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Entre Ríos - 21-01-2015 / 13:01
COLUMNA DE OPINIÓN

Luis Lafferriere: Acueductos, ¿otra gran estafa al pueblo entrerriano?

Luis Lafferriere: Acueductos, ¿otra gran estafa al pueblo entrerriano?
Luis Lafferriere, integrante del Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” (UNER). Foto: Blas García para La Opinión Popular
 
En un proceso de velocidad y ocultamiento sorprendentes, el gobierno provincial intenta sancionar una ley que le permitirá endeudar a nuestra provincia por más de 430 millones de dólares, para manejarlos luego de manera irregular y discrecional, poniendo como garantía de ese crédito los recursos que se reciben de la coparticipación federal de impuestos.
 
¿Se tratará de un nuevo intento de una gigantesca estafa a todos los entrerrianos, similar a la que el mismo gobernador procuró realizar a comienzos de su actual gestión, cuando a los pocos días de asumir los legisladores con abrumadora mayoría oficialista les impuso otra ley que entregaba por 99 años la totalidad de las tierras fiscales (incluyendo todo el delta entrerriano) a una sociedad anónima a constituirse, con un regalo adicional de 50 millones de dólares (que la provincia tomaría de una nueva deuda a garantizar con fondos de la coparticipación federal)?.
 
Por Luis Lafferriere (*)
 
Casualmente, en ambos casos se justifica el intento de engaño con el argumento de lograr una mayor producción agraria en la provincia, en especial de arroz y otros productos exportables, sin ningún estudio previo que lo avale y sin considerar la evaluación del impacto ambiental de las obras propuestas.
 
 
¿En qué consiste esta nueva y millonaria trampa?
 
Se trata de un proyecto de ley que autoriza al poder ejecutivo a endeudar a la provincia con bancos chinos por más de 430 millones de dólares más intereses, y a contratar con una corporación de ese país obras para dos acueductos, de manera directa y sin licitación.
 
El crédito será garantizado con los fondos que la provincia recibe de la coparticipación federal de impuestos (con el riesgo de que se desfinancien otros gastos esenciales como la salud y la educación).
 
Pero también se contempla en un plazo máximo de seis meses la creación de nuevos tributos que tendrán como destino la amortización de la deuda y el futuro pago de los intereses que devengue la misma, lo que anticipa una mayor presión tributaria sobre los contribuyentes entrerrianos.
 
En el Anexo que acompaña el proyecto figuran las posibles cláusulas y condiciones que regirían el convenio (la "Hoja de condiciones"), que pueden ser modificadas de manera unilateral por el ICBC (Banco Chino de Industria y Comercio), y que incluyen un interés anual del 4,5% más la tasa Libor, siendo la legislación de Inglaterra la ley aplicable en caso de diferencias que puedan surgir. El plazo que fija la constructora china para mantener su oferta es que se acepte el crédito antes del día 28 de febrero de 2015.
 
Estas disposiciones implican de manera resumida que se pretende endeudar al Estado provincial por una suma multimillonaria, y con cuyo monto el Poder Ejecutivo hará la contratación directa de la obra de los dos acueductos, omitiendo el proceso licitatorio obligado que establece la Ley de Obra Pública.
 
Pero además no se brinda información respecto de los detalles de las obras a construir, habiendo negado su acceso ante el pedido de los propios productores de la zona y de reiteradas presentaciones de una organización ambiental. También se menciona en los fundamentos del proyecto la firma de un Memorandum de Entendimiento que el Ejecutivo provincial acordó con la corporación china en enero del 2014, pero tampoco se conocen los términos del mismo.
 
Esto significa que a ojos cerrados se autoriza tomar deuda a la provincia por más de 430 millones de dólares más intereses, sin tener la mínima información respecto de la aplicación de tales fondos. Sólo se tiene la certeza de que los mismos serán administrados de manera irregular, sin convocatoria a licitación, por el propio Ejecutivo.
 
Pero aunque a la sociedad entrerriana se le niega el derecho a conocer los términos del acuerdo, y no pueda tener la garantía del uso adecuado de esos fondos, sí queda obligada a pagar el crédito que se tome (amortización e intereses) para lo cual se pone como garantía de ese pago los recursos que provengan de la coparticipación federal de impuestos (que es la principal fuente de financiación del tesoro provincial). Y adicionalmente, deberá pagar también con nuevos tributos que impondrá el Ejecutivo, y que según el articulado los creará en un plazo de seis meses.
 
