10:02 | Viernes 19 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
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Nacionales - 24-11-2014 / 10:11
UNA CAUSA QUE COMPLICA AL PODER
Persecución contra el juez que investiga a Cristina y la corrupción K
La tesis K, de Capitanich, es que el interés del juez Bonadio (foto) por la sociedad Hotesur es una manifestación de golpismo activo. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, esgrimió el mismo argumento. Por si el razonamiento según el cual investigar una empresa presidencial es conspirar contra la estabilidad de las instituciones no fuera del todo malo, agregaron dos declaraciones. Luis D'Elía pidió que la cabeza del juez Bonadio sea exhibida en una pica en la Plaza de Mayo. Y el senador Aníbal Fernández, prestó otro servicio catastrófico a la defensa de su jefa. Dijo que "en ningún país serio la justicia allana una empresa que pertenece a la presidenta". Es verdad: en ningún país serio los presidentes hacen negocios particulares, menos aún con empresas sospechadas de lavar dinero en combinación con contratistas de obra pública.
Luego de las violentas amenazas del piquetero Luis D'Elía, el cristinismo renovó y redobló su avanzada contra el juez federal Claudio Bonadio por investigar presuntos delitos de corrupción por parte de la presidenta Cristina Fernández en el manejo del hotel en El Calafate, del que admitió ser dueña.
Ayer, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, en una clara intimidación, recordó que el magistrado tiene "nueve expedientes" acusatorios en el Consejo de la Magistratura. El número, incorrecto, fue machacado todo el día por los medios oficialistas. E incluso desde la cuenta de Twitter de Casa de Gobierno (@casarosadaAR), se difundió esta y otras informaciones para atacar al juez.
Para los K, hay que terminar con Bonadío porque puso en duda la honorabilidad de Cristina, quien quiere marcharse del poder sin causas judiciales por corrupción. Al igual que otros referentes K, Álvarez vinculó las decisiones del magistrado con algún tipo de interés político relacionado con Sergio Massa, el precandidato presidencial opositor con mayores chances para las elecciones de 2015.
Ayer Hotesur SA emitió un comunicado en el que admitió sus contravenciones, pero explicó que son triviales. Consignó que la documentación que no está en la IGJ está en la AFIP y cumple las exigencias reglamentarias. Pero igual atacó al juez Bonadio. ¿Puede Bonadio comprometer a Cristina con un expediente administrativo por no presentar balances en tiempo y forma? No.
Pero la causa puede poner a Cristina y a Máximo en una situación muy complicada si comprueban que detrás de los pagos adelantados por las habitaciones no ocupadas, que realizaba Lázaro Báez, había intención de lavar dinero. O, para decirlo de una manera más sencilla: si el pago de habitaciones, que el hotel Alto Calafate nunca prestó, podría encubrir una coima por los millonarios negocios públicos que los Kirchner le facilitaron a las empresas de Báez.
¿Por qué estos ataques contra el juez? Porque quieren disciplinarlo y asustar a todos los jueces. ¿Por qué? Cristina le tiene miedo a la rebelión de los jueces. Ella y el cada vez más pequeño círculo que la rodea tienen buenas razones para sentir miedo. Temen que prospere una interpretación legal que consiste en permitir la reapertura de los juicios en los que haya sido evidente que los fiscales y los jueces no realizaron lo mínimo e indispensable para obtener justicia.
Cada vez que aparece ese fantasma, de manera automática se menciona al sobreseimiento en tiempo récord de Néstor y Cristina que ejecutó el polémico juez Norberto Oyarbide en la Navidad del año 2010. Sobre ellos pesaba una denuncia por enriquecimiento ilícito.
El juez K decidió pasar por alto las inconsistencias que denunció un técnico de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, trató al contador de los sospechados como si fuera un perito de parte e interpretó un dictamen de los peritos de la Corte Suprema como evidencia absolutoria, cuando en realidad planteaba una serie de dudas sobre la inocencia de los acusados.
Los K calculan que si la medida prospera, la causa se podrá reabrir y Cristina Fernández será un caso testigo del intento de una jefa de Estado para presionar a la justicia y lograr impunidad total.
La Opinión Popular
Ayer, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, en una clara intimidación, recordó que el magistrado tiene "nueve expedientes" acusatorios en el Consejo de la Magistratura. El número, incorrecto, fue machacado todo el día por los medios oficialistas. E incluso desde la cuenta de Twitter de Casa de Gobierno (@casarosadaAR), se difundió esta y otras informaciones para atacar al juez.
