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Nacionales - 09-08-2012 / 09:08
ABANDONA EL PACTO FISCAL Y RECLAMA FONDOS QUE VAN AL ANSES

La Provincia de Córdoba exige la coparticipación plena

La Provincia de Córdoba exige la coparticipación plena
Gobernador, José Manuel de la Sota, y Legislatura Unicameral de Córdoba, durante el debate. Allí, el oficialista Ricardo Sosa, quien fundamentó el proyecto, le pegó duro a los K y a la forma en que tratan a las provincias: “Antes, los gobiernos peronistas en la Nación, de los cuales me sentía parte aunque discutía con ellos, dialogaban y negociaban con los gobernadores. El actual gobierno, que también es peronista y por lo tanto, mi gobierno, no permite el diálogo, y los gobernadores sólo son convocados para escuchar”.
El Partido Justicialista cordobés logró un apoyo crítico de la oposición y abandonó el acuerdo federal de 1992. La Legislatura de Córdoba aprobó anoche, por unanimidad, la desadhesión de la provincia al Pacto Fiscal vigente, por el que se destina el 15% de la masa de recursos coparticipables al ANSES.
 
Así, Córdoba busca que la Nación deje de retenerle el 15% de la coparticipación, que esta provincia y el resto cedieron en 1992 para sostener el sistema previsional nacional, ante el desfinanciamiento que sufrió a raíz de la creación de las ex AFJP.

 
Si bien en 2008 el Gobierno K disolvió las AFPJ y se quedó con la plata de ellas, recuperó los aportes previsionales de los trabajadores y el sistema volvió a manos del Estado nacional, ese 15% nunca regresó a las provincias.
 
El texto de la norma explicita que los pesos que la provincia se ahorre "se afecten directamente" para el pago de "los déficits de la Caja de Jubilaciones", generados por "la desatención de la Nación en sus obligaciones legales". Se estima que la administración provincial se ahorrará unos 2.300 millones de pesos anuales.
 
Los pasos que seguirá el Gobierno provincial serán: informar al resto de las provincias de la renuncia al Pacto Fiscal; intimar a la Nación para que deje de descontarle el 15% de la coparticipación y, si no hay respuestas, recurrir a la Corte Suprema.
 
El gobernador, José Manuel de la Sota, ya realizó una presentación ante la Corte Suprema para demandar a la Nación por la falta de pago de 1.040 millones de pesos que correspondían a las jubilaciones del año pasado.
 
La Opinión Popular

Córdoba exige la coparticipación plena
 
El PJ logró un apoyo crítico de la oposición y abandonó el acuerdo federal de 1992. Ahora intimará a la Nación para que le restituya el 15% de la masa coparticipable que retiene.
 
 
Tras un largo debate que terminó con la rutilante aparición del gobernador José Manuel de la Sota en la Unicameral, el Poder Legislativo provincial aprobó anoche la ley con la que se aparta de los alcances del Pacto Fiscal firmado por Córdoba con la Nación en 1992 y que implicaba, hasta ahora, la detracción del 15 por ciento de la coparticipación federal.
 
En efecto, tras la aprobación de esa ley, la Provincia notificará a los gobernadores su decisión e intimará al Gobierno nacional para que deje de descontarle el 15 por ciento cedido hace 20 años para financiar el sistema jubilatorio nacional.
 
Funcionarios y legisladores provinciales oficialistas dijeron anoche estar convencidos de que la Nación hará caso omiso de las intimaciones, y amenazaron con llevar este reclamo a la Corte Suprema, que ya tiene bajo análisis el planteo por la falta de envío de fondos nacionales para la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
 
El propio gobernador dijo anoche, en un hecho inédito -nunca un gobernador había ingresado durante una sesión ordinaria para presentar proyectos y fundamentarlo-, que si la Nación seguía descontando el 15 por ciento de la coparticipación, llevará el reclamo al máximo tribunal.
 
El oficialista Ricardo Sosa, quien fundamentó el proyecto, le pegó duro a los K y a la forma en que tratan a las provincias: "Antes, los gobiernos peronistas en la Nación, de los cuales me sentía parte aunque discutía con ellos, dialogaban y negociaban con los gobernadores. El actual gobierno, que también es peronista y por lo tanto, mi gobierno, no permite el diálogo, y los gobernadores sólo son convocados para escuchar".
 
 
Críticas opositoras
 
Los bloques opositores del juecismo, radicalismo y Encuentro Vecinal (Liliana Olivero, del Frente de Izquierda y los Trabajadores se abstuvo) apoyaron la decisión de denunciar el Pacto Fiscal y reclamar esos recursos a la Nación. Pero fueron durísimos en los cuestionamientos al oficialismo, sobre todo para despegarse del protagonismo que De la Sota, con su presencia, acaparó.
 
José Las Heras y Ricardo Fonseca, del Frente Cívico, hicieron reclamos y duros cuestionamientos. El primero dijo que la Provincia debía reclamar los recursos retenidos por la Nación desde 2008 y criticó a los legisladores nacionales kirchneristas que no defienden los intereses de Córdoba.
 
