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“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
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Nacionales - 26-07-2015 / 11:07

La campaña electoral y el despilfarro K del gasto público

La campaña electoral y el despilfarro K del gasto público
La desesperación en la que está sumergida Cristina Fernández para intentar conservar el poder a toda costa en las elecciones que se avecinan, lo ha llevado a aumentar de manera colosal el gasto electoral, con tal de conseguir su anhelo de “perpetuidad”. En los últimos meses se observar un crecimiento descomunal del Gasto Público, que no hace más que aumentar la deuda que mantiene el Estado con otros organismos públicos, como Anses y Banco Central.
 La desesperación en la que está sumergido el cristinismo para intentar conservar el poder a toda costa en las elecciones que se avecinan, lo ha llevado a aumentar de manera colosal el gasto electoral, no teniendo dudas en frenar el envío de partidas que deberían ir a otros sectores, con tal de conseguir su anhelo de "perpetuidad".
 
En los últimos meses se observar un crecimiento descomunal del Gasto Público, que no hace más que aumentar la deuda que mantiene el Estado con otros organismos públicos, como Anses y Banco Central, y que la próxima administración que asuma en diciembre, deberá acortar si quiere que las cuentas se reduzcan y lograr un equilibrio que permitan un crecimiento a largo plazo.
 
Sólo en materia de adelantos transitorios, el Banco Central le ha dado a la gestión de Cristina Fernández en lo que va del año, 272.350 millones de pesos, tocando casi el límite de lo que fija la ley que fuera aprobada por el propio oficialismo en abril de 2012 y que tanta polémica despertó.
 
Pero las intenciones del gobierno de CFK para intentar mantener el poder y lanzar una campaña feroz en la calle, se da también con la cantidad de dinero que se toma de la Anses y de los bonos que lanza desde el organismo estatal, que en lo que va del año suman 41.000 millones de pesos.
 
Esto ha llevado también a que se hayan reducido fuertemente las partidas hacia otros organismos públicos e intendencias que les han bajado considerablemente la cantidad de recursos para realizar obras, y que pone a muchos de los jerarcas locales al borde la de desilusión porque son obras que en sus pueblos se esperaban para antes de las elecciones y que ahora se encuentran paradas por decisión del Ejecutivo nacional.
 
Pero hay otros serios desbarajustes en las cuentas K que ponen el acento en lo mal que se ha gastado, como Aerolíneas Argentinas, la empresa estatal que conduce el camporista Mariano Recalde, que ya lleva gastado en el primer semestre de este 2015 el 68% del presupuesto anual de la compañía, dejando en evidencia la pésima gestión que se viene realizando desde su estatización en 2008.
 
En ese mismo sentido puede verse que los números oficiales para las elecciones se han elevado al máximo, cuando se puede destacar que sólo en materia de subsidios puede observarse un incremento notable de los mismos en los primeros seis meses de este año.
 
En materia energética, los subsidios que estaban destinados para este año ya se han gastado el 79% de los mismos, a lo que debe agregarse que en materia de transporte ya se ha gastado el 62% de lo que se había predestinado en la ley de leyes, lo que da cuenta del descontrol que está sufriendo el gasto Público en la administración nacional, que no para de subir y que tiene a la Argentina contra las cuerdas en materia económica.
 
Debilidades de una gestión en retiradas, que muestra sus puntos más oscuros en los números de la economía nacional, y que la próxima administración que asuma el 10 de diciembre, cualquiera sea el signo político que tenga la responsabilidad de conducir los destinos del país, deberá pagar sus costos de una ajuste que a esta altura parece ya inevitable.
 
La Opinión Popular

 
Año electoral: al Gobierno le falta plata por el desborde del gasto público
 
Todos los meses las planillas de la Secretaría de Hacienda revelan un aumento del gasto público desbordante y dejan en evidencia, simultáneamente, hasta dónde ese instrumento que alimenta demanda es central en la cosecha de votos del oficialismo. Pero detrás del festival de gastos asoma un problema que sólo conocen quienes deben lidiar con el problema: está empezando a faltar plata para seguir tirando de la cuerda.
 
De lejos, los que mejor saben de qué se trata son el propio secretario de Hacienda, Juan Carlos Pesoa, y el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, dos históricos de varios gobiernos. Por las manos de ambos pasa la plata; naturalmente, la que hay. "No puedo darte todo lo que me pedís. Arreglate con un 30 por ciento menos y después vemos". Repetida, es la frase con la que Pesoa contesta llamados que todo el tiempo le llueven desde ministerios grandes y chicos.
 