Para los K, hay que terminar con Bonadío porque puso en duda la honorabilidad de Cristina, quien quiere marcharse del poder sin causas judiciales por corrupción. Al igual que otros referentes K, Álvarez vinculó las decisiones del magistrado con algún tipo de interés político relacionado con Sergio Massa, el precandidato presidencial opositor con mayores chances para las elecciones de 2015.
Ayer Hotesur SA emitió un comunicado en el que admitió sus contravenciones, pero explicó que son triviales. Consignó que la documentación que no está en la IGJ está en la AFIP y cumple las exigencias reglamentarias. Pero igual atacó al juez Bonadio. ¿Puede Bonadio comprometer a Cristina con un expediente administrativo por no presentar balances en tiempo y forma? No.
Pero la causa puede poner a Cristina y a Máximo en una situación muy complicada si comprueban que detrás de los pagos adelantados por las habitaciones no ocupadas, que realizaba Lázaro Báez, había intención de lavar dinero. O, para decirlo de una manera más sencilla: si el pago de habitaciones, que el hotel Alto Calafate nunca prestó, podría encubrir una coima por los millonarios negocios públicos que los Kirchner le facilitaron a las empresas de Báez.
¿Por qué estos ataques contra el juez? Porque quieren disciplinarlo y asustar a todos los jueces. ¿Por qué? Cristina le tiene miedo a la rebelión de los jueces. Ella y el cada vez más pequeño círculo que la rodea tienen buenas razones para sentir miedo. Temen que prospere una interpretación legal que consiste en permitir la reapertura de los juicios en los que haya sido evidente que los fiscales y los jueces no realizaron lo mínimo e indispensable para obtener justicia.
Cada vez que aparece ese fantasma, de manera automática se menciona al sobreseimiento en tiempo récord de Néstor y Cristina que ejecutó el polémico juez Norberto Oyarbide en la Navidad del año 2010. Sobre ellos pesaba una denuncia por enriquecimiento ilícito.
El juez K decidió pasar por alto las inconsistencias que denunció un técnico de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, trató al contador de los sospechados como si fuera un perito de parte e interpretó un dictamen de los peritos de la Corte Suprema como evidencia absolutoria, cuando en realidad planteaba una serie de dudas sobre la inocencia de los acusados.
Los K calculan que si la medida prospera, la causa se podrá reabrir y Cristina Fernández será un caso testigo del intento de una jefa de Estado para presionar a la justicia y lograr impunidad total.
La Opinión Popular
EL ESCENARIO
La causa Lázaro Báez ya es la causa Kirchner
Los opositores de Cristina Kirchner pueden seguir distrayéndose en el pelotero de su autodestrucción. Ella se encarga de hacerles el trabajo. Los factores que determinan la crisis del Gobierno no derivan de factores externos. Son consecuencia de su propia actividad. La principal estrategia de Axel Kicillof para resolver los problemas económicos es programar una recesión. Según el Indec, en 12 meses se destruyeron 450.000 puestos de trabajo.
Contra el telón de fondo de este malestar, la corrupción se vuelve más visible. Es la otra arma con la que el kirchnerismo acostumbra a lastimarse. El vínculo entre las empresas hoteleras de los Kirchner y los negocios del contratista de obra públicaLázaro Báez colocó a la Presidenta en el centro de una trama de irregularidades.
Según información procedente de tribunales a raíz del allanamiento dispuesto por el juez Claudio Bonadio , la empresa Hotesur SA, que administra el hotel Alto Calafate, aún no ha presentado a la Inspección General de Justicia (IGJ) los balances de los últimos tres años. El último es el de 2010, pero carece de la firma de profesionales o de los responsables de la empresa.
En el domicilio porteño declarado por esa sociedad, Lavalle 975, 4ºA, hay una oficina que desde hace cuatro años pertenece a un abogado que la ha dado en alquiler. Por lo menos no hay un médano.
Ayer Hotesur SA emitió un comunicado en el que admitió sus contravenciones, pero explicó que son triviales. Consignó que la documentación que no está en la IGJ está en la AFIP y cumple las exigencias reglamentarias.
