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Paraná - 19-11-2014 / 19:11
EL CASO DEL CURA ACUSADO DE ABUSAR A SIETE PUPILOS

Rechazan prescripción en la causa del cura Ilarraz

Rechazan prescripción en la causa del cura Ilarraz
Marcelo Baridón (imagen) explicó que a partir del fallo de la Cámara “la causa vuelve a la instrucción y no nos queda duda de que la jueza (Paola) Firpo tiene que llamara a indagar a Ilarraz, sin perjuicio de que también tenga que preguntarle a los dignatarios de la Iglesia, tanto a (el cardenal Estanislao Esteban) Karlic como a (el obispo de Paraná, Juan Alberto) Puiggari, mediante qué van a declarar, si van a declarar en su despacho público, que sería una buena opción o si lo van a hacer mediante el uso del privilegio procesal de contestar por escrito”. Foto: Blas García para La Opinión Popular
 
La Cámara de Casación Penal rechazó los planteos esgrimidos por la defensa del sacerdote Justo José Ilarraz. El expediente regresará al juzgado que le dio origen para continuar la investigación sobre los crímenes que habrían ocurrido entre 1985 y 1993 y tendrían como víctima a chicos de entre 12 y 14 años.
 
La Cámara de Casación Penal, integrada por Rubén Chaia, Elisa Zilli y Elvio Garzón -los dos últimos subrogaron a Marcela Davite y Hugo Perotti, puesto que se pronunciaron en distintas etapas de esta causa-, resolvió rechazar el recurso interpuesto por la defensa del sacerdote Ilarraz respecto a la prescripción de la causa. Así, el expediente regresará al juzgado de Instrucción que le dio curso a la investigación. 

 
Allí, una vez cumplidos los plazos procesales que determina la ley, la jueza Paola Firpo deberá decidir si cita a prestar declaración indagatoria al cura que actualmente reside en Tucumán. Como se recordará, en esta instancia se investigan los numerosos abusos ocurridos en el Seminario de Paraná entre 1985 y 1995, cuyas víctimas tenían en su momento 12 y 14 años, y tiene al religioso como único imputado.
 
En la audiencia de casación que se realizó el 31 de octubre, el procurador General de la Provincia, Jorge Amilcar García, y los querellantes particulares Marcos Rodríguez Allende, Rosario Romero y Milton Urrutia, pidieron que se posibilite continuar con la investigación, fundamentando que la causa está en sus inicios. En este sentido, solicitaron que se rechace el planteo de prescripción efectuado por la defensa del presbítero, a cargo de Juan Ángel Fornerón y Jorge Muñoz.
 
Por su parte, la defensa del sacerdote, se refugió en los puntos que desarrollaron en el recurso casatorio que atacó el rechazo de prescripción de la causa y el procesamiento del sacerdote dictado por el juez de Instrucción Alejandro Grippo, sentencia que fue ratificada por la Sala II en la Cámara del Crimen de Paraná, que estuvo integrada por Marcela Davite, Marcela Badano y Ricardo Bonazzola. Ésta sala, en fallo dividido, confirmó el rechazo a la prescripción de la acción penal, que fue planteada por la defensa del cura, dictado por Grippo.
 
La causa llegó a la Sala II porque la Sala I de la Cámara del Crimen, integrada por Perotti y Miguel Ángel Giorgio, rechazó el fallo de Grippo y sobreseyó al cura. En esta instancia intervino la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y anuló la sentencia de la Sala I, lo que generó que la causa se remitiera a la Sala II.
 
En aquella audiencia, la acusación sostuvo que los casos no se trataron de delitos de lesa humanidad, sino de graves violaciones a los Derechos Humanos de quienes, al momento de los hechos que se investigan, eran niños a cargo de la Iglesia Católica.
 
En este sentido, destacaron el rango constitucional de los distintos pactos internacionales a los que adhirió Argentina, los que de ser obviados pondrían al país ante la posibilidad de una nueva condena por parte de organismos internacionales. Los acusadores sostienen que se debe permitir continuar con la investigación, puesto que se tiene conocimiento que existen más de 40 víctimas del accionar de Ilarraz.
 
Para la defensa, en cambio, dice que se cumplieron los plazos para continuar con la persecución penal contra el sacerdote que actualmente se encuentra en Tucumán. Así, reiteraron que el plazo para denunciar los delitos cometidos por su representado expiraron, sosteniendo que el delito por el que se acusa a Ilarraz contempla una pena máxima de 15 años de prisión, por lo que entendieron que "todos los delitos datan de más tiempo, por eso creemos que (la causa) expiró", dijeron.
 