El Negro, como le dicen, ha debido armar un sistema de cupos quincenales a veces semanales para prorratear los fondos disponibles. Casi como manejarse en el día a día.
 
Pero no decide. Cumple instrucciones del tipo "a este sí, a este no, a ese dale un poco más" que le llegan de sus jefes en el Ministerio de Economía; algunas, después de pasar por el filtro político de Carlos Zannini, que es igual a decir, de Cristina Kirchner.
 
El caso es que los hombres de Axel Kicillof no siempre la tienen clara. Cuentan quienes han intentado consultarlos: "Puede pasar que ni siquiera te atiendan el teléfono. Quizás porque no sabrían qué decir o, directamente, porque hay ciertas cuestiones técnicas que desconocen".
 
Claramente a partir de 2011, la clave del desbarajuste fiscal es que los gastos crecen muy por encima de los ingresos tributarios: el último informe disponible canta 40% contra 31% entre enero y mayo de 2015. Y el problema, que la máquina de imprimir ya no da para más.
 
Hasta mediados de este mes, el Banco Central había transferido al Tesoro Nacional $ 272.350 millones por los llamados adelantos transitorios, que de tan permanentes hace rato que dejaron de ser transitorios. Es deuda pura.
 
De ahí queda muy poco por sacar: se ha tocado el límite que fija la ley, pese a que en abril de 2012 una reforma a la Carta Orgánica de la entidad levantó bien alto el techo. El Gobierno tiene claro que intentar una nueva reforma dejaría al descubierto la magnitud del agujero fiscal y, además, metería mucho ruido político.
 
Las utilidades del BCRA son otra fuente que Economía exprime para financiar el gasto público: salen de las ganancias que el Central obtiene de las devaluaciones y, aunque sean solamente contables, son transformadas en pesos y plin caja.
 
Hasta mayo se habían usado utilidades por $ 13.000 millones. El tope establecido en el balance de la entidad llega a $ 78.000 millones y obviamente será estrujado por completo. Ya estarían, entonces, arriba de 350.000 millones de pesos. Y más arriba todavía, si se tiene en cuenta que el Gobierno ya le ha colocado al BCRA una letra por el equivalente a US$ 1.955 millones que como fue convertida a pesos no tuvo ningún impacto sobre el stock de reservas.
 
Los manotazos también sacuden los recursos de la ANSeS. Y si se prefiere, los sacuden peligrosamente.
 
Parientes directos del agotamiento de algunas cajas importantes y del festival de gastos son los bonos con vencimiento en 2016 que, desde abril, el Tesoro Nacional viene emitiendo en cadena, no por la cadena: van ocho hasta ahora, por un total de $ 41.000 millones y nada menos que a un interés del 30%. "Es apenas una gota en el mar, pero eso prueba que están quedándose sin plata", dice un consultor.
 
Pesos o dólares, lo mismo da a esta altura, Miguel Galuccio, el jefe de YPF, resiste las presiones de Kicillof para que salga tomar deuda en el exterior. Galuccio ya colocó en abril un bono por US$ 1.500 millones a una tasa del 8,5% anual, cara para los estándares internacionales, que fue derecho a las reservas.
 
Hay más en este panorama desajustado por donde se lo mire:
 
- Cuentan en el sector que por culpa de la escasez a Aerolíneas le han interrumpido el flujo de fondos del Estado y que, como consecuencia del faltante, acumula dos meses sin hacer aportes previsionales de su personal. Planillas de Hacienda exponen, sin vueltas, que Mariano Recalde ya ha gastado el 68% de su presupuesto anual.
 
- En el descalabro también entran cerca de $ 100.000 millones de Vialidad Nacional, por obras licitadas e incluso adjudicadas que quedaron al garete y que nadie quiere empezar porque sobran dudas de que alguna vez aparezca la plata.
 
- Peronistas y oficialistas, varios intendentes se quejan de que les paralizaron la construcción de un puente, un paso bajo nivel o cosas parecidas. Dice uno de ellos: "Yo contaba con eso para la campaña. Y para peor, me frenaron algo que está a la vista de todo el pueblo".
 
- Hay funcionarios precavidos que armaron cajitas paralelas, con recursos que proyectaban utilizar más adelante y que ahora fugan en gastos impostergables. Las cajitas han comenzado a vaciarse, con el riesgo de que tengan poco o nada cuando toque sacar ahí para lo que de verdad correspondía.
 
