03:55 | Sabado 20 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
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Nacionales - 23-11-2014 / 09:11
FRENTE A JUECES Y FISCALES QUE YA NO DEJAN DORMIR LAS CAUSAS DE CORRUPCIÓN
El copamiento de la Justicia por parte de los K es hoy la principal política de Estado
Cristina y los jueces pelean golpe a golpe. Y el copamiento de la justicia por parte del kirchnerismo es hoy la principal política de Estado, frente a una suma de jueces y fiscales que ya no dejan dormir las causas de corrupción.
Nunca en democracia una estrategia de penetración política en el Poder Judicial ha sido tan descarada como ahora. Ni siquiera con Menem, cuando funcionaba la "mayoría automática" de la Corte Suprema y actuaban los jueces amigos cuyos nombres integraban la famosa servilleta del ex ministro Corach.
El oficialismo contraataca diciendo que tampoco es común el avance de tantas causas contra funcionarios del Gobierno. Tienen razón, pero esas causas se alimentan no sólo de testimonios, sino también de documentación contundente sobre irregularidades cometidas al calor de la impunidad. Y la Justicia está para eso.
El allanamiento dispuesto por el juez Bonadío a la empresa Hotesur, de la cual Cristina Fernández es como dueña del Hotel Alto Calafate, reactivó de modo espectacular la guerra entre Gobierno y Justicia. La Presidenta volvió a protagonizar escenas de furia en Olivos, que la sacaron de la calma aconsejada por sus médicos.
El foco central del enojo eran las novedades que surgen en las investigaciones sobre Lázaro Báez, que la vinculan a ella y a su hijo Máximo con negocios muy sospechados. La orden terminante fue acelerar la escalada K en Tribunales.
Gabriela Vázquez, de fuertes lazos con los K, fue elegida presidenta del Consejo de la Magistratura -para lograrlo se votó a sí misma- y la operación oficialista no terminaría allí. El Administrador General del Poder Judicial, o sea, el hombre que maneja los dineros que hacen funcionar a toda la estructura, fue remplazado por Claudio Cholakian, directivo de la agrupación Justicia Legítima.
En la Casa Rosada están convencidos de que las malas noticias que llegan a la Presidenta desde Tribunales, son operaciones de la oposición política, en connivencia con jueces y fiscales que se toman revancha por la decisión de Cristina de "democratizar" la Justicia.
En cambio, no le asignan importancia a los agravios y acusaciones con los que el kirchnerismo viene bombardeando a la familia judicial, desconociendo que eso y el final de ciclo, envalentona a los magistrados.
La guerra está en pleno desarrollo, como lo están las investigaciones que cada día estrechan más el círculo sobre la Presidenta y su familia. Los vínculos con Lázaro Báez generan un nerviosismo inédito en la cúpula del poder y apuntan a un final desconocido.
Cristina y los jueces pelean golpe a golpe
Nunca en democracia una estrategia de penetración política en el Poder Judicial ha sido tan amplia y descarada como ahora. Ni siquiera bajo la presidencia de Carlos Menem, cuando funcionaba la "mayoría automática" de la Corte Suprema y actuaban los jueces amigos cuyos nombres integraban la famosa servilleta del ex ministro del Interior Carlos Corach.
Ahora es diferente porque no se trata de algunos casos especiales sino de una organización interna que se extiende ramificada en la estructura judicial.
Fuentes del oficialismo contraatacan diciendo que tampoco es común el avance de tantas causas contra funcionarios del Gobierno, comenzando nada menos que con el entorno de la Presidenta de la Nación. Tienen razón, pero esas causas se alimentan no sólo de testimonios que podrían ser interesados, sino también de documentación contundente sobre irregularidades cometidas al calor de la impunidad. Y la Justicia está para eso.
No resultaría normal en ningún país serio que sea allanada una empresa perteneciente a quien ejerce la máxima autoridad del Estado y todo se limite a los títulos de los diarios. O que el vicepresidente Amado Boudou, con varios procesamientos, siga conduciendo las sesiones del Senado como si tal cosa. Parecería que la sociedad, de contemplar tantos episodios similares, se ha ido acostumbrando a que lo anormal no lo sea tanto.
Sin reposo
El allanamiento dispuesto por el juez Claudio Bonadío a la empresa Hotesur, de la cual Cristina Fernández es accionista mayoritaria como dueña del Hotel Alto Calafate, reactivó de modo espectacular la guerra entre Gobierno y Justicia.
Dos días antes, el martes, quizás avisada del avance de la investigación pedida por el fiscal Carlos Stornelli, la Presidenta volvió a protagonizar escenas de furia en Olivos, que la sacaron de la calma aconsejada por sus médicos. De todos los que la trataron ese día, ninguno se salvó de verla alterada, profiriendo gritos e insultos.
Entre otras razones para tanto escándalo, estaban las modificaciones que se introdujeron sin su consentimiento a la nueva ley de telecomunicaciones. Pero el foco central del enojo -según fuentes confiables- eran las novedades que surgen en las investigaciones sobre Lázaro Báez, que la vinculan a ella y a su hijo Máximo con negocios muy sospechados. La orden terminante fue acelerar la escalada kirchnerista en Tribunales.
Anticipábamos en esta columna que la jueza Gabriela Vázquez, de fuertes lazos con el kirchnerismo, sería elegida como presidenta del Consejo de la Magistratura -para lograrlo se votó a sí misma- y agregábamos que la operación oficialista no terminaría allí.
Decíamos que "también existe la intención de remover a Germán Krieger, actual Administrador General del Poder Judicial, o sea, el hombre que maneja los dineros que hacen funcionar a toda la estructura. Krieger fue propuesto por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y en el futuro La Cámpora querría remplazarlo por otro de sus militantes".
Eso fue hace dos semanas, y el futuro llegó de inmediato. En la primera medida del nuevo Consejo, Krieger fue remplazado por Claudio Cholakian, directivo de la agrupación Justicia Legítima. Ahora irán por la designación del nuevo juez electoral de La Plata para remplazar al fallecido Manuel Blanco.
El candidato es Jorge Di Lorenzo, otro kirchnerista, quien sería nombrado como subrogante para hacerlo por simple mayoría. Con él, se asegurarán el control de los comicios de 2015 en la Provincia de Buenos Aires, con 10,5 millones de votantes y casi el 40 por ciento del padrón total del país.
En combate
En la Casa Rosada están convencidos de que las malas noticias que llegan a la Presidenta desde Tribunales, son operaciones de la oposición política, en connivencia con jueces y fiscales que se toman revancha por la decisión de Cristina de "democratizar" la Justicia.
En cambio, no le asignan importancia a los agravios y acusaciones con los que el kirchnerismo viene bombardeando a la familia judicial, desconociendo que eso y el final de ciclo, envalentona a los magistrados.
La guerra está en pleno desarrollo, como lo están las investigaciones que cada día estrechan más el círculo sobre la Presidenta y su familia. Los vínculos con Lázaro Báez generan un nerviosismo inédito en la cúpula del poder y apuntan a un final desconocido.
En esta judicialización de la política, no es ajena la perseverancia de Elisa Carrió, convertida en una especie de fiscal de la República. Sus denuncias al poder y sus demandas éticas parecen disociadas de su incapacidad para construir consensos. Pero aunque la crisis que desató en UNEN tiene por ahora un imprevisible desenlace, es un desafío a la imaginación política de todos.
Por Carlos Sacchetto
Fuente: losandes.com.ar
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