Aclaró también que su domicilio está en Santa Cruz, pero que ha habido demoras para registrarlo. La empresa de la Presidenta también dictaminó que, si fuera sancionada por el gobierno de la Presidenta, le correspondería una multa de 3000 pesos. ¿Aparecerá el valiente que le aplique otro castigo?
El anónimo redactor de la declaración demuestra que además de los secretos de la actividad turística domina los de la vida institucional. Por ejemplo, describe los antecedentes disciplinarios del juez Bonadio en el Consejo de la Magistratura. Y advierte, como si fuera un pecado, que fue secretario de Carlos Corach: innecesario desaire a Daniel Scioli, que tiene hoy en Corach a uno de sus consejeros más cercanos.
El parte denuncia también una persecución contra la empresa orquestada por medios de comunicación, dirigentes de la oposición, y "vaya a saber qué otra apoyatura externa", para atacar a la Presidenta y sus hijos. Nació la hotelería militante.
Los incumplimientos detectados por la Justicia quizá serían triviales, si no fuera porque Hotesur SA es sospechada de formar parte de una operación gigantesca y sistemática de lavado de dinero que habría organizado Báez. Esa sociedad controla Alto Calafate, el hotel cuyas habitaciones alquiló Austral Construcciones durante años a precios que llegaron a duplicar los de mercado.
Son acuerdos muy extraños, sobre los que todavía no hay un comunicado. Durante los períodos en que Báez reservaba todas las habitaciones para su compañía, en el sitio Tripadvisor seguían apareciendo brasileños, italianos, franceses y alemanes recomendando ese paraíso.
¿Serían empleados de Báez? Hay un detalle que lleva a pensar que sí. Casi todos se quejan de que Alto Calafate quede lejos de la ciudad. Es otra rareza: Báez premiaba a sus abnegados albañiles con un alojamiento lujosísimo, pero ubicado muy lejos del trabajo.
MODUS OPERANDI
El alquiler de hoteles a contratistas de obra pública parece ser un modus operandi de los Kirchner para enriquecerse. En 2006 el matrimonio rentó Los Sauces, otro de sus emprendimientos en El Calafate, a Juan Carlos Relats, quien en aquel momento construía un acueducto en la provincia y un tramo de la autopista Córdoba-Rosario, ambos adjudicados con la anuencia del ex presidente.
Si bien en Harvard la Presidenta explicó su fortuna en su carrera de abogada exitosa, las declaraciones juradas de ella y de su esposo justificaron su progreso patrimonial en actividades mucho menos productivas: la renta de los hoteles y la tasa preferencial con que remuneraban sus ahorros los Eskenazi, propietarios del Banco de Santa Cruz que hoy están cerca de Sergio Massa.
Relats, el benefactor de los Kirchner, murió en diciembre del año pasado. Dos años antes, en Corrientes, se había suicidado su socio, Raúl Clebañer. Sin embargo, el Gobierno sigue asignando negocios a JCR SA, la empresa de Relats. Por ejemplo, el 5 de agosto pasado la señora de Kirchner concedió a su antiguo inquilino patagónico el primer tramo del Gasoducto del Nordeste. JCR SA se asoció para esa licitación con Servicios Vertúa.
Es la firma de Raúl Vertúa, a quien en el mercado suponían desahuciado por dramas financieros que parecen ahora superados por la intervención de una mano bondadosa. Un caso sui géneris de empresa recuperada. Vertúa ganó notoriedad hace unos años en Neuquén porque se lo acusó por la quiebra fraudulenta de una empresa de transportes. En enero pasado la señora de Kirchner le adjudicó la ampliación de otro gasoducto, el Cordillerano, también en combinación con los Relats.
La licitación de estas obras estuvo a cargo de Julio De Vido, gracias a quien Relats conoció a Kirchner en el año 2001. La gestión del concurso estuvo a cargo de Roberto Barata, mano derecha del ministro. Barata es tan decisivo en la organización de estas iniciativas que en las grandes constructoras a las obras públicas del kirchnerismo se las denomina "baratijas".
Además de la familia Relats, en el Gasoducto del Nordeste intervendrá otro viejo conocido de De Vido, Carlos Mundín, quien se hizo famoso con su firma BTU por los sobreprecios que se pagaron para las ampliaciones de gasoductos. El célebre caso Skanska, cuyas primeras investigaciones estuvieron a cargo del fiscal Carlos Stornelli y del entonces juez federal Guillermo Montenegro.
