La Opinión Popular
                  08:14  |  Jueves 28 de Marzo de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
Recomendar Imprimir
Nacionales - 24-11-2014 / 18:11
DILAPIDACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Subsidios K al cine: el millonario gasto en películas que pocos ven

Subsidios K al cine: el millonario gasto en películas que pocos ven
Proyector de cine.
 
De las 764 películas subsidiadas entre enero de 2008 y octubre de 2014, 309 fueron vistas por menos de 10.000 y costaron en conjunto $ 211 millones, un tercio de los $ 641 millones invertidos en subsidios (que podrían ser más porque no hay datos sobre la cantidad de espectadores que vieron 282 películas). Llevaron menos de 5000 personas 253 películas y, de ellas, 83 no alcanzaron las 1000.
 
Pero además, en medio de la ya vieja discusión sobre la eficiencia económica y cultural de estos subsidios, un grupo de realizadores denunció al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) por el presunto desvío de $ 1035 millones que, según ellos, debieron invertirse en la producción cinematográfica.
 
La contracara más evidente de esta realidad es Relatos salvajes, de Damián Szifron, que hasta octubre pasado había sido vista por 3.309.174 espectadores, con una recaudación por taquilla doméstica de $ 147,2 millones y un subsidio de sólo $ 3,2 millones.
 
O Metegol, de Juan José Campanella, que fue vista por 2,7 millones de personas, recaudó $ 104 millones y tuvo un subsidio de $ 2,7 millones.
 
Así, estas películas aportan más de lo que reciben porque el 10% de las recaudaciones es una de las principales fuentes que alimentan el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), de donde salen las ayudas (que no se nutren del presupuesto nacional).
 
El cine que no miramos es caro y entender los criterios de distribución no es sencillo. Desde 2008, el Incaa publica en su web las cifras de los subsidios pagados, lo hace en formato PDF y sin distinguir con claridad subsidios (dinero que sale del ente) y compensaciones (dinero que los productores reintegran al Incaa para pagar créditos, otro mecanismo de financiamiento).

FONDOS PÚBLICOS
 
Subsidios al cine: el insólito costo de films que muy pocos ven
 
Miserias. Así se llama una película que pasó casi inadvertida para el gran público como para los críticos de cine argentinos. Se estrenó en 2009 y entre ese año y 2011 sumó subsidios estatales por 667.387 pesos. En total, según estadísticas de Ultracine, una consultora de referencia en el sector, fueron a verla a la única sala en la que se estrenó 13 personas. Sí, trece.
 
Aunque es uno de los casos más extremos, Miserias no es el único en su especie. De las 764 películas subsidiadas entre enero de 2008 y octubre de 2014, 309 fueron vistas por menos de 10.000 y costaron en conjunto $ 211 millones, un tercio de los $ 641 millones invertidos en subsidios (que podrían ser más porque no hay datos sobre la cantidad de espectadores que vieron 282 películas). Llevaron menos de 5000 personas 253 películas y, de ellas, 83 no alcanzaron las 1000.
 
Pero además, en medio de la ya vieja discusión sobre la eficiencia económica y cultural de estos subsidios, un grupo de realizadores denunció al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) por el presunto desvío de $ 1035 millones que, según ellos, debieron invertirse en la producción cinematográfica.
 
La contracara más evidente de esta realidad es Relatos salvajes, de Damián Szifron, que hasta octubre pasado había sido vista por 3.309.174 espectadores, con una recaudación por taquilla doméstica de $ 147,2 millones y un subsidio de sólo $ 3,2 millones. O Metegol, de Juan José Campanella, que fue vista por 2,7 millones de personas, recaudó $ 104 millones y tuvo un subsidio de $ 2,7 millones. Así, estas películas aportan más de lo que reciben porque el 10% de las recaudaciones es una de las principales fuentes que alimentan el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), de donde salen las ayudas (que no se nutren del presupuesto nacional).
 
