16:45 | Jueves 25 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Nacionales - 30-07-2014 / 08:07
BANCOS PRIVADOS ARGENTINOS BUSCAN SU TAJADA
Posible acuerdo del gobierno de CFK con los buitres
La Presidenta ha llevado al país a un abismo innecesario, sólo para escribir el relato una historia que nunca existió. Si a Cristina no le importaba una cesación de pagos, ¿para qué presionó a los bancos para que juntaran esa cifra? ¿Es, acaso, una decisión voluntaria de los bancos? ¿Es un negociado? ¿No podía el Gobierno negarse a recibir ese aporte, que tendrá que devolver más pronto que tarde? ¿Para qué viajó a Nueva York el ministro Kicillof si sólo se hubiera tratado de un acuerdo entre bancos privados y los fondos buitre? ¿Qué les dirá Cristina a los presidentes sudamericanos, a los que les pidió solidaridad sin condiciones frente a su guerra supuestamente firme y ciega, si hoy se firmara un acuerdo con los holdouts?
El gobierno de Cristina Fernández perdió el juicio y le deberá abonar a los buitres de la manera que sea: con bonos y a un plazo a determinar, con la intermediación de algún banco que podría comprar toda esa deuda y luego negociar con el Gobierno, o con el establecimiento de algún mecanismo de garantía que permita a nuestro país terminar de saldar a comienzos del 2015, cuando deje de tener efecto la cláusula RUFO que protege a los bonistas.
Cristina giró centímetros antes de estrellarse contra una pared: el país no entraría hoy en default y tendrá plazo para negociar cómo pagará el juicio que perdió. El Gobierno se despegó de la solución: la plata la pondrán los bancos "generosos", uno de los sectores más beneficiados por el modelo económico K, y el stay lo pedirán los buitres "comprensivos".
La apariencia (que es lo que realmente le importa al cristinismo) indicaría que el Gobierno ganó con sólo decir que no. La trama oculta de la verdad es muy distinta. La administración K recurrió a los bancos locales y los fondos buitre no pidieron la cautelar mientras no tuvieron una garantía en dinero contante y sonante. El resultado real es una derrota. Dólar más, dólar menos, el juez Thomas Griesa habrá logrado así que CFK pague la deuda con los buitres.
Bancos privados, amigos del kirchnerismo, se metieron en la negociación con los fondos buitres. Ofertaron 250 millones de dólares como garantía. Casi al borde de la cesación de pagos, directivos de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), anunciaron que oficializarán en Nueva York una "oferta de compra de toda la deuda en litigio" que tiene la Argentina con los holdouts.
El dinero de la "vaquita" del banquero Jorge Brito serviría para mostrar voluntad de pago y convencer al juez Griesa que reponga una medida cautelar hasta 2015, para que el país pueda negociar sin riesgo de ejecución. La oferta permitió que haya un principio de entendimiento entre el gobierno de CFK y los buitres que, una vez más, resultará leonino para el país.
Obviamente, el peor escenario para el país es entrar en default, pero existen indicios de que durante un mes se montó una puesta en escena para intentar justificar, con el "relato K", este negociado. Es decir, se llevó al extremo la situación, al punto de estar muy cerca de una cesación de pagos que retrotraería al país a un escenario muy parecido al de 2001 cuando se declaró el primer default, para que los banqueros terminen haciendo oscuros negocios con el poder político.
Al final, quién diría, fueron "las corporaciones" las que terminaron salvando al "modelo nacional y popular". La Patria Financiera, que es el sector que más enriqueció en la década depredada K, en base a la usura y a la especulación, le tiró una soga al gobierno de Cristina. Obviamente no lo hicieron por espíritu solidario, sino por el vil metal.
De hecho, la deuda que asumirían los bancos será pagada con la sangre, el sudor y las lágrimas de las próximas generaciones de argentinos, que deberán hacer grandes esfuerzos para intentar poner en marcha un aparato productivo que hoy se encuentra desbastado, debido de una economía que sólo favorece a los amigos del poder, entre ellos a los banqueros.
La deuda externa, ilegal y fraudulenta, que se está pagando y se seguirá abonando, nunca fue sometida a una auditoría independiente que determine qué es lo que realmente le corresponde pagar al país y qué es lo que constituye el fruto de los infames negociados que se vienen tejiendo desde 1976 hasta la actualidad. De esta manera, el pueblo argentino carga con un ancla cada vez más pesada.
La Opinión Popular
Cristina giró centímetros antes de estrellarse contra una pared: el país no entraría hoy en default y tendrá plazo para negociar cómo pagará el juicio que perdió. El Gobierno se despegó de la solución: la plata la pondrán los bancos "generosos", uno de los sectores más beneficiados por el modelo económico K, y el stay lo pedirán los buitres "comprensivos".