Ambos magistrados prefirieron abandonar las pesquisas después de unas gestiones de De Vido. Montenegro se incorporó al gabinete de Mauricio Macri como ministro de Seguridad. Y Stornelli fue contratado por Daniel Scioli para el mismo cargo, pero en la provincia.
Fue Stornelli quien el jueves pasado solicitó el allanamiento de Hotesur SA. Es la segunda vez que a este fiscal le toca investigar a un presidente en las postrimerías de su mandato. El anterior fue Carlos Menem, en la causa por el contrabando de armas a Ecuador, por la que estuvo preso en Don Torcuato.
Los Kirchner y Menem son los presidentes que, desde la restauración de la democracia en 1983, más sospechas han inspirado en la justicia penal.
En el caso de la señora de Kirchner, las evidencias de los expedientes son reforzadas por el desopilante tratamiento que sus subordinados dan a los escándalos. Por ejemplo: el primer encargado de explicar lo que ocurre en Hotesur SA no fue el ignoto autor del comunicado de ayer, sino el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
De modo que no sólo Cristina Kirchner desarrolla una actividad comercial mientras ejerce la primera magistratura, sino que la contabilidad de su empresa es defendida por el ministro más importante de la Nación. Y sus comunicados son difundidos por la agencia oficial Télam. No está del todo mal: los hoteles familiares parecen haber formado parte, por una vía indirecta, del presupuesto del Estado. Pero convendría disimularlo.
TESIS OFICIAL
La tesis oficial, inaugurada por Capitanich, es que el interés del juez Bonadio y del fiscal Stornelli por la sociedad Hotesur es una manifestación de golpismo activo. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, esgrimió el mismo argumento. De Álvarez depende la Inspección General de Justicia, que está a cargo de Rodolfo Tailhade, que debería controlar la documentación de Hotesur. Álvarez y Tailhade pertenecen a La Cámpora, la agrupación que lidera Máximo Kirchner, el dueño de Hotesur.
Por si el razonamiento según el cual investigar una empresa presidencial es conspirar contra la estabilidad de las instituciones no fuera del todo malo, el kirchnerismo agregó dos declaraciones. Luis D'Elía pidió que la cabeza del juez Bonadio sea exhibida en una pica en la Plaza de Mayo. En nombre de los derechos humanos pidió que el empalamiento se limite a algo simbólico.
En auxilio de D'Elía apareció el senador Aníbal Fernández, quien prestó otro servicio catastrófico a la defensa de su jefa. Dijo que "en ningún país serio la justicia allana una empresa que pertenece a la presidenta".
Es verdad: en ningún país serio los presidentes hacen negocios particulares, menos aún con empresas sospechadas de lavar dinero en combinación con contratistas de obra pública.
La reacción del Gobierno hace juego con otras anteriores. Ningún fiscal que se haya asomado a un caso de corrupción fue tan hostigado como José María Campagnoli cuando quiso reconstruir el circuito de dinero negro montado por el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Este constructor soportó casi en silencio las denuncias sobre sus operaciones. Pero el día en que Hugo Alconada Mon detalló en este diario la lista de cheques librados por Austral Construcciones a favor de las empresas hoteleras de la Presidenta, el estoico contratista santacruceño recurrió a la Justicia para pedir censura previa.
Ahora los funcionarios hablan de golpismo. Hay que entenderlos: la causa Báez está empezando a ser la causa Kirchner.
Por Carlos Pagni
Fuentes: La Nación, Cronista y LOP
La causa Lázaro Báez ya es la causa Kirchner
Los opositores de Cristina Kirchner pueden seguir distrayéndose en el pelotero de su autodestrucción. Ella se encarga de hacerles el trabajo. Los factores que determinan la crisis del Gobierno no derivan de factores externos. Son consecuencia de su propia actividad. La principal estrategia de Axel Kicillof para resolver los problemas económicos es programar una recesión. Según el Indec, en 12 meses se destruyeron 450.000 puestos de trabajo.
Contra el telón de fondo de este malestar, la corrupción se vuelve más visible. Es la otra arma con la que el kirchnerismo acostumbra a lastimarse. El vínculo entre las empresas hoteleras de los Kirchner y los negocios del contratista de obra públicaLázaro Báez colocó a la Presidenta en el centro de una trama de irregularidades.
