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Nacionales - 25-05-2012 / 11:05
ES UNO DE LOS MOTORES DE GENERACIÓN DE EMPLEO

Alerta en las provincias por los atrasos en envíos de fondos nacionales para obra pública

Alerta en las provincias por los atrasos en envíos de fondos nacionales para obra pública
Alerta en las provincias por los atrasos en envíos de fondos nacionales para obra pública. Es uno de los motores de generación de empleo.
Los delicados apremios financieros que atraviesan las provincias derivaron en nuevas señales de alerta respecto del freno que sufre la obra pública en un creciente número de distritos.
 
Las nuevas advertencias surgieron tanto desde el seno de Ejecutivos del interior como de filas gremiales o del lote de empresarios que mantiene contratos con el Estado (y que acumulan sobre sus espaldas fuertes moras en los pagos).
 
Todas las voces coinciden en que, si bien no se trata aún de un fenómeno generalizado, comienza a extenderse la ralentización de las obras nacionales y locales en territorios provinciales como una de las variables de ajuste.
 
Se trata en rigor de uno de los rebotes de la inesperada desaceleración que sufren los gobernadores en materia de envíos de coparticipación y de ingresos locales, de la mano de un enfriamiento de la actividad económica y de rebotes de medidas tomadas desde la Casa Rosada, como las trabas a las importaciones y la reinstauración de un fondo educativo federal que ralea las remesas.

 
Por eso, parte de los esfuerzos de los mandatarios que salen por estos días a la caza de recursos extras -vía colocación de bonos o Letras, toma de préstamos y suba de impuestos- está dirigida a apuntalar la marcha de la obra pública, que es además uno de los motores de generación de empleo en las provincias.
 
En las últimas horas, una de las advertencias provino desde Tucumán, donde el Gobierno del justicialista José Alperovich confirmó que postergará algunas obras ante la merma en los recursos frente al debilitamiento -por caso, en cerca de 30 millones de pesos en abril- de la coparticipación.
 
Se trata de las dos obras más emblemáticas del área de salud en la provincia -el hospital Eva Perón y el centro de día Néstor Kirchner-, que iban a desplegarse entre el segundo y el tercer trimestre de este año, pero que por imperio de la estrechez de cuentas deberán esperar a fin de año o a 2013.
 
«Depende de múltiples motivos, entre los que el económico no es menor», afirmó el ministro de Salud tucumano, Pablo Yedlin.
 
Por su parte, Alperovich reiteró que 2012 será un año «delicado» por las dificultades económicas. «Estamos cuidando el peso día a día; la mayoría de las provincias están con problemas para pagar sueldos y nosotros nos manejamos pero esperamos que cambie esto», remarcó.
 
En sintonía, en abril, el mandatario de La Rioja, el justicialista Luis Beder Herrera, había advertido: «Lo que he bajado es el ritmo de la obra pública en la provincia, porque no puedo mantener el ritmo que teníamos el año pasado».
 
«Tenemos mucha obra pública nacional con certificados atrasados, pero sé que la Nación nos va a cumplir», agregó.
 
La preocupación se extiende, previsiblemente, al ámbito de las intendencias, hacia donde se contagia con facilidad la escasez de fondos.
 
Por caso, desde Río Negro, el intendente de Viedma, el radical Jorge Ferreira, enfatizó esta semana que «el parate de la obra pública y el no pago de proveedores ha afectado a la economía de la ciudad y hay pérdida de puestos de trabajo». «Desde la salida de la convertibilidad, desde 2002 y 2003 venimos levantando, pero ahora hay un freno que se siente», graficó.
 
El malestar también emana desde los gremios. En esa línea, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) denunció que en Rosario y zonas aledañas se perdieron cerca de 6.000 puestos de trabajo del rubro en los últimos 20 meses con motivo de la «paralización de la obra pública».
 
«Las empresas dicen que tienen problemas a nivel nacional y provincial en el cobro de certificaciones, es decir que el resentimiento en los puestos es por la paralización de la obra pública», afirmó el delegado normalizador de la filial sindical local, Carlos Vergara.
 
«Las obras más importantes de Santa Fe están paralizadas casi en su totalidad por falta de pago, igual que algunas obras de la Nación», coincidió el secretario gremial de UOCRA Rosario, Sixto Irrazábal.
 