El cine que no miramos es caro y entender los criterios de distribución no es sencillo. Desde 2008, el Incaa publica en su web las cifras de los subsidios pagados, lo hace en formato PDF y sin distinguir con claridad subsidios (dinero que sale del ente) y compensaciones (dinero que los productores reintegran al Incaa para pagar créditos, otro mecanismo de financiamiento). A LA NACION le llevó un año y muchas consultas con el organismo poder sistematizar una base de datos de ese reparto con información oficial.
 
Pero mientras en algunos ámbitos se discute sobre la eficiencia económica y cultural de la inversión pública en producción cinematográfica, en la propia comunidad del cine estalló una fuerte puja judicial por el destino de los fondos: la Asociación de Productores y Realizadores Independientes (APRI), presidida por Luis Barone y representada por el polémico abogado Oscar Marcos Azar, denunció a la ex presidenta del Incaa y actual diputada nacional kirchnerista Liliana Mazure por el presunto desvío de $ 1035 millones del FFC (creado por la ley 17.741 de cine) a gastos corrientes del ente.
 
La denuncia -presentada en el fuero contencioso administrativo- es casi un libro: tiene 102 páginas. Y la defensa de Mazure, otras 40. Allí, la funcionaria -que fue sucedida en el Incaa por Lucrecia Cardoso, hija de Oscar Raúl Cardoso, histórico columnista internacional del diario Clarín, ya fallecido- reconoce que con esos fondos no se hicieron películas, sino que se usaron para la creación del canal estatal Incaa TV, los planes de fomento de contenidos para la TV digital (TDA), Internet y videojuegos y la homologación del convenio colectivo de trabajo que "normalizó" la situación de cientos de contratados.
 
Según la denuncia, en 2002 los gastos de funcionamiento del Incaa ascendían a $ 6,8 millones y este año llegarán a $ 400 millones, es decir, 58 veces más, mientras que los subsidios a la producción en 2002 eran de $ 13,7 millones y este año llegarán a $ 155,4 millones, sólo once veces más. Mazure también argumenta que el decreto reglamentario de la ley de medios obliga a invertir el 25% de lo recaudado por la Afsca en producción de contenidos para TV, algo que no está previsto en la más antigua ley del cine, que rige para el FFC.
 
La pelea de Barone y Mazure es además un cisma en la cooperativa de trabajo Kaos, integrada por ambos y de la cual la ex jefa del Incaa fue presidenta. A ese grupo (que entre 2008 y 2014 sumó casi $ 5,6 millones) se lo conoce en el ámbito del cine como "los exiliados" (lo fueron en México durante la última dictadura). Cómo operan las cooperativas en el ámbito del cine (algo cuestionado por los poderosos sindicatos de esta industria) es otro tema cargado de polémica.
 
"Mazure publicó en la página web lo que los productores recibimos como subsidio para ocultar con ese aparente velo de transparencia el hecho de que no se está destinando al cine todo lo que la ley exige", dijo a LA NACION uno de los más importantes productores nacionales, que, como la mayoría de las fuentes consultadas para esta nota, pidió no ser identificado.
 
Según la ley, al menos el 51% del FFC debe destinarse a la realización de films. En la denuncia se sostiene que en el peor momento sólo el 25% de esos fondos fueron a películas. "Más allá de las críticas que cada uno haga a las diferentes gestiones al frente del Incaa, esto de que no se apliquen al cine sus propios fondos no ocurrió nunca antes", dice Barone en la invitación a sus colegas productores a adherir a la demanda.
 
Un director, que pidió no ser identificado, destacó a LA NACION que para tener un panorama completo habría que cruzar los subsidios con los costos de producción, datos que el Incaa tiene, pero que no difunde. "Por ahí el subsidio es de 3 millones, pero el costo es $ 10 millones. El subsidio del Incaa se va en actores, técnicos, cargas sociales, y en la mayoría de las películas industriales no representa más del 50% del costo; el resto del dinero proviene de coproducciones o es inversión privada", explicó el cineasta. Un productor no relacionado con aquel director expresó el mismo reclamo, al que agregó el componente de la inflación.
 
