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Nacionales - 31-03-2015 / 16:03
POR ENCUBRIMIENTO DE LOS TERRORISTAS QUE BOMBARDEARON AMIA

Pese a la presión K, el fiscal Moldes apeló la desestimación de la denuncia de Nisman contra Cristina

Pese a la presión K, el fiscal Moldes apeló la desestimación de la denuncia de Nisman contra Cristina
El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, presentó su recurso de apelación para que se abra a investigación la causa judicial formada a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
 
Un día después de que el Gobierno de Cristina Fernández lo recusara para que sea apartado de la causa, y tal como se esperaba, el fiscal general Germán Moldes presentó este martes su recurso de apelación para que sea revisada la decisión de dos camaristas de la Sala I de la Cámara Federal de desestimar la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández y otros por presunto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA.
 
Moldes entregó un extenso escrito a la sala I del tribunal de apelaciones porteño que deberá resolver ahora si lo declara admisible y lo envía a una sala de Casación que deberá definirse por sorteo. Sin embargo, antes los mismos camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero resolverán un planteo de recusación al fiscal hecho ayer por el canciller Héctor Timerman.
 
En su apelación, Moldes pidió el "pronto despacho" y que se eleve "urgente" a Casación. La Cámara Federal confirmó el fallo del juez federal Daniel Rafecas que desestimó la denuncia. En su apelación Moldes pidió revocar esa sentencia y el dictado de una nueva.
 
La Opinión Popular

 
Moldes pidió que la Casación revise el cierre de la causa por la denuncia de Nisman
 
Por: Omar Lavieri
 
El fiscal general presentó un recurso para que sea revisada la decisión de dos camaristas de la Sala I de la Cámara Federal que avalaron la desestimación de la denuncia de Nisman que hizo el juez Rafecas.
 
Con críticas a los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Luis Ballestero, el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, presentó hoy su recurso de apelación para que se abra a investigación la causa judicial formada a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
 
Nisman realizó la denuncia por encubrimiento el 14 de enero pasado. Señaló a la presidente Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman entre otros, como responsables de una maniobra de encubrimiento para favorecer a Irán en la investigación por el atentado contra la AMIA.
 
El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la investigación penal. El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia por inexistencia de delito. Pollicita apeló y Moldes respaldó la apelación. La Sala I de la Cámara Federal por el voto de la mayoría constituida por Freiler y Ballestero, respaldó la decisión de Rafecas. El juez Eduardo Farah votó en disidencia para que se abra la investigación. Contra la decisión tomada por la Sala I de la Cámara, Moldes presentó recurso de Casación.
 
En su escrito, al que Infobae accedió en fuentes judiciales, Moldes calificó la decisión de Freiler y Ballestero como arbitraria. Y pidió que la Casación la revoque: "Para mí, la forma de eliminar aquella falencia es fulminar la sentencia y disponer que se dicte una nueva conforme las pautas que mencionaré. Si ello sucede, en definitiva se logrará 'afianzar la Justicia', correr un velo que cubre, en contra del ideario constitucional, el conocimiento y la publicidad de los actos de gobierno y atender a los intereses generales de la sociedad, a los que me toca representar en esta instancia (Preámbulo y art. 1 y 120 de la Constitución Nacional)".
 
El fiscal se refirió en su apelación al trámite rápido que ha tenido este expediente: "No seré ajeno a la llamativa celeridad con que esta causa transitó los estrados y se resolvió. Por eso, siendo el Ministerio Público el único agraviado por la resolución mentada, me presento ahora y específicamente renuncio al término que se concede a esta parte. En relación a ello, y descartando que alguno de los otros que han intervenido en el trámite estén "interesados" en presentar un remedio similar a éste, solicito expresamente que se resuelva conceder el recurso a la brevedad y que se eleve el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal inmediatamente. Esta expresa petición tiene carácter de pronto despacho".
 
Moldes señaló en un reportaje publicado por el diario La Nación que quería acelerar la presentación para evitar que algún fiscal de Casación que milita en Justicia Legítima no acompañe su apelación. Por esas declaraciones Moldes fue recusado por Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, abogados defensores de Timerman.
 