Fonseca acusó a De la Sota de doble discurso. Dijo que le reclama 1.040 millones de pesos al Gobierno nacional mientras que en menos de un año, ya endeudó a Córdoba por una cifra similar. Lo acusó de gastar millones en publicidad para su campaña presidencial.
 
De los radicales hablaron Rodrigo De Loredo, Orlando Arduh y Luis Brouwer de Koning. El primero dijo que De la Sota le pedía federalismo a la Nación pero que en Córdoba imponía un férreo centralismo a los municipios. Destacaron la necesidad de que los recursos que se recuperen se coparticipen; y anticiparon que como sus sugerencias habían sido ignoradas, votaban en disidencia.
 
García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) dijo que no había nada que festejar. Apoyó el reclamo y propuso armar una comisión facilitadora de diálogo. No fue escuchado.
 
Liliana Olivero recordó que el mismo Gobierno provincial que ahora derogaba el Pacto Fiscal es el que estaba a favor de las AFJP. "¿Recién ahora se dan cuenta de que las AFJP no existen más?", cuestionó.
 
 
A la corte
  
Con la aprobación de la ley, el jefe de Gabinete, Oscar González, confirmó anoche los pasos que seguirá el Gobierno provincial: informar al resto de las provincias de la renuncia al Pacto Fiscal; intimar a la Nación para que deje de descontarle el 15 por ciento de la coparticipación y, si no hay respuestas, recurrir a la Corte Suprema.
 
 
Tres kirchneristas ausentes
 
Bajas en el oficialismo. Los K José Luis de Lucca, Fernando Salvi y Héctor Muñoz no concurrieron ayer a la Legislatura. Los dos primeros viajaron a reunirse con Alicia Kirchner y Abal Medina. Sí votaron con el delasotismo las también K Nadia Fernández y Sandra Trigo.
 
Fuente: La Voz del Interior

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23-05-2013 / 09:05
Cristina Kirchner anunció ayer, por cadena nacional, un aumento del 35,3% en la asignación universal por hijo (AUH) y por embarazo, que pasará de 340 a 460 pesos a partir del mes que viene; e incrementos que van del 22 al 35% en los cuatro rangos de las asignaciones familiares que cobran los trabajadores registrados que perciben hasta 8.400 pesos, el nuevo tope salarial que se fijó para acceder a ese beneficio.
 
Los anuncios apuntan a subir el nivel de consumo de la población, en un año electoral buscando mejorar el nivel de ingresos de los sectores que destinan todo lo que percibe a gastos familiares. Con esto, Cristina emitió una clara muestra de que apuesta a estimular el consumo antes de las elecciones. Solo en los cuatro meses que restan para los comicios de octubre, las medidas representarán una inyección de fondos a la economía de alrededor de $ 5.200 millones.
 
Llamó la atención el apuro para anunciarlas, en un año electoral en que se esperaban para más adelante, pero el anuncio oficial pudo haberse realizado ayer para garantizar una movilización importante de cara a los festejos por el 25 de mayo y por el décimo aniversario de la permanencia kirchnerista en el poder.
 
Además, Cristina presentó el plan "Mirar para cuidar". Fracasado Guillermo Moreno, CFK envía a La Cámpora a controlar los precios con una policía anti-inflacionaria al mando de "El Cuervo" Larroque. Del plan participarán organizaciones sociales, políticas 'y las que quieran sumarse' para desplegar un operativo de control de precios.
 
Los militantes rentados K, cuya función consiste en hacer número en los actos oficiales y aplaudir cada una de las afirmaciones de CFK, recibirán instrucciones sobre cómo moverse en el control a los súper, hipermercados y cadenas de pequeños almacenes, y en una segunda instancia también controlarán a las empresas que se sumaron al acuerdo de precios.
 
¿Cómo harán estos voluntarios, a los que se les encomendó cuidar que los salarios y los planes de asistencia social no se diluyan por los aumentos de precios? ¿Tendrán algún tipo de identificación? ¿Llevarán pecheras de La Cámpora como en las tareas solidarias post inundación? ¿Contarán con un listado de precios oficiales para cotejar en las góndolas?
 
Y, en el caso de constatar aumentos, ¿actuarán directamente increpando a los comerciantes? ¿Publicarán una lista de "escrachados", conformada por quienes hayan remarcado la yerba o el aceite? ¿A qué tipo de sanciones se harán pasibles quienes sean encontrados en "infracción"?
 
¿El comerciante está legalmente obligado a dejarse auditar por militantes que no fueron capacitados ni investidos de autoridad alguna para realizar esa tarea? ¿Qué ocurrirá si el dueño de un mini mercado se niega a este tipo de control y se genera un incidente violento?
 
Cristina se niega a admitir que los aumentos de precios están vinculados con la fuerte emisión monetaria y con el gasto público. Y elige una forma extrema de controles como política contra la inflación, lo que tendrá un efecto absolutamente contraproducente generando mayor incertidumbre, aumentando las expectativas inflacionarias y el desabastecimiento de productos.
 
La nueva iniciativa K es poco seria y no resiste el menor análisis, pero en definitiva, las consecuencias las terminará pagando la gente con su bolsillo.
 
La Opinión Popular

22-05-2013 / 12:05
22-05-2013 / 10:05
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