 
Pronunciamiento
 
Tras conocerse el fallo, uno de los querellantes, Marcelo Baridón, dijo a EL DIARIO: "Esperábamos un pronunciamiento en este sentido; es muy alentador, no sólo para las construcción colectiva de justicia, sino para las víctimas, y sobre todo para aquellas personas que están a la espera de un pronunciamiento, que están ansiosos esperando pronunciamientos claros por parte de la Justicia". En este sentido opinó que "esto es muy trascendente, para nosotros, para la Justicia de la provincia, para la Justicia del país en general".
 
Baridón explicó que a partir del fallo de la Cámara "la causa vuelve a la instrucción y no nos queda duda de que la jueza (Paola) Firpo tiene que llamara a indagar a Ilarraz, sin perjuicio de que también tenga que preguntarle a los dignatarios de la Iglesia, tanto a (el cardenal Estanislao Esteban) Karlic como a (el obispo de Paraná, Juan Alberto) Puiggari, mediante qué van a declarar, si van a declarar en su despacho público, que sería una buena opción o si lo van a hacer mediante el uso del privilegio procesal de contestar por escrito".
 
Acompañamiento. José Dumoulin, uno de los sacerdotes que ejerce su función en Villaguay y acompaña a las víctimas en este proceso, opinó que el fallo de la Cámara de Casación "es muy importante y necesario, porque él (por Ilarraz) tiene que llevar a esclarecer todas estas cuestiones en orden a la Justicia y a la verdad, atendiendo especialmente a la dignidad de las víctimas, que desde hace mucho tiempo vienen esperando esto".
 
El sacerdote, visiblemente satisfecho por la resolución, planteó: "Creo que es el camino adecuado para avanzar con la investigación y llegar a esclarecer y tomar las determinaciones que la Justicia encuentre necesarias para poder cerrar todo este caso".
 
Respecto a las supuestas responsabilidades de altas autoridades de la Iglesia local, Dumoulin evaluó que "cada uno tendrá su cuota de responsabilidad, que habrá que ver; creo que lo más importante y en lo que, por lo menos, nos tenemos que centrar nosotros y es lo ha sido nuestra intención y nuestra lucha, es poder llegar a aclarar esta cuestión, que Ilarraz sea citado a declarar. Creo que eso es lo más importante y central de la cuestión para comenzar a echar luz sobre todo esto que se viene peleando desde hace tanto tiempo".
 
Otro de los letrados querellantes, Milton Urrutia, manifestó a esta Hoja que el fallo "es un triunfo de la Justicia, de la verdad, de los Derechos Humanos" y se mostró "muy contento porque con esto el fuero Penal demuestra que se está poniendo en consonancia con la Justicia Internacional, en la que los tratados internacionales tienen que hacerse valer".
 
El abogado indicó que aún no leyó los fundamentos del fallo, pero especuló con que "tiene que estar dando vueltas, cabalgando sobre el tema de los Derechos Humanos, la violación a la integridad, a la intimidad sexual, a la identidad sexual y la violación a la salud como Derecho Humano" y aclaró que "no estamos hablando de delitos de lesa humanidad, que siempre se confundió, estamos hablando de Derechos Humanos".
 
Urrutia adelantó que a partir de la sentencia se puede "hablar de avanzar en la indagatoria, estaremos esperando que baje el expediente, Paola Firpo tendrá que llamar a indagatoria al padre Justo José Ilarraz, esperaremos la fecha para que el padre Justo venga a rendir cuentas a Paraná".
 
Urrutia precisó en caso que la defensa apele la decisión de la Cámara, esto no pondría freno a una citación a indagatoria del sacerdote. "En principio no podría neutralizarla, el expediente pasa a Instrucción y comenzarán las medidas de pruebas que están pendientes", indicó.
 
"Por supuesto" respondió el letrado a la consulta sobre si se va a avanzar en la investigación respecto a la responsabilidad de las más altas autoridades de la arquidiócesis local. En este sentido aseguró que "hay encubrimiento por parte de monseñor Puiggari en su momento, de monseñor Karlic, esto está todo documentado, no es algo que uno inventó".
 
Urrutia opinó que el estado actual del proceso se debe a lo que consideró "un gran trabajo de la Justicia, encabezado por el procurador General que tiene bien entendido lo que son los Derechos Humanos, y es un gran agradecimiento por parte de las víctimas y de los otros sacerdotes de la arquidiócesis que están en este tema de los abusos sexuales del padre Ilarraz".
 
