21:16 | Martes 23 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Nacionales - 22-04-2014 / 10:04
PESE AL APOYO DE OBAMA, TUVIERON QUE DAR EXPLICACIONES ANTE LOS JUECES
La Corte de EE.UU., durísima con el gobierno de CFK
En la pelea de CFK contra los fondos buitres, habría una "victoria limitada" de los holdouts en la Corte yanqui. Durante la audiencia por el caso "discovery mundial", que enfrenta al país con tenedores de deuda en default que no ingresaron al canje, jueces del máximo tribunal comentaron que podrían permitirle a los bonistas el acceso a información sobre activos argentinos fuera de USA, aunque de forma limitada. "Recursos militares y diplomáticos" estarían exentos, según trascendió. Una sentencia definitiva sobre el caso llegaría recién en junio.
La Corte de EE.UU. abrió la puerta a embargar bienes comerciales en ese país; dio a entender que aplicaría una interpretación restrictiva del discovery o búsqueda de información sobre bienes del país potencialmente embargables y que los "fondos buitres" sólo podrían pedir datos sobre activos comerciales en Estados Unidos.
El gobierno yanqui apoyó a CFK: los fondos buitre no contarán con "toda" la información para poder embargar. Un emisario de Barack Obama avaló la postura argentina de no revelar cuáles son los activos que podrían ser embargados en Estados Unidos. Es la primera vez que la administración del actual Presidente yanqui se pronuncia de manera oral y explícita a favor del país.
Esa lectura es la que hizo el Gobierno de CFK de la audiencia de ayer, de la que se fue satisfecho a pesar de las duras preguntas que hicieron los jueces a los abogados que representan a Argentina.
La Corte, sin embargo, no dio pistas de si aceptaría el caso de fondo, en el que el acreedor NML Capital reclama, con dos sentencias de instancias previas a su favor, u$s 1.330 millones por sus bonos en default y obliga a los agentes de pago a girar desembolsos destinados a satisfacer la deuda reestructurada a cumplir con este reclamo, lo que dejaría a la Argentina al borde del default técnico.
El abogado de Cleary Gottlieb que representó al país, Jonathan Blackman, fue quien debió afrontar las preguntas más incisivas, aunque los jueces preguntaron con dureza también al procurador adjunto de Estados Unidos, Edwin Kneedler, y al abogado de NML Capital, Theodore Olson.
El abogado de la Argentina y el representante de la administración de Barack Obama blandieron la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA, sus siglas en inglés). Argumentaron que en las dos instancias judiciales previas, los jueces de Nueva York autorizaron a NML Capital a pedir información sobre todos los activos argentinos en todo el mundo y que eso es contrario a la legislación estadounidense.
La buena noticia para el país fue que, en distintas intervenciones, los jueces restringieron la interpretación de la FSIA enarbolada por los fondos buitre y validada por los tribunales inferiores. Los holdouts pidieron un discovery para conocer los bienes que tiene el país en todo el mundo.
La Corte, con el aval del procurador Kneedler, acotaron el potencial discovery a los bienes comerciales de la Argentina en Estados Unidos. La orden restringiría así la información y potencial embargo sobre activos diplomáticos o militares y sobre bienes en terceros países.
Scalia, por caso, insistió en que el discovery no podría hacerse efectivo en Francia, y que para validarlo en Florida u otro estado que no sea Nueva York, el litigante debería comenzar un nuevo juicio en ese distrito en cuestión. Así, si bien rebatió los argumentos del daño potencial de la orden que esgrimieron Argentina y Estados Unidos, acotó su aplicación.
A partir de esa lectura, en el Gobierno de CFK comenzaron a estudiar qué puede pasar con las inversiones de YPF -eventuales joint ventures, por ejemplo-, los aviones de Aerolíneas Argentinas y los activos en Estados Unidos del Banco Nación.
Esto es sólo el preludio del pari passu, la causa de fondo en la que los holdouts reclaman tratamiento igualitario para cobrar sus bonos en default. La Argentina debería ganar este caso, pero después de lo de ayer parece que quizá no. Y el pari passu está cada vez más lejos.
La Opinión Popular
El gobierno yanqui apoyó a CFK: los fondos buitre no contarán con "toda" la información para poder embargar. Un emisario de Barack Obama avaló la postura argentina de no revelar cuáles son los activos que podrían ser embargados en Estados Unidos. Es la primera vez que la administración del actual Presidente yanqui se pronuncia de manera oral y explícita a favor del país.