Moldes esgrimió varios argumentos para sostener la apertura de la investigación "...esencial para centrar el agravio que la resolución produce, el modo en que esa Sala ha procedido frente al tema se ha fagocitado toda posibilidad de ejercer el derecho de defensa en juicio de esta parte bajo las premisas de respeto del debido proceso adjetivo (art. 18 C.N.), en cuanto le veda de modo ilegal el acceso a una investigación jurisdiccional que permita acreditar la hipótesis informada en la denuncia y aceptada en el requerimiento de instrucción. Esa decisión ha quebrantado el principio de igualdad entre las partes, parece que en favor de interés espurio (cerrar apresuradamente la causa, dejar a los imputados fuera de sospecha a cualquier precio). Advierto en tal senda que ni una sola medida se ha realizado para demostrar el carácter delictivo o no de los hechos aunque este Ministerio estimó que, al menos, existen casi 50 útiles y necesarias para conformar la base probatoria que permita concluir con ese análisis -prolijo, serio y concienzudo- de un hecho de tal magnitud".
 
Moldes aclaró que en su recurso no analizaba si se había cometido delito o no, pero pide que se investigue: "También debe quedar en claro que no estoy en condiciones de emitir, aquí y ahora, juicios de valor sobre la entidad criminal de los hechos referidos o sobre su inocuidad frente al derecho penal; sólo pretendo en representación del Ministerio Público que se permita ahondar en el conocimiento de los hechos referidos en el requerimiento de instrucción con el fin, único y último, de erradicar cualquier duda o inquietud que sobre ellos pueda albergarse. Antes de opinar hay que conocer los hechos".
 
El fiscal explicó que "aquí no estamos pretendiendo analizar el contrapunto político que subyace en toda negociación tendiente a llegar a un acuerdo de voluntades entre agentes de Estados soberanos; y sí estamos tratando de averiguar si en esa relación interesada, en esos cruces para resolver un asunto de común interés, ha existido algún propósito o alguna intención que sí pueda quedar -por cómo se ha expresado o por cómo puede haber sido compensada- dentro de las conductas que prevé el catálogo represivo vigente".
 
Moldes también rechazó las crítica realizadas a la denuncia de Nisman respecto de la falta de pruebas: "Efectivamente, si bien la posibilidad de confirmar un auto de desestimación está en el ordenamiento procesal, con la misma fuerza está previsto que la denuncia de un delito de acción pública no sea más que la comunicación de datos sobre un hecho, mínimamente narrado aunque con pulcritud, presentado con coherencia y acompañado de la mención de la ubicación de las posibles pruebas necesarias para acreditarlo. No más que eso: anoticiar de la existencia de un hecho o un conjunto de ellos y orientar al juez/fiscal en punto a dónde o cómo lograr más pruebas. Todos estos requisitos están cumplidos sobradamente en la denuncia del fiscal Nisman. Sin embargo los jueces de la mayoría han optado por, inconstitucionalmente, privilegiar el cumplimiento de unas exigencias formales inusitadas frente a la posibilidad de dar crédito a la sustancia que la denuncia del 14 de enero tiene. La denuncia referida es válida y apta para generar la correspondiente actividad jurisdiccional porque presenta -no por su extensión, sino por su sustancia- acontecimientos de la vida de ciertas personas que podrían configurar delitos: la referencia puntual a reuniones, acuerdos de voluntades, conversaciones, intercambio de mensajes y sus consecuencias aparecen descriptos con la mayor precisión con que se cuenta (lugar, fecha), conteniendo esa narración pautas orientativas firmes y particularizadas para encauzar una labor que, prevista en el C.P.P.N., se denomina instrucción criminal. Esas menciones, además, no deben ser valoradas en abstracto sino en relación a la específica situación que se pretende desentrañar: existencia de negociaciones paralelas a las oficiales y existencia de un plan oculto, vidrioso para los objetivos e intereses de la Argentina, que beneficiaría a otro Estado y a cinco de sus ciudadanos que están siendo juzgados en una causa criminal de éste".
 
