13:08 | Viernes 19 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
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Nacionales - 15-04-2014 / 07:04
EL GOBIERNO DE CFK LANZÓ UN PLAN PARA LA REGULARIZACIÓN DEL EMPLEO EN NEGRO
Precarización laboral y trabajo registrado: mejor tarde que nunca
El anuncio Cristina lo hizo tras la inauguración del Salón de los Pueblos Originarios, que fue acondicionado durante cerca de un año y que reemplaza al Salón Cristóbal Colón. A esta altura, la obsesión del cristinismo contra la figura de quien descubrió América, hace más de 520 años, está adquiriendo rasgos patológicos. Los K hacen la puesta en escena de sacar una estatua de Colón y cambiarle el nombre a una sala por el de ’pueblos originarios’ mientras ignoran y engañan a los originarios de carne y hueso.
Cristina Fernández volvió a aparecer en público para anunciar, junto a sus habituales aplaudidores y con la ausencia en masa del sindicalismo afín al Gobierno, un proyecto de ley de "Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral". El proyecto, que deberá ser tratado en el Congreso, otorga beneficios fiscales para los empleadores, de los cuales el 65% estarían dirigidos a las microempresas para que registren a sus trabajadores.
Cristina señaló que las empresas con menos de 7 empleados recibirán un descuento del 100% en el pago de aportes patronales por cada empleo que generen en el término de un año. En tanto, las empresas que tengan hasta 80 empleados tendrán un beneficio de hasta el 50%, mientras que para las firmas con más de 80 trabajadores el beneficio será del 25%.
La iniciativa resulta positiva, en momentos en que las pymes están con la soga al cuello por la inflación, la recesión y la agobiante carga fiscal. Pero la realidad es que llega demasiado tarde: una medida de este tipo se tendría que haber implementado hace mucho. Y debería haber alcanzado a todas las pymes ya que ello hubiese permitido, en momentos de expansión económica, crear empleo verdadero, generando un circuito virtuoso de producción y trabajo genuino.
Se dejó pasar el tren y ahora puede ser demasiado tarde ya que estamos atravesando por una aguda recesión. Hemos llegado al extremo que casi la mitad del sueldo bruto de los trabajadores registrados queda en mano del Estado debido a los descuentos que se le aplican que van desde la jubilación a la obra social; el pago de Ingresos Brutos, el abusivo Impuesto a las Ganancias y el Monotributo o incluso el Impuesto a los Bienes Personales.
En ese sentido, la cifra que ayer mencionó la Presidenta, acerca de que en los últimos 10 años se crearon 6 millones de puestos de trabajo, no resiste el menor análisis. La gran mayoría de los puestos de trabajo que se generaron son improductivos, vinculados con planes asistenciales de clientelismo político y diferentes conchavos del Estado, que actuaron como pantalla para intentar tapar la desocupación real que sigue siendo extremadamente elevada.
Hay números que hablan por sí solos: solamente en la administración nacional hay 570.000 ocupados, un tercio más que una década atrás. Pero los planteles crecieron con mucha más fuerza en el conjunto de provincias (47%) y en los municipios, donde hoy trabajan ocho personas más por cada 10 que lo hacían en 2002. La mayoría de estos empleados cobra salarios que los ubican al borde la pobreza.
Para poder afrontar el crecimiento elefantiásico del sector público en los que se refiere a la planta de personal, que no se tradujo en más y mejores servicios para la población (el deplorable estado de la salud pública y de la educación es una clara muestra de ello), aumentó de forma exponencial la presión fiscal sobre los sectores que a duras penas siguen produciendo para sostener todo ese sistema.
La Opinión Popular
Cristina señaló que las empresas con menos de 7 empleados recibirán un descuento del 100% en el pago de aportes patronales por cada empleo que generen en el término de un año. En tanto, las empresas que tengan hasta 80 empleados tendrán un beneficio de hasta el 50%, mientras que para las firmas con más de 80 trabajadores el beneficio será del 25%.
La iniciativa resulta positiva, en momentos en que las pymes están con la soga al cuello por la inflación, la recesión y la agobiante carga fiscal. Pero la realidad es que llega demasiado tarde: una medida de este tipo se tendría que haber implementado hace mucho. Y debería haber alcanzado a todas las pymes ya que ello hubiese permitido, en momentos de expansión económica, crear empleo verdadero, generando un circuito virtuoso de producción y trabajo genuino.
Se dejó pasar el tren y ahora puede ser demasiado tarde ya que estamos atravesando por una aguda recesión. Hemos llegado al extremo que casi la mitad del sueldo bruto de los trabajadores registrados queda en mano del Estado debido a los descuentos que se le aplican que van desde la jubilación a la obra social; el pago de Ingresos Brutos, el abusivo Impuesto a las Ganancias y el Monotributo o incluso el Impuesto a los Bienes Personales.
En ese sentido, la cifra que ayer mencionó la Presidenta, acerca de que en los últimos 10 años se crearon 6 millones de puestos de trabajo, no resiste el menor análisis. La gran mayoría de los puestos de trabajo que se generaron son improductivos, vinculados con planes asistenciales de clientelismo político y diferentes conchavos del Estado, que actuaron como pantalla para intentar tapar la desocupación real que sigue siendo extremadamente elevada.