El análisis de lo que las películas reciben como subsidio y el público que convocan a las salas no puede ser lineal porque deben considerarse otros elementos. Por ejemplo, así como Miserias se estrenó sólo en una sala, Relatos salvajes (que en el exterior ya llevaría recaudados unos 5 millones de euros), lo hizo en 288 (récord para una película argentina). Para Julio Ludueña, vocero de Directores Argentinos de Cine (DAC), "ninguna estadística puede explicar el arte que constituye la esencia de una obra audiovisual.
 
El Ciudadano, de Orson Welles, fue un absoluto fracaso comercial en 1941 cuando se estrenó y hoy está entre las cien mejores películas de la historia. El cine no es un arte descartable y como la literatura, la pintura o la música siempre es un testimonio y un documento de la vida humana". Con fuertes críticas, DAC había propuesto en febrero pasado una profunda reforma del sistema de fomento, pero según dijo Ludueña a LA NACION "ya pasaron varios meses, nuestra actividad es muy dinámica y el contenido de esa propuesta fue superado".
 
Entre 2008 y lo que va de 2014, sólo seis películas sobrepasaron los $ 4 millones en subsidios: La máquina de hacer estrellas (de 2014, 20.137 espectadores), Dos más dos (2013, 998.451 espectadores) y Vino para robar (2013, 169.474) llegaron a $ 5,5 millones; Elefante Blanco (de 2013, 756.774 espectadores) recibió $ 5,4 millones; La pelea de mi vida (2012, 74.584 espectadores), $ 5,2 millones, y Todos tenemos un plan (2011, 130.698 espectadores), $ 4,2 millones. Entre $ 3,5 millones y $ 3,9 millones recibieron El misterio de la felicidad, Extraños en la noche, Tesis sobre un homicidio (la única de este grupo que superó el millón de espectadores), Las viudas de los jueves, Papá por un día, Séptimo, Igualita a mí, Gaturro, Los Marziano y Néstor Kirchner, la película (110.699 espectadores). En la edición online de esta nota puede accederse a los números de los más de 760 films relevados. Según la legislación vigente, los subsidios tienen topes máximos que se fijan por decreto presidencial: desde junio pasado esos topes oscilan entre $ 643.050 y $ 6.875.000 según la "vía de exhibición", el tipo de contenido (animación, ficción o documental) y el grado "de interés" (simple o especial, según dictaminen los jurados creados para tal fin) que el film tenga para los jurados que evalúan los proyectos Incaa.
 
En el sector cultural hay consenso: si no existiese el Incaa no habría cine argentino y el país no estaría entre los mayores productores de films, con entre 80 y 150 estrenos por año (según cifras de DAC). Pero la distribución de los subsidios es prácticamente un tema tabú del que se evita hablar con la sola justificación de que se trata de una política cultural y pasando por alto denuncias de todo tipo, administrativas y judiciales.
 
Ante la consulta de LA NACION, el Incaa respondió por escrito que hay "que comparar las cifras con las de otros países". Así, con datos de 2013, el ente destacó que en España se estrenaron 104 películas locales, de las cuales 62 tuvieron menos de 10.000 espectadores; en Brasil, se hicieron 112, y 70 no superaron los 3000, y en México, sobre un total de 108, sólo 21 alcanzaron los 30.000 espectadores y unas 53 estuvieron por debajo de los 5000.
 
"Cuando un artista trabaja para el Estado sin rendición de cuentas por los resultados se clausura a la sociedad, deja de dialogar con ella porque su sustento no depende de la popularidad, sino del beneplácito del poder. Se invirtió la ecuación que decía que la alta cultura era para pocos a suponer que no tener público convierte a alguien en un gran artista", analizó Adriana Amado, doctora en ciencias sociales y presidenta del Centro para la Información Ciudadana.
 
El FFC, creado por la ley del cine, es administrado por el Incaa y se nutre de un impuesto a los tickets y a la venta o alquiler de videos (algo que no se aplica a plataformas con abono como Netflix, que no está constituida como empresa en la Argentina), de un porcentaje de los gravámenes que pagan los canales de TV abierta, multas, donaciones y los reembolsos de los créditos.
 
