10:51 | Viernes 19 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
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Nacionales - 29-08-2014 / 09:08
AYER MILLONES DE ARGENTINOS FALTARON A SUS TRABAJOS
Otro fuerte paro de los gremios opositores a CFK se hizo sentir en todo el país
El Gobierno de CFK y los gremios opositores seguirán discutiendo durante días si el paro de ayer fue un parazo o un parito, algo difícil de medir porque se trató de una medida política cuya evaluación es cualitativa. En cuanto a repercusión, fue un paro contundente y sin incidentes serios. Sin trenes, pero con colectivos a pleno aunque vacios, hubo ausentismo; los piquetes hicieron cortes con activistas y no interrumpieron los ingresos al centro. Esta falta de actividad laboral se replicó en las grandes ciudades.
Convocado por la CGT de Hugo Moyano, la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo y la CTA de Pablo Micheli, el paro de ayer se sintió fuerte en muchas actividades: no hubo recolección de residuos, recarga de cajeros ni clearing bancario, los bancos no atendieron, no funcionó la justicia nacional y las estaciones de servicio cerraron. Tampoco hubo actividad marítimo-portuaria ni en los aeropuertos debido a la adhesión de gremios del sector.
El paro se respaldó en dos gremios del transporte: los maquinistas de La Fraternidad y los señaleros. No funcionó ni un ramal de ninguna de las líneas ferroviarias. Otro apoyo invalorable para el éxito del paro llegó a través de los piquetes que realizaron el PO, el PTS y otros partidos de izquierda verdadera, que se mostró a sus anchas en diferentes accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano.
Además, la mayoría de las automotrices ayer no produjeron, pese a que los operarios pertenecen a SMATA, un gremio oficialista que militó contra el paro. Lo mismo pasó en autopartistas, donde es fuerte la ultra oficialista UOM. Además, en Capital y GBA hubo docentes que no fueron a sus escuelas y los chicos no tuvieron clases.
En el interior hubo un acatamiento dispar con focos importantes en Mendoza, Chaco y Santa Cruz, y más débiles en Córdoba y Entre Ríos.
La primera conclusión es que el paro se hizo sentir en dos dimensiones: la gremial y la política. En el primer caso, la huelga fue extendida en sectores que integran la CGT oficialista y la actividad que se percibió en los grandes centros urbanos fue la que se registra los días feriados.
La carnereada de los dirigentes de los gremios oficialistas tuvo premio: el Boletín Oficial publicó ayer una suelta de fondos para las obras sociales sindicales de $1.215 millones que alivia la caja siempre ansiosa de los sindicalistas afines al Gobierno.
El efecto político, que el Gobierno de CFK no pudo modificar, es que ayer se vivió como un día de paro y una gran parte de la sociedad funcionó con esa convicción. El pensamiento ramplón y de chicana universitaria, que impregna la práctica K, planteó que el paro de ayer estaba auspiciado por los fondos buitre.
Los indicadores económicos son mucho más elocuentes para expresar las razones por las que hubo una protesta, que no será la última. Demasiado tiempo Cristina ha subestimado la existencia de la inflación y sus consecuencias. En el relato K, la inflación es parte del crecimiento, el costo que hay que pagar por mantener elevada la demanda interna. Y puede ser minimizada con algunas medidas de control de precios. Falso.
Sus consecuencias son el conflicto social porque cuanto más golpea a los asalariados, estos inician sus reclamos contra los patrones y siguen contra los gobernantes. Para colmo de males, hace tiempo hay inflación con recesión y se han perdido 400.000 puestos de trabajo en los últimos seis meses.
El conflicto social se está profundizando porque Cristina se niega a quitar el abusivo Impuesto a las Ganancias sobre los salarios y a reabrir paritarias. Afirma que es un conflicto político y nada hace para bajar la inflación, aplicando medidas inútiles para reanimar la demanda interna. Moyano anticipó que irá por más y advirtió que profundizará el plan de lucha si el Gobierno no da respuesta a los reclamos. ¿Se avecinan meses terribles?
La Opinión Popular
El paro se respaldó en dos gremios del transporte: los maquinistas de La Fraternidad y los señaleros. No funcionó ni un ramal de ninguna de las líneas ferroviarias. Otro apoyo invalorable para el éxito del paro llegó a través de los piquetes que realizaron el PO, el PTS y otros partidos de izquierda verdadera, que se mostró a sus anchas en diferentes accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano.
