08:09 | Sabado 20 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
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Nacionales - 20-08-2014 / 08:08
HABILITAN PAGO DE LA DEUDA EN BUENOS AIRES, REMUEVEN AL BANK OF NEW YORK Y REABREN EL CANJE
El default después del default: Cristina propone nuevo canje y el país entra en terreno muy pantanoso
Cristina redobló ayer la apuesta en la eterna batalla con los fondos buitre. Por cadena nacional, anunció la remoción del Bank of New York como agente fiduciario y su reemplazo por el banco Nación. Pero lo más relevante pasa por el cambio de domicilio de pago, que es lo que en definitiva hace que hoy la Argentina se encuentre en default. Habilitará el Gobierno el canje de papeles con sede de pago en Nueva York por unos papeles nuevos pero en Buenos Aires. Adicionalmente, y para mostrar voluntad de pago al 100% de los acreedores, Cristina anunció que se depositarán en una cuenta adicional del Nación Fideicomisos en el BCRA los pagos de la deuda al 7% que no ingresó en el canje. Será por un monto equivalente al que recibirían si aceptaran el canje. Algo simplemente simbólico. Se aguarda una dura postura de Griesa contra la medida de la Argentina. Puede declarar al país en desacato, una decisión inédita en la Justicia internacional con alcance dudoso.
La presidenta Cristina Fernández anunció anoche que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para cambiar de jurisdicción y pagarle en la Argentina a los bonistas. Esto implica un intento de evasión de la Justicia yanqui, lo que dará lugar a una ola de litigios por parte de aquellos bonistas que adhirieron al canje. Además, se confirma que ignorarán el fallo del juez Thomas Griesa aun después de que venza la RUFO.
Envalentonada por algunas encuestas que indican que hubo un leve repunte de la aceptación de algunos sectores de la población respecto a la decisión "malvinera" de no pagarle a los fondos buitres, Cristina usó la cadena nacional para anunciar una medida extremadamente peligrosa, que podrían llevar a la Argentina al default incluso de su deuda ya reestructurada y generar una situación caótica y tan imprevisible como innecesaria.
Concretamente, enviará al Congreso un proyecto de ley para cambiar de jurisdicción y pagar en la Argentina a los bonistas que ingresaron al canje. De esta manera, busca compartir el "costo político" con la oposición, cuyos legisladores se verán ante el duro dilema de apoyar al Gobierno de CFK o quedar ante la opinión pública como de estar a favor de los "buitres".
¿Tiene efectos prácticos esta propuesta, o es solamente una jugada política? El canje que propone CFK tiene bajísima chance de concretarse. En algunos casos, porque se trata de fondos de inversión que tienen impedimentos reglamentarios para invertir en papeles que no sean de ley yanqui. Y en otros, por lisa y llana falta de confianza.
La medida pone al país al borde del desacato, ya que confirma que el gobierno de CFK no cumplirá con el fallo del juez Griesa (sentencia confirmada por el tribunal de Apelaciones de Nueva York y la Corte Suprema de Estados Unidos), que ordenó pagarle sin ningún tipo de quita a los bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010.
Lo que no mencionó Cristina es porque, tanto ella como Néstor, decidieron instrumentar los canjes con bonos regulados por legislación extranjera, que fue lo que llevó a que sea un juez yanqui el encargado de definir la disputa con los fondos buitres. Ahora, CFK decidió cambiar las reglas de juego en pleno partido, lo que genera mayor incertidumbre, destrozando la poca seguridad jurídica que tiene el país.
Con este salto al vacío, la Argentina seguirá sin ninguna chance de atraer inversiones y de acceder a los mercados de capitales. Esto hará que se generen serias dificultades para numerosas provincias que tienen necesidad de endeudarse para poder cumplir con el pago de haberes a su personal y cubrir costos de funcionamiento operativo.
Asimismo, los anuncios no hicieron más que confirmar el fracaso rotundo de un gobierno que, desde que llegó al poder, despilfarró más de 170 mil millones de dólares en concepto de pagos de vencimiento de la deuda externa, sin realizar una mínima auditoría acerca de la legalidad y la legitimidad de los que se terminó abonando.
¿Qué se obtuvo a cambio? Absolutamente nada: el país está cada vez más aislado, las inversiones brillan por su ausencia y para colmó se profundizó el default. Pero a Cristina no le importa porque el motivo de la jugada es otro: utilizar el relato de la lucha contra los buitres, como gesta nacional épica, para asegurar su regreso en 2019.
La Opinión Popular
Envalentonada por algunas encuestas que indican que hubo un leve repunte de la aceptación de algunos sectores de la población respecto a la decisión "malvinera" de no pagarle a los fondos buitres, Cristina usó la cadena nacional para anunciar una medida extremadamente peligrosa, que podrían llevar a la Argentina al default incluso de su deuda ya reestructurada y generar una situación caótica y tan imprevisible como innecesaria.
Concretamente, enviará al Congreso un proyecto de ley para cambiar de jurisdicción y pagar en la Argentina a los bonistas que ingresaron al canje. De esta manera, busca compartir el "costo político" con la oposición, cuyos legisladores se verán ante el duro dilema de apoyar al Gobierno de CFK o quedar ante la opinión pública como de estar a favor de los "buitres".
¿Tiene efectos prácticos esta propuesta, o es solamente una jugada política? El canje que propone CFK tiene bajísima chance de concretarse. En algunos casos, porque se trata de fondos de inversión que tienen impedimentos reglamentarios para invertir en papeles que no sean de ley yanqui. Y en otros, por lisa y llana falta de confianza.
La medida pone al país al borde del desacato, ya que confirma que el gobierno de CFK no cumplirá con el fallo del juez Griesa (sentencia confirmada por el tribunal de Apelaciones de Nueva York y la Corte Suprema de Estados Unidos), que ordenó pagarle sin ningún tipo de quita a los bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010.
Lo que no mencionó Cristina es porque, tanto ella como Néstor, decidieron instrumentar los canjes con bonos regulados por legislación extranjera, que fue lo que llevó a que sea un juez yanqui el encargado de definir la disputa con los fondos buitres. Ahora, CFK decidió cambiar las reglas de juego en pleno partido, lo que genera mayor incertidumbre, destrozando la poca seguridad jurídica que tiene el país.
Con este salto al vacío, la Argentina seguirá sin ninguna chance de atraer inversiones y de acceder a los mercados de capitales. Esto hará que se generen serias dificultades para numerosas provincias que tienen necesidad de endeudarse para poder cumplir con el pago de haberes a su personal y cubrir costos de funcionamiento operativo.
Asimismo, los anuncios no hicieron más que confirmar el fracaso rotundo de un gobierno que, desde que llegó al poder, despilfarró más de 170 mil millones de dólares en concepto de pagos de vencimiento de la deuda externa, sin realizar una mínima auditoría acerca de la legalidad y la legitimidad de los que se terminó abonando.
¿Qué se obtuvo a cambio? Absolutamente nada: el país está cada vez más aislado, las inversiones brillan por su ausencia y para colmó se profundizó el default. Pero a Cristina no le importa porque el motivo de la jugada es otro: utilizar el relato de la lucha contra los buitres, como gesta nacional épica, para asegurar su regreso en 2019.
La Opinión Popular
EL ANÁLISIS
Entre la necesidad y la épica
Anoche, casi al borde de las lágrimas, Cristina Kirchner contó cómo piensa huir teóricamente del default. Una contradicción evidente se deslizaba entre palabras y gestos. No quiere ser la autora de otra cesación de pagos argentina, pero al mismo tiempo tomó la decisión de no obedecer a la justicia norteamericana.
Se meció entre la necesidad política y el relato épico, y pocas veces las dos cosas son conciliables. Su propuesta de cambiar el lugar de pago a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 (y remover como agente al Bank of New York) es, objetivamente, un paso atrás de la Presidenta.
Un intento de acomodar la continuidad de los pagos y la preservación del discurso. La experiencia es insólita, no tiene precedentes, y, por lo tanto, el pronóstico de su resultado debe ser escéptico.
Es mejor, sin duda, que haya anunciado que los dólares de los bonistas serán depositados en un fideicomiso a que se haya dedicado a despilfarrar los dólares. El primer problema que tendrá, con todo, es el que surgirá de la diferencia entre el lugar de pago y la jurisdicción judicial.
El Bank of New York era el agente de pago porque la jurisdicción era la de la justicia norteamericana. Ella anunció que los bonistas podrían, voluntariamente, cambiar la justicia norteamericana por la argentina. Es improbable, casi imposible, que eso suceda con una mayoría importante de acreedores.