Hay números que hablan por sí solos: solamente en la administración nacional hay 570.000 ocupados, un tercio más que una década atrás. Pero los planteles crecieron con mucha más fuerza en el conjunto de provincias (47%) y en los municipios, donde hoy trabajan ocho personas más por cada 10 que lo hacían en 2002. La mayoría de estos empleados cobra salarios que los ubican al borde la pobreza.
Para poder afrontar el crecimiento elefantiásico del sector público en los que se refiere a la planta de personal, que no se tradujo en más y mejores servicios para la población (el deplorable estado de la salud pública y de la educación es una clara muestra de ello), aumentó de forma exponencial la presión fiscal sobre los sectores que a duras penas siguen produciendo para sostener todo ese sistema.
La Opinión Popular
ANUNCIO
Tras el paro, la Presidenta apunta contra el trabajo no registrado
Enviará al Congreso un proyecto de ley para facilitar el blanqueo de empleados; además, desafió al gremialismo opositor
Tres días después del paro nacional convocado por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, la presidenta Cristina Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley para reducir el trabajo no registrado con una fuerte advertencia a los sindicatos opositores.
"Les pedimos que trabajen para conseguir que se mantengan los puestos de trabajo y reducir la precariedad", fue su modo de contestarle al gremialismo que el jueves pasado paralizó la actividad en rechazo de la política oficial.
En su primera actividad pública tras la medida de fuerza, la Presidenta presentó ayer en la Casa Rosada una iniciativa que prevé reducir el trabajo informal del actual 33,5 por ciento al 30 por ciento en un año, lo que implicaría regularizar cerca de 300.000 trabajadores. "Llama la atención cuando uno no escucha como uno de los principales reclamos que se luche contra la precarización laboral, que realmente es un enemigo de todos los trabajadores", descargó Cristina en otro mensaje destinado a los gremios que se plegaron al último paro.
La nueva ley que deberá aprobar el Congreso tiene como eje central un régimen de beneficios para las empresas chicas con la finalidad de reducirles la carga impositiva. Contempla dos estructuras. Una, para aquellos microemprendimientos que empleen hasta cinco trabajadores, que abonarán el 50 por ciento de las cargas dentro de un régimen permanente del que se beneficiarán los trabajadores ya registrados y los nuevos. Son las situaciones consideradas más vulnerables, como puede ser una panadería o un quiosco.
El otro esquema es por dos años y según el rango de ganancia y tamaño de la empresa. Para aquellas pymes con hasta 15 trabajadores, el beneficio es total, es decir que no pagarán contribuciones durante un año sólo para los empleados nuevos y en el segundo año de contratación abonarán 25 por ciento de las cargas. En el caso de empresas más grandes, de entre 16 y 80 trabajadores, los nuevos empleados registrados pagarán la mitad y en compañías de más de 80 empleados se pagará el 75 por ciento. Se derogará la actual ley 26.476, que no hacía distinción por tamaño del empleador.
La medida tendrá un costo de 4150 millones de pesos, que dejará de percibir el Estado en concepto de aportes, y quedarán excluidas de estos beneficios las empresas que reduzcan personal.
El proyecto contempla además fuertes sanciones para los empresarios que incumplan con el blanqueo de trabajadores, por lo que se crea un registro de empleados con sanciones laborales, llamado Repsal, de acceso público.
"Sabemos que hay una gran creatividad e inventiva por parte de los argentinos. Aquella empresa que viole esto va a perder todos los beneficios que recibe del Estado", lanzó la Presidenta, y aclaró que no era su intención amenazar al mundo empresarial. La medida da nuevas facultades al Ministerio de Trabajo para imponer sanciones. A partir de ahora, podrá actuar en jurisdicciones provinciales, y aquellos empleadores que reincidan podrán perder beneficios de la AFIP.
RECONOCIMIENTO
Con el proyecto, el Gobierno reconoció el estancamiento en la baja del empleo no registrado, que no desciende desde hace cuatro años. La iniciativa, que contempla en sus considerandos elogios a las políticas oficiales que redujeron desde 2003 del 50 al 33 por ciento actual la tasa de empleo informal, sostiene que es "innegable" que respecto del trabajo informal "presenta magnitudes que afectan las condiciones de inclusión e igualdad".
La Presidenta hizo el anuncio durante un acto en la Galería de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada, minutos después de inaugurar a pocos metros su nuevo y último salón remodelado, al que le cambió el nombre, de Colón a Pueblos Originarios.
Apenas salió del acto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, descartó ante LA NACION que el envío del proyecto de ley al Congreso fuera una respuesta al paro de la semana pasada y lo vinculó con el trabajo de la mesa empresario-sindical que se había reunido con Cristina Kirchner tras la derrota electoral en las primarias de agosto.