Además, la mayoría de las automotrices ayer no produjeron, pese a que los operarios pertenecen a SMATA, un gremio oficialista que militó contra el paro. Lo mismo pasó en autopartistas, donde es fuerte la ultra oficialista UOM. Además, en Capital y GBA hubo docentes que no fueron a sus escuelas y los chicos no tuvieron clases.
En el interior hubo un acatamiento dispar con focos importantes en Mendoza, Chaco y Santa Cruz, y más débiles en Córdoba y Entre Ríos.
La primera conclusión es que el paro se hizo sentir en dos dimensiones: la gremial y la política. En el primer caso, la huelga fue extendida en sectores que integran la CGT oficialista y la actividad que se percibió en los grandes centros urbanos fue la que se registra los días feriados.
La carnereada de los dirigentes de los gremios oficialistas tuvo premio: el Boletín Oficial publicó ayer una suelta de fondos para las obras sociales sindicales de $1.215 millones que alivia la caja siempre ansiosa de los sindicalistas afines al Gobierno.
El efecto político, que el Gobierno de CFK no pudo modificar, es que ayer se vivió como un día de paro y una gran parte de la sociedad funcionó con esa convicción. El pensamiento ramplón y de chicana universitaria, que impregna la práctica K, planteó que el paro de ayer estaba auspiciado por los fondos buitre.
Los indicadores económicos son mucho más elocuentes para expresar las razones por las que hubo una protesta, que no será la última. Demasiado tiempo Cristina ha subestimado la existencia de la inflación y sus consecuencias. En el relato K, la inflación es parte del crecimiento, el costo que hay que pagar por mantener elevada la demanda interna. Y puede ser minimizada con algunas medidas de control de precios. Falso.
Sus consecuencias son el conflicto social porque cuanto más golpea a los asalariados, estos inician sus reclamos contra los patrones y siguen contra los gobernantes. Para colmo de males, hace tiempo hay inflación con recesión y se han perdido 400.000 puestos de trabajo en los últimos seis meses.
El conflicto social se está profundizando porque Cristina se niega a quitar el abusivo Impuesto a las Ganancias sobre los salarios y a reabrir paritarias. Afirma que es un conflicto político y nada hace para bajar la inflación, aplicando medidas inútiles para reanimar la demanda interna. Moyano anticipó que irá por más y advirtió que profundizará el plan de lucha si el Gobierno no da respuesta a los reclamos. ¿Se avecinan meses terribles?
La Opinión Popular
EL ANÁLISIS
Empieza a pesar el miedo al desempleo
La huelga no tuvo el 85 por ciento de adhesión, pero tampoco sólo el 25. Gobierno y sindicatos se trenzaron ayer en una batalla discursiva casi frívola frente al tamaño del conflicto. La segunda huelga general en apenas cuatro meses a un gobierno peronista expresa muchas cosas políticas y sociales como para reducirlas a la manipulación de los porcentajes.
Fue un paro muy importante, pero que no tuvo el acatamiento del de abril pasado. Es una contradicción a primera vista, porque la economía está mucho peor ahora que hace cuatro meses. Sin embargo, existen explicaciones prácticas, económicas y sociales para tales contradicciones.
En primer lugar, se confirmó el papel decisivo que juega en una huelga la adhesión -o no- del transporte público. Su rol no se limita a la capacidad o incapacidad de los ciudadanos para llegar a sus lugares de trabajo. La ausencia del transporte público es un argumento perfecto para el que no quiere ir a trabajar, pero se queda sin él si existen medios para viajar.
La novedad de los últimos años es que los choferes de colectivos se han convertido en virtuales empleados públicos.
En el caso de los colectivos, entre el 70 y el 80 por ciento del dinero que ingresa a las empresas es subsidio del Estado. Pero, a diferencia de los ferrocarriles, el Gobierno tiene con los colectivos el escaparate de que existen empresas privadas en la relación entre el trabajador y el Estado.
Los aumentos de salarios o la oferta de empleo está formalmente en manos de privados, aunque éstos dependen de las transferencias de dinero que les hace el Estado. Otra cosa, menos explicable, son los acuerdos soterrados entre los dirigentes de UTA, el gremio de los choferes, y el Gobierno. Esos arreglos también existieron.
