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Nacionales - 27-07-2014 / 10:07
LA SEMANA POLÍTICA QUE PASÓ

Cristina y su permanente búsqueda de la épica como telón de fondo

Cristina y su permanente búsqueda de la épica como telón de fondo
En medio de la tensa negociación con los holdouts y la justicia norteamericana, lo que importa para el gobierno de CFK es embanderarse nuevamente con un relato capaz de movilizar a la sociedad detrás de una Causa Nacional. La presidenta está envuelta en la premisa de que la Argentina no entrará en default porque "ya pagó" a los bonistas reestructurados.
  En medio de la tensa negociación con los holdouts y la justicia yanqui, lo que importa para el gobierno de Cristina Fernández es embanderarse nuevamente con un relato capaz de movilizar a la sociedad detrás de una causa nacional. Dicen: "Hasta acá llegamos, ahora veremos si se paga o no se paga, cuánto y a quién le pagamos, pero lo importante es la épica del relato otra vez en lo más alto".
 
Embanderarse nuevamente con una épica capaz de movilizar a la sociedad, y no sólo al puñado de pibes de La Cámpora, detrás de una causa nacional. Como en su momento fueron las papeleras uruguayas, o en todo momento la siempre redituable causa Malvinas, ahora es la batalla a matar o morir contra un juez desalmado y sus socios los fondos buitres que quieren mandar al país al default.
 
Más allá de si el país entra o no en default esta semana, aunque la Presidenta ya haya dicho que a ella no le van a hacer firmar cualquier cosa, lo importante es lo otro: la posibilidad de -por primera vez en mucho tiempo- recuperar algo de estima social, como lo demostró la encuesta de Poliarquía conocida esta semana: algo más del 47% dijo estar de acuerdo en cómo la presidenta está llevando adelante la pelea con los fondos buitres.
 
Se entiende el motivo del festejo: hace poco más de un mes, esos mismos números apenas si superaban la barrera del 30%. El árbol no debería impedirles mirar todo el bosque: nadie tenía dudas de que la encuesta iba a resultar como resultó. "Es ganancia fácil, es como salir a preguntar a la gente sobre Malvinas", reflexionaba uno de los autores de ese sondeo.
 
Los estrategas del gobierno dicen que el empuje social detrás de la pelea con los buitres permite instalar que hay un país que quiere cumplir y pagarle a todos, pero sin aceptar presiones de un grupo minoritario que ha sido repudiado durante estas semanas en numerosos foros regionales y mundiales. Y de un juez que hasta desde la propia justicia norteamericana ha sido criticado.
 
Ser víctimas del juez y los buitres; si el país cae en default la culpa será de ellos y no de nosotros; el gobierno saldría a embanderarse con la épica de otra causa nacional.  Y dicen que la Argentina no entrará en default porque "ya pagó". En realidad el gobierno argentino no pagó, lo que hizo fue depositar los fondos que después el juez Griesa decidió embargar. Por lo que el dato es materia opinable en cualquier juicio por incumplimiento del gobierno que pudiera iniciar un bonista reestructurado.
 
Nada alcanza para tapar la otra realidad. La que amenaza incluso con comprometer el normal tránsito de los 500 días que le quedan a Cristina para terminar su gobierno en los plazos previstos. Ahí se mezclan sin remedio Amado Boudou, los reclamos sindicales por ganancias y jubilados, la cada vez más expuesta rebeldía de Caló y los, por ahora, aliados sindicales, la desastrosa situación de la industria y del sector automotriz, el aumento de los precios, los bajos salarios y los suspendidos que ya se cuentan por miles.

Tras la permanente búsqueda de la épica como telón de fondo
 
Decía el viernes un hombre de la Casa Rosada: "Hasta acá llegamos, ahora veremos si se paga o no se paga, cuánto y a quién le pagamos, pero lo importante es la épica del relato otra vez en lo más alto".
 
El funcionario parecía a esa hora el poseedor de la mayor síntesis que guarda el gobierno en torno a la pelea con los fondos buitres, las idas y vueltas con el juez Thomas Griesa y el maltratado mediador Dan Pollack, a quien le avisan que los negociadores argentinos ya salen para su despacho y, a la media hora por contraorden de Cristina Fernández, le cambian los papeles o le corren la cancha.
 
