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Entre Ríos - 14-12-2014 / 18:12
DEBATE POR EL NARCOMENUDEO: AUSENCIAS QUE NO PASARON INADVERTIDAS

Papelón: La Justicia provincial y el oficialismo urribarrista ausentes en un panel clave

Papelón: La Justicia provincial y el oficialismo urribarrista ausentes en un panel clave
Dos fiscales cercanos a la procuradora general de la Nación estuvieron en Paraná y dejaron durísimos cuestionamientos a la ley provincial de narcomenudeo. Foto: Página Judicial
 
La ley provincial de narcomenudeo se encuentra en terapia intensiva. La inconstitucionalidad que decretaron los jueces federales Leandro Ríos (Paraná) y Pablo Seró (Concepción del Uruguay) parece haber sentenciado su suerte. Sin embargo, la norma está vigente -aunque los fiscales provinciales suspendieron los procedimientos- y, por lo tanto, el debate sigue abierto.
 
Con esa idea llegaron a Paraná Adolfo Villatte, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Félix Crous, titular de la Oficina de Enlace Legislativo (OEL) de la Procuración General de la Nación, invitados por la Seccional Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos, que preside Rubén Pagliotto.
 
Sin embargo, la idea de generar un ámbito para la discusión y exposición de argumentos a favor y en contra de la ley, naufragó por la ausencia de todos aquellos actores que se han manifestado como sus fervientes defensores.
 
Félix Crous dijo que la norma "es muy mala por donde se la quiera ver".
 
No hubo representantes del Gobierno, tampoco magistrados ni funcionarios de la Justicia provincial -salvo por los fiscales Matilde Federik y Juan Francisco Ramírez Montrull-; y los únicos legisladores presentes fueron los tres diputados que votaron en contra -María Emma Bargagna, Lisandro Viale y Juan José Albornoz-. El vacío fue notorio.
 
La Justicia Federal, en cambio, estuvo en pleno: el juez Ríos, los fiscales Ricardo Álvarez, José Ignacio Candioti y Mario Silva, secretarios y empleados dijeron presente. Y hubo también un puñado de abogados penalistas.
 
En ese escenario, sobresalieron las críticas a la ley provincial (Crous, inclusive, coincidió con el juez Ríos respecto de la inconstitucionalidad y elogió el fallo porque "está escrito en idioma nacional, es breve y se argumenta bien"). En el aire quedó flotando la necesidad de rediscutir la norma. Pero también arreciaron los cuestionamientos a la ley nacional de desfederalización de la competencia penal en materia de estupefacientes.
 
Crous, que encabezó la Procunar hasta hace unos meses, aseguró, sin ambages, que la ley provincial "es muy mala por donde se la quiera ver" y explicó que "el Gobierno de Entre Ríos tenía plenas facultades para adherir a la ley nacional, para lo que no tenía facultades era para inventar una ley nueva, que es lo que hizo. Ahora está en una encerrona de la que le será difícil volver. Fue una muy mala decisión la que tomaron", aseguró.
 
Villatte, por su parte, enfatizó que "la ley nacional establecía mecanismos para que las provincias adhirieran en su totalidad, porque en eso consiste adherir, pero esta forma particular que adoptó Entre Ríos no solamente trae aparejados los problemas de la desfederalización en términos generales, sino que además puede generar otros conflictos, vinculados a cuestiones de competencia o de prelación de normas de diseño constitucional", en línea con lo vertido por los jueces Ríos y Seró en sus fallos.
 
El titular de la Procunar explicó que "circunscribir la competencia ordinaria a la realización de medidas urgentes y que una vez completadas esas cuestiones sea la Justicia Federal la que continúe con la investigación es, de alguna forma, derivar investigaciones que han sido conformadas de una forma que probablemente no es la que utilizaría la Justicia Federal".
 
En esa línea, Crous consideró que la ley provincial "es un poco desdorosa, y lo es para la Justicia ordinaria, a la que atribuye un rol subalterno; y más aún para la Justicia Federal, porque transforma a los jueces y fiscales en receptores de una investigación precocida y sobre la cual no han tenido una conducción estratégica en la fase inicial, que es cuando se deciden los pasos de la investigación".
 
No a la desfederalización
 
La charla discurrió también sobre la falta de efectividad de la Ley Número 26.052 de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, sancionada en agosto de 2005, que es la que permite a las provincias el combate contra lo que se denomina como narcomenudeo.
 
En ese sentido, Villatte explicó que "el narcotráfico es un tipo de delito que puede ser considerado como crimen organizado, y la principal característica es que trasciende el territorio de las provincias e inclusive las fronteras de los países". Según su criterio, "la desfederalización ha llevado a un proceso de fragmentación de las investigaciones de un delito tan complejo, y si bien cada provincia puede tomar la decisión de adherir a esta ley, desde su génesis es una norma que resulta perjudicial a los fines de poder investigar con éxito un delito como el narcotráfico".
 
Un informe elaborado por la Procunar en el año 2013 advertía que la desfederalización "derivó en una continua merma en la cantidad y calidad de causas iniciadas por las figuras más graves", a partir de un análisis sobre lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, que fue la primera en asumir la competencia para perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos vinculados con el tráfico de drogas. Crous reveló que un estudio complementario en el que trabaja la unidad fiscal muestra que a partir de la adhesión a la ley nacional "hubo un crecimiento exponencial de la población carcelaria", principalmente mujeres, y que se mantuvo o disminuyó la condición social de las personas detenidas, es decir, "la medida terminó impactando de un modo discriminatorio sobre mujeres que en los barrios marginales sostienen la vida familiar con el comercio de estupefacientes".
 
Villatte admitió la posibilidad de que "en aquellas provincias que adhirieron a la ley nacional (Buenos Aires, Córdoba y Salta) haya aumentado la cantidad de allanamientos exitosos en puntos de venta de droga", pero apuntó que "eso también ha frustrado posibles investigaciones hacia la complejidad de lo que es el fenómeno de la narcocriminalidad, es decir, se ha focalizado la atención en los últimos eslabones de la cadena de comercialización y se ha perdido de vista que al fraccionar las formas de investigación y al no haber intercambio de información, se pierde de profundizar en lo más importante que es ir hacia los eslabones superiores. Ahí radica la mayor falla".
 
Para Crous, "es absolutamente comprensible que quienes tienen la responsabilidad política de conducir una provincia se hagan cargo de la inquietud que genera en cualquier barrio la venta minorista de drogas", pero insistió en que "la ley de desfederalización, al otorgar a las justicias locales la potestad y la obligación de reaccionar ante el último eslabón de la cadena (el narcomenudeo), ha hecho fracasar esa puerta de ingreso a la investigación de los delitos complejos", por ejemplo, contrabando o producción de estupefacientes.
 
En resumen, para Crous, "la desfederalización es una desafortunada medida en cuanto a que impide aplicar en forma eficaz los esfuerzos del Estado para combatir el narcotráfico y, además, desmembra y atomiza la posibilidad de tener una política criminal respecto de este fenómeno. Ante ese escenario, Villatte fue contundente: "La ley de desfederalización genera inconvenientes para la persecución del narcotráfico; por eso estamos intentando disuadir a los gobiernos provinciales para que no adhieran".
 
Autor: Juan Cruz Varela
 
Fuente: Página Judicial
 
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