Por José Crettaz
 
Fuente: LA NACION
 

Agreganos como amigo a Facebook
27-03-2024 / 10:03
El ministro de Defensa, Luis Petri, cerró un acuerdo con su par  de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, por la compra de 24 aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea. Poulsen firmó y posó para la foto con Petri en el Edificio Libertador, pero detrás de cámara estaban también presentes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.
 
Con la firma del acuerdo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei reafirma su alineamiento cipayo total con Estados Unidos, al concluir una reequipamiento que había quedado abierto desde la gestión de Alberto Fernández y que tenía como alternativa la compra de aviones de última generación  J-17 a China.
 
El ministro Petri no dejó dudas sobre el movimiento geopolítico al compartir en sus redes primero la comunicación oficial del Ministerio y luego una nota de Infobae con el título: "Con el apoyo de Estados Unidos, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para comprar 24 aviones de combate F16".
 
El acuerdo se cerrará cuando Petri viaje a Copenhague a mediados de abril, donde se sellará el contrato para la adquisición de los 24 aviones F16, que el país aliado de la OTAN ya tiene en desuso para sus operaciones militares. Las naves fueron fabricadas por la empresa norteamericana Lockheed Martin y llegarían a la Argentina recién en diciembre, debido a que Dinamarca las entregará sin equipamiento ni armamento.
 
El reequipamiento de las naves quedará a cargo de Estados Unidos por un contrato de 40 millones de dólares, que será una donación de la administración Biden, según informaron desde Casa Rosada. Los aviones valen 300 millones y el armamento y la parte electrónica otros 300 millones, aunque Estados Unidos regala más o menos un 15 por ciento.
 
El acuerdo terminó de sellarse con la reciente visita del actual director de la CIA, William Burns, quien aterrizó en Buenos Aires la semana pasada para visitar la Casa Rosada y reunirse con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori; y el propio jefe de Gabinete. "Tenemos un problema a corto plazo, Rusia; pero un problema mayor, a largo plazo, China", dijo Burns en la reunión de la semana pasada.
 
Antes de ese reciente encuentro, el presidente Milei recibió al secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Rosada y poco después logró un breve encuentro con el candidato republicano y ex presidente Donald Trump.
 
La alineación sistémica de la Casa Rosada con Estados Unidos queda marcada con este acuerdo que cierra las puertas a la propuesta hecha por China para la adquisición de 34 aviones de guerra F17, mucho más modernos y más baratos. De esta manera, las Fuerzas Aéreas adquirirán los aviones F-16 dinamarqueses que están camino al desuso, al punto de que Bélgica se negó a venderle los F-16 a su aliado, Ucrania, porque no los consideró aptos.
 
La Opinión Popular
 

26-03-2024 / 08:03
En medio de confusiones, que obligaron a sacar un decreto correctivo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo estableció la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones por decreto sin pasar por el Congreso. Se actualizarán por la inflación de dos meses atrás, pero en el empalme quedará fijada la pérdida que provocó la mega devaluación de Milei, entre 25 y 30%, y seguirá congelada en ese piso histórico hacia el futuro. Con la jubilación mínima reducida a la mitad debido a la inflación (en febrero, comparada con el mismo mes del 2023 sin contar el bono), el Gobierno busca impedir cualquier tipo de recomposición limitando los aumentos solamente al índice de la inflación. Además la nueva fórmula de actualización no se aplicará a los bonos, dejando abierta la posibilidad de licuar aún más los magros ingresos de los jubilados.
 
Desde que asumió como presidente, Milei, viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional y reducir el déficit fiscal, pero ahora busca dejar asentado que los jubilados serán los garantes de su plan de ajuste. Este lunes el gobierno publicó un nuevo DNU cambiando la fórmula previsional para atar a los haberes a la inflación. El problema es que, en la actualidad, la jubilación mínima (que cobran la mayoría de los jubilados) no llega a cubrir ni el 30 % de la canasta básica de los adultos mayores y sin ningún mecanismo de recomposición no habría forma de revertirlo.
 
