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El clima en Paraná
Un país atravesado sólo por estrategias de poder
Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
“Si llego a la Casa Rosada irá preso cualquier persona que comete un delito sin importar si es extranjero, argentino o vicepresidente de la Nación”. Julio Cobos
Nacionales - 27-06-2013 / 10:06
RELEVOS EN LAS CÚPULAS MILITARES

Golpe a Rossi: Cristina puso a César Milani como jefe del Ejército

Golpe a Rossi: Cristina puso a César Milani como jefe del Ejército
En primer plano, César del Corazón de Jesús Milani; en el medio, Arturo Puricelli; luego, Luis Pozzi.
Cuando era ministro de Defensa, Arturo Puricelli, remitió el legajo de quien ya era el vicejefe del Ejército y jefe de inteligencia de la fuerza, general de división César del Corazón de Jesús Milani, al fiscal de Tucumán que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia contra el ERP.
 
El director de Inteligencia era hasta ahora subjefe pero condicionaba al titular, Luis Alberto Pozzi. La presidenta lo ascendió y condicionó al flamante ministro de Defensa, Agustín Rossi. También cambió al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que será Luis María Carena.
 
Los detractores de Milani le atribuyen ser el cerebro del controvertido Proyecto X, de espionaje sobre las organizaciones sociales. También le endilgan una influencia crucial sobre el contraalmirante Manuel Tomé, responsable de la inteligencia naval. Se espera un arduo debate en el Senado.
 
La Opinión Popular

 
Cristina Kirchner ascendió a César Milani como jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, en reemplazo del teniente general Luis Alberto Pozzi.
 
General de División, Milani es director general de inteligencia y desde 2010 por orden de Cristina Kirchner es subjefe del Estado Mayor General del Ejército.
 
Su ascenso lo convierte en el primer jefe de inteligencia del ejército que llega al máximo cargo en democracia, aunque antes deberá sortear un duro debate por su pliego en el Senado.
 
En la fuerza lo definen como uno de los más poderosos del ejército. "Es más pesado que contenedor de bochas", repiten. Con su nombramiento, la presidenta condiciona a Agustín Rossi, recientemente asumido en reemplazo de Nilda Garré.
 
Cuando se debatió su pliego en la Cámara alta, la oposición recordó que Milani tuvo dos arrestos en su carrera.
 
El primero fue por 8 días y dictado el 19 de diciembre de 1988 por desobedecer una orden de su superior. Fue poco después del recordado levantamiento del cuartel militar de Villa Martelli, liderado por el coronel Mohamed Alí Seineldín.
 
La otra fue el 20 de septiembre de 1994, cuando ya se desempeñaba como jefe Accidental de Unidad, por permitir que la revisión de armamento quede a cargo de un suboficial subalterno. Nunca se comprobó su participación en el levantamiento carapintada que puso en vilo al gobierno de Raúl Alfonsín.
 
La Presidenta decidió también que el General de Brigada Luis María Carena asuma en reemplazo del Brigadier General Jorge Alberto Chevalier en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
 
La Presidenta decidió además que el General de Brigada Luis María Carena asuma en reemplazo del Brigadier General Jorge Alberto Chevalier en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
 
Por su parte, el Contraalmirante Gastón Fernando Erice reemplazará al Almirante Daniel Alberto Enrique Martín como Jefe del Estado Mayor General de la Armada.
 
Mientras que el Brigadier Mayor Mario Miguel Callejo asumirá al frente del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea en reemplazo del Brigadier General Normando Costantino.
 
Diplomático, Ross consideró que "merece un reconocimiento particular el trabajo realizado por el Brigadier General Chevalier quien nos acompañó durante una década al frente del Estado Mayor Conjunto y fue parte de los primeros cambios impulsados por Néstor Kirchner apenas asumió como Presidente de la Nación".
 
Fuente: La Política Online

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27-11-2014 / 10:11
  La presidenta Cristina Fernández habla cada vez que puede de la "década ganada". Y ayer muchos argentinos entendieron de qué habla: en los últimos diez años, de acuerdo a las declaraciones juradas, su fortuna pasó de 7 a 75 millones.
 
Estos datos trascendieron en el marco de la  investigación por las irregularidades en la empresa Hotesur, de la que la presidenta es dueña, y que conmueve los cimientos del Gobierno de CFK. Es que el juez federal Claudio Bonadio no se quedará con la "severa" multa administrativa de $3000 aplicada a la firma, sino que profundizará la pesquisa en la que se presume, encontrará oscuros vínculos.
 