En su escrito Moldes criticó la resolución de Freiler y Ballestero por el escaso valor que le dieron a lo denunciado por Nisman: "Lo que se conoce de estos hechos, por su exposición y promoción, es lo que expone la denuncia; lo que cubrirían esos hechos es aquello que el Ministerio Público aspira a que se conozca, la trama oculta de las negociaciones y el intercambio de favores que involucrarían un beneficio en la causa criminal para los imputados. Como su existencia está suficientemente explicada y los razonamientos que utilizó el denunciante son respetuosos de las reglas de la inferencia y la logicidad, corresponde aceptar que la denuncia es válida y que una investigación sobre tales extremos de hecho es imprescindible. Frente a este claro y conciso conjunto de datos, antecedentes e inferencias -que son verosímiles porque se asientan en datos públicamente conocidos o en pruebas de otros expedientes de este fuero, y están además completadas y engarzadas por un razonamiento que luce apegado a la sana crítica racional- los Sres. jueces adoptan una expresión desconfiada en principio y fulminante después. Desconfiada porque exigen que estos episodios narrados en la denuncia se les presenten o exhiban íntegra y completamente probados para aceptarlos -lo que es inadecuado-; fulminante, porque llegan a exponer que aún en el caso de lograrse esa acreditación, los hechos no constituirían delito. Ambas exigencias son un exceso de las facultades propias del ejercicio de la magistratura (más exigencias formales que las requeridas por la norma; suposición o adivinación sobre el resultado de la encuesta aún no iniciada)".
 
Moldes sostuvo que "...no corresponde, a menos que se utilice un excesivo rigor formal, sostener que no existe definición del hecho o hechos a reconstruir históricamente y juzgar" . Y continuó criticando el fallo de Freiler y Ballestero: "Esto es más grave cuando la denuncia y el requerimiento de instrucción no son idénticos, ni en lo que consideran objeto procesal de la causa ni en cuanto hace a las pruebas propuestas o la petición final. La labor de la fiscalía interviniente ha depurado la información que está contenida en la denuncia y, producto de la mesura y prudencia, ha delimitado los hechos allá narrados, y ha seleccionado a qué elementos de ella darles condición de antecedente importante del proceso. Ese dato, no menor, es importante rescatarlo pues marca la senda por la que el Ministerio Público -en parte diferente de la escogida por el denunciante- transitó hasta ahora".
 
El fiscal ante la Cámara Federal destacó que "... los Sres. jueces confirmaron la desestimación de la denuncia pese a que existe un requerimiento de instrucción válido en la causa. Ese es otro error convergente. La desestimación de la denuncia sólo puede ser dictada por el juez con carácter previo al requerimiento fiscal de instrucción cuando la sola descripción del hecho puede concluir en su atipicidad"
 
"Frente a una denuncia que presenta visos de seriedad, el Ministerio Público habilitó la investigación de un posible delito de acción pública y propuso para despejar las dudas que existen sobre la entidad criminal de los hechos referidos la realización de una batería de medidas útiles y conducentes. El error fue no considerar la validez y entidad de la denuncia y del requerimiento de instrucción que se hace parcialmente eco de ella, y desde esa limitada visión del expediente adoptar una resolución que impide sin motivos valederos la labor del Ministerio Público; además, para hacerlo no se ha reparado en que el conjunto de elementos con que se cuenta hasta ahora indica la probabilidad legal y legítimamente esbozada de que los hechos descriptos puedan ser delictivos", concluyó Moldes.
 
Consideró el fiscal que la decisión de los jueces "vulnera los derechos a la defensa en juicio" y que si la Casación no abre la investigación podrá recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
 
Fuente: infonae.com
 

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28-03-2024 / 08:03
Una nueva, polémica, cruel e insensible decisión del gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei que perfecciona el desgobierno. Las marchas y contramarchas con la nueva movilidad jubilatoria por DNU, eludiendo al Congreso, sumadas al desbarajuste causado por los despidos indiscriminados en la Anses, terminaron impactando de lleno en los jubilados: se anunció oficialmente que la liquidación de abril se pagará en dos cuotas y ni siquiera se comunicaron las fechas en que se efectivizarán. La libertad avanza en el saqueo: jubilaciones licuadas y en dos cuotas.