La modificación de la fórmula previsional era parte de la Ley Ómnibus, pero habiendo sido rechazada en el Congreso, desde el oficialismo decidieron realizarla por un nuevo DNU. La "urgencia" del gobierno se debe a que habiendo pasado el pico inflacionario de diciembre y enero, la fórmula vigente generaría aumentos mayores de los que están dispuestos a otorgar. Caputo, desde el Ministerio de Economía, viene aprovechando el método de actualización trimestral actual para licuar las jubilaciones y ahora pretende mantener el robo realizado con el cambio de la fórmula.
 
En medio de la polémica que se generó por el nuevo DNU, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al Gobierno de Milei, y a la medida. Según dijo el dirigente peronista, "es impresionante, la decisión de Milei es que el ajuste no recaiga en la casta sino en los jubilados" y agregó: "Es un atraco a los jubilados... Es consolidar una baja que ya se produjo, y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el guadañazo se lo dieron al bolsillo de ellos".
 
La propuesta es que las jubilaciones aumenten mensualmente por el IPC de dos meses atrás. Si bien a priori parecería superadora, el empalme provocará una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, 25 por ciento. La verdadera trampa se encuentra en el empalme es decir en los meses de transición entre una fórmula a otra. Desde abril, el gobierno decidió comenzar a dar aumentos por IPC "a cuenta" del resultado de la próxima fórmula de movilidad vigente en junio.
 
Con la nueva fórmula jubilatoria, Milei sumó resistencias en la oposición dialoguista. Varios legisladores de ese sector se expresaron contra la nueva fórmula de movilidad, que se suponía que discutirían en el Congreso. El Ejecutivo suma contratiempos en la negociación por la nueva ley Bases que el ministro Guillermo Francos buscará recomponer en un encuentro con mandatarios del Norte Grande.
 
La Opinión Popular
 

25-03-2024 / 07:03
Con una movilización histórica, organismos de DDHH reivindicaron la cifra de 30.000 desaparecidos. La marcha del 24M, que congregó a una multitud en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país, al cumplirse 48 años del último golpe cívico militar genocida, se convirtió en la tercera gran manifestación callejera contra el gobierno neoliberal anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. El Presidente fue principal blanco de críticas de los organismos de Derechos Humanos, el peronismo, movimientos sociales y la CGT.
 
Como en la huelga general del 24 de enero, y la movilización del 8M, numerosas columnas de organizaciones y miles de personas auto convocadas se volcaron a las calles para repudiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y reafirmar la consigna del Nunca Más. También ratificaron la cifra de 30 mil personas desaparecidas, número que el gobierno libertario puso en duda. En el documento final de la marcha, que leyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los organismos de derechos humanos reclamaron una ley contra el negacionismo de los crímenes de la dictadura.
 
Junto a esas consignas vinculadas a derechos humanos, la marcha estuvo atravesada por consignas contra las políticas del gobierno libertario y su siniestro plan de ajuste neoliberal. El 24M fue el tercer gran hito callejero contra el gobierno de ultraderecha. "Milei, basura, vos sos la dictadura", "El que no salta votó a Milei", "No se vende, la patria no se vende" y "Fueron 30 mil de verdad", concurrieron los canticos y las consignas que más se repitieron en la Plaza, donde además se colgaron banderas contra Victoria Villarruel, por su cercanía con los represores condenados por lesa humanidad.
 
El peronismo mostró un gran despliegue de movilización. Por Diagonal Sur, los gremios de la CGT y el Movimiento Evita coparon varias cuadras junto a la UTEP y apenas pudieron ingresar a la Plaza. Por Diagonal Norte, y después de caminar 13 kilómetros desde la ex ESMA, La Cámpora llegó pasado el mediodía en una columna encabezada por Máximo Kirchner. En tanto, el gobernador Axel Kicillof llegó junto a su gabinete y los intendentes del conurbano.
 