- Una de las grandes partidas destinadas a bancar subsidios energéticos va camino de agotarse: de los $ 74.000 millones previstos, ya partieron 58.000 millones, el 79%.
 
- Algo semejante, o sea, la necesidad de meter mucha más plata, ocurre con los subsidios a los colectivos. Sobre un presupuesto anual de $ 22.700 millones, ya se fue el 62%. Calculan que será imprescindible poner otros 20.000 millones de aquí a diciembre.
 
Tratándose de subvenciones políticas, luego intocables, más pronto que tarde saldrán a la cancha los benditos superpodedores que permiten mudar recursos públicos de un lado a otro. Sobre todo después de que, a comienzos del año, Cristina Kirchner bajó ajustes tarifarios que podrían haber achicado la factura.
 
Por el resto, poco importa que se haya usado el 71% del gasto asignado a Prensa y Difusión. Poco importa, porque como es propaganda oficial en tiempos de abundante propaganda oficial nunca faltará plata. Tampoco faltará para una prioridad de hierro en la agenda de la Casa Rosada: el plan de construcción de viviendas a tasas subsidiadas no mayores al 18% llamado Pro.Cre.Ar.
 
Está claro que el Gobierno meterá mano donde sea necesario o inventará nuevas cajas. Fuera de cualquier discusión sobre el papel del Estado en la economía, aquí cuenta sobre todo el uso del Estado como herramienta política. Y si siempre fue así, con mucha más razón lo será ahora.
 
Por Alcadio Oña
 
Fuente: Clarín, Hoy en la Noticia y LOP
 

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27-03-2024 / 10:03
El ministro de Defensa, Luis Petri, cerró un acuerdo con su par  de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, por la compra de 24 aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea. Poulsen firmó y posó para la foto con Petri en el Edificio Libertador, pero detrás de cámara estaban también presentes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.
 
Con la firma del acuerdo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei reafirma su alineamiento cipayo total con Estados Unidos, al concluir una reequipamiento que había quedado abierto desde la gestión de Alberto Fernández y que tenía como alternativa la compra de aviones de última generación  J-17 a China.
 
El ministro Petri no dejó dudas sobre el movimiento geopolítico al compartir en sus redes primero la comunicación oficial del Ministerio y luego una nota de Infobae con el título: "Con el apoyo de Estados Unidos, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para comprar 24 aviones de combate F16".
 
El acuerdo se cerrará cuando Petri viaje a Copenhague a mediados de abril, donde se sellará el contrato para la adquisición de los 24 aviones F16, que el país aliado de la OTAN ya tiene en desuso para sus operaciones militares. Las naves fueron fabricadas por la empresa norteamericana Lockheed Martin y llegarían a la Argentina recién en diciembre, debido a que Dinamarca las entregará sin equipamiento ni armamento.
 
El reequipamiento de las naves quedará a cargo de Estados Unidos por un contrato de 40 millones de dólares, que será una donación de la administración Biden, según informaron desde Casa Rosada. Los aviones valen 300 millones y el armamento y la parte electrónica otros 300 millones, aunque Estados Unidos regala más o menos un 15 por ciento.
 
El acuerdo terminó de sellarse con la reciente visita del actual director de la CIA, William Burns, quien aterrizó en Buenos Aires la semana pasada para visitar la Casa Rosada y reunirse con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori; y el propio jefe de Gabinete. "Tenemos un problema a corto plazo, Rusia; pero un problema mayor, a largo plazo, China", dijo Burns en la reunión de la semana pasada.
 
Antes de ese reciente encuentro, el presidente Milei recibió al secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Rosada y poco después logró un breve encuentro con el candidato republicano y ex presidente Donald Trump.
 
La alineación sistémica de la Casa Rosada con Estados Unidos queda marcada con este acuerdo que cierra las puertas a la propuesta hecha por China para la adquisición de 34 aviones de guerra F17, mucho más modernos y más baratos. De esta manera, las Fuerzas Aéreas adquirirán los aviones F-16 dinamarqueses que están camino al desuso, al punto de que Bélgica se negó a venderle los F-16 a su aliado, Ucrania, porque no los consideró aptos.
 
La Opinión Popular
 

26-03-2024 / 08:03
En medio de confusiones, que obligaron a sacar un decreto correctivo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo estableció la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones por decreto sin pasar por el Congreso. Se actualizarán por la inflación de dos meses atrás, pero en el empalme quedará fijada la pérdida que provocó la mega devaluación de Milei, entre 25 y 30%, y seguirá congelada en ese piso histórico hacia el futuro. Con la jubilación mínima reducida a la mitad debido a la inflación (en febrero, comparada con el mismo mes del 2023 sin contar el bono), el Gobierno busca impedir cualquier tipo de recomposición limitando los aumentos solamente al índice de la inflación. Además la nueva fórmula de actualización no se aplicará a los bonos, dejando abierta la posibilidad de licuar aún más los magros ingresos de los jubilados.
 
Desde que asumió como presidente, Milei, viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional y reducir el déficit fiscal, pero ahora busca dejar asentado que los jubilados serán los garantes de su plan de ajuste. Este lunes el gobierno publicó un nuevo DNU cambiando la fórmula previsional para atar a los haberes a la inflación. El problema es que, en la actualidad, la jubilación mínima (que cobran la mayoría de los jubilados) no llega a cubrir ni el 30 % de la canasta básica de los adultos mayores y sin ningún mecanismo de recomposición no habría forma de revertirlo.
 
La modificación de la fórmula previsional era parte de la Ley Ómnibus, pero habiendo sido rechazada en el Congreso, desde el oficialismo decidieron realizarla por un nuevo DNU. La "urgencia" del gobierno se debe a que habiendo pasado el pico inflacionario de diciembre y enero, la fórmula vigente generaría aumentos mayores de los que están dispuestos a otorgar. Caputo, desde el Ministerio de Economía, viene aprovechando el método de actualización trimestral actual para licuar las jubilaciones y ahora pretende mantener el robo realizado con el cambio de la fórmula.
 
En medio de la polémica que se generó por el nuevo DNU, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al Gobierno de Milei, y a la medida. Según dijo el dirigente peronista, "es impresionante, la decisión de Milei es que el ajuste no recaiga en la casta sino en los jubilados" y agregó: "Es un atraco a los jubilados... Es consolidar una baja que ya se produjo, y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el guadañazo se lo dieron al bolsillo de ellos".
 
La propuesta es que las jubilaciones aumenten mensualmente por el IPC de dos meses atrás. Si bien a priori parecería superadora, el empalme provocará una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, 25 por ciento. La verdadera trampa se encuentra en el empalme es decir en los meses de transición entre una fórmula a otra. Desde abril, el gobierno decidió comenzar a dar aumentos por IPC "a cuenta" del resultado de la próxima fórmula de movilidad vigente en junio.
 
Con la nueva fórmula jubilatoria, Milei sumó resistencias en la oposición dialoguista. Varios legisladores de ese sector se expresaron contra la nueva fórmula de movilidad, que se suponía que discutirían en el Congreso. El Ejecutivo suma contratiempos en la negociación por la nueva ley Bases que el ministro Guillermo Francos buscará recomponer en un encuentro con mandatarios del Norte Grande.
 
La Opinión Popular
 

25-03-2024 / 07:03
Con una movilización histórica, organismos de DDHH reivindicaron la cifra de 30.000 desaparecidos. La marcha del 24M, que congregó a una multitud en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país, al cumplirse 48 años del último golpe cívico militar genocida, se convirtió en la tercera gran manifestación callejera contra el gobierno neoliberal anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. El Presidente fue principal blanco de críticas de los organismos de Derechos Humanos, el peronismo, movimientos sociales y la CGT.
 
Como en la huelga general del 24 de enero, y la movilización del 8M, numerosas columnas de organizaciones y miles de personas auto convocadas se volcaron a las calles para repudiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y reafirmar la consigna del Nunca Más. También ratificaron la cifra de 30 mil personas desaparecidas, número que el gobierno libertario puso en duda. En el documento final de la marcha, que leyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los organismos de derechos humanos reclamaron una ley contra el negacionismo de los crímenes de la dictadura.
 
Junto a esas consignas vinculadas a derechos humanos, la marcha estuvo atravesada por consignas contra las políticas del gobierno libertario y su siniestro plan de ajuste neoliberal. El 24M fue el tercer gran hito callejero contra el gobierno de ultraderecha. "Milei, basura, vos sos la dictadura", "El que no salta votó a Milei", "No se vende, la patria no se vende" y "Fueron 30 mil de verdad", concurrieron los canticos y las consignas que más se repitieron en la Plaza, donde además se colgaron banderas contra Victoria Villarruel, por su cercanía con los represores condenados por lesa humanidad.
 