Agravando lo ya comentado respecto de esta potencial estafa a los intereses de nuestra provincia, se acepta renunciar implícitamente a nuestra soberanía aceptando de manera repudiable la legislación inglesa, poniendo a la provincia como un mero sujeto privado que deberá dirimir cualquier diferencia que surja en el marco de las leyes del imperio británico.
 
 
Los argumentos oficiales a favor de la operación
 
Como se mencionara antes, las razones oficiales esgrimidas para solicitar la aprobación del proyecto de ley se basan en supuestos beneficios para las producciones del agro entrerriano, el impacto favorable para mejorar la situación económica de la zona, la ampliación de la superficie cultivada, la prevista suba de un 10% de la producción agraria provincial, etc. Se llega a afirmar, incluso, que será tan rentable la obra a realizar, que permitirá que "recuperemos la inversión, como mínimo al mismo ritmo que vamos pagando los servicios del crédito tomado" (lo que se contradice con el texto de la norma, que anticipa la creación de nuevos tributos para la futura cancelación del crédito).
 
Sin embargo, del texto del proyecto no surge ningún indicio de que esas afirmaciones tengan sustento o se basen en estudios serios sobre la viabilidad económica y financiera, los costos y rentabilidad de las potenciales producciones, ni mucho menos de los posibles beneficiarios en el caso de la realización de las obras.
 
 
Lo que no se conoce y se oculta
 
Es inexplicable que no conste ni en el proyecto ni como información adicional, detalles de los dos acueductos que se proponen construir, como tampoco se da información del contrato que se pide aprobar con las empresas chinas. Además, si lo que dice explícitamente el texto del articulado ya constituye un grave hecho que implica violaciones a leyes vigentes y un preocupante apartamiento de principios republicanos básicos (publicidad de los actos de gobierno), ¿cómo serán las cláusulas y disposiciones que se buscan imponer a través del ocultamiento de lo que no se conoce?.
 
Respecto de los potenciales beneficiados por la obra, no hay estudios ni información que anticipe de qué manera pueden llegar a recibir mejoras en su situación los pequeños productores de la zona, o por qué mecanismos se logrará un aumento sustancial de la producción agraria. En todo caso, son muchas las dudas acerca de la sustentabilidad económica de las producciones, ya que en algunos casos se dependerá del riego que se ofrecería a cambio del pago del servicio, que seguramente se establecerá según los costos del funcionamiento del sistema de riego, que según se anticipa sería intensivo en el uso de energía. En este caso se requiere un análisis serio y profundo de los futuros escenarios de colapso energético ligados al agotamiento gradual e inexorable de los combustibles fósiles, que llevará en un plazo relativamente corto a un encarecimiento excepcional e irreversible de los mismos.
 
Una reflexión adicional requiere lo relativo al impacto ambiental que producirá la obra, estudio que no existe a la fecha (al no existir detalles de los acueductos, de las zonas precisas donde se construirán, del territorio que se destinará a producir y del estado actual del mismo). ¿Se piensan realizar nuevos desmontes? ¿No se agravará el grave y conocido problema de la erosión de la tierra? ¿Se trabajará en nuevos suelos donde no hay garantía de su capacidad para sostener otras producciones?
 
Estas son algunas de las muchas dudas que surgen de la cuestionable actitud del gobierno provincial, que sin consultar a los productores involucrados ni a organizaciones con diversos conocimientos que pueden enriquecer el necesario análisis previo, no duda en impulsar una ley que endeudará a los entrerrianos por más de 430 millones de dólares más los intereses.
 
¿Qué motivos lo llevan a negar la información a los interesados y violar la indispensable publicidad de los actos de gobierno?
 
¿Qué razones justifican dar tanta rapidez al tratamiento legislativo, sin posibilidades de un debate serio y de estudios previos imprescindibles para decidir?
 
¿Qué intenciones se ocultan para no convocar de manera amplia a todos los sectores que pueden y deben aportar a un proyecto de semejantes características?
 
Por las razones expuestas, desde nuestro Programa de Extensión "Por una nueva economía, humana y sustentable" de la carrera de Comunicación Social de la UNER hacemos un llamado urgente a la responsabilidad de los legisladores, para que no avalen con su voto este oscuro proyecto que con su texto abre el camino a posibles estafas a los intereses de toda la sociedad.
 
Asimismo, convocamos a la comunidad y sus múltiples expresiones (medios, entidades, organizaciones, partidos, movimientos, gremios, etc) a movilizarse, exigir el freno del proyecto, informarse, y evitar con su activa participación que se consumen actos lesivos para todos los entrerrianos.
 
(*) Integrante del Programa de Extensión "Por una nueva economía, humana y sustentable" (UNER)
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