No habrá muchos acreedores dispuestos a remover a la justicia norteamericana porque ésta les dio la razón a los acreedores. Mucho menos irán a un país cuyo gobierno decidió desconocer al sistema judicial norteamericano. No es sólo el juez Thomas Griesa (el único que la Presidenta nombra), sino la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón al juez, y la Corte Suprema de Justicia, que decidió por omisión.
¿Puede el lugar de pago ser distinto del de la jurisdicción judicial? Es un caso muy difícil, porque el cambio de jurisdicción necesita, en primer lugar, de una mayoría de bonistas cercana al 100 por ciento para poder realizarse.
Si hubiera un pleito en el futuro con algunos bonistas, ¿cómo haría cumplir la justicia de Estados Unidos sus decisiones si el lugar de pago estará en Buenos Aires? ¿Qué recursos le quedaría a un juez norteamericano para aplicar su sentencia? Ninguno.
A la Presidenta le tocará evaluar luego si sobresalió en el país y en el mundo la decisión de guardar los dólares de los acreedores o la de desobedecer a la justicia.
Cristina Kirchner decidió huir del default cuando el país ya está en default. El anuncio subyacente de anoche consiste también en que ella entregará el país, dentro de un año y cuatro meses, con el problema de la deuda pública sin resolver. Lo vapuleó al juez Griesa desde el principio hasta el final de su discurso. Señal de que no piensa negociar ni con el juez ni con los bonistas. Tema concluido para ella.
De paso le transfirió el problema a la oposición actual cuando envió la decisión al Congreso. ¿Qué harán sus opositores? ¿Aceptarán su decisión o le reclamarán que se siente a negociar con los bonistas y con Griesa? Cristina Kirchner no ha dejado más opción que ésa.
La opción, en fin, "Patria o buitres". Algunos dirigentes opositores fueron especialmente sensibles en los últimos tiempos al anatema de "vendepatria" o "cipayo". Ahí, precisamente, entre esas pobres alternativas, proyecta acorralarlos.
Cristina Kirchner ya había dado ayer otras señales de su decisión de ampararse en el discurso nacionalista. No fue ella, sino su canciller, Héctor Timerman , quien insistió en colocar el conflicto con los holdouts en el marco de una disputa política con Washington. Timerman volvió formalmente con la tesis de que los tribunales de La Haya deben resolver sobre un diferendo entre dos Estados, el argentino y el norteamericano, por la decisión de Griesa sobre los fondos buitre.
El gobierno de Obama repitió en el acto lo que ya había dicho: ése no es su problema y la Argentina debe resolver su conflicto con los bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010. Es decir, para Washington es un problema argentino, no norteamericano. Punto final.
Ningún abogado en su sano juicio le hubiera aconsejado ir a La Haya para reclamarle al gobierno norteamericano porque un juez de Nueva York falló en contra de la posición argentina. La primera constatación que debe tenerse en cuenta es que ese juez está resolviendo sobre la deuda argentina porque los gobiernos argentinos, incluidos los de los Kirchner, les propusieron a los bonistas esa instancia judicial.
El canciller Timerman agregó ayer que, si a Washington no le gusta La Haya, podría proponer otra vía de negociación entre los dos gobiernos. Llama la atención que la embajadora Susana Ruiz Cerutti, responsable legal de la Cancillería, se haya prestado a semejante confusión intelectual. Ruiz Cerutti es una diplomática con una larga trayectoria y tiene prestigio como profesional de carrera.
El primer obstáculo es práctico. Aun cuando el gobierno de Obama se sentara a negociar con Cristina Kirchner, y hasta les encontrara razón a sus planteos, ¿qué podría hacer después para cambiar la decisión de la justicia norteamericana, que incluyó una resolución de su Corte Suprema? Nada.
¿Supone el gobierno argentino que la Casa Blanca podría librar una orden terminante a sus jueces para que cambien sus sentencias sobre el caso de los holdouts? Si sabe que eso nunca será posible, ¿para qué o por qué lo hace? ¿Acaso para exhibir a Washington como su enemigo político, como el gran maquinador de las adversidades de la Presidenta?
El segundo problema es jurídico. El juez Griesa dictó la sentencia en cuestión en febrero de 2012, cuando Cristina Kirchner acababa de ser reelegida por el 54% de los votos y pensaba que nadie podría contra ella. El gobierno argentino apeló la decisión del juez ante la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón a Griesa.
Luego, la administración argentina recurrió ante la Corte Suprema de Justicia norteamericana, a la que le aseguró, mediante un documento, que cumpliría con la decisión final de la justicia de Estados Unidos. La Corte Suprema decidió no tratar el caso argentino, a pesar de que el gobierno de Obama se presentó como amigo del tribunal y opinó a favor de la posición de fondo de la Argentina. La sentencia de Griesa se convirtió entonces en firme y definitiva.
Cuando el gobierno argentino recurre ahora ante la Casa Blanca está desconociendo la jurisdicción y las facultades del juez Griesa. Eso se podía hacer, si es que se podía, al principio de todo. Pero no se puede desconocer la facultad de un juez, buena o mala, cuando ya existe una sentencia firme. Cada apelación fue un reconocimiento de la jurisdicción y de las facultades de la justicia norteamericana. El gobierno argentino apeló dos veces.
Primero, Timerman desconoció la jurisdicción de la justicia de Nueva York y, más tarde, ayer mismo, la Presidenta anunció que directamente la desobedecerá. Ése es, tal vez, el corazón de una decisión política clave: irse como una líder nacionalista y popular y dejarle a su sucesor los problemas que nunca resolvió.
Por Joaquín Morales Solá
Fuentes: La Nacion, Diario Hoy y LOP
Entre la necesidad y la épica
Anoche, casi al borde de las lágrimas, Cristina Kirchner contó cómo piensa huir teóricamente del default. Una contradicción evidente se deslizaba entre palabras y gestos. No quiere ser la autora de otra cesación de pagos argentina, pero al mismo tiempo tomó la decisión de no obedecer a la justicia norteamericana.
Se meció entre la necesidad política y el relato épico, y pocas veces las dos cosas son conciliables. Su propuesta de cambiar el lugar de pago a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 (y remover como agente al Bank of New York) es, objetivamente, un paso atrás de la Presidenta.
Un intento de acomodar la continuidad de los pagos y la preservación del discurso. La experiencia es insólita, no tiene precedentes, y, por lo tanto, el pronóstico de su resultado debe ser escéptico.
Es mejor, sin duda, que haya anunciado que los dólares de los bonistas serán depositados en un fideicomiso a que se haya dedicado a despilfarrar los dólares. El primer problema que tendrá, con todo, es el que surgirá de la diferencia entre el lugar de pago y la jurisdicción judicial.
El Bank of New York era el agente de pago porque la jurisdicción era la de la justicia norteamericana. Ella anunció que los bonistas podrían, voluntariamente, cambiar la justicia norteamericana por la argentina. Es improbable, casi imposible, que eso suceda con una mayoría importante de acreedores.
No habrá muchos acreedores dispuestos a remover a la justicia norteamericana porque ésta les dio la razón a los acreedores. Mucho menos irán a un país cuyo gobierno decidió desconocer al sistema judicial norteamericano. No es sólo el juez Thomas Griesa (el único que la Presidenta nombra), sino la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón al juez, y la Corte Suprema de Justicia, que decidió por omisión.
¿Puede el lugar de pago ser distinto del de la jurisdicción judicial? Es un caso muy difícil, porque el cambio de jurisdicción necesita, en primer lugar, de una mayoría de bonistas cercana al 100 por ciento para poder realizarse.
Si hubiera un pleito en el futuro con algunos bonistas, ¿cómo haría cumplir la justicia de Estados Unidos sus decisiones si el lugar de pago estará en Buenos Aires? ¿Qué recursos le quedaría a un juez norteamericano para aplicar su sentencia? Ninguno.
A la Presidenta le tocará evaluar luego si sobresalió en el país y en el mundo la decisión de guardar los dólares de los acreedores o la de desobedecer a la justicia.
Cristina Kirchner decidió huir del default cuando el país ya está en default. El anuncio subyacente de anoche consiste también en que ella entregará el país, dentro de un año y cuatro meses, con el problema de la deuda pública sin resolver. Lo vapuleó al juez Griesa desde el principio hasta el final de su discurso. Señal de que no piensa negociar ni con el juez ni con los bonistas. Tema concluido para ella.
De paso le transfirió el problema a la oposición actual cuando envió la decisión al Congreso. ¿Qué harán sus opositores? ¿Aceptarán su decisión o le reclamarán que se siente a negociar con los bonistas y con Griesa? Cristina Kirchner no ha dejado más opción que ésa.
La opción, en fin, "Patria o buitres". Algunos dirigentes opositores fueron especialmente sensibles en los últimos tiempos al anatema de "vendepatria" o "cipayo". Ahí, precisamente, entre esas pobres alternativas, proyecta acorralarlos.
Cristina Kirchner ya había dado ayer otras señales de su decisión de ampararse en el discurso nacionalista. No fue ella, sino su canciller, Héctor Timerman , quien insistió en colocar el conflicto con los holdouts en el marco de una disputa política con Washington. Timerman volvió formalmente con la tesis de que los tribunales de La Haya deben resolver sobre un diferendo entre dos Estados, el argentino y el norteamericano, por la decisión de Griesa sobre los fondos buitre.
El gobierno de Obama repitió en el acto lo que ya había dicho: ése no es su problema y la Argentina debe resolver su conflicto con los bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010. Es decir, para Washington es un problema argentino, no norteamericano. Punto final.
Ningún abogado en su sano juicio le hubiera aconsejado ir a La Haya para reclamarle al gobierno norteamericano porque un juez de Nueva York falló en contra de la posición argentina. La primera constatación que debe tenerse en cuenta es que ese juez está resolviendo sobre la deuda argentina porque los gobiernos argentinos, incluidos los de los Kirchner, les propusieron a los bonistas esa instancia judicial.
El canciller Timerman agregó ayer que, si a Washington no le gusta La Haya, podría proponer otra vía de negociación entre los dos gobiernos. Llama la atención que la embajadora Susana Ruiz Cerutti, responsable legal de la Cancillería, se haya prestado a semejante confusión intelectual. Ruiz Cerutti es una diplomática con una larga trayectoria y tiene prestigio como profesional de carrera.
El primer obstáculo es práctico. Aun cuando el gobierno de Obama se sentara a negociar con Cristina Kirchner, y hasta les encontrara razón a sus planteos, ¿qué podría hacer después para cambiar la decisión de la justicia norteamericana, que incluyó una resolución de su Corte Suprema? Nada.
¿Supone el gobierno argentino que la Casa Blanca podría librar una orden terminante a sus jueces para que cambien sus sentencias sobre el caso de los holdouts? Si sabe que eso nunca será posible, ¿para qué o por qué lo hace? ¿Acaso para exhibir a Washington como su enemigo político, como el gran maquinador de las adversidades de la Presidenta?
El segundo problema es jurídico. El juez Griesa dictó la sentencia en cuestión en febrero de 2012, cuando Cristina Kirchner acababa de ser reelegida por el 54% de los votos y pensaba que nadie podría contra ella. El gobierno argentino apeló la decisión del juez ante la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón a Griesa.
Luego, la administración argentina recurrió ante la Corte Suprema de Justicia norteamericana, a la que le aseguró, mediante un documento, que cumpliría con la decisión final de la justicia de Estados Unidos. La Corte Suprema decidió no tratar el caso argentino, a pesar de que el gobierno de Obama se presentó como amigo del tribunal y opinó a favor de la posición de fondo de la Argentina. La sentencia de Griesa se convirtió entonces en firme y definitiva.
Cuando el gobierno argentino recurre ahora ante la Casa Blanca está desconociendo la jurisdicción y las facultades del juez Griesa. Eso se podía hacer, si es que se podía, al principio de todo. Pero no se puede desconocer la facultad de un juez, buena o mala, cuando ya existe una sentencia firme. Cada apelación fue un reconocimiento de la jurisdicción y de las facultades de la justicia norteamericana. El gobierno argentino apeló dos veces.
Primero, Timerman desconoció la jurisdicción de la justicia de Nueva York y, más tarde, ayer mismo, la Presidenta anunció que directamente la desobedecerá. Ése es, tal vez, el corazón de una decisión política clave: irse como una líder nacionalista y popular y dejarle a su sucesor los problemas que nunca resolvió.
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Fuentes: La Nacion, Diario Hoy y LOP
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