Este nuevo escándalo que envuelve a los K se inició con una investigación periodística que la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, convirtió en denuncia judicial. Tras "levantar la alfombra" y cotejar las declaraciones juradas de Cristina y los datos sobre esa firma en el Boletín Oficial, la legisladora enumeró una serie de irregularidades que la justicia deberá investigar.
 
"Parece que pisamos un hormiguero y salieron varios legisladores del kirchnerismo a defender a la Presidenta", aseguró Margarita, quien aclaró que "detrás de las irregularidades detectadas en Hotesur, el juez debe investigar tres delitos: corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento patrimonial ilícito".
 
Para Stolbizer "con el dinero que le volvió a la familia Kirchner desde el empresario Lázaro Báez, por el sobreprecio pagado en obras públicas, se gestó una fortuna ilegal. No hay otra forma de explicar el crecimiento exponencial del patrimonio. Seguramente no lo hizo por ser una exitosa abogada".
 
La legisladora aseguró que "Lázaro Báez, investigado por la Justicia de cuatro países (Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Suiza), es socio de la Presidenta". Y que "Alto Calafate", un hotel de la empresa Hotesur,  es un "alojamiento  fantasma". Existen sospechas de que se trata, en realidad, de una pantalla que usaron los Kirchner para hacer negocios turbios con Báez.
 
En tanto, está comprobado que Hotesur no cumple con la obligación legal de presentar sus balances ante la Inspección General de Justicia desde 2011, y que la directora titular de la empresa era Romina Mercado -hija de Alicia Kirchner-, su suplente era Roberto Saldivia (abogado de Lázaro Báez) y el presidente era Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria de Río Gallegos.
 
Como respuesta a las investigaciones de Bonadio, Ella exigió: "Quiero esa cabeza", y los ultra K reaccionaron corporativamente haciendo cola para guillotinar al juez. El recontra alcahuete senador nacional K, Marcelo Fuentes, presentó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el magistrado, confirmando que la Casa Rosada va por la cabeza de Bonadio. Son de cuarta.
 
La Opinión Popular

27-11-2014 / 09:11
  Cuando a fines de septiembre la ministra de Industria, Débora Giorgi, celebraba el cierre de la primera etapa del ProCreAuto y anticipaba las novedades de la segunda fase, brindó una serie de conclusiones que resaltaban el éxito de la medida oficial:
 
•      La iniciativa, según su lectura, había permitido frenar la abrupta caída en ventas.
•      Las automotrices habían retomado el ritmo de producción, por lo cual se iban a ir reincorporando a sus actividades normales los miles de empleados suspendidos.
•      El ritmo de comercialización era tan alentador que algunas marcas, al temer no poder dar respuesta a la demanda, prefirieron no sumarse a la fase II.
 
Así, bajo la óptica del Gobierno de CFK, el plan superó largamente todas las expectativas trazadas en un inicio. Sin embargo, cuando debía acelerar a fondo la segunda parte del ProCreAuto, salieron a la luz todos los problemas: hasta los primeros días de noviembre, todavía faltaban entregar casi 12.000 vehículos de la primera etapa.
 
La continuidad del plan, en tanto, no arrancó sino casi dos meses después de lo anunciado porque no se había firmado la resolución por la cual la Secretaría de Transporte transfería los fondos al Banco Nación. Esos 60 días durante los cuales el plan estuvo "cajoneado" obedecieron a que el Gobierno, al ver los problemas que todavía arrastraba la "fase I" por la falta de stock, intentó demorar el mayor tiempo posible el debut de la nueva etapa.
 
En medio del tire y afloje entre la administración K, terminales y concesionarios -ante la falta de unidades y la multiplicación de trabas burocráticas y demoras-, las ventas están muy lejos de levantar. Si bien el interés de los compradores en adquirir las unidades es menor que el año pasado, también es cierto que hoy faltan numerosos modelos y versiones.
 
Debido a los problemas que acarrea la iniciativa oficial, muchos compradores optaron por desestimar la línea de créditos del Gobierno y recurrir al financiamiento que ofrecen las propias terminales para no correr el riesgo de tener que enfrentar demoras de hasta seis meses para la entrega de una unidad.
 