Lo que importa para el gobierno en este caso es el fondo de la cuestión y no los pormenores: embanderarse nuevamente con una épica capaz de movilizar a la sociedad, y ya no sólo al puñado de pibes de La Cámpora, detrás de una causa nacional.
 
Como en su momento fueron las papeleras uruguayas, o en todo momento la siempre redituable causa Malvinas, ahora es la batalla a matar o morir contra un juez desalmado y sus socios los fondos buitres que quieren mandar al país al default.
 
Con una pequeña diferencia: en la misma Casa Rosada hay a la vez quejas por la escasa movilización que ha generado la prédica, incendiaria por momentos, de la doctora detrás de su pelea con Griesa y los holdouts, como no sea con los mismos grupos pagos todoterreno al servicio de la inteligencia oficial.
 
Siguiendo aquella línea argumental del hombre que frecuenta los pasillos oficiales, más allá de si el país entra o no en default esta semana, aunque la presidenta ya haya dicho que a ella no le van a hacer firmar cualquier cosa, lo verdaderamente importante es lo otro: la posibilidad de -por primera vez en mucho tiempo- recuperar algo de estima social, como lo demostró la encuesta de Poliarquía conocida esta semana que arrojó un resultado no por imaginado, menos aprovechado para exprimirle el jugo: casi la mitad de la población, algo más del 47%, dijo estar de acuerdo en cómo la presidenta está llevando adelante la pelea con los fondos buitres.
 
Se entiende el motivo del festejo: hace poco más de un mes, esos mismos números apenas si superaban la barrera del 30%. El árbol no debería impedirles mirar todo el bosque: nadie tenía dudas de que la encuesta iba a resultar como resultó. "Es ganancia fácil, es como salir a preguntar a la gente sobre Malvinas", reflexionaba uno de los autores de ese sondeo.
 
Está por verse el uso que la presidenta y su entorno quieran hacer de esos números. Ya se sabe que fanáticos hay en todos lados y el kirchnerismo no es la excepción. Y que la primera gran encandilada, gravísimo error que cometería, podría ser ella misma.
 
Ni tanto ni tan poco: los estrategas del gobierno dicen que el empuje social detrás de la pelea con los buitres en todo caso permite instalar que hay un país que quiere cumplir y pagarle a todos, pero sin aceptar presiones de un grupo minoritario que ha sido repudiado durante estas semanas en numerosos foros regionales y mundiales. Y de un juez que hasta desde la propia justicia norteamericana ha sido criticado.
 
La parte del león, en todo caso, sería la que ha comenzado a verse y que demuestra, por si hacía falta, que en toda esta larga saga novelada no hubo una pizca de improvisación. Todo fue cuidadosamente planificado por la presidenta, Carlos Zannini y el ministro de Economía una vez que tuvieron los resultados de aquella encuesta en la mano.
 
Ser víctimas del juez y los buitres; si el país cae en default la culpa será de ellos y no de nosotros; el gobierno saldría a embanderarse con la épica de otra causa nacional, mientras la decisión de complicar toda la operación puesta en marcha por Griesa cuando ofreció a Pollack se ponía en marcha.
 
Ya lo dijo un experto y autoridad en la materia como Guillermo Nielsen, autor junto a Roberto Lavagna de la exitosa renegociación de 2005: "La designación del mediador fue un centro que nos tiró el juez pero el gobierno no quiso cabecearlo".
 
La presidenta se fue el viernes a Río Gallegos envuelta en una falsa premisa, en una opción equivocada, según varios de los mejores analistas que opinaron durante la semana a propósito del camino que ha tomado el gobierno. Y tal parece que ella volverá de su descanso sin moverse un centímetro de esa postura.
 
Es la que dice que la Argentina no entrará en default porque "ya pagó". Para el economista Alejandro Pérez Escoda, en realidad el gobierno argentino no pagó, lo que hizo fue depositar los fondos que después el juez Griesa decidió embargar. Por lo que el dato es materia opinable en cualquier juicio por incumplimiento del gobierno que pudiera iniciar un bonista reestructurado.
 
Nada alcanza para tapar la otra realidad. La que amenaza incluso con comprometer el normal tránsito de los 500 días que le quedan a Cristina para terminar su gobierno en los plazos previstos.
 