La apariencia (que es lo que realmente le importa al cristinismo) indicaría que el Gobierno ganó con sólo decir que no. La trama oculta de la verdad es muy distinta. La administración K recurrió a los bancos locales y los fondos buitre no pidieron la cautelar mientras no tuvieron una garantía en dinero contante y sonante. El resultado real es una derrota. Dólar más, dólar menos, el juez Thomas Griesa habrá logrado así que CFK pague la deuda con los buitres.
Bancos privados, amigos del kirchnerismo, se metieron en la negociación con los fondos buitres. Ofertaron 250 millones de dólares como garantía. Casi al borde de la cesación de pagos, directivos de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), anunciaron que oficializarán en Nueva York una "oferta de compra de toda la deuda en litigio" que tiene la Argentina con los holdouts.
El dinero de la "vaquita" del banquero Jorge Brito serviría para mostrar voluntad de pago y convencer al juez Griesa que reponga una medida cautelar hasta 2015, para que el país pueda negociar sin riesgo de ejecución. La oferta permitió que haya un principio de entendimiento entre el gobierno de CFK y los buitres que, una vez más, resultará leonino para el país.
Obviamente, el peor escenario para el país es entrar en default, pero existen indicios de que durante un mes se montó una puesta en escena para intentar justificar, con el "relato K", este negociado. Es decir, se llevó al extremo la situación, al punto de estar muy cerca de una cesación de pagos que retrotraería al país a un escenario muy parecido al de 2001 cuando se declaró el primer default, para que los banqueros terminen haciendo oscuros negocios con el poder político.
Al final, quién diría, fueron "las corporaciones" las que terminaron salvando al "modelo nacional y popular". La Patria Financiera, que es el sector que más enriqueció en la década depredada K, en base a la usura y a la especulación, le tiró una soga al gobierno de Cristina. Obviamente no lo hicieron por espíritu solidario, sino por el vil metal.
De hecho, la deuda que asumirían los bancos será pagada con la sangre, el sudor y las lágrimas de las próximas generaciones de argentinos, que deberán hacer grandes esfuerzos para intentar poner en marcha un aparato productivo que hoy se encuentra desbastado, debido de una economía que sólo favorece a los amigos del poder, entre ellos a los banqueros.
La deuda externa, ilegal y fraudulenta, que se está pagando y se seguirá abonando, nunca fue sometida a una auditoría independiente que determine qué es lo que realmente le corresponde pagar al país y qué es lo que constituye el fruto de los infames negociados que se vienen tejiendo desde 1976 hasta la actualidad. De esta manera, el pueblo argentino carga con un ancla cada vez más pesada.
La Opinión Popular
LA PELEA POR LA DEUDA
Cristina quiere una victoria a cualquier precio
Cristina Fernández siente que, tal vez, esté librando su última gran batalla política antes de la despedida. Cualquier resultado de esa batalla pretenderá ser presentado como una victoria, práctica o virtual. La profusión de carteles en el centro de la ciudad habrían reflejado ese sentimiento: "Ayer Perón o Braden; hoy Griesa o Cristina", rezaron.
El conflicto con los fondos buitre ha colocado al Gobierno con su retórica a fuego: despotrica contra la usura internacional, contra el capitalismo salvaje y predica también por un orden económico más justo. Enfrenta, por otro lado, a republicanos y demócratas, a quienes la Presidenta acusa de ser cómplices de los holdouts para dañar a la Argentina.
La Presidenta aguardó las horas cruciales de la negociación con los fondos buitre en EE.UU. desde el escenario que mas le cuaja. Estuvo en Caracas, en el encuentro del Mercosur, donde cosechó solidaridades políticas por la pelea. Les advirtió a los holdouts que podrían ingresar al canje de la deuda, como los demás bonistas. Se ocupó de recalcar que Thomas Griesa es un mal juez porque no preserva el principio de igualdad ante la ley.
Cristina armó su estrategia en todo este tiempo bajo tres principios. Un desarrollo apresurado de su política exterior; la identificación de Griesa como gran enemigo nacional y el claro predominio de su relato dentro de la política doméstica.
Los respaldos regionales ante el conflicto con los buitres resultaron abundantes. Incluso de foros como la OEA, la Cepal, la Celac y el Grupo de los 77 mas China. Pero, quizás, los aspectos políticos eficaces del plan hayan tenido que ver con el magistrado del distrito de Nueva York y con la oposición partidaria doméstica, temerosa y muda.
El progreso del pleito casi hasta las orillas del default de la Argentina habría empezado a trasuntar ciertas incomodidades de parte del juez.
Las críticas en las últimas horas en torno a su fallo que obligaría a nuestro país a pagar US$ 1330 millones a los buitres -e impediría el cumplimiento con el resto de los bonistas que aceptaron los canjes del 2005 y 2010- se fueron extendiendo y alcanzaron expresiones sorprendentes.