Esa iniciativa había sido presentada en diciembre, cuando terminaron los encuentros. Pero el momento político para la presentación por parte de la jefa del Estado del proyecto coincidió con la huelga. De hecho, sorprendió que la única presencia gremial fuera la de Hugo Yasky, de la CTA cercana a la Casa Rosada. Por parte del empresariado, estuvieron Juan Carlos Lascurain, Daniel Funes de Rioja y Osvaldo Cornide. Fue notoria la ausencia en masa del sindicalismo afín al Gobierno.
Por Mariana Verón
Fuentes: LA NACIÓN, DIARIO HOY y LOP
Tras el paro, la Presidenta apunta contra el trabajo no registrado
Enviará al Congreso un proyecto de ley para facilitar el blanqueo de empleados; además, desafió al gremialismo opositor
Tres días después del paro nacional convocado por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, la presidenta Cristina Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley para reducir el trabajo no registrado con una fuerte advertencia a los sindicatos opositores.
"Les pedimos que trabajen para conseguir que se mantengan los puestos de trabajo y reducir la precariedad", fue su modo de contestarle al gremialismo que el jueves pasado paralizó la actividad en rechazo de la política oficial.
En su primera actividad pública tras la medida de fuerza, la Presidenta presentó ayer en la Casa Rosada una iniciativa que prevé reducir el trabajo informal del actual 33,5 por ciento al 30 por ciento en un año, lo que implicaría regularizar cerca de 300.000 trabajadores. "Llama la atención cuando uno no escucha como uno de los principales reclamos que se luche contra la precarización laboral, que realmente es un enemigo de todos los trabajadores", descargó Cristina en otro mensaje destinado a los gremios que se plegaron al último paro.
La nueva ley que deberá aprobar el Congreso tiene como eje central un régimen de beneficios para las empresas chicas con la finalidad de reducirles la carga impositiva. Contempla dos estructuras. Una, para aquellos microemprendimientos que empleen hasta cinco trabajadores, que abonarán el 50 por ciento de las cargas dentro de un régimen permanente del que se beneficiarán los trabajadores ya registrados y los nuevos. Son las situaciones consideradas más vulnerables, como puede ser una panadería o un quiosco.
El otro esquema es por dos años y según el rango de ganancia y tamaño de la empresa. Para aquellas pymes con hasta 15 trabajadores, el beneficio es total, es decir que no pagarán contribuciones durante un año sólo para los empleados nuevos y en el segundo año de contratación abonarán 25 por ciento de las cargas. En el caso de empresas más grandes, de entre 16 y 80 trabajadores, los nuevos empleados registrados pagarán la mitad y en compañías de más de 80 empleados se pagará el 75 por ciento. Se derogará la actual ley 26.476, que no hacía distinción por tamaño del empleador.
La medida tendrá un costo de 4150 millones de pesos, que dejará de percibir el Estado en concepto de aportes, y quedarán excluidas de estos beneficios las empresas que reduzcan personal.
El proyecto contempla además fuertes sanciones para los empresarios que incumplan con el blanqueo de trabajadores, por lo que se crea un registro de empleados con sanciones laborales, llamado Repsal, de acceso público.
"Sabemos que hay una gran creatividad e inventiva por parte de los argentinos. Aquella empresa que viole esto va a perder todos los beneficios que recibe del Estado", lanzó la Presidenta, y aclaró que no era su intención amenazar al mundo empresarial. La medida da nuevas facultades al Ministerio de Trabajo para imponer sanciones. A partir de ahora, podrá actuar en jurisdicciones provinciales, y aquellos empleadores que reincidan podrán perder beneficios de la AFIP.
RECONOCIMIENTO
Con el proyecto, el Gobierno reconoció el estancamiento en la baja del empleo no registrado, que no desciende desde hace cuatro años. La iniciativa, que contempla en sus considerandos elogios a las políticas oficiales que redujeron desde 2003 del 50 al 33 por ciento actual la tasa de empleo informal, sostiene que es "innegable" que respecto del trabajo informal "presenta magnitudes que afectan las condiciones de inclusión e igualdad".
La Presidenta hizo el anuncio durante un acto en la Galería de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada, minutos después de inaugurar a pocos metros su nuevo y último salón remodelado, al que le cambió el nombre, de Colón a Pueblos Originarios.
Apenas salió del acto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, descartó ante LA NACION que el envío del proyecto de ley al Congreso fuera una respuesta al paro de la semana pasada y lo vinculó con el trabajo de la mesa empresario-sindical que se había reunido con Cristina Kirchner tras la derrota electoral en las primarias de agosto.
Esa iniciativa había sido presentada en diciembre, cuando terminaron los encuentros. Pero el momento político para la presentación por parte de la jefa del Estado del proyecto coincidió con la huelga. De hecho, sorprendió que la única presencia gremial fuera la de Hugo Yasky, de la CTA cercana a la Casa Rosada. Por parte del empresariado, estuvieron Juan Carlos Lascurain, Daniel Funes de Rioja y Osvaldo Cornide. Fue notoria la ausencia en masa del sindicalismo afín al Gobierno.
Por Mariana Verón
Fuentes: LA NACIÓN, DIARIO HOY y LOP
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