Entre Ríos - 01-03-2015 / 13:03
PARO DOCENTE
El gobierno de Urribarri amenaza a los docentes con el Código Penal
El gobierno de Urribarri advirtió que si los gremios van al paro se podrá aplicar el Código Penal por desobediencia a la conciliación obligatoria. Aún así, anunció que participará de la audiencia de conciliación.
Conocida la resolución de la jueza de Trabajo subrogante afín al gobierno, Gladys Pinto, y la ratificación de los gremios docentes del paro y movilización para el lunes, el gobierno provincial advirtió que se podrá aplicar el Código Penal a quienes lleven adelante la medida de fuerza, por desobediencia a la resolución judicial.
"A pesar del anuncio de Agmer de no acatar el fallo de la Justicia entrerriana que ordena suspender por 20 días medidas de fuerza para restablecer un ámbito de diálogo, el gobierno ratificó que participará de la audiencia de conciliación entre sindicatos y Consejo General de Educación que fijó la jueza Gladys Pinto para el lunes", afirmó además el gobierno en un comunicado.
Tanto la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) como la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) ratificaron el paro del 2 de marzo y convocaron al congreso y a la comisión directiva, respectivamente, para definir los pasos a seguir.
En el comunicado, el gobierno recordó que la situación generada "no es la primera vez que ocurre, ya que en 2010 se inició un proceso penal. Al ser la segunda vez que el gremio incurre en desobediencia judicial; si este suceso se suma, las consecuencias pueden ser muy graves, ya que el no acatamiento de una decisión judicial implica la aplicación de las previsiones que establece el Código Penal".
Este viernes a última hora la Justicia entrerriana había ordenado "a ambas partes" suspender por 20 días hábiles "la suspensión de todas las medidas que se hubieren dispuesto en relación al conflicto", en especial las medidas de fuerza anunciadas por Agmer y Amet desde para la próxima semana, y fijó una audiencia entre las partes para el lunes a la que el gobierno confirmó su asistencia.
"No significa el fin de las paritarias ni la intencionalidad de anular el ejercicio del derecho de huelga reconocido en nuestra Constitución sino que, por el contrario, es una medida necesaria de urgencia en función de la falta inminente de servicio educativo y de restablecimiento de un medio y ámbito de diálogo que permita intentar arribar a un acuerdo en pos de todos los actores del conflicto y de quienes son receptores directos de sus consecuencias", expresó Pinto, quien resolvió convocar a conciliación obligatoria tal como ya lo había hecho en 2014 ante una situación similar.
"Entendemos que corresponde a las asociaciones gremiales y sindicales ajustar el ejercicio constitucional del derecho de huelga, evitando adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación, sobre todo el de niños y adolescentes, con la consecuente incidencia en las familias y la comunidad", aclaró la jueza.
"El conflicto se ha generado entre el CGE y las entidades gremiales Agmer y AMET ejerciendo éstas últimas su derecho constitucional de huelga, pero los directamente perjudicados son terceros ajenos a dicho conflicto -al menos en lo que refiere a la cuestión salarial- y que no han tenido oportunidad de ser oídos antes de tomar la decisión finalmente adoptada", apuntó Pinto.
Fuente: Análisis Digital