Ahí se mezclan sin remedio Amado Boudou, los reclamos sindicales por ganancias y jubilados, la cada vez más expuesta rebeldía de Caló y los, por ahora, aliados sindicales, la desastrosa situación de la industria y del sector automotriz, el aumento de los precios, los bajos salarios y los suspendidos que ya se cuentan por miles.
 
La decisión de Jorge Capitanich de volver a su provincia para intentar recuperar algo del prestigio perdido es un poroto frente a semejante panorama de desmadre nacional.
 
Por Eugenio Paillet
 
Fuente: lanueva.com
 

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27-03-2024 / 10:03
El ministro de Defensa, Luis Petri, cerró un acuerdo con su par  de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, por la compra de 24 aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea. Poulsen firmó y posó para la foto con Petri en el Edificio Libertador, pero detrás de cámara estaban también presentes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.
 
Con la firma del acuerdo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei reafirma su alineamiento cipayo total con Estados Unidos, al concluir una reequipamiento que había quedado abierto desde la gestión de Alberto Fernández y que tenía como alternativa la compra de aviones de última generación  J-17 a China.
 
El ministro Petri no dejó dudas sobre el movimiento geopolítico al compartir en sus redes primero la comunicación oficial del Ministerio y luego una nota de Infobae con el título: "Con el apoyo de Estados Unidos, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para comprar 24 aviones de combate F16".
 
El acuerdo se cerrará cuando Petri viaje a Copenhague a mediados de abril, donde se sellará el contrato para la adquisición de los 24 aviones F16, que el país aliado de la OTAN ya tiene en desuso para sus operaciones militares. Las naves fueron fabricadas por la empresa norteamericana Lockheed Martin y llegarían a la Argentina recién en diciembre, debido a que Dinamarca las entregará sin equipamiento ni armamento.
 
El reequipamiento de las naves quedará a cargo de Estados Unidos por un contrato de 40 millones de dólares, que será una donación de la administración Biden, según informaron desde Casa Rosada. Los aviones valen 300 millones y el armamento y la parte electrónica otros 300 millones, aunque Estados Unidos regala más o menos un 15 por ciento.
 
El acuerdo terminó de sellarse con la reciente visita del actual director de la CIA, William Burns, quien aterrizó en Buenos Aires la semana pasada para visitar la Casa Rosada y reunirse con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori; y el propio jefe de Gabinete. "Tenemos un problema a corto plazo, Rusia; pero un problema mayor, a largo plazo, China", dijo Burns en la reunión de la semana pasada.
 
Antes de ese reciente encuentro, el presidente Milei recibió al secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Rosada y poco después logró un breve encuentro con el candidato republicano y ex presidente Donald Trump.
 
La alineación sistémica de la Casa Rosada con Estados Unidos queda marcada con este acuerdo que cierra las puertas a la propuesta hecha por China para la adquisición de 34 aviones de guerra F17, mucho más modernos y más baratos. De esta manera, las Fuerzas Aéreas adquirirán los aviones F-16 dinamarqueses que están camino al desuso, al punto de que Bélgica se negó a venderle los F-16 a su aliado, Ucrania, porque no los consideró aptos.
 
La Opinión Popular
 

26-03-2024 / 08:03
En medio de confusiones, que obligaron a sacar un decreto correctivo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo estableció la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones por decreto sin pasar por el Congreso. Se actualizarán por la inflación de dos meses atrás, pero en el empalme quedará fijada la pérdida que provocó la mega devaluación de Milei, entre 25 y 30%, y seguirá congelada en ese piso histórico hacia el futuro. Con la jubilación mínima reducida a la mitad debido a la inflación (en febrero, comparada con el mismo mes del 2023 sin contar el bono), el Gobierno busca impedir cualquier tipo de recomposición limitando los aumentos solamente al índice de la inflación. Además la nueva fórmula de actualización no se aplicará a los bonos, dejando abierta la posibilidad de licuar aún más los magros ingresos de los jubilados.
 
