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Entre Ríos - 01-07-2014 / 11:07
AFIRMÓ QUE “EL DEFALCO DE LA ATER SE ACLARARÁ SI LOS ORGANISMOS DE ESTADO COLABORAN”

Rosario Romero: “Las sospechas no deben recaer sobre el funcionario que denuncia; sería un error”

Rosario Romero: “Las sospechas no deben recaer sobre el funcionario que denuncia; sería un error”
La diputada Rosario Romero también habló del procesamiento de Boudou, los fondos buitres y la candidatura de Urribarri. Foto: Blas García para La Opinión Popular
 
La diputada Rosario Romero (PJ-Paraná) reconoció que se "sorprendió" por la magnitud de la defraudación acontecida en la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER). Recordó que "no es la primera vez que el ente recaudador padece maniobras delictuales".
 
Sostuvo que los controles por parte del Tribunal de Cuentas, van a tener que tornarse más eficientes, porque el hecho no fue detectado "por dicho organismo, sino por la propia ATER".
 
Dijo además, en su condición de abogada penalista, que "las sospechas no deben recaer sobre el funcionario que denuncia; sería un error, porque en el Estado lo lógico es que el funcionario que ve una irregularidad la denuncie".
 
La investigación de la denuncia en torno a la defraudación en la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), en un primer momento fue retroactivo a 2012, pero al poco tiempo se extendió hasta 2008, involucrando a más de 100 empresas, más sus respectivos contadores. El monto de la defraudación asciende a cerca de 40 millones de pesos, que sumado a intereses y multas el monto podría duplicarse. A su vez ya hay 65 empresarios llamados a indagatoria, entre ellos el hermano del CEO de YPF Miguel Galuccio y Derudder hermanos, del grupo Flecha Bus. "Primero me sorprendió mucho porque cuesta pensar que una maniobra que alcanzó una suma tan importante de dinero haya venido pasando durante tanto tiempo", manifestó la diputada provincial Rosario Romero (PJ-Paraná) al programa Fuera de Juego (Canal 4 de Gualeguaychú).
 
"Al principio, cuando el contador Marcelo Casaretto -director de ATER- denunció el hecho aparecían los dos últimos años, pero nada hacía pensar que la maniobra se suscribiera solamente a tal período y efectivamente fue lo que ocurrió. Ahora se amplió la denuncia por un periodo más largo y sin duda la investigación como lo dijo el procurador general de la provincia se va a extender en el tiempo", acotó.
 
Recordó que "no es la primera vez que el ente recaudador padece maniobras delictuales. Hace más de diez años, en la gestión radical, se denunció una estafa contra el Estado provincial por sellos apócrifos, es decir que siempre los entes que recaudan están expuestos a estas maniobras delictivas".
 
Al ser consultada por qué fallan tanto los organismos de control, la diputada dijo que "el Estado a través de sus organismos de control es un poco más lento que aquellos que deciden delinquir y defraudar. Vamos a tener que ajustar esos sistemas", acotó la legisladora. Y agregó: "Debemos pensar que a este delito lo detectó el mismo Estado y que la causa no comenzó por una denuncia externa, sino que fue el gobernador el que ordenó al fiscal de Estado para que inmediatamente se constituyera como querellante para que la tarea se desarrolle con toda la colaboración del Estado provincial, pero sin duda esto reveló que los contrales por parte del Tribunal de Cuentas, van a tener que tornarse más eficientes, porque el hecho no fue detectado por el organismo de control sino por la propia ATER, por un trabajo de rutina al cual le llamó la atención a un funcionario (de Victoria)".
 
Ratificó que el Tribunal de Cuenta "va a tener que hacer ajustes para poder llegar a tiempo. Las nuevas tecnologías digitales nos permiten poder cruzar información para ser un poco más ágil con el fin de descubrir estas maniobras", agregó.
 