Fueron, por caso, las de The New York Times y The Financial Times. En el fondo, ambos medios periodísticos se hicieron una pregunta similar: si el veredicto de Griesa podría encerrar el riesgo de demostrar ineficacia de la justicia estadounidense para resolver conflictos derivados de bonos emitidos por países emergentes bajo su jurisdicción.
Griesa dejó fluir señales de sentirse sometido a una fuerte presión aún antes de esas opiniones periodísticas. El juez, luego de la venia que concedió la Corte Suprema de EE.UU., pudo haber dispuesto que se ejecutara la sentencia en contra de nuestro país. Pero prefirió abrir una instancia de negociación entre los bandos en pugna, a través de su delegado mediador, Daniel Pollack. Luego resolvió bloquear los fondos girados por Axel Kicillof (US$ 536 millones) para el pago a los bonistas.
Aunque tampoco los utilizó para satisfacer el reclamo, con sentencia firme, de los buitres. Por último, a dos días del hipotético default, permitió el pago de bonos en pesos y dólares emitidos bajo ley argentina.
Lo hizo a pedido del Citibank, entidad que adujo que perjudicaba la posición de Repsol, compensada hace poco por el gobierno kirchnerista por la expropiación de YPF. Todas señales que parecieron denotar que Griesa agotaba las instancias.
El kirchnerismo, más allá de los resultados obtenidos, tomó el camino menos pudoroso para su combate contra Griesa. Lo acusó por su vejez (tiene 83 años) y, supuestamente, por no estar en sus auténticos cabales.
Pero más allá de las sustancias de su fallo, que quizás no calibró bien, Griesa se habría apoyado en un precepto difícil de ser refutado: que un deudor está obligado a pagar a sus acreedores y que no podría discriminar entre ellos. Esa es una cuestión que, mirando las frenéticas negociaciones de las últimas horas habría quedado fuera de discusión.
La Argentina le deberá abonar a los buitres de la manera que sea: con bonos y a un plazo a determinar, con la intermediación de algún banco que podría comprar toda esa deuda y luego negociar con el Gobierno, o con el establecimiento también de algún mecanismo de garantía que permita a nuestro país terminar de saldar aquella cifra millonaria a comienzos del 2015, cuando deje de tener efecto la cláusula que protege a los bonistas.
También es cierto que el litigio del Gobierno con Griesa se presentó como una novedad, aunque llega bien añejado. El juez neoyorquino falló en contra de la Argentina hace dos años y medio, cuando la situación de la administración de los K no era la actual.
Cristina llegó a ese traspié con malos antecedentes: acumulaba conflictos en el Banco Mundial (Ciadi), expropiaba empresas petroleras (YPF) y desoía las sugerencias para acordar con el Club de París.
Esas materias pendientes fueron cursadas en este semestre, cuando la economía ingresó en un tobogán y el kirchnerismo hurgó la posibilidad de financiarse en los mercados internacionales.
El apuro para encarar esos problemas induce siempre a inevitables improvisaciones. Se advierte también en la forma en que Cristina comandó las operaciones actuales con un viaje de Kicillof a Nueva York de último momento.
Aquellas improvisaciones insumen costos políticos y financieros para la Nación. El ministro de Economía, precisamente, debió revelar la carga del trato con el Club de París. Ante la persistente demanda opositora admitió que, entre intereses y punitorios, el Gobierno deberá pagar casi el doble del capital original (US$ 4700 millones). Una deuda que escaló entre el 2004 y el 2014, casi todo el tramo de la presunta década ganada.
Por Eduardo Van Der Kooy
Fuentes: Clarín, La Nación, Hoy en la Noticia y LOP
Cristina quiere una victoria a cualquier precio
Cristina Fernández siente que, tal vez, esté librando su última gran batalla política antes de la despedida. Cualquier resultado de esa batalla pretenderá ser presentado como una victoria, práctica o virtual. La profusión de carteles en el centro de la ciudad habrían reflejado ese sentimiento: "Ayer Perón o Braden; hoy Griesa o Cristina", rezaron.
El conflicto con los fondos buitre ha colocado al Gobierno con su retórica a fuego: despotrica contra la usura internacional, contra el capitalismo salvaje y predica también por un orden económico más justo. Enfrenta, por otro lado, a republicanos y demócratas, a quienes la Presidenta acusa de ser cómplices de los holdouts para dañar a la Argentina.
La Presidenta aguardó las horas cruciales de la negociación con los fondos buitre en EE.UU. desde el escenario que mas le cuaja. Estuvo en Caracas, en el encuentro del Mercosur, donde cosechó solidaridades políticas por la pelea. Les advirtió a los holdouts que podrían ingresar al canje de la deuda, como los demás bonistas. Se ocupó de recalcar que Thomas Griesa es un mal juez porque no preserva el principio de igualdad ante la ley.