Esa lectura es la que hizo el Gobierno de CFK de la audiencia de ayer, de la que se fue satisfecho a pesar de las duras preguntas que hicieron los jueces a los abogados que representan a Argentina.
La Corte, sin embargo, no dio pistas de si aceptaría el caso de fondo, en el que el acreedor NML Capital reclama, con dos sentencias de instancias previas a su favor, u$s 1.330 millones por sus bonos en default y obliga a los agentes de pago a girar desembolsos destinados a satisfacer la deuda reestructurada a cumplir con este reclamo, lo que dejaría a la Argentina al borde del default técnico.
El abogado de Cleary Gottlieb que representó al país, Jonathan Blackman, fue quien debió afrontar las preguntas más incisivas, aunque los jueces preguntaron con dureza también al procurador adjunto de Estados Unidos, Edwin Kneedler, y al abogado de NML Capital, Theodore Olson.
El abogado de la Argentina y el representante de la administración de Barack Obama blandieron la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA, sus siglas en inglés). Argumentaron que en las dos instancias judiciales previas, los jueces de Nueva York autorizaron a NML Capital a pedir información sobre todos los activos argentinos en todo el mundo y que eso es contrario a la legislación estadounidense.
La buena noticia para el país fue que, en distintas intervenciones, los jueces restringieron la interpretación de la FSIA enarbolada por los fondos buitre y validada por los tribunales inferiores. Los holdouts pidieron un discovery para conocer los bienes que tiene el país en todo el mundo.
La Corte, con el aval del procurador Kneedler, acotaron el potencial discovery a los bienes comerciales de la Argentina en Estados Unidos. La orden restringiría así la información y potencial embargo sobre activos diplomáticos o militares y sobre bienes en terceros países.
Scalia, por caso, insistió en que el discovery no podría hacerse efectivo en Francia, y que para validarlo en Florida u otro estado que no sea Nueva York, el litigante debería comenzar un nuevo juicio en ese distrito en cuestión. Así, si bien rebatió los argumentos del daño potencial de la orden que esgrimieron Argentina y Estados Unidos, acotó su aplicación.
A partir de esa lectura, en el Gobierno de CFK comenzaron a estudiar qué puede pasar con las inversiones de YPF -eventuales joint ventures, por ejemplo-, los aviones de Aerolíneas Argentinas y los activos en Estados Unidos del Banco Nación.
Esto es sólo el preludio del pari passu, la causa de fondo en la que los holdouts reclaman tratamiento igualitario para cobrar sus bonos en default. La Argentina debería ganar este caso, pero después de lo de ayer parece que quizá no. Y el pari passu está cada vez más lejos.
La Opinión Popular
DEUDA
La Corte de EE.UU., durísima con el país
Pese al apoyo de Obama, la Argentina tuvo que dar explicaciones ante los jueces
Con un inusual respaldo del gobierno de Barack Obama , la Argentina defendió ante la Corte Suprema de este país la "inmunidad soberana" de sus bienes en el exterior, en contra de la pretensión de sus acreedores de que se obligue a su identificación para luego intentar embargarlos y cobrarse con ellos. "En una situación recíproca, el gobierno de Estados Unidos estaría muy preocupado en caso de verse obligado a presentar evidencia sobre sus bienes", sostuvo el procurador general adjunto, Edwin Kneedler, al exponer por primera vez en forma oral en favor de la posición argentina.
Pero lo cierto es que, lejos de aceptar los argumentos del enviado de Obama -o de mostrar simpatía hacia ellos-, los magistrados lo sometieron a un duro cuestionamiento, que arrancó apenas antes de que Kneedler hubiese logrado hablar por más de 30 segundos.
"La ley sobre la que estamos discutiendo es, justamente, para defendernos de interferencias como éstas. De que vengan ustedes a decirnos qué aprobar y qué no " por razones cambiantes, lo cruzó el juez Antonín Scalia, uno de los más activos durante el intenso interrogatorio. "Yo no veo que [lo que los demandantes piden] vaya más allá de lo que contempla la ley", añadió. En similares términos se expresó la jueza Sonia Sotomayor, cuya participación fue una de las sorpresas del día, ante las conjeturas de que podría abstenerse.
Al cabo de los 60 minutos de audiencia, similar bombardeo sufrieron tanto los argumentos de nuestro país como los expuestos por los fondos acreedores que lo demandaron. De modo que, agotada la experiencia, las opiniones se dividieron sobre el curso que podría tener el veredicto, que se espera no más allá de fines de junio.
