabajando con los abogados las denuncias penales", añadió el intendente de San Miguel de Tucumán.
Al enumerar la cantidad de transgresiones que registraron en el monitoreo de los votos, destacó: "Yo creo que todas las urnas han llegado abiertas. La adulteración de padrones es otro delito. Aquí está comprobado el fraude. La quema de urnas es otro delito".
En Los Pérez, a 50 kilómetros de San Miguel de Tucumán votaron 342 personas, pero en el pueblo hay 190 habitantes. Se investiga el voto de gente de otras localidades e inclusive de Santiago del Estero. También se investiga el sospechoso cambio de domicilio de 390 personas en la localidad de Burruyacu. "Esto no es democracia. Acá en Tucumán se perdió el sentido de la República, del federalismo", concluyó Amaya.
A su vez, el candidato opositor, José Cano, aseguró que realizó una denuncia penal "contra las autoridades del Correo Argentino porque hemos acreditado una maniobra abierta, sistemática, de que la duplicación de planillas y los cambios de datos siempre han ido en detrimento" de la fórmula que encabezó. Es decir, a favor del candidato oficialista Juan Manzur.
En ese sentido, adelantó que tienen el testimonio de dos empleados del Correo que habrían reconocido las maniobras. "Ayer hemos tenido ante escribano público el testimonio de dos funcionarios del Correo que han manifestado una serie de estrategias y anormalidades y de planificación para modificar los resultados", aseveró Cano.
Por su parte, el fiscal general de Tucumán, Gustavo Gómez, aseguró ayer que "están dadas las condiciones" para que "se declare el fraude electoral" y se anulen las elecciones provinciales del pasado domingo e indicó que los eventuales nuevos comicios "podrían hacerse junto con las presidenciales de octubre".
El fiscal recordó que la actual Junta Electoral Provincial (JEP) "está integrada por dos de tres miembros", por lo que resaltó que "todo el acto electoral estuvo signado por la irregularidad de no tener un integrante en la JEP que resulta crucial en los casos de empate".
La Opinión Popular
Más temprano, el candidato a vicegobernador de Tucumán por el Acuerdo por el Bicentenario, el peronista disidente Domingo Amaya, aseguró que su espacio presentará el pedido de "nulidad absoluta de los comicios" del 23 de agosto y recordó que hay "una denuncia penal al Correo por fraude informático".
Además, denunció: "la Junta Electoral es parte del fraude y no vamos a aceptar de ninguna manera lo que diga y menos con los testimonios que estamos recogiendo". "El acto eleccionario tiene que tener una nulidad absoluta y estamos trabajando con los abogados las denuncias penales", añadió el intendente de San Miguel de Tucumán.
Al enumerar la cantidad de transgresiones que registraron en el monitoreo de los votos, destacó: "Yo creo que todas las urnas han llegado abiertas. La adulteración de padrones es otro delito. Aquí está comprobado el fraude. La quema de urnas es otro delito".
En Los Pérez, a 50 kilómetros de San Miguel de Tucumán votaron 342 personas, pero en el pueblo hay 190 habitantes. Se investiga el voto de gente de otras localidades e inclusive de Santiago del Estero. También se investiga el sospechoso cambio de domicilio de 390 personas en la localidad de Burruyacu. "Esto no es democracia. Acá en Tucumán se perdió el sentido de la República, del federalismo", concluyó Amaya.
A su vez, el candidato opositor, José Cano, aseguró que realizó una denuncia penal "contra las autoridades del Correo Argentino porque hemos acreditado una maniobra abierta, sistemática, de que la duplicación de planillas y los cambios de datos siempre han ido en detrimento" de la fórmula que encabezó. Es decir, a favor del candidato oficialista Juan Manzur.
En ese sentido, adelantó que tienen el testimonio de dos empleados del Correo que habrían reconocido las maniobras. "Ayer hemos tenido ante escribano público el testimonio de dos funcionarios del Correo que han manifestado una serie de estrategias y anormalidades y de planificación para modificar los resultados", aseveró Cano.
Por su parte, el fiscal general de Tucumán, Gustavo Gómez, aseguró ayer que "están dadas las condiciones" para que "se declare el fraude electoral" y se anulen las elecciones provinciales del pasado domingo e indicó que los eventuales nuevos comicios "podrían hacerse junto con las presidenciales de octubre".
El fiscal recordó que la actual Junta Electoral Provincial (JEP) "está integrada por dos de tres miembros", por lo que resaltó que "todo el acto electoral estuvo signado por la irregularidad de no tener un integrante en la JEP que resulta crucial en los casos de empate".
La Opinión Popular
EL ESCENARIO
No es Tucumán: es todo el sistema
No hay cosa más difícil de percibir que lo obvio. Fue necesario el grotesco tucumano para que se advirtieran las inquietantes patologías del régimen electoral. Basada en las irregularidades ocurridas bajo el régimen de José Alperovich, la oposición reclama que se anulen los comicios.
Esas anomalías son un capítulo de un problema más amplio y complejo: la crisis de representación que afecta a la política argentina. El impacto de este descubrimiento motivó respuestas inadecuadas. El oficialismo contestó con indolencia. Y la oposición propuso soluciones que demuestran un llamativo desconocimiento de un problema complejo, para el que no hay remedios de corto plazo.
Lo único inmediato son las consecuencias políticas del fraude. Scioli sigue siendo el más perjudicado. El desaguisado de Tucumán lo distancia del electorado juvenil, donde el kirchnerismo juega con ventaja.
Y las manipulaciones del voto bonaerense durante las primarias dañaron un vínculo que para él es estratégico: despertó la preocupación de la Iglesia Católica y, sobre todo, del papa Francisco. Desencantado de las novedades que le llegan desde su país, el Pontífice podría postergar el viaje que tenía previsto para la segunda mitad del año próximo.
Es lo que presumen figuras relevantes de la Conferencia Episcopal.
El debate sobre el modo de votar está minado por una confusión entre el sistema de votación y el sistema electoral. Son niveles distintos y en ambos aparecen deformaciones relevantes.
Alrededor del sistema de votación se está formando un mito: la presunción de que existe una receta que garantiza, para usar una denominación del siglo XIX, "la pureza del sufragio". Se supone que la urna electrónica evita las trampas.
Sin embargo, Alemania la adoptó en 2005, pero la declaró inconstitucional en 2009, porque el control de los procedimientos queda reducido a especialistas. Holanda volvió a las papeletas tradicionales en 2008. Irlanda había adoptado esa tecnología en 2002 y se deshizo de ella en 2012.
En Venezuela hay voto electrónico, pero la oposición denunció que el triunfo de Nicolás Maduro, en 2013, fue manipulado. En Brasil no existen objeciones, pero el centro de cómputos del Tribunal Electoral rechaza alrededor de 500 hackeos diarios.
En la Argentina acaba de ocurrir una paradoja. La ciudad de Buenos Aires inauguró la urna electrónica, que es, en realidad, una impresora de lujo. La empresa que la proveyó, al cabo de un procedimiento plagado de objeciones, tiene un nombre presumido: Magic Software.
Es la misma que presta servicios en Salta, donde el frente Romero-Olmedo, que integra el Pro de Mauricio Macri, pidió la inconstitucionalidad de la nueva tecnología porque no admite que sea auditado el "código fuente". Son las instrucciones del programador a la máquina de votar.
La fiscalía admitió el planteo, los tribunales locales lo rechazaron y hoy el caso está en la Corte Suprema. Detrás de la discusión tecnológica influye, además, el lobby de estas empresas. Es una de las razones por las que a menudo no se aconseja lo que parecería natural: votar por Internet, como empieza a suceder en la India, por ejemplo.
La papeleta única también plantea contradicciones. El método consiste en que cada votante recibe un formulario con todos los competidores de cada categoría y debe marcar al que prefiere. Así se elimina el robo de boletas. Pero se facilitan otras adulteraciones. Por ejemplo, que a escondidas un fiscal anule un sufragio agregándole cruces. Fue el argumento más frecuente del macrismo para denunciar fraude en Santa Fe.
Hay ardides que no tienen que ver con el modo de votar, sino con la organización de la elección. El Correo, presidido por Juan Claudio Tristán, está en el centro de las sospechas. No sólo porque haya militantes del kirchnerismo que en Tucumán alteraron el escrutinio provisorio. En la provincia de Buenos Aires se detectó que la empresa no repartió infinidad de telegramas para convocar a los presidentes de mesa.
De ese modo, las autoridades que abren la escuela eligen a un fiscal, que suele ser oficialista, para que encabece la tarea. Además, el equipo de campaña de Julián Domínguez tiene constancias de que el Correo no repartió su boleta en innumerables mesas del conurbano. La alarma se encendió cuando la elección ya estaba jugada.
Quien comunicó a Domínguez la mala noticia fue su vice, Fernando Espinoza: "Julián, nos robaron entre el 7 y el 10% de la elección". El culpable, según ellos, fue Aníbal Fernández, que ejerce influencia sobre la empresa, sobre todo a través de los directivos de La Cámpora. Macri conoce estos riesgos: su padre fue propietario del Correo.
Junto con esta empresa del Estado, en las elecciones interviene el Ministerio del Interior, que confecciona los documentos de identidad. Este predominio del partido de gobierno sobre las demás fuerzas está acentuado por la reticencia de los magistrados a sancionar el uso de recursos públicos para conseguir votos.
En la Argentina no es habitual que se penalice, como sucede en Brasil, a los gobernantes que utilizan vehículos oficiales para el proselitismo. Tampoco hay una línea divisoria entre la difusión de los actos administrativos y la propaganda. No es la única conexión entre fraude y corrupción. Cuando la política es la base para acumular fortunas incalculables, como sucede a menudo en el país, la competencia por el poder se vuelve más violenta. El que pierde, pierde mucho más que un cargo.
La Cámara Nacional Electoral se propone acotar algunos de estos daños. El martes de la semana que viene recibirá a organizaciones civiles interesadas en la calidad de los comicios. Después habrá un encuentro con los partidos. Entre las salidas que podrían ofrecer los camaristas está reforzar el control judicial en el Correo y en las escuelas. Y establecer una papeleta única complementaria, no prevista por la ley, para neutralizar el robo de boletas.
VULNERABILIDADES
La organización de las elecciones está amenazada también por el manejo del calendario. En Brasil y México los comicios estaduales y nacionales son simultáneos. En cambio, la Argentina, que es la otra gran democracia federal de América latina, acostumbra desde 1991 a desdoblarlos.
Por eso las elecciones provinciales son controladas por tribunales que casi siempre dependen del gobernador. Igual que la seguridad, confiada a la policía local. Un homenaje al federalismo que no se verifica en otros campos. Como se puede advertir, hay vulnerabilidades que no se eliminan con el voto electrónico o la boleta única.
Hay perturbaciones de otra naturaleza. No radican en el sistema de votación. Pertenecen al sistema electoral. Es decir, no tienen que ver con las prácticas, sino con las reglas que regulan la selección de representantes.
En Tucumán hay una deformación escandalosa: el acople. También aparece en La Rioja. La legislación ha estimulado la proliferación infinita de partidos que cuelgan sus listas de legisladores e intendentes debajo de la boleta de los candidatos principales.
Así, en algunas localidades, para sólo 12 concejalías competían 1300 candidatos. El oficialismo se beneficia con ese sistema porque es el único que puede financiarlo. Con fondos públicos, desde luego.
La ley de lemas es otra vía para desfigurar la voluntad del votante, de tal modo que un determinado partido siga en ejercicio del poder. Se aplica en Santa Cruz, donde quienes votan a los candidatos de Daniel Peralta, que es un antikirchnerista furibundo, terminan facilitando la llegada al poder de Alicia Kirchner. O viceversa. El mismo régimen se aplica en Misiones y en Formosa.
Las primarias también merecen innumerables objeciones, sobre todo porque determinan una intervención exagerada del Estado en la vida de los partidos. Pero nadie ha llevado el problema a la Justicia.
Las prácticas fraudulentas y las regulaciones distorsivas fueron advertidas por los opositores cuando el juego ya había comenzado. Macri descubrió tarde el valor estratégico de contar con una organización territorial.
La lección tucumana obliga a Pro a formularse algunas preguntas. ¿Se puede confiar en los adorables voluntarios reclutados por Facebook para enfrentar al implacable peronismo? En el equipo de campaña de Macri admiten: "Llegó el momento de la política". ¿Y hasta ahora a qué estaban dedicados? ¿A las artes circenses?
Scioli, sin embargo, paga el mayor costo. El kirchnerismo predomina entre los menores de 45 años, que son los más escandalizados por las malversaciones que afloraron en Tucumán. Pero, además, el fraude tuvo consecuencias que el candidato no previó.
El Episcopado no sólo está desencantado de la presencia de Carlos Zannini en la fórmula presidencial. La candidatura bonaerense de Aníbal Fernández también activó una alarma. El jefe de Gabinete ha comenzado a pedir reuniones con sacerdotes emblemáticos para conjurar ese malestar, que asciende hasta a Jorge Bergoglio. En especial por la sospechosa derrota de Domínguez, que mantuvo siempre un vínculo amistoso con el Papa.
El malhumor de Francisco con la política argentina podría tener consecuencias protocolares. La visita prevista para la segunda mitad del año que viene tal vez vuelva a postergarse. Scioli tuvo un anticipo del giro. Nadie puede asegurar que, cuando viajó a Roma, quiso ver al primer ministro Matteo Renzi o a esos misteriosos inversores que no estaban en la playa.
Pero hay fuentes eclesiásticas que afirman que, en secreto, trató de ver al Papa. Scioli lo niega. Menos mal. Porque si hubiera hecho el intento, tal vez no lo habrían recibido. El cambio climático, que tanto lo desvela, llegó también al Vaticano.
Por Carlos Pagni
Fuente: LA NACION
No es Tucumán: es todo el sistema
No hay cosa más difícil de percibir que lo obvio. Fue necesario el grotesco tucumano para que se advirtieran las inquietantes patologías del régimen electoral. Basada en las irregularidades ocurridas bajo el régimen de José Alperovich, la oposición reclama que se anulen los comicios.
Esas anomalías son un capítulo de un problema más amplio y complejo: la crisis de representación que afecta a la política argentina. El impacto de este descubrimiento motivó respuestas inadecuadas. El oficialismo contestó con indolencia. Y la oposición propuso soluciones que demuestran un llamativo desconocimiento de un problema complejo, para el que no hay remedios de corto plazo.
Lo único inmediato son las consecuencias políticas del fraude. Scioli sigue siendo el más perjudicado. El desaguisado de Tucumán lo distancia del electorado juvenil, donde el kirchnerismo juega con ventaja.
Y las manipulaciones del voto bonaerense durante las primarias dañaron un vínculo que para él es estratégico: despertó la preocupación de la Iglesia Católica y, sobre todo, del papa Francisco. Desencantado de las novedades que le llegan desde su país, el Pontífice podría postergar el viaje que tenía previsto para la segunda mitad del año próximo.
Es lo que presumen figuras relevantes de la Conferencia Episcopal.
El debate sobre el modo de votar está minado por una confusión entre el sistema de votación y el sistema electoral. Son niveles distintos y en ambos aparecen deformaciones relevantes.
Alrededor del sistema de votación se está formando un mito: la presunción de que existe una receta que garantiza, para usar una denominación del siglo XIX, "la pureza del sufragio". Se supone que la urna electrónica evita las trampas.
Sin embargo, Alemania la adoptó en 2005, pero la declaró inconstitucional en 2009, porque el control de los procedimientos queda reducido a especialistas. Holanda volvió a las papeletas tradicionales en 2008. Irlanda había adoptado esa tecnología en 2002 y se deshizo de ella en 2012.