Fue una gran convocatoria que los medios hegemónicos tratarán de ignorar, y que respondió a la provocación del gobierno, que unió a la CGT, al peronismo, los movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y al movimiento de derechos humanos. La idea de derechos humanos encaja con la idea de justicia social, de país solidario, de trabajo y retribuciones justas, de protección a los niños, a los enfermos y a los ancianos, de hazañas científicas y culturales.
 
No encaja con la justificación de la dictadura, con el intento de que los jubilados crean que ganan poco por culpa de los de la moratoria y que los trabajadores se enfurezcan con los desocupados porque reciben un aporte sin trabajar. No encaja con el país donde los únicos que ganan son los ricos, como procuran las políticas de Milei. Los ricos son "héroes" para Milei y los beneficiarios de sus políticas.
 
Los cientos de miles que desbordaron la Plaza de Mayo, las diagonales y la Avenida de Mayo están enlazados, hermanados, con los miles que se movilizaron en otras ciudades del país, y con los miles y miles que desde sus casas confluyen en la angustia de la pobreza, la amenaza del desempleo y el hambre o la destrucción de comercios y empresas. Hay vías comunicantes por las que fluye una energía que alimenta resistencias, rebeldías y esperanzas.
 
La Opinión Popular


24-03-2024 / 08:03
Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
 
Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: "En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar", escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.
 
Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.
 
El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.
 
Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.
 
Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.
 
Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedaron condenados a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.
 

23-03-2024 / 08:03
A pocos días de lo que se espera será el mayor acto de masas para repudiar al golpe del 24 de marzo de 1976, una hija de desaparecidos fue atacada en su domicilio, la editorial Marea, que publica libros sobre derechos humanos sufrió la embestida brutal de 800 mensajes de odio y Estela de Carlotto denunció que su teléfono estaba intervenido.
 
La defensora de la dictadura, Victoria Villarruel, apareció en una entrevista y el gobierno prepara un video con la tesis de los amigos de los genocidas: "Hubo una guerra donde se produjeron excesos".
 
Durante la semana que pasó circuló la versión de tanteos del gobierno en el ámbito judicial para indultar a los genocidas. Pero antes de que la versión se extendiera, la Cámara de Casación advirtió que, por ley, los delitos de lesa humanidad no se pueden indultar.
 
Aunque no haya indulto, la intención oficial quedó en evidencia. Fue también la confirmación de que este gobierno, además de coincidir con la dictadura en su propuesta económica neoliberal, también comparte el sesgo autoritario del golpismo, al justificarlo y querer perdonarlo.
 
El negacionismo y la idea de la "justicia tuerta" surgieron de la imposibilidad de negar las aberraciones cometidas por los represores durante la dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976.
 
A esta altura son inocultables e indefendibles los secuestros, la tortura, la violación a mujeres indefensas, el botín de guerra que se sacaba a los prisioneros, la apropiación de sus hijos y el lanzamiento de personas vivas desde aviones, como parte de un plan sistemático. No pueden decir que eso no existió. Entonces discuten la cantidad, si nueve mil o 30 mil, cuando en realidad, el horror y la responsabilidad por esos crímenes no varían por su cantidad.
 
Un militar que se rebajó a torturar o a violar a una prisionera en la mesa de tortura tendría que ser una vergüenza para sus camaradas. El secuestro y el asesinato sin juicio no pueden ser aceptados por la sociedad. La apropiación de los hijos de los prisioneros que después serían desaparecidos constituyó un acto repugnante, que debería ser repudiado por los militares que no lo hicieron.
 
Y si querían juzgar a sus enemigos, deberían haberlo hecho en vez de asesinarlos y desaparecerlos sin darles el derecho a un juicio justo. Porque, a diferencia de lo que hicieron los genocidas, sus enemigos eran civiles que no actuaban usurpando el Estado y, por lo tanto, cualquier cosa que quieran juzgar ahora ya está prescripta para la ley.
 
Los que no prescriben son los delitos cometidos desde el poder político, ya sea una dictadura o un gobierno surgido de elecciones. Está planteado así porque es claro que --mientras no cambie-- el poder protegerá a los delincuentes y por lo tanto no hay plazos de prescripción.
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar