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Paraná - 19-08-2014 / 11:08

Alejandra Gervasoni: “La ley antiterrorista sirve para coartar la libertad”

Alejandra Gervasoni: “La ley antiterrorista sirve para coartar la libertad”
Para la secretaria general de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Alejandra Gervasoni: “La ley antiterrorista sirve para coartar la libertad”. Foto: Blas García para La Opinión Popular
 
Tras conocerse que la oposición en el Congreso buscará emitir dictamen para derogar la ley antiterrorista, la secretaria general de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Admer), Alejandra Gervasoni, recordó que "mucho antes que esta norma se sancionara, nos opusimos porque evidencia una fuerte contradicción. Se la aplican a los que luchan porque a ojos de quienes gobiernan, aquellos que reclaman mejores salarios y condiciones laborales, son terroristas. La ley antiterrorista sirve para coartar la libertad".

 
En diálogo con esta Agencia, la gremialista afirmó que con esta ley, el gobierno "crea terroristas, mientras siguen impunes los actos verdaderamente terroristas como el atentado de la Amia".
 
Gervasoni agregó que a ojo de buen cubero, para el Estado "son terroristas aquellos que buscan más y mejores derechos, o por lo menos, sostener y defender los existentes. Los funcionarios de esta gestión kirchnerista ya no saben qué hacer para acallar los reclamos, y tampoco saben qué medidas aplicar con las demandas sociales crecientes. ¿A ojos de quiénes los trabajadores son terroristas?".
 
Para la sindicalista, "para evitar discutir los graves problemas económicos que tiene el país y querer endilgarlos a otros, el gobierno intenta distraer la atención de la ciudadanía, mientras la mayoría de quienes ocupan u ocuparon cargos políticos, con el pedigrí del vice presidente, Amado Boudou, el ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su sucesor Juan Pablo Schiavi también procesado junto con Antonio Luna, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario y el ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt), Pedro Ochoa Romero, y la ex ministra de Economía Felisa Miceli, por nombrar algunos, andan por la calle impunemente sin que se les haga pagar por la corrupción. Parece broma, ¿verdad?".
 
La secretaria general de Agmer Paraná se preguntó si "los trabajadores en la calle,  con sus justos reclamos,  son los terroristas. Lo cierto es que la ley antiterrorista fue sancionada para acallar las voces de quienes tienen ética moral y convicciones, pero advertimos: no podrán judicializar las protestas sociales a través de las leyes que voten -ésta u otras-, porque las luchas sociales viven en los genes de los trabajadores, y no en el bolsillo de los corruptos".
 
 
Dato legislativo
 
En diciembre de 2011 y tras un intenso debate que marcaron los últimos días en el Congreso nacional, la denominada ley antiterrorista fue finalmente sancionada y promulgada.
 
Fue publicada como la ley 26.734, cuyo texto modifica extractos del Código Penal, y según el cual ahora las penas se incrementarán en el doble del mínimo y el máximo cuando delitos previstos en el Código Penal se cometieran para "aterrorizar a la población".
 
A la normativa se le añade el artículo "41 quinquies" el cual expresa que "cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo".
 
Y aclara: "las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".
 
A la par, el nuevo artículo 306 del mismo plexo normativo, especifica que "será reprimido con prisión de cinco a 15 años y multa de dos a 10 veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen" en "financiamiento de un delito" o en una "organización delictiva".
 
 
El dato
 
La ley antiterrorista fue aprobada a instancias del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), organismo que reclamó las reformas que, en parte, quedaron plasmadas en la  norma.
 
Fuente: AIM 

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