Cristina armó su estrategia en todo este tiempo bajo tres principios. Un desarrollo apresurado de su política exterior; la identificación de Griesa como gran enemigo nacional y el claro predominio de su relato dentro de la política doméstica.
Los respaldos regionales ante el conflicto con los buitres resultaron abundantes. Incluso de foros como la OEA, la Cepal, la Celac y el Grupo de los 77 mas China. Pero, quizás, los aspectos políticos eficaces del plan hayan tenido que ver con el magistrado del distrito de Nueva York y con la oposición partidaria doméstica, temerosa y muda.
El progreso del pleito casi hasta las orillas del default de la Argentina habría empezado a trasuntar ciertas incomodidades de parte del juez.
Las críticas en las últimas horas en torno a su fallo que obligaría a nuestro país a pagar US$ 1330 millones a los buitres -e impediría el cumplimiento con el resto de los bonistas que aceptaron los canjes del 2005 y 2010- se fueron extendiendo y alcanzaron expresiones sorprendentes.
Fueron, por caso, las de The New York Times y The Financial Times. En el fondo, ambos medios periodísticos se hicieron una pregunta similar: si el veredicto de Griesa podría encerrar el riesgo de demostrar ineficacia de la justicia estadounidense para resolver conflictos derivados de bonos emitidos por países emergentes bajo su jurisdicción.
Griesa dejó fluir señales de sentirse sometido a una fuerte presión aún antes de esas opiniones periodísticas. El juez, luego de la venia que concedió la Corte Suprema de EE.UU., pudo haber dispuesto que se ejecutara la sentencia en contra de nuestro país. Pero prefirió abrir una instancia de negociación entre los bandos en pugna, a través de su delegado mediador, Daniel Pollack. Luego resolvió bloquear los fondos girados por Axel Kicillof (US$ 536 millones) para el pago a los bonistas.
Aunque tampoco los utilizó para satisfacer el reclamo, con sentencia firme, de los buitres. Por último, a dos días del hipotético default, permitió el pago de bonos en pesos y dólares emitidos bajo ley argentina.
Lo hizo a pedido del Citibank, entidad que adujo que perjudicaba la posición de Repsol, compensada hace poco por el gobierno kirchnerista por la expropiación de YPF. Todas señales que parecieron denotar que Griesa agotaba las instancias.
El kirchnerismo, más allá de los resultados obtenidos, tomó el camino menos pudoroso para su combate contra Griesa. Lo acusó por su vejez (tiene 83 años) y, supuestamente, por no estar en sus auténticos cabales.
Pero más allá de las sustancias de su fallo, que quizás no calibró bien, Griesa se habría apoyado en un precepto difícil de ser refutado: que un deudor está obligado a pagar a sus acreedores y que no podría discriminar entre ellos. Esa es una cuestión que, mirando las frenéticas negociaciones de las últimas horas habría quedado fuera de discusión.
La Argentina le deberá abonar a los buitres de la manera que sea: con bonos y a un plazo a determinar, con la intermediación de algún banco que podría comprar toda esa deuda y luego negociar con el Gobierno, o con el establecimiento también de algún mecanismo de garantía que permita a nuestro país terminar de saldar aquella cifra millonaria a comienzos del 2015, cuando deje de tener efecto la cláusula que protege a los bonistas.
También es cierto que el litigio del Gobierno con Griesa se presentó como una novedad, aunque llega bien añejado. El juez neoyorquino falló en contra de la Argentina hace dos años y medio, cuando la situación de la administración de los K no era la actual.
Cristina llegó a ese traspié con malos antecedentes: acumulaba conflictos en el Banco Mundial (Ciadi), expropiaba empresas petroleras (YPF) y desoía las sugerencias para acordar con el Club de París.
Esas materias pendientes fueron cursadas en este semestre, cuando la economía ingresó en un tobogán y el kirchnerismo hurgó la posibilidad de financiarse en los mercados internacionales.
El apuro para encarar esos problemas induce siempre a inevitables improvisaciones. Se advierte también en la forma en que Cristina comandó las operaciones actuales con un viaje de Kicillof a Nueva York de último momento.
Aquellas improvisaciones insumen costos políticos y financieros para la Nación. El ministro de Economía, precisamente, debió revelar la carga del trato con el Club de París. Ante la persistente demanda opositora admitió que, entre intereses y punitorios, el Gobierno deberá pagar casi el doble del capital original (US$ 4700 millones). Una deuda que escaló entre el 2004 y el 2014, casi todo el tramo de la presunta década ganada.
Por Eduardo Van Der Kooy
Fuentes: Clarín, La Nación, Hoy en la Noticia y LOP
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