En Venezuela hay voto electrónico, pero la oposición denunció que el triunfo de Nicolás Maduro, en 2013, fue manipulado. En Brasil no existen objeciones, pero el centro de cómputos del Tribunal Electoral rechaza alrededor de 500 hackeos diarios.
En la Argentina acaba de ocurrir una paradoja. La ciudad de Buenos Aires inauguró la urna electrónica, que es, en realidad, una impresora de lujo. La empresa que la proveyó, al cabo de un procedimiento plagado de objeciones, tiene un nombre presumido: Magic Software.
Es la misma que presta servicios en Salta, donde el frente Romero-Olmedo, que integra el Pro de Mauricio Macri, pidió la inconstitucionalidad de la nueva tecnología porque no admite que sea auditado el "código fuente". Son las instrucciones del programador a la máquina de votar.
La fiscalía admitió el planteo, los tribunales locales lo rechazaron y hoy el caso está en la Corte Suprema. Detrás de la discusión tecnológica influye, además, el lobby de estas empresas. Es una de las razones por las que a menudo no se aconseja lo que parecería natural: votar por Internet, como empieza a suceder en la India, por ejemplo.
La papeleta única también plantea contradicciones. El método consiste en que cada votante recibe un formulario con todos los competidores de cada categoría y debe marcar al que prefiere. Así se elimina el robo de boletas. Pero se facilitan otras adulteraciones. Por ejemplo, que a escondidas un fiscal anule un sufragio agregándole cruces. Fue el argumento más frecuente del macrismo para denunciar fraude en Santa Fe.
Hay ardides que no tienen que ver con el modo de votar, sino con la organización de la elección. El Correo, presidido por Juan Claudio Tristán, está en el centro de las sospechas. No sólo porque haya militantes del kirchnerismo que en Tucumán alteraron el escrutinio provisorio. En la provincia de Buenos Aires se detectó que la empresa no repartió infinidad de telegramas para convocar a los presidentes de mesa.
De ese modo, las autoridades que abren la escuela eligen a un fiscal, que suele ser oficialista, para que encabece la tarea. Además, el equipo de campaña de Julián Domínguez tiene constancias de que el Correo no repartió su boleta en innumerables mesas del conurbano. La alarma se encendió cuando la elección ya estaba jugada.
Quien comunicó a Domínguez la mala noticia fue su vice, Fernando Espinoza: "Julián, nos robaron entre el 7 y el 10% de la elección". El culpable, según ellos, fue Aníbal Fernández, que ejerce influencia sobre la empresa, sobre todo a través de los directivos de La Cámpora. Macri conoce estos riesgos: su padre fue propietario del Correo.
Junto con esta empresa del Estado, en las elecciones interviene el Ministerio del Interior, que confecciona los documentos de identidad. Este predominio del partido de gobierno sobre las demás fuerzas está acentuado por la reticencia de los magistrados a sancionar el uso de recursos públicos para conseguir votos.
En la Argentina no es habitual que se penalice, como sucede en Brasil, a los gobernantes que utilizan vehículos oficiales para el proselitismo. Tampoco hay una línea divisoria entre la difusión de los actos administrativos y la propaganda. No es la única conexión entre fraude y corrupción. Cuando la política es la base para acumular fortunas incalculables, como sucede a menudo en el país, la competencia por el poder se vuelve más violenta. El que pierde, pierde mucho más que un cargo.
La Cámara Nacional Electoral se propone acotar algunos de estos daños. El martes de la semana que viene recibirá a organizaciones civiles interesadas en la calidad de los comicios. Después habrá un encuentro con los partidos. Entre las salidas que podrían ofrecer los camaristas está reforzar el control judicial en el Correo y en las escuelas. Y establecer una papeleta única complementaria, no prevista por la ley, para neutralizar el robo de boletas.
VULNERABILIDADES
La organización de las elecciones está amenazada también por el manejo del calendario. En Brasil y México los comicios estaduales y nacionales son simultáneos. En cambio, la Argentina, que es la otra gran democracia federal de América latina, acostumbra desde 1991 a desdoblarlos.