Siempre contra los más débiles y en medio de despidos en Anses, por primera vez las jubilaciones se pagarán desdobladas. La primera parte corresponderá al mismo monto de la jubilación de marzo y el segundo tramo a la diferencia por el bono y el aumento por inflación. Milei y Luis "Toto" Caputo siguen golpeando a los adultos mayores bajo el pretexto de demoras en los cálculos para aplicar los ajustes por inflación y el bono de $70.000.

El mismo día que se conoció el dato de pobreza, confirmando que casi 20 millones de personas están alcanzadas; y mientras avanzan con despidos masivos en Anses y otras dependencias estatales, el gobierno aplica un nuevo golpe a los jubilados. En el primer tramo se pagará el mismo monto que se cobró en marzo y la fecha es la correspondiente al calendario. Mientras en segundo tramo se liquidará la diferencia correspondiente al aumento y el bono de $70.000 y aún no hay fecha determinada de pago. 
Se le fue la mano.


Este ataque se suma a la estafa de la nueva movilidad por DNU anunciada este lunes. En la misma se establece que las jubilaciones y pensiones aumentarán en abril un 27,35 %, que es la suma de un 12,5 % de "compensación" por lo "perdido" en enero, cuando en realidad la inflación fue de 20,6 % que el gobierno se negó a dar completo. Y se adiciona un "adelanto de la movilidad" del 13,2 % por la inflación de febrero, "correspondiente al mes de junio de 2024".

A su vez, en mayo se otorgará un aumento "a cuenta" de la movilidad de junio, también basado en la inflación de dos meses previos, es decir la de marzo. Y en junio se aplicará la diferencia por la movilidad actual, es decir, descontando los aumentos a cuenta. El ajuste por IPC entrará en vigencia desde el mes de julio. Otro robo, dando una dádiva que apenas supera la cuarta parte del daño causado. 

Además del robo del empalme el DNU 274/2024 de Milei busca consolidar haberes de miseria y licuar el impacto del bono anunciado. El gobierno de LLA viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional, y lograr el superávit fiscal para cumplir con el FMI. El plan motosierra y licuadora no se detiene, hay que enfrentarlos.

Milei tiene una alta dosis de insensibilidad y no entiende lo que le pasa a un jubilado que cobra 200 lucas. Se ha caracterizado desde que asumió por estar muy lejos de combatir a "la casta", todas las medidas van en contra de los sectores más débiles de la sociedad. Con las jubilaciones por el piso, la Argentina firmó una carta de intención para adquirir 24 aviones obsoletos F-16 a Dinamarca. Cerca de US$ 340 millones irían a la compra de aviones en desuso en un gesto cipayo hacia EE.UU. en su disputa con China. El relato de "no hay plata" se resquebraja tras las necesidades de Milei y Caputo por hacer los deberes con EE.UU. en busca de financiamiento del FMI para su delirante aventura dolarizadora.

La Opinión Popular

 

27-03-2024 / 10:03
El ministro de Defensa, Luis Petri, cerró un acuerdo con su par  de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, por la compra de 24 aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea. Poulsen firmó y posó para la foto con Petri en el Edificio Libertador, pero detrás de cámara estaban también presentes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.
 
Con la firma del acuerdo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei reafirma su alineamiento cipayo total con Estados Unidos, al concluir una reequipamiento que había quedado abierto desde la gestión de Alberto Fernández y que tenía como alternativa la compra de aviones de última generación  J-17 a China.
 
El ministro Petri no dejó dudas sobre el movimiento geopolítico al compartir en sus redes primero la comunicación oficial del Ministerio y luego una nota de Infobae con el título: "Con el apoyo de Estados Unidos, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para comprar 24 aviones de combate F16".
 
El acuerdo se cerrará cuando Petri viaje a Copenhague a mediados de abril, donde se sellará el contrato para la adquisición de los 24 aviones F16, que el país aliado de la OTAN ya tiene en desuso para sus operaciones militares. Las naves fueron fabricadas por la empresa norteamericana Lockheed Martin y llegarían a la Argentina recién en diciembre, debido a que Dinamarca las entregará sin equipamiento ni armamento.
 