Entre lo sugestivo estuvo la precisión de Ted Olson, el abogado de los fondos buitre, de identificar "incluso bienes pertenecientes a presidentes o ex presidentes de la nación".
Dentro de lo solemne del caso, los sarcasmos arrancaron alguna sonrisa. Uno de ellos referido a la posibilidad de embargar "bifes argentinos". Otro, sobre la significativa ausencia de documentos de apoyo de terceros países en este caso. "Tal vez porque la Argentina también les debe dinero y quieren cobrar", ironizó Scalia.
Entre escepticismos y confianzas, las interpretaciones sobre lo ocurrido se dividieron. "Esto ha sido desastroso para la Argentina. Perderán seguro y es probable que por fallo unánime", disparó el abogado Richard Samp, en una conferencia de prensa organizada por la American Task Force Argentina (ATFA), uno de los principales grupos de presión para el pago de la deuda en default.
Otros fueron más moderados. "Creo que lo único que hicieron aquí los magistrados fue recabar información. Nadie puede inferir un resultado de sus preguntas porque fueron muy duros con todos", dijo a LA NACION la jueza de San Nicolás María Isabel Fulgheri, quien presenció la audiencia con una treintena de juristas argentinos convocados por la Universidad Austral. Buena parte de ellos tuvo la misma impresión.
Hubo también quienes creyeron ver una eventual salida intermedia. Esto es, la posibilidad de que los jueces permitan la identificación de algunos activos, "pero definitivamente no la de todos los bienes", según dijo a LA NACION Edward Taylor, de la Universidad de Pensilvania. La idea parecía cobrar adictos con el paso de las horas.
La audiencia de ayer fue por el expediente llamado "Discovery", un caso secundario en el largo litigio con los llamados fondos buitre. Si algo tuvo de decepcionante para la Argentina fue que no hubo en ella indicio claro de la posición de Estados Unidos respecto de la causa de fondo, la llamada pari passu, que es la que podría llevar al país a un nuevo default.
Con un silencio de misa y guardaespaldas intercalados entre el público, unas 200 personas pudieron acomodarse en los bancos de madera de la sala. Otras cien personas quedaron fuera.
Fue un debate técnico en el que los jueces reunieron elementos para responder una pregunta muy concreta. Esto es, si entidades financieras norteamericanas pueden ser forzadas por la justicia a identificar bienes argentinos de los que tengan noticia en todo el mundo.
Por momentos parecía que las opiniones iban para el lado de nuestro país. "Lo que pretenden me parece sumamente invasivo", dijo de pronto el presidente del tribunal, John Roberts, el mismo que le tomó juramento presidencial a Obama.
Tanto que no permitió consideraciones políticas. "Qué tiene que ver eso con lo que aquí estamos tratando", cruzó el presidente del tribunal cuando el abogado de los fondos, Ted Olson, pretendió recordar el perfil de la Argentina como un país "que no paga sus deudas y desconoce el fallo de los tribunales".
Los que amparan la idea de un fallo intermedio se basan en las recurrentes preguntas que hubo sobre la posibilidad de que se identifiquen bienes de carácter militar o diplomático. "Es que la Argentina disfraza sus bienes y pude hacer pasar por militar algo que no lo es", dijo Olson. Los jueces no se mostraron muy entusiasmados con ese enfoque.
Si algo llamó la atención fue la activa participación de ocho de los nueve magistrados. El único que no abrió la boca en toda la audiencia fue Clarence Thomas, nominado por el ex presidente George Bush.
Por Silvia Pisani
Fuentes: LA NACIÓN, EL CRONISTA y LOP
La Corte de EE.UU., durísima con el país
Pese al apoyo de Obama, la Argentina tuvo que dar explicaciones ante los jueces
Con un inusual respaldo del gobierno de Barack Obama , la Argentina defendió ante la Corte Suprema de este país la "inmunidad soberana" de sus bienes en el exterior, en contra de la pretensión de sus acreedores de que se obligue a su identificación para luego intentar embargarlos y cobrarse con ellos. "En una situación recíproca, el gobierno de Estados Unidos estaría muy preocupado en caso de verse obligado a presentar evidencia sobre sus bienes", sostuvo el procurador general adjunto, Edwin Kneedler, al exponer por primera vez en forma oral en favor de la posición argentina.
Pero lo cierto es que, lejos de aceptar los argumentos del enviado de Obama -o de mostrar simpatía hacia ellos-, los magistrados lo sometieron a un duro cuestionamiento, que arrancó apenas antes de que Kneedler hubiese logrado hablar por más de 30 segundos.
"La ley sobre la que estamos discutiendo es, justamente, para defendernos de interferencias como éstas. De que vengan ustedes a decirnos qué aprobar y qué no " por razones cambiantes, lo cruzó el juez Antonín Scalia, uno de los más activos durante el intenso interrogatorio. "Yo no veo que [lo que los demandantes piden] vaya más allá de lo que contempla la ley", añadió. En similares términos se expresó la jueza Sonia Sotomayor, cuya participación fue una de las sorpresas del día, ante las conjeturas de que podría abstenerse.
Al cabo de los 60 minutos de audiencia, similar bombardeo sufrieron tanto los argumentos de nuestro país como los expuestos por los fondos acreedores que lo demandaron. De modo que, agotada la experiencia, las opiniones se dividieron sobre el curso que podría tener el veredicto, que se espera no más allá de fines de junio.
Entre lo sugestivo estuvo la precisión de Ted Olson, el abogado de los fondos buitre, de identificar "incluso bienes pertenecientes a presidentes o ex presidentes de la nación".
Dentro de lo solemne del caso, los sarcasmos arrancaron alguna sonrisa. Uno de ellos referido a la posibilidad de embargar "bifes argentinos". Otro, sobre la significativa ausencia de documentos de apoyo de terceros países en este caso. "Tal vez porque la Argentina también les debe dinero y quieren cobrar", ironizó Scalia.
Entre escepticismos y confianzas, las interpretaciones sobre lo ocurrido se dividieron. "Esto ha sido desastroso para la Argentina. Perderán seguro y es probable que por fallo unánime", disparó el abogado Richard Samp, en una conferencia de prensa organizada por la American Task Force Argentina (ATFA), uno de los principales grupos de presión para el pago de la deuda en default.
Otros fueron más moderados. "Creo que lo único que hicieron aquí los magistrados fue recabar información. Nadie puede inferir un resultado de sus preguntas porque fueron muy duros con todos", dijo a LA NACION la jueza de San Nicolás María Isabel Fulgheri, quien presenció la audiencia con una treintena de juristas argentinos convocados por la Universidad Austral. Buena parte de ellos tuvo la misma impresión.
Hubo también quienes creyeron ver una eventual salida intermedia. Esto es, la posibilidad de que los jueces permitan la identificación de algunos activos, "pero definitivamente no la de todos los bienes", según dijo a LA NACION Edward Taylor, de la Universidad de Pensilvania. La idea parecía cobrar adictos con el paso de las horas.
La audiencia de ayer fue por el expediente llamado "Discovery", un caso secundario en el largo litigio con los llamados fondos buitre. Si algo tuvo de decepcionante para la Argentina fue que no hubo en ella indicio claro de la posición de Estados Unidos respecto de la causa de fondo, la llamada pari passu, que es la que podría llevar al país a un nuevo default.
Con un silencio de misa y guardaespaldas intercalados entre el público, unas 200 personas pudieron acomodarse en los bancos de madera de la sala. Otras cien personas quedaron fuera.
Fue un debate técnico en el que los jueces reunieron elementos para responder una pregunta muy concreta. Esto es, si entidades financieras norteamericanas pueden ser forzadas por la justicia a identificar bienes argentinos de los que tengan noticia en todo el mundo.
Por momentos parecía que las opiniones iban para el lado de nuestro país. "Lo que pretenden me parece sumamente invasivo", dijo de pronto el presidente del tribunal, John Roberts, el mismo que le tomó juramento presidencial a Obama.
Tanto que no permitió consideraciones políticas. "Qué tiene que ver eso con lo que aquí estamos tratando", cruzó el presidente del tribunal cuando el abogado de los fondos, Ted Olson, pretendió recordar el perfil de la Argentina como un país "que no paga sus deudas y desconoce el fallo de los tribunales".
Los que amparan la idea de un fallo intermedio se basan en las recurrentes preguntas que hubo sobre la posibilidad de que se identifiquen bienes de carácter militar o diplomático. "Es que la Argentina disfraza sus bienes y pude hacer pasar por militar algo que no lo es", dijo Olson. Los jueces no se mostraron muy entusiasmados con ese enfoque.
Si algo llamó la atención fue la activa participación de ocho de los nueve magistrados. El único que no abrió la boca en toda la audiencia fue Clarence Thomas, nominado por el ex presidente George Bush.
Por Silvia Pisani
Fuentes: LA NACIÓN, EL CRONISTA y LOP
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