Desde que asumió como presidente, Milei, viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional y reducir el déficit fiscal, pero ahora busca dejar asentado que los jubilados serán los garantes de su plan de ajuste. Este lunes el gobierno publicó un nuevo DNU cambiando la fórmula previsional para atar a los haberes a la inflación. El problema es que, en la actualidad, la jubilación mínima (que cobran la mayoría de los jubilados) no llega a cubrir ni el 30 % de la canasta básica de los adultos mayores y sin ningún mecanismo de recomposición no habría forma de revertirlo.
 
La modificación de la fórmula previsional era parte de la Ley Ómnibus, pero habiendo sido rechazada en el Congreso, desde el oficialismo decidieron realizarla por un nuevo DNU. La "urgencia" del gobierno se debe a que habiendo pasado el pico inflacionario de diciembre y enero, la fórmula vigente generaría aumentos mayores de los que están dispuestos a otorgar. Caputo, desde el Ministerio de Economía, viene aprovechando el método de actualización trimestral actual para licuar las jubilaciones y ahora pretende mantener el robo realizado con el cambio de la fórmula.
 
En medio de la polémica que se generó por el nuevo DNU, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al Gobierno de Milei, y a la medida. Según dijo el dirigente peronista, "es impresionante, la decisión de Milei es que el ajuste no recaiga en la casta sino en los jubilados" y agregó: "Es un atraco a los jubilados... Es consolidar una baja que ya se produjo, y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el guadañazo se lo dieron al bolsillo de ellos".
 
La propuesta es que las jubilaciones aumenten mensualmente por el IPC de dos meses atrás. Si bien a priori parecería superadora, el empalme provocará una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, 25 por ciento. La verdadera trampa se encuentra en el empalme es decir en los meses de transición entre una fórmula a otra. Desde abril, el gobierno decidió comenzar a dar aumentos por IPC "a cuenta" del resultado de la próxima fórmula de movilidad vigente en junio.
 
Con la nueva fórmula jubilatoria, Milei sumó resistencias en la oposición dialoguista. Varios legisladores de ese sector se expresaron contra la nueva fórmula de movilidad, que se suponía que discutirían en el Congreso. El Ejecutivo suma contratiempos en la negociación por la nueva ley Bases que el ministro Guillermo Francos buscará recomponer en un encuentro con mandatarios del Norte Grande.
 
La Opinión Popular
 

25-03-2024 / 07:03
Con una movilización histórica, organismos de DDHH reivindicaron la cifra de 30.000 desaparecidos. La marcha del 24M, que congregó a una multitud en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país, al cumplirse 48 años del último golpe cívico militar genocida, se convirtió en la tercera gran manifestación callejera contra el gobierno neoliberal anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. El Presidente fue principal blanco de críticas de los organismos de Derechos Humanos, el peronismo, movimientos sociales y la CGT.
 
Como en la huelga general del 24 de enero, y la movilización del 8M, numerosas columnas de organizaciones y miles de personas auto convocadas se volcaron a las calles para repudiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y reafirmar la consigna del Nunca Más. También ratificaron la cifra de 30 mil personas desaparecidas, número que el gobierno libertario puso en duda. En el documento final de la marcha, que leyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los organismos de derechos humanos reclamaron una ley contra el negacionismo de los crímenes de la dictadura.
 
Junto a esas consignas vinculadas a derechos humanos, la marcha estuvo atravesada por consignas contra las políticas del gobierno libertario y su siniestro plan de ajuste neoliberal. El 24M fue el tercer gran hito callejero contra el gobierno de ultraderecha. "Milei, basura, vos sos la dictadura", "El que no salta votó a Milei", "No se vende, la patria no se vende" y "Fueron 30 mil de verdad", concurrieron los canticos y las consignas que más se repitieron en la Plaza, donde además se colgaron banderas contra Victoria Villarruel, por su cercanía con los represores condenados por lesa humanidad.
 
El peronismo mostró un gran despliegue de movilización. Por Diagonal Sur, los gremios de la CGT y el Movimiento Evita coparon varias cuadras junto a la UTEP y apenas pudieron ingresar a la Plaza. Por Diagonal Norte, y después de caminar 13 kilómetros desde la ex ESMA, La Cámpora llegó pasado el mediodía en una columna encabezada por Máximo Kirchner. En tanto, el gobernador Axel Kicillof llegó junto a su gabinete y los intendentes del conurbano.
 