Las huelgas más exitosas se han hecho cuando existía el malestar, pero no peligraba el empleo. Es muy distinto de lo que sucede ahora. La caída del salario real fue en lo que va del año de entre el 7 y el 10 por ciento, según los distintos métodos de medición. Sea como sea, se trata de un derrumbe importante de la capacidad adquisitiva de los argentinos.
Con todo, la prioridad actual de los trabajadores está más cerca de la conservación del empleo que de la mejora salarial. Entre 200.000 y 300.000 trabajadores podrían sumarse al desempleo durante 2014, hasta fin de año.
Las grandes empresas están suspendiendo empleados, que es la antesala del despido. Pequeñas empresas están quebrando. Miles de comercios han cerrado o programan hacerlo en los próximos meses. La percepción de la fragilidad del empleo ahora es el aspecto más importante para cualquier trabajador.
Por eso, algunos gremios analizaban ayer plantear, en la próxima etapa de su lucha, la reapertura de las paritarias. Ése es un fantasma que produce pánico en el Gobierno. Hace poco, y luego de la cuarta huelga nacional del gremio bancario, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada , les pidió a los bancos que absorbieran ellos el impuesto a las ganancias o parte de ese gravamen.
Los bancos le contestaron que comprendían el problema de sus empleados con ese impuesto, pero que la patronal pediría la reapertura de las paritarias si debía poner más dinero sobre la mesa. No hubo más presión. Le siguió un silencio absoluto, que aún continúa.
El impuesto a las ganancias se ha convertido en uno de los brazos de la tenaza que destruye el salario. El otro brazo es la inflación, que ya roza el 40 por ciento anual. El Gobierno se niega a resolver el problema del mínimo no imponible de manera definitiva. Sólo acepta, cuando acepta, hacer pequeños retoques que la inflación se encarga de borrar en muy poco tiempo.
El impuesto a las ganancias ocupa el tercer lugar en el ranking de los gravámenes más pródigos para las arcas del Tesoro nacional. Está después del IVA y de la Seguridad Social. El IVA, que es un impuesto generalizado, recauda 350.000 millones de pesos. El impuesto a las ganancias cosecha 250.000 millones de pesos.
La magnitud de la recaudación explica de manera incomparable el enorme universo de trabajadores comprendido por el "impuesto al trabajo", como lo llama Hugo Moyano.
Es ciertamente hipócrita la tesis de que ese impuesto es imprescindible para financiar los subsidios para los desocupados o los marginados del sistema económico. Resulta que son los trabajadores los que deberían hacer un sacrificio que el Gobierno no está dispuesto a hacer. Jamás existió en la administración cristinista la más elemental intención de bajar el excesivo gasto público.
Hay déficit fiscal y no hay financiamiento. ¿A qué magia recurre el Gobierno para cubrir la brecha entre lo que recauda y lo que gasta? No hay magia. La deuda del Gobierno con el Banco Central y con la Anses es ya de 120.000 millones de dólares. Es la deuda que no se dice y que, posiblemente, nunca se pagará. El supuesto desendeudamiento no comprende a las reservas del Estado ni al dinero de los jubilados.
La huelga de ayer tuvo también su dosis de politización. Fue asombroso que muchos metrodelegados, los que manejan las comisiones internas del transporte de subterráneos, no se hayan plegado a la huelga de los sindicatos opositores.
Son comisiones duras, que suelen acosar a Mauricio Macri con paros imprevistos por cualquier insignificancia. Pero su afiliación política es kirchnerista. Salvo excepciones, los metrodelegados no aceptaron una huelga contra su gobierno.
Del mismo modo, debe analizarse la huelga nacional. No hay registro histórico de un gobierno peronista con dos huelgas nacionales en tan poco tiempo. Esas cosas se les hacen a los gobiernos radicales, no a los peronistas. Existía otra excepción histórica: el de Cristina Kirchner es el primer gobierno peronista que rompió relaciones con el principal dirigente sindical del país. Guste o no, ese papel lo cumple Hugo Moyano.
Una discusión diferente consistiría en establecer cómo consiguió ese lugar y cómo acumuló semejante poder. Pero esa historia se escribe en otro lugar.
La perseverancia de Moyano en la protesta y la participación del sindicalismo más radicalizado en los piquetes explican mejor que nada la relación de la Presidenta con el peronismo y con la izquierda verdadera. La izquierda con antecedentes y con coherencia, aunque seguramente equivocada, en sus luchas laborales.
Es la contracara del progresismo retórico del cristinismo, que habla de revoluciones incomprobables, mientras se refugia en un Estado generoso o en los opulentos edificios de Puerto Madero.
Por lo demás, Moyano es un peronista de tomo y lomo. El peronismo debe entenderse, aunque sea en un esfuerzo extraordinario de síntesis, como la suma de gobernadores e intendentes del conurbano. No hay gobernador o intendente que se prive de una relación política o personal con Moyano. Ésa es una prueba incuestionable, más allá de los aplausos de rigor y de las escenografías aburridas por su repetición, de la distancia política que ya existe entre Cristina Kirchner y el peronismo.
Tal vez, la huelga de ayer fue sólo el comienzo de una era más caótica en el cosmos laboral y social. Una economía en recesión sin solución a la vista; una inflación que sólo podría pegar nuevos respingos, e inestabilidad de las empresas y del empleo. Ésa es la línea de un horizonte inmediato y devastador. ¿Por qué la reacción social sería en adelante mejor que la que ya fue?
Por Joaquín Morales Solá
Fuentes: LA NACION, CLARIN y LOP
Empieza a pesar el miedo al desempleo
La huelga no tuvo el 85 por ciento de adhesión, pero tampoco sólo el 25. Gobierno y sindicatos se trenzaron ayer en una batalla discursiva casi frívola frente al tamaño del conflicto. La segunda huelga general en apenas cuatro meses a un gobierno peronista expresa muchas cosas políticas y sociales como para reducirlas a la manipulación de los porcentajes.
Fue un paro muy importante, pero que no tuvo el acatamiento del de abril pasado. Es una contradicción a primera vista, porque la economía está mucho peor ahora que hace cuatro meses. Sin embargo, existen explicaciones prácticas, económicas y sociales para tales contradicciones.
En primer lugar, se confirmó el papel decisivo que juega en una huelga la adhesión -o no- del transporte público. Su rol no se limita a la capacidad o incapacidad de los ciudadanos para llegar a sus lugares de trabajo. La ausencia del transporte público es un argumento perfecto para el que no quiere ir a trabajar, pero se queda sin él si existen medios para viajar.
La novedad de los últimos años es que los choferes de colectivos se han convertido en virtuales empleados públicos.
En el caso de los colectivos, entre el 70 y el 80 por ciento del dinero que ingresa a las empresas es subsidio del Estado. Pero, a diferencia de los ferrocarriles, el Gobierno tiene con los colectivos el escaparate de que existen empresas privadas en la relación entre el trabajador y el Estado.
Los aumentos de salarios o la oferta de empleo está formalmente en manos de privados, aunque éstos dependen de las transferencias de dinero que les hace el Estado. Otra cosa, menos explicable, son los acuerdos soterrados entre los dirigentes de UTA, el gremio de los choferes, y el Gobierno. Esos arreglos también existieron.
Las huelgas más exitosas se han hecho cuando existía el malestar, pero no peligraba el empleo. Es muy distinto de lo que sucede ahora. La caída del salario real fue en lo que va del año de entre el 7 y el 10 por ciento, según los distintos métodos de medición. Sea como sea, se trata de un derrumbe importante de la capacidad adquisitiva de los argentinos.
Con todo, la prioridad actual de los trabajadores está más cerca de la conservación del empleo que de la mejora salarial. Entre 200.000 y 300.000 trabajadores podrían sumarse al desempleo durante 2014, hasta fin de año.
Las grandes empresas están suspendiendo empleados, que es la antesala del despido. Pequeñas empresas están quebrando. Miles de comercios han cerrado o programan hacerlo en los próximos meses. La percepción de la fragilidad del empleo ahora es el aspecto más importante para cualquier trabajador.
Por eso, algunos gremios analizaban ayer plantear, en la próxima etapa de su lucha, la reapertura de las paritarias. Ése es un fantasma que produce pánico en el Gobierno. Hace poco, y luego de la cuarta huelga nacional del gremio bancario, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada , les pidió a los bancos que absorbieran ellos el impuesto a las ganancias o parte de ese gravamen.