De todas formas, según lo advertido por los propios gobernadores, si bien el escenario es de preocupación, todavía no hay un freno generalizado a la obra pública en las provincias.
 
Esta semana, por caso, el mandatario de Misiones, el renovador Maurice Closs, destacó que «no se pararon la obra pública ni los planes productivos», y que el distrito «no necesita salir a endeudarse» para financiar las inversiones previstas, pese a la desaceleración en las transferencias de coparticipación.
 
En el mismo tono, por su parte, el gobernador de San Juan, el justicialista José Luis Gioja, remarcó que en la provincia «ninguna de las obras está paralizada» y que los fondos están disponibles «para todas las obras públicas». 
 
Fuente: ambito.com

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23-05-2013 / 09:05
Cristina Kirchner anunció ayer, por cadena nacional, un aumento del 35,3% en la asignación universal por hijo (AUH) y por embarazo, que pasará de 340 a 460 pesos a partir del mes que viene; e incrementos que van del 22 al 35% en los cuatro rangos de las asignaciones familiares que cobran los trabajadores registrados que perciben hasta 8.400 pesos, el nuevo tope salarial que se fijó para acceder a ese beneficio.
 
Los anuncios apuntan a subir el nivel de consumo de la población, en un año electoral buscando mejorar el nivel de ingresos de los sectores que destinan todo lo que percibe a gastos familiares. Con esto, Cristina emitió una clara muestra de que apuesta a estimular el consumo antes de las elecciones. Solo en los cuatro meses que restan para los comicios de octubre, las medidas representarán una inyección de fondos a la economía de alrededor de $ 5.200 millones.
 
Llamó la atención el apuro para anunciarlas, en un año electoral en que se esperaban para más adelante, pero el anuncio oficial pudo haberse realizado ayer para garantizar una movilización importante de cara a los festejos por el 25 de mayo y por el décimo aniversario de la permanencia kirchnerista en el poder.
 
Además, Cristina presentó el plan "Mirar para cuidar". Fracasado Guillermo Moreno, CFK envía a La Cámpora a controlar los precios con una policía anti-inflacionaria al mando de "El Cuervo" Larroque. Del plan participarán organizaciones sociales, políticas 'y las que quieran sumarse' para desplegar un operativo de control de precios.
 
Los militantes rentados K, cuya función consiste en hacer número en los actos oficiales y aplaudir cada una de las afirmaciones de CFK, recibirán instrucciones sobre cómo moverse en el control a los súper, hipermercados y cadenas de pequeños almacenes, y en una segunda instancia también controlarán a las empresas que se sumaron al acuerdo de precios.
 
¿Cómo harán estos voluntarios, a los que se les encomendó cuidar que los salarios y los planes de asistencia social no se diluyan por los aumentos de precios? ¿Tendrán algún tipo de identificación? ¿Llevarán pecheras de La Cámpora como en las tareas solidarias post inundación? ¿Contarán con un listado de precios oficiales para cotejar en las góndolas?
 
Y, en el caso de constatar aumentos, ¿actuarán directamente increpando a los comerciantes? ¿Publicarán una lista de "escrachados", conformada por quienes hayan remarcado la yerba o el aceite? ¿A qué tipo de sanciones se harán pasibles quienes sean encontrados en "infracción"?
 
¿El comerciante está legalmente obligado a dejarse auditar por militantes que no fueron capacitados ni investidos de autoridad alguna para realizar esa tarea? ¿Qué ocurrirá si el dueño de un mini mercado se niega a este tipo de control y se genera un incidente violento?
 
Cristina se niega a admitir que los aumentos de precios están vinculados con la fuerte emisión monetaria y con el gasto público. Y elige una forma extrema de controles como política contra la inflación, lo que tendrá un efecto absolutamente contraproducente generando mayor incertidumbre, aumentando las expectativas inflacionarias y el desabastecimiento de productos.
 
La nueva iniciativa K es poco seria y no resiste el menor análisis, pero en definitiva, las consecuencias las terminará pagando la gente con su bolsillo.
 
La Opinión Popular

22-05-2013 / 12:05
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