Fue una gran convocatoria que los medios hegemónicos tratarán de ignorar, y que respondió a la provocación del gobierno, que unió a la CGT, al peronismo, los movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y al movimiento de derechos humanos. La idea de derechos humanos encaja con la idea de justicia social, de país solidario, de trabajo y retribuciones justas, de protección a los niños, a los enfermos y a los ancianos, de hazañas científicas y culturales.
 
No encaja con la justificación de la dictadura, con el intento de que los jubilados crean que ganan poco por culpa de los de la moratoria y que los trabajadores se enfurezcan con los desocupados porque reciben un aporte sin trabajar. No encaja con el país donde los únicos que ganan son los ricos, como procuran las políticas de Milei. Los ricos son "héroes" para Milei y los beneficiarios de sus políticas.
 
Los cientos de miles que desbordaron la Plaza de Mayo, las diagonales y la Avenida de Mayo están enlazados, hermanados, con los miles que se movilizaron en otras ciudades del país, y con los miles y miles que desde sus casas confluyen en la angustia de la pobreza, la amenaza del desempleo y el hambre o la destrucción de comercios y empresas. Hay vías comunicantes por las que fluye una energía que alimenta resistencias, rebeldías y esperanzas.
 
La Opinión Popular


24-03-2024 / 08:03
Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
 
Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: "En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar", escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.
 
Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.
 
El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.
 
Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.
 
Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.
 
Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedaron condenados a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.
 

23-03-2024 / 08:03
A pocos días de lo que se espera será el mayor acto de masas para repudiar al golpe del 24 de marzo de 1976, una hija de desaparecidos fue atacada en su domicilio, la editorial Marea, que publica libros sobre derechos humanos sufrió la embestida brutal de 800 mensajes de odio y Estela de Carlotto denunció que su teléfono estaba intervenido.
 
La defensora de la dictadura, Victoria Villarruel, apareció en una entrevista y el gobierno prepara un video con la tesis de los amigos de los genocidas: "Hubo una guerra donde se produjeron excesos".
 
Durante la semana que pasó circuló la versión de tanteos del gobierno en el ámbito judicial para indultar a los genocidas. Pero antes de que la versión se extendiera, la Cámara de Casación advirtió que, por ley, los delitos de lesa humanidad no se pueden indultar.
 
Aunque no haya indulto, la intención oficial quedó en evidencia. Fue también la confirmación de que este gobierno, además de coincidir con la dictadura en su propuesta económica neoliberal, también comparte el sesgo autoritario del golpismo, al justificarlo y querer perdonarlo.
 
El negacionismo y la idea de la "justicia tuerta" surgieron de la imposibilidad de negar las aberraciones cometidas por los represores durante la dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976.
 
A esta altura son inocultables e indefendibles los secuestros, la tortura, la violación a mujeres indefensas, el botín de guerra que se sacaba a los prisioneros, la apropiación de sus hijos y el lanzamiento de personas vivas desde aviones, como parte de un plan sistemático. No pueden decir que eso no existió. Entonces discuten la cantidad, si nueve mil o 30 mil, cuando en realidad, el horror y la responsabilidad por esos crímenes no varían por su cantidad.
 
Un militar que se rebajó a torturar o a violar a una prisionera en la mesa de tortura tendría que ser una vergüenza para sus camaradas. El secuestro y el asesinato sin juicio no pueden ser aceptados por la sociedad. La apropiación de los hijos de los prisioneros que después serían desaparecidos constituyó un acto repugnante, que debería ser repudiado por los militares que no lo hicieron.
 
Y si querían juzgar a sus enemigos, deberían haberlo hecho en vez de asesinarlos y desaparecerlos sin darles el derecho a un juicio justo. Porque, a diferencia de lo que hicieron los genocidas, sus enemigos eran civiles que no actuaban usurpando el Estado y, por lo tanto, cualquier cosa que quieran juzgar ahora ya está prescripta para la ley.
 
Los que no prescriben son los delitos cometidos desde el poder político, ya sea una dictadura o un gobierno surgido de elecciones. Está planteado así porque es claro que --mientras no cambie-- el poder protegerá a los delincuentes y por lo tanto no hay plazos de prescripción.
 

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