De hecho, ya hay presentadas cerca de 1.000 denuncias por parte de compradores que están teniendo dificultades para acceder a las líneas de crédito. Esto sería apenas la punta del iceberg de un problema mayor: hasta los primeros días de noviembre, más de 12.000  vehículos pertenecientes a la fase I no habían sido entregados, pese a que esta etapa finalizó en septiembre.
 
La medida prometía dinamizar la comercialización de un sector golpeado por la devaluación y el impuestazo. Pero  las estadísticas muestran lo contrario. En lo que va de noviembre, los patentamientos se desplomaron. Y por más que el Gobierno insista en incentivar la demanda, como viene intentando con el ProCreAuto, lo que la industria requiere para superar esta crisis, son dólares para poder importar las autopartes que necesitan.

26-11-2014 / 15:11
 
El Gobierno de CFK reconoció el lunes que la empresa Hotesur, propiedad de la familia Kirchner, no presentó sus últimos balances en la Inspección General de Justicia (IGJ): el secretario de Justicia, el abogado Julián Álvarez, aseguró que se trataba de una "irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo".
 
Pero, la Inspección General de Justicia (IGJ), que depende del Ministerio de Justicia, queda bajo la lupa porque falló en el control de la empresa Hotesur. No sólo la firma evitó presentar sus documentos administrativos y financieros, sino que también salteó una posible situación de lavado de dinero.
 
Las propias normas de la IGJ dicen que, ante los incumplimientos financieros y documentales de Hotesur, el organismo debería haber emitido un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el ente que investiga los casos de lavado de dinero. No lo hizo.
 
La IGJ debería haber emitido un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por posible lavado de dinero. El 27 de marzo del 2012, la IGJ aprobó una resolución que puso en funcionamiento el 'Manual de Políticas y Procedimientos Para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo'".
 
La obligación de la IGJ respecto de Hotesur debió incluso ser superior a la normal porque la normativa antilavado así lo dispone cuando algún protagonista bajo sospecha es una 'persona políticamente expuesta', como la presidenta Cristina Fernández y sus familiares.
 
La Opinión Popular

26-11-2014 / 10:11
26-11-2014 / 10:11
 
En su desesperado afán por defender a Cristina Fernández por la investigación sobre maniobras de lavado de dinero en sus hoteles de Santa Cruz, el secretario de Justicia, el camporista Julián Álvarez, terminó reconociendo que el procesamiento de Amado Boudou en la causa del auto con papeles truchos "probablemente" sea correcto.
 
La inusual confesión de Álvarez, uno de los integrantes del estado mayor de La Cámpora, llegó justo después de otro fuerte malestar que provocó Amado: su foto en todos los diarios en pleno baile con un grupo de empleadas suyas del Senado, en las que aparece desenfrenado, sonriente y hasta con el clásico saludo con los dedos en V. "O es un pavote o le gusta mostrar que a él no le entran las balas", habría comentado el ministro Randazzo.
 
"La cabeza de Amado tiene plazo fijo: marzo del año que viene". Así de tajante fue la afirmación de un funcionario K, acerca de uno de los temas más comentados en los últimos días en los pasillos de Balcarce 50: el futuro del vicepresidente, a todas luces caído en desgracia hasta en los propios despachos de Cristina.
 
El cuestionado funcionario sería utilizado por el cristinismo duro, que hasta no hace mucho lo defendía de los ataques "de los monopolios mediáticos", como una suerte de "cabeza de turco" según las necesidades electorales K. "En campaña electoral todas las herramientas políticas se usan", abundó un confidente. Y dio otro jugoso dato: dijo que Máximo Kirchner, metido de lleno en el armado de las candidaturas del oficialismo, ya le pidió a su madre la cabeza de Boudou.
 
Se dice que, de mínimo, en marzo, cuando arranca de lleno la campaña electoral, pedirá licencia. No se descarta su renuncia antes de eso si le cae algún procesamiento en una de la decena de causas en las que se lo investiga. Pero su suerte está echada. Lo que se dice en la Casa Rosada es que La Cámpora está directamente detrás del objetivo de conseguir el desplazamiento de Boudou.
 
La organización que responde a Máximo, el hijo de la presidenta, de cada vez mayor influencia en la gestión de gobierno pero también en cada detalle de las candidaturas para las elecciones del año que viene, supone que un derrape del ahora odiado ex militante de la UCeDé puede aportar algunos puntos en las encuestas.
 
Parece que al hombre le soltaron la mano.
 
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