El reequipamiento de las naves quedará a cargo de Estados Unidos por un contrato de 40 millones de dólares, que será una donación de la administración Biden, según informaron desde Casa Rosada. Los aviones valen 300 millones y el armamento y la parte electrónica otros 300 millones, aunque Estados Unidos regala más o menos un 15 por ciento.
 
El acuerdo terminó de sellarse con la reciente visita del actual director de la CIA, William Burns, quien aterrizó en Buenos Aires la semana pasada para visitar la Casa Rosada y reunirse con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori; y el propio jefe de Gabinete. "Tenemos un problema a corto plazo, Rusia; pero un problema mayor, a largo plazo, China", dijo Burns en la reunión de la semana pasada.
 
Antes de ese reciente encuentro, el presidente Milei recibió al secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Rosada y poco después logró un breve encuentro con el candidato republicano y ex presidente Donald Trump.
 
La alineación sistémica de la Casa Rosada con Estados Unidos queda marcada con este acuerdo que cierra las puertas a la propuesta hecha por China para la adquisición de 34 aviones de guerra F17, mucho más modernos y más baratos. De esta manera, las Fuerzas Aéreas adquirirán los aviones F-16 dinamarqueses que están camino al desuso, al punto de que Bélgica se negó a venderle los F-16 a su aliado, Ucrania, porque no los consideró aptos.
 
La Opinión Popular
 

26-03-2024 / 08:03
En medio de confusiones, que obligaron a sacar un decreto correctivo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo estableció la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones por decreto sin pasar por el Congreso. Se actualizarán por la inflación de dos meses atrás, pero en el empalme quedará fijada la pérdida que provocó la mega devaluación de Milei, entre 25 y 30%, y seguirá congelada en ese piso histórico hacia el futuro. Con la jubilación mínima reducida a la mitad debido a la inflación (en febrero, comparada con el mismo mes del 2023 sin contar el bono), el Gobierno busca impedir cualquier tipo de recomposición limitando los aumentos solamente al índice de la inflación. Además la nueva fórmula de actualización no se aplicará a los bonos, dejando abierta la posibilidad de licuar aún más los magros ingresos de los jubilados.
 
Desde que asumió como presidente, Milei, viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional y reducir el déficit fiscal, pero ahora busca dejar asentado que los jubilados serán los garantes de su plan de ajuste. Este lunes el gobierno publicó un nuevo DNU cambiando la fórmula previsional para atar a los haberes a la inflación. El problema es que, en la actualidad, la jubilación mínima (que cobran la mayoría de los jubilados) no llega a cubrir ni el 30 % de la canasta básica de los adultos mayores y sin ningún mecanismo de recomposición no habría forma de revertirlo.
 
La modificación de la fórmula previsional era parte de la Ley Ómnibus, pero habiendo sido rechazada en el Congreso, desde el oficialismo decidieron realizarla por un nuevo DNU. La "urgencia" del gobierno se debe a que habiendo pasado el pico inflacionario de diciembre y enero, la fórmula vigente generaría aumentos mayores de los que están dispuestos a otorgar. Caputo, desde el Ministerio de Economía, viene aprovechando el método de actualización trimestral actual para licuar las jubilaciones y ahora pretende mantener el robo realizado con el cambio de la fórmula.
 
En medio de la polémica que se generó por el nuevo DNU, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al Gobierno de Milei, y a la medida. Según dijo el dirigente peronista, "es impresionante, la decisión de Milei es que el ajuste no recaiga en la casta sino en los jubilados" y agregó: "Es un atraco a los jubilados... Es consolidar una baja que ya se produjo, y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el guadañazo se lo dieron al bolsillo de ellos".
 
La propuesta es que las jubilaciones aumenten mensualmente por el IPC de dos meses atrás. Si bien a priori parecería superadora, el empalme provocará una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, 25 por ciento. La verdadera trampa se encuentra en el empalme es decir en los meses de transición entre una fórmula a otra. Desde abril, el gobierno decidió comenzar a dar aumentos por IPC "a cuenta" del resultado de la próxima fórmula de movilidad vigente en junio.
 