 
Consideraciones
 
El camarista Rubén Chaia, en parte de los fundamentos que se dieron a conocer, señaló: "No estamos frente a un delito de abuso común, tampoco frente a un caso que afecta sólo a personas particulares, estamos frente a un caso de especiales circunstancias que por su trascendencia, implicancia y afectación de derechos trasciende el ámbito de la cotidianeidad tribunalicia y nos coloca frente al deber de permitir la investigación para evitar responsabilidades internacionales pero y sobre todo, para impedir que a partir del ocultamiento -oscurantismo- de estos hechos, se vuelvan a repetir", sostuvo.
 
Más adelante afirmó: "Admitir lo contrario nos posicionaría en una verdadera negación de acceso a la justicia con la consecuente conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva afectando sí los 'derechos humanos' de las supuestas víctimas, aspecto que por sus consecuencias, permite equipararlo a casos como los resueltos por la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, en especial en (el caso) Bulacio al señalar que 'son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos'", citó el juez.
 
Autor: El Diario Paraná
 
Fuente: lt10digital.com.ar
 

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24-04-2024 / 11:04
 En Paraná, como en muchas ciudades del país, este martes 23 de abril se realizó una impresionante marcha en defensa de la universidad pública y gratuita ante el recorte presupuestario dispuesto por el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. En el acto final participaron más de 30 mil personas de diferentes organizaciones universitarias, sociales y políticas, uno de los más grandes de los últimos tiempos. Llamó la atención el atronador silencio del gobernador Rogelio Frigerio que no acompaña el reclamo.

La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y Universidad Tecnológica Nacional (UTN) formaron parte de la Marcha Federal en defensa de la Educación Pública y las universidades nacionales ante el ajuste y el desfinanciamiento del gobierno de Milei.

En la marcha hubo muchísima gente no encolumnada políticamente, tal vez votantes de Milei, que se sumaron como manifestantes nuevos. El encuentro físico con otras personas que piensan distinto y actúan en común destruye preconceptos y diluye el prejuicio sobre el que se monta todo el discurso antipopular o incluso anti militante o anti político, que son los antis que funcionan como pegamento del relato desmovilizador de la derecha.
 
Y había columnas que casi nunca han compartido la calle, como las de agrupaciones peronistas estudiantiles y la Franja Morada del radicalismo. Esa misma mezcla se daba en la gente con miles de estudiantes, docentes, trabajadores, militantes y autoconvocados marcharon en Paraná en defensa de la Universidad Pública ante el recorte libertario que pone en peligro la continuidad de las clases.
 
La multitudinaria columna partió pasadas las 16 horas desde la Plaza 1º de Mayo de Paraná en donde se convocaron también gremios y partidos políticos. Desde allí, se dirigieron hacia Plaza Mansilla, que fue desbordada, y en donde dieron lectura a un comunicado conjunto. "Mientras dicen que no hay plata, miles de millones de dólares se fugan en el pago de deudas externas. En enero se pagaron 10 mil millones de dólares lo que equivale seis veces el presupuesto universitario", señalaron.
 
Por ello, advirtieron que esta situación de desfinanciamiento frena el funcionamiento regular del sistema educativo y científico, como así también los acuerdos paritarios, las obras de infraestructura, la revocación del sistema de becas, la eliminación del Fonid. Los estudiantes que dieron lectura el documento también advirtieron que "esta situación nos alerta sobre una posibles privatización e incluso cierre de nuestras instituciones educativas".
 
En el documento también dieron cuenta que, como consecuencia del presupuesto reconducido y la devaluación interanual del 287%, las universidades públicas de todo el país cuentan en 2024 con un tercio de presupuesto en comparación al del 2023. "Es el más bajo desde 1997. Nos quieren hacer creer que la educación es un gasto", señalaron al tiempo que explicaron que al aumento de un 70 por ciento anunciado por el Gobierno nacional "solo corresponde al 9,1% del presupuesto total". "En 1970 éramos una población de 24 millones de habitantes y la matrícula universitaria era de  200 mil estudiante,  mientras que en la actualidad somos 46 millones de habitantes con una matrícula universitaria de 2 millones y medio. En los últimos 40 años mientras la población argentina creció un 77%, la matrícula universitaria aumento un 750%", añadieron.
 
La Opinión Popular
 

22-04-2024 / 11:04
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