Según información procedente de tribunales a raíz del allanamiento dispuesto por el juez Claudio Bonadio , la empresa Hotesur SA, que administra el hotel Alto Calafate, aún no ha presentado a la Inspección General de Justicia (IGJ) los balances de los últimos tres años. El último es el de 2010, pero carece de la firma de profesionales o de los responsables de la empresa.
En el domicilio porteño declarado por esa sociedad, Lavalle 975, 4ºA, hay una oficina que desde hace cuatro años pertenece a un abogado que la ha dado en alquiler. Por lo menos no hay un médano.
Ayer Hotesur SA emitió un comunicado en el que admitió sus contravenciones, pero explicó que son triviales. Consignó que la documentación que no está en la IGJ está en la AFIP y cumple las exigencias reglamentarias.
Aclaró también que su domicilio está en Santa Cruz, pero que ha habido demoras para registrarlo. La empresa de la Presidenta también dictaminó que, si fuera sancionada por el gobierno de la Presidenta, le correspondería una multa de 3000 pesos. ¿Aparecerá el valiente que le aplique otro castigo?
El anónimo redactor de la declaración demuestra que además de los secretos de la actividad turística domina los de la vida institucional. Por ejemplo, describe los antecedentes disciplinarios del juez Bonadio en el Consejo de la Magistratura. Y advierte, como si fuera un pecado, que fue secretario de Carlos Corach: innecesario desaire a Daniel Scioli, que tiene hoy en Corach a uno de sus consejeros más cercanos.
El parte denuncia también una persecución contra la empresa orquestada por medios de comunicación, dirigentes de la oposición, y "vaya a saber qué otra apoyatura externa", para atacar a la Presidenta y sus hijos. Nació la hotelería militante.
Los incumplimientos detectados por la Justicia quizá serían triviales, si no fuera porque Hotesur SA es sospechada de formar parte de una operación gigantesca y sistemática de lavado de dinero que habría organizado Báez. Esa sociedad controla Alto Calafate, el hotel cuyas habitaciones alquiló Austral Construcciones durante años a precios que llegaron a duplicar los de mercado.
Son acuerdos muy extraños, sobre los que todavía no hay un comunicado. Durante los períodos en que Báez reservaba todas las habitaciones para su compañía, en el sitio Tripadvisor seguían apareciendo brasileños, italianos, franceses y alemanes recomendando ese paraíso.
¿Serían empleados de Báez? Hay un detalle que lleva a pensar que sí. Casi todos se quejan de que Alto Calafate quede lejos de la ciudad. Es otra rareza: Báez premiaba a sus abnegados albañiles con un alojamiento lujosísimo, pero ubicado muy lejos del trabajo.
MODUS OPERANDI
El alquiler de hoteles a contratistas de obra pública parece ser un modus operandi de los Kirchner para enriquecerse. En 2006 el matrimonio rentó Los Sauces, otro de sus emprendimientos en El Calafate, a Juan Carlos Relats, quien en aquel momento construía un acueducto en la provincia y un tramo de la autopista Córdoba-Rosario, ambos adjudicados con la anuencia del ex presidente.
Si bien en Harvard la Presidenta explicó su fortuna en su carrera de abogada exitosa, las declaraciones juradas de ella y de su esposo justificaron su progreso patrimonial en actividades mucho menos productivas: la renta de los hoteles y la tasa preferencial con que remuneraban sus ahorros los Eskenazi, propietarios del Banco de Santa Cruz que hoy están cerca de Sergio Massa.
Relats, el benefactor de los Kirchner, murió en diciembre del año pasado. Dos años antes, en Corrientes, se había suicidado su socio, Raúl Clebañer. Sin embargo, el Gobierno sigue asignando negocios a JCR SA, la empresa de Relats. Por ejemplo, el 5 de agosto pasado la señora de Kirchner concedió a su antiguo inquilino patagónico el primer tramo del Gasoducto del Nordeste. JCR SA se asoció para esa licitación con Servicios Vertúa.
Es la firma de Raúl Vertúa, a quien en el mercado suponían desahuciado por dramas financieros que parecen ahora superados por la intervención de una mano bondadosa. Un caso sui géneris de empresa recuperada. Vertúa ganó notoriedad hace unos años en Neuquén porque se lo acusó por la quiebra fraudulenta de una empresa de transportes. En enero pasado la señora de Kirchner le adjudicó la ampliación de otro gasoducto, el Cordillerano, también en combinación con los Relats.