Los bancos le contestaron que comprendían el problema de sus empleados con ese impuesto, pero que la patronal pediría la reapertura de las paritarias si debía poner más dinero sobre la mesa. No hubo más presión. Le siguió un silencio absoluto, que aún continúa.
El impuesto a las ganancias se ha convertido en uno de los brazos de la tenaza que destruye el salario. El otro brazo es la inflación, que ya roza el 40 por ciento anual. El Gobierno se niega a resolver el problema del mínimo no imponible de manera definitiva. Sólo acepta, cuando acepta, hacer pequeños retoques que la inflación se encarga de borrar en muy poco tiempo.
El impuesto a las ganancias ocupa el tercer lugar en el ranking de los gravámenes más pródigos para las arcas del Tesoro nacional. Está después del IVA y de la Seguridad Social. El IVA, que es un impuesto generalizado, recauda 350.000 millones de pesos. El impuesto a las ganancias cosecha 250.000 millones de pesos.
La magnitud de la recaudación explica de manera incomparable el enorme universo de trabajadores comprendido por el "impuesto al trabajo", como lo llama Hugo Moyano.
Es ciertamente hipócrita la tesis de que ese impuesto es imprescindible para financiar los subsidios para los desocupados o los marginados del sistema económico. Resulta que son los trabajadores los que deberían hacer un sacrificio que el Gobierno no está dispuesto a hacer. Jamás existió en la administración cristinista la más elemental intención de bajar el excesivo gasto público.
Hay déficit fiscal y no hay financiamiento. ¿A qué magia recurre el Gobierno para cubrir la brecha entre lo que recauda y lo que gasta? No hay magia. La deuda del Gobierno con el Banco Central y con la Anses es ya de 120.000 millones de dólares. Es la deuda que no se dice y que, posiblemente, nunca se pagará. El supuesto desendeudamiento no comprende a las reservas del Estado ni al dinero de los jubilados.
La huelga de ayer tuvo también su dosis de politización. Fue asombroso que muchos metrodelegados, los que manejan las comisiones internas del transporte de subterráneos, no se hayan plegado a la huelga de los sindicatos opositores.
Son comisiones duras, que suelen acosar a Mauricio Macri con paros imprevistos por cualquier insignificancia. Pero su afiliación política es kirchnerista. Salvo excepciones, los metrodelegados no aceptaron una huelga contra su gobierno.
Del mismo modo, debe analizarse la huelga nacional. No hay registro histórico de un gobierno peronista con dos huelgas nacionales en tan poco tiempo. Esas cosas se les hacen a los gobiernos radicales, no a los peronistas. Existía otra excepción histórica: el de Cristina Kirchner es el primer gobierno peronista que rompió relaciones con el principal dirigente sindical del país. Guste o no, ese papel lo cumple Hugo Moyano.
Una discusión diferente consistiría en establecer cómo consiguió ese lugar y cómo acumuló semejante poder. Pero esa historia se escribe en otro lugar.
La perseverancia de Moyano en la protesta y la participación del sindicalismo más radicalizado en los piquetes explican mejor que nada la relación de la Presidenta con el peronismo y con la izquierda verdadera. La izquierda con antecedentes y con coherencia, aunque seguramente equivocada, en sus luchas laborales.
Es la contracara del progresismo retórico del cristinismo, que habla de revoluciones incomprobables, mientras se refugia en un Estado generoso o en los opulentos edificios de Puerto Madero.
Por lo demás, Moyano es un peronista de tomo y lomo. El peronismo debe entenderse, aunque sea en un esfuerzo extraordinario de síntesis, como la suma de gobernadores e intendentes del conurbano. No hay gobernador o intendente que se prive de una relación política o personal con Moyano. Ésa es una prueba incuestionable, más allá de los aplausos de rigor y de las escenografías aburridas por su repetición, de la distancia política que ya existe entre Cristina Kirchner y el peronismo.
Tal vez, la huelga de ayer fue sólo el comienzo de una era más caótica en el cosmos laboral y social. Una economía en recesión sin solución a la vista; una inflación que sólo podría pegar nuevos respingos, e inestabilidad de las empresas y del empleo. Ésa es la línea de un horizonte inmediato y devastador. ¿Por qué la reacción social sería en adelante mejor que la que ya fue?
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Fuentes: LA NACION, CLARIN y LOP
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