La legisladora estimó en dos años el tiempo que le llevará a la Justicia provincial poder dilucidar la estafa a la ATER. "Si se cuenta con la colaboración de los organismos del Estado, llámese Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y una contratación para dotar a la Justicia de peritos especialistas, en dos años la investigación puede estar terminada o quizás menos. No estamos en tiempo de un proceso escrito, ya hemos marchado hacia un proceso acusatorio en la que la causa va siendo más oral y más breve el tiempo procesal. Son delitos complejos pero soy optimista siempre y cuando se dota a la Justicia de peritos especialistas", indicó.
 
En cuanto a los costos políticos que puede tener la defraudación, Romero dijo que "una causa como ésta, en la cual la gente paga sus impuestos con mucho esfuerzo, no debe mirarse desde el punto de vista de las ventajas o desventajas políticas. Debe investigarse y se debe castigar al que ocasionó con su conducta esta defraudación. Insisto que las sospechas no deben recaer sobre el funcionario que denuncia, porque en el Estado lo lógico es que el funcionario que ve una irregularidad la denuncie, y no creo que el gobernador o el fiscal estén viendo los costos políticos de la defraudación", acotó, cuando se le recordaron los casos del ex intendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen o del Julio Solanas y el Banco Municipal. Dejó en claro que "en la democracia no hay ciudadanos de primera y de segunda categoría; todos somos susceptibles de ser investigados y más si somos funcionarios públicos que tenemos que dar explicaciones si somos llamados por la Justicia o indagados por un fiscal. La maniobra hoy aparece en dos partes, por un lado desde los empleados del ATER que para el Código Penal son funcionarios públicos, que concretaban un engaño y por el otro lado tenemos a empresas que se beneficiaban por no pagar tributos. Esto está en manos de la Fiscalía y de la Justicia y no habrá limites para investigar", añadió.
 
En tanto, Romero impulsó el debate en la Legislatura entrerriana sobre la eliminación del sistema de compensaciones, que fue propuesto por el diputado Juan José Albornoz (PJ-Gualeguay). "Si se sostiene, me parece que hay que dotar al sistema de compensaciones de otras formalidades y cruces de controles, porque los existentes no han funcionados", enfatizó.
 
La diputada del oficialismo también se refirió al procesamiento del vicepresidente de la Nación, Amado Bodeau, restándole importancia al costo político que ese hecho significa para la Presidenta. "Un gobierno no queda erosionado porque a un funcionario se lo investigue si la Cámara confirma el procesamiento yo creo que la Presidenta en algún momento se va a plantear si conviene que siga al frente del Senado o no. Muchos estamos pensando que quizás se debería tomar una licencia o debería ser apartado del cargo hasta tanto el proceso se culmine, ahora esto es un análisis que hará la Presidenta. El juicio político es un juicio no de culpabilidad penal sino de actitud y responsabilidad política para seguir en el cargo, requiere de una mayoría en el Congreso que hoy la oposición no tiene, entonces es difícil que por esta vía sea tomada esta decisión".
 
Al referirse a los fondos buitres, manifestó: "Creo que hay una comprensión de la ciudadanía y un acto de madurez de la oposición de acompañar a la delegación Argentina cuando fuimos a plantear en los foros internacionales la posición del país y escuche a referentes de la oposición con una madurez que el caso requiere. Esto no es un problema argentino solamente, porque la renegociación de la deuda de los países soberanos es una renegociación que debe contener y privilegiar la estabilidad económica. Hay otras categorías de derechos a parte de los contratos que se firmaron con ciertos sectores que especulan. Ojala Argentina encuentre por la vía de la negociación de pagar y cumplir esta sentencia".
 
Al finalizar se refirió a la candidatura presidencial del gobernador Sergio Urribarri. "Sigo con interés esta candidatura, porque por muchos años no se vio que un entrerriano pueda estar en la puja de una posible candidatura nacional. Esto es un dato importante para una provincia que siempre fue insular, siempre estuvo entre sus ríos y no hemos tenido mucho protagonismo en los escenarios nacionales. Ojalá Entre Ríos pueda tener en los próximos años uno de sus hombres en esos cargos nacionales y si fuera la presidencia de la nación obviamente sería óptimo para la provincia", completó.
 
Fuente: Análisis Digital
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