La licitación de estas obras estuvo a cargo de Julio De Vido, gracias a quien Relats conoció a Kirchner en el año 2001. La gestión del concurso estuvo a cargo de Roberto Barata, mano derecha del ministro. Barata es tan decisivo en la organización de estas iniciativas que en las grandes constructoras a las obras públicas del kirchnerismo se las denomina "baratijas".
Además de la familia Relats, en el Gasoducto del Nordeste intervendrá otro viejo conocido de De Vido, Carlos Mundín, quien se hizo famoso con su firma BTU por los sobreprecios que se pagaron para las ampliaciones de gasoductos. El célebre caso Skanska, cuyas primeras investigaciones estuvieron a cargo del fiscal Carlos Stornelli y del entonces juez federal Guillermo Montenegro.
Ambos magistrados prefirieron abandonar las pesquisas después de unas gestiones de De Vido. Montenegro se incorporó al gabinete de Mauricio Macri como ministro de Seguridad. Y Stornelli fue contratado por Daniel Scioli para el mismo cargo, pero en la provincia.
Fue Stornelli quien el jueves pasado solicitó el allanamiento de Hotesur SA. Es la segunda vez que a este fiscal le toca investigar a un presidente en las postrimerías de su mandato. El anterior fue Carlos Menem, en la causa por el contrabando de armas a Ecuador, por la que estuvo preso en Don Torcuato.
Los Kirchner y Menem son los presidentes que, desde la restauración de la democracia en 1983, más sospechas han inspirado en la justicia penal.
En el caso de la señora de Kirchner, las evidencias de los expedientes son reforzadas por el desopilante tratamiento que sus subordinados dan a los escándalos. Por ejemplo: el primer encargado de explicar lo que ocurre en Hotesur SA no fue el ignoto autor del comunicado de ayer, sino el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
De modo que no sólo Cristina Kirchner desarrolla una actividad comercial mientras ejerce la primera magistratura, sino que la contabilidad de su empresa es defendida por el ministro más importante de la Nación. Y sus comunicados son difundidos por la agencia oficial Télam. No está del todo mal: los hoteles familiares parecen haber formado parte, por una vía indirecta, del presupuesto del Estado. Pero convendría disimularlo.
TESIS OFICIAL
La tesis oficial, inaugurada por Capitanich, es que el interés del juez Bonadio y del fiscal Stornelli por la sociedad Hotesur es una manifestación de golpismo activo. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, esgrimió el mismo argumento. De Álvarez depende la Inspección General de Justicia, que está a cargo de Rodolfo Tailhade, que debería controlar la documentación de Hotesur. Álvarez y Tailhade pertenecen a La Cámpora, la agrupación que lidera Máximo Kirchner, el dueño de Hotesur.
Por si el razonamiento según el cual investigar una empresa presidencial es conspirar contra la estabilidad de las instituciones no fuera del todo malo, el kirchnerismo agregó dos declaraciones. Luis D'Elía pidió que la cabeza del juez Bonadio sea exhibida en una pica en la Plaza de Mayo. En nombre de los derechos humanos pidió que el empalamiento se limite a algo simbólico.
En auxilio de D'Elía apareció el senador Aníbal Fernández, quien prestó otro servicio catastrófico a la defensa de su jefa. Dijo que "en ningún país serio la justicia allana una empresa que pertenece a la presidenta".
Es verdad: en ningún país serio los presidentes hacen negocios particulares, menos aún con empresas sospechadas de lavar dinero en combinación con contratistas de obra pública.
La reacción del Gobierno hace juego con otras anteriores. Ningún fiscal que se haya asomado a un caso de corrupción fue tan hostigado como José María Campagnoli cuando quiso reconstruir el circuito de dinero negro montado por el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Este constructor soportó casi en silencio las denuncias sobre sus operaciones. Pero el día en que Hugo Alconada Mon detalló en este diario la lista de cheques librados por Austral Construcciones a favor de las empresas hoteleras de la Presidenta, el estoico contratista santacruceño recurrió a la Justicia para pedir censura previa.
Ahora los funcionarios hablan de golpismo. Hay que entenderlos: la causa Báez está empezando a ser la causa Kirchner.
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Fuentes: La Nación, Cronista y LOP
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