El peronismo mostró un gran despliegue de movilización. Por Diagonal Sur, los gremios de la CGT y el Movimiento Evita coparon varias cuadras junto a la UTEP y apenas pudieron ingresar a la Plaza. Por Diagonal Norte, y después de caminar 13 kilómetros desde la ex ESMA, La Cámpora llegó pasado el mediodía en una columna encabezada por Máximo Kirchner. En tanto, el gobernador Axel Kicillof llegó junto a su gabinete y los intendentes del conurbano.
 
Fue una gran convocatoria que los medios hegemónicos tratarán de ignorar, y que respondió a la provocación del gobierno, que unió a la CGT, al peronismo, los movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y al movimiento de derechos humanos. La idea de derechos humanos encaja con la idea de justicia social, de país solidario, de trabajo y retribuciones justas, de protección a los niños, a los enfermos y a los ancianos, de hazañas científicas y culturales.
 
No encaja con la justificación de la dictadura, con el intento de que los jubilados crean que ganan poco por culpa de los de la moratoria y que los trabajadores se enfurezcan con los desocupados porque reciben un aporte sin trabajar. No encaja con el país donde los únicos que ganan son los ricos, como procuran las políticas de Milei. Los ricos son "héroes" para Milei y los beneficiarios de sus políticas.
 
Los cientos de miles que desbordaron la Plaza de Mayo, las diagonales y la Avenida de Mayo están enlazados, hermanados, con los miles que se movilizaron en otras ciudades del país, y con los miles y miles que desde sus casas confluyen en la angustia de la pobreza, la amenaza del desempleo y el hambre o la destrucción de comercios y empresas. Hay vías comunicantes por las que fluye una energía que alimenta resistencias, rebeldías y esperanzas.
 
La Opinión Popular


24-03-2024 / 08:03
Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
 
Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: "En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar", escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.
 
Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.
 
El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.
 
Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.
 
Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.
 
Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedaron condenados a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.
 

23-03-2024 / 08:03
A pocos días de lo que se espera será el mayor acto de masas para repudiar al golpe del 24 de marzo de 1976, una hija de desaparecidos fue atacada en su domicilio, la editorial Marea, que publica libros sobre derechos humanos sufrió la embestida brutal de 800 mensajes de odio y Estela de Carlotto denunció que su teléfono estaba intervenido.
 
La defensora de la dictadura, Victoria Villarruel, apareció en una entrevista y el gobierno prepara un video con la tesis de los amigos de los genocidas: "Hubo una guerra donde se produjeron excesos".
 
Durante la semana que pasó circuló la versión de tanteos del gobierno en el ámbito judicial para indultar a los genocidas. Pero antes de que la versión se extendiera, la Cámara de Casación advirtió que, por ley, los delitos de lesa humanidad no se pueden indultar.
 
Aunque no haya indulto, la intención oficial quedó en evidencia. Fue también la confirmación de que este gobierno, además de coincidir con la dictadura en su propuesta económica neoliberal, también comparte el sesgo autoritario del golpismo, al justificarlo y querer perdonarlo.
 
El negacionismo y la idea de la "justicia tuerta" surgieron de la imposibilidad de negar las aberraciones cometidas por los represores durante la dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976.
 
A esta altura son inocultables e indefendibles los secuestros, la tortura, la violación a mujeres indefensas, el botín de guerra que se sacaba a los prisioneros, la apropiación de sus hijos y el lanzamiento de personas vivas desde aviones, como parte de un plan sistemático. No pueden decir que eso no existió. Entonces discuten la cantidad, si nueve mil o 30 mil, cuando en realidad, el horror y la responsabilidad por esos crímenes no varían por su cantidad.
 
Un militar que se rebajó a torturar o a violar a una prisionera en la mesa de tortura tendría que ser una vergüenza para sus camaradas. El secuestro y el asesinato sin juicio no pueden ser aceptados por la sociedad. La apropiación de los hijos de los prisioneros que después serían desaparecidos constituyó un acto repugnante, que debería ser repudiado por los militares que no lo hicieron.
 
Y si querían juzgar a sus enemigos, deberían haberlo hecho en vez de asesinarlos y desaparecerlos sin darles el derecho a un juicio justo. Porque, a diferencia de lo que hicieron los genocidas, sus enemigos eran civiles que no actuaban usurpando el Estado y, por lo tanto, cualquier cosa que quieran juzgar ahora ya está prescripta para la ley.
 
Los que no prescriben son los delitos cometidos desde el poder político, ya sea una dictadura o un gobierno surgido de elecciones. Está planteado así porque es claro que --mientras no cambie-- el poder protegerá a los delincuentes y por lo tanto no hay plazos de prescripción.
 

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