Por eso las elecciones provinciales son controladas por tribunales que casi siempre dependen del gobernador. Igual que la seguridad, confiada a la policía local. Un homenaje al federalismo que no se verifica en otros campos. Como se puede advertir, hay vulnerabilidades que no se eliminan con el voto electrónico o la boleta única.
Hay perturbaciones de otra naturaleza. No radican en el sistema de votación. Pertenecen al sistema electoral. Es decir, no tienen que ver con las prácticas, sino con las reglas que regulan la selección de representantes.
En Tucumán hay una deformación escandalosa: el acople. También aparece en La Rioja. La legislación ha estimulado la proliferación infinita de partidos que cuelgan sus listas de legisladores e intendentes debajo de la boleta de los candidatos principales.
Así, en algunas localidades, para sólo 12 concejalías competían 1300 candidatos. El oficialismo se beneficia con ese sistema porque es el único que puede financiarlo. Con fondos públicos, desde luego.
La ley de lemas es otra vía para desfigurar la voluntad del votante, de tal modo que un determinado partido siga en ejercicio del poder. Se aplica en Santa Cruz, donde quienes votan a los candidatos de Daniel Peralta, que es un antikirchnerista furibundo, terminan facilitando la llegada al poder de Alicia Kirchner. O viceversa. El mismo régimen se aplica en Misiones y en Formosa.
Las primarias también merecen innumerables objeciones, sobre todo porque determinan una intervención exagerada del Estado en la vida de los partidos. Pero nadie ha llevado el problema a la Justicia.
Las prácticas fraudulentas y las regulaciones distorsivas fueron advertidas por los opositores cuando el juego ya había comenzado. Macri descubrió tarde el valor estratégico de contar con una organización territorial.
La lección tucumana obliga a Pro a formularse algunas preguntas. ¿Se puede confiar en los adorables voluntarios reclutados por Facebook para enfrentar al implacable peronismo? En el equipo de campaña de Macri admiten: "Llegó el momento de la política". ¿Y hasta ahora a qué estaban dedicados? ¿A las artes circenses?
Scioli, sin embargo, paga el mayor costo. El kirchnerismo predomina entre los menores de 45 años, que son los más escandalizados por las malversaciones que afloraron en Tucumán. Pero, además, el fraude tuvo consecuencias que el candidato no previó.
El Episcopado no sólo está desencantado de la presencia de Carlos Zannini en la fórmula presidencial. La candidatura bonaerense de Aníbal Fernández también activó una alarma. El jefe de Gabinete ha comenzado a pedir reuniones con sacerdotes emblemáticos para conjurar ese malestar, que asciende hasta a Jorge Bergoglio. En especial por la sospechosa derrota de Domínguez, que mantuvo siempre un vínculo amistoso con el Papa.
El malhumor de Francisco con la política argentina podría tener consecuencias protocolares. La visita prevista para la segunda mitad del año que viene tal vez vuelva a postergarse. Scioli tuvo un anticipo del giro. Nadie puede asegurar que, cuando viajó a Roma, quiso ver al primer ministro Matteo Renzi o a esos misteriosos inversores que no estaban en la playa.
Pero hay fuentes eclesiásticas que afirman que, en secreto, trató de ver al Papa. Scioli lo niega. Menos mal. Porque si hubiera hecho el intento, tal vez no lo habrían recibido. El cambio climático, que tanto lo desvela, llegó también al Vaticano.
Por Carlos Pagni
Fuente: LA NACION
No sólo en Tucumán hay objeciones sobre el Correo, que conduce el kirchnerista Juan Claudio Tristán. La semana pasada el equipo de Julián Domínguez dejó trascender su malestar con la oficina postal. Dicen que detectaron que la empresa no repartió sus boletas en varias mesas del Conurbano bonaerense, lo que terminó volcando la reñida interna kirchnerista del 9 de agosto a favor de Aníbal Fernández.
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