Con la nueva fórmula jubilatoria, Milei sumó resistencias en la oposición dialoguista. Varios legisladores de ese sector se expresaron contra la nueva fórmula de movilidad, que se suponía que discutirían en el Congreso. El Ejecutivo suma contratiempos en la negociación por la nueva ley Bases que el ministro Guillermo Francos buscará recomponer en un encuentro con mandatarios del Norte Grande.
 
La Opinión Popular
 

25-03-2024 / 07:03
Con una movilización histórica, organismos de DDHH reivindicaron la cifra de 30.000 desaparecidos. La marcha del 24M, que congregó a una multitud en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país, al cumplirse 48 años del último golpe cívico militar genocida, se convirtió en la tercera gran manifestación callejera contra el gobierno neoliberal anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. El Presidente fue principal blanco de críticas de los organismos de Derechos Humanos, el peronismo, movimientos sociales y la CGT.
 
Como en la huelga general del 24 de enero, y la movilización del 8M, numerosas columnas de organizaciones y miles de personas auto convocadas se volcaron a las calles para repudiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y reafirmar la consigna del Nunca Más. También ratificaron la cifra de 30 mil personas desaparecidas, número que el gobierno libertario puso en duda. En el documento final de la marcha, que leyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los organismos de derechos humanos reclamaron una ley contra el negacionismo de los crímenes de la dictadura.
 
Junto a esas consignas vinculadas a derechos humanos, la marcha estuvo atravesada por consignas contra las políticas del gobierno libertario y su siniestro plan de ajuste neoliberal. El 24M fue el tercer gran hito callejero contra el gobierno de ultraderecha. "Milei, basura, vos sos la dictadura", "El que no salta votó a Milei", "No se vende, la patria no se vende" y "Fueron 30 mil de verdad", concurrieron los canticos y las consignas que más se repitieron en la Plaza, donde además se colgaron banderas contra Victoria Villarruel, por su cercanía con los represores condenados por lesa humanidad.
 
El peronismo mostró un gran despliegue de movilización. Por Diagonal Sur, los gremios de la CGT y el Movimiento Evita coparon varias cuadras junto a la UTEP y apenas pudieron ingresar a la Plaza. Por Diagonal Norte, y después de caminar 13 kilómetros desde la ex ESMA, La Cámpora llegó pasado el mediodía en una columna encabezada por Máximo Kirchner. En tanto, el gobernador Axel Kicillof llegó junto a su gabinete y los intendentes del conurbano.
 
Fue una gran convocatoria que los medios hegemónicos tratarán de ignorar, y que respondió a la provocación del gobierno, que unió a la CGT, al peronismo, los movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y al movimiento de derechos humanos. La idea de derechos humanos encaja con la idea de justicia social, de país solidario, de trabajo y retribuciones justas, de protección a los niños, a los enfermos y a los ancianos, de hazañas científicas y culturales.
 
No encaja con la justificación de la dictadura, con el intento de que los jubilados crean que ganan poco por culpa de los de la moratoria y que los trabajadores se enfurezcan con los desocupados porque reciben un aporte sin trabajar. No encaja con el país donde los únicos que ganan son los ricos, como procuran las políticas de Milei. Los ricos son "héroes" para Milei y los beneficiarios de sus políticas.
 
Los cientos de miles que desbordaron la Plaza de Mayo, las diagonales y la Avenida de Mayo están enlazados, hermanados, con los miles que se movilizaron en otras ciudades del país, y con los miles y miles que desde sus casas confluyen en la angustia de la pobreza, la amenaza del desempleo y el hambre o la destrucción de comercios y empresas. Hay vías comunicantes por las que fluye una energía que alimenta resistencias, rebeldías y esperanzas.
 
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24-03-2024 / 08:03
Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
 
Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: "En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar", escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.
 
Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.
 
El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.
 
Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.
 
Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.
 
Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedaron condenados a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.
 

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