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El clima en Paraná
Un país atravesado sólo por estrategias de poder
Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
“Si llego a la Casa Rosada irá preso cualquier persona que comete un delito sin importar si es extranjero, argentino o vicepresidente de la Nación”. Julio Cobos
Nacionales - 26-02-2012 / 18:02
EFEMÉRIDES POPULARES. EL 26/02/1944 EDELMIRO J. FARRELL NOMBRA AL CORONEL JUAN DOMINGO PERÓN COMO MINISTRO DE GUERRA

El Coronel Perón, Ministro de Guerra de la Revolución del 43

El Coronel Perón, Ministro de Guerra de la Revolución del 43
El coronel Juan Perón es designado ministro de Guerra y hasta Mirtha Legrand (detrás de Perón, al lado de Mecha Ortiz) aplaude. ¿Era compañera?
La Revolución del 43 fue el movimiento militar, producido el 4 de junio de 1943, que derrocó al gobierno fraudulento de Ramón S. Castillo, poniendo fin a la llamada "Década Infame", un período de gobiernos autoritarios, ilegítimos y corruptos, signados por la trampa electoral sistemática, la represión a opositores, la proscripción del yrigoyenismo y la entrega económica de la Patria. 
 
El Coronel Juan Perón no ocupó cargos importantes de poder en el gobierno hasta fines de 1943, cuando asumió la Secretaría de Trabajo. El 26 de febrero de 1944, Edelmiro J. Farrell nombra a Perón como Ministro de Guerra.
 
Los gobiernos militares que resultaron de la revolución terminaron con la vieja argentina oligárquica, semicolonial y dependiente y culminaron con la asunción del gobierno electo democráticamente de Juan Perón, el 4 de junio de 1946. En su transcurso emergió la figura del entonces coronel Perón originándose el peronismo.
 
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Producida la Revolución del 43 Perón se desempeñó como secretario privado del Ministro de Ejército, a las órdenes del general Edelmiro Farrell y también como su vicepresidente.
 
El poder y la influencia creciente de Perón dentro del gobierno militar provino de su alianza con un sector del sindicalismo argentino, principalmente con las corrientes sindicales socialista y sindicalista revolucionaria. Producido el golpe, un sector del movimiento obrero, principalmente el socialista de la CGT Nº1, a través del dirigente mercantil socialista Ángel Borlenghi y el abogado ferroviario también socialista Juan Atilio Bramuglia, decidió entablar contacto con los coroneles Perón y Domingo Mercante.
 
Las conversaciones establecieron una alianza inicial de sanción de leyes laborales reclamadas largamente por el movimiento obrero, fortalecimiento de los sindicatos y del organismo estatal que regulaba las relaciones laborales. (Baily, 84; López, 401).
 
El plan elaborado entre Perón y Mercante y los sindicatos incluía acceder al por entonces poco influyente Departamento Nacional de Trabajo. Perón maniobró dentro del gobierno para que se lo designara al frente de esa repartición y aprovechando el cierre del Congreso Nacional, puso en vigencia por decreto un gran número de leyes de corte social que desde décadas habían sido presentadas por los diputados socialistas (siendo el más renombrado de ellos Alfredo Palacios) en el parlamento argentino y eran sumariamente vetadas por las mayorías conservadoras. La sanción de tales medidas le valió hacerse de poderosos enemigos entre los industriales, ganaderos y comerciantes.
 
Sin embargo la posición de Perón dentro del gobierno militar, lejos de debilitarse, se fortaleció gracias al apoyo de un creciente número de sindicatos que apoyaban su gestión que, a su vez, iban tomando conciencia de su verdadero poder como factor de presión pública.
 
Poco después obtuvo que el Departamento de Trabajo fuera elevado al rango de Secretaría de Trabajo. Con el apoyo de una parte importante del movimiento obrero, empezó a desarrollar gran parte del programa sindical histórico: se crearon los tribunales de trabajo; se sancionó el Decreto 33.302/43 extendiendo la indemnización por despido a todos los trabajadores; más de dos millones de personas fueron beneficiadas con la jubilación; se sancionó el Estatuto del Peón de Campo y el Estatuto del Periodista; se creó el Hospital Policlínico para trabajadores ferroviarios; se prohibieron las agencias privadas de colocaciones y se crearon Escuelas Técnicas orientadas a obreros. En 1944 se firmaron 123 convenios colectivos que alcanzaban a más de 1.400.000 obreros y empleados y en 1945 otros 347 para 2.186.868 trabajadores.
 
En ese marco los sindicatos comenzaron un período de gran crecimiento, y lo que fue aún más decisivo, comenzaron a afiliar masivamente a los "nuevos" trabajadores, los que estaban migrando masivamente a la ciudad desde el interior del país y países limítrofes, que eran llamados "morochos", "grasas" y "cabecitas negras" por las clases medias y altas, y los propios trabajadores "viejos" descendientes de la inmigración europea.
 
Poco después algunos sindicatos (especialmente los de ideología anarquista y comunista) que se habían mantenido alejados, la CGT Nº1, la USA y los gremios autónomos, comienzan a unificarse en torno de la Secretaría de Trabajo.
 
Pero en sentido contrario, en septiembre de 1945, cuatro importantes sindicatos se separan de la CGT: La Fraternidad, la Unión Obrera Textil, la Confederación de Empleados de Comercio y el Sindicato del Calzado. Frente a los dirigentes sindicales y sindicatos que no apoyaban la alianza sindical con Perón y Mercante, se impulsó una política de sindicatos paralelos.
 
La respuesta de Perón y de su colaborador Domingo Mercante a tal desafío se tradujo en otorgar mayores beneficios a los sindicatos que los apoyaban y quitarle personería jurídica a los gremios opositores, lo que implicaba paradójicamente una seria violación a los derechos del trabajador.
 
Pero la estrategia de Perón para acumular poder no se limitaba a establecer alianzas con el movimiento obrero sino que se extendía también a los partidos políticos, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas.
 
La tensión política iba en aumento con frecuentes bataholas entre los bandos en conflicto. Esta situación fue la excusa utilizada por la facción del Ejército Argentino, contraria a Perón, para presionar al Presidente Farrell y obtener el desplazamiento definitivo del coronel. Farrell, se inclinó por quitarle el apoyo a Perón y permitir el ascenso del grupo militar antagónico, encabezado por el general Ávalos.
 
Pidió y obtuvo de Perón la renuncia a todos sus puestos el 9 de octubre de 1945 y, para mayor seguridad, decidió su encarcelamiento en la Isla Martín García. Al conocer la noticia del destino de Perón, los sindicatos comenzaron a movilizarse, temiendo que el alejamiento de su líder derivara en la eliminación de todos los beneficios sociales obtenidos.
 
Comienza así, el histórico 17 de octubre.
 
Fuente: Wikipedia
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26-11-2014 / 15:11
 
El Gobierno de CFK reconoció el lunes que la empresa Hotesur, propiedad de la familia Kirchner, no presentó sus últimos balances en la Inspección General de Justicia (IGJ): el secretario de Justicia, el abogado Julián Álvarez, aseguró que se trataba de una "irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo".
 
Pero, la Inspección General de Justicia (IGJ), que depende del Ministerio de Justicia, queda bajo la lupa porque falló en el control de la empresa Hotesur. No sólo la firma evitó presentar sus documentos administrativos y financieros, sino que también salteó una posible situación de lavado de dinero.
 
Las propias normas de la IGJ dicen que, ante los incumplimientos financieros y documentales de Hotesur, el organismo debería haber emitido un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el ente que investiga los casos de lavado de dinero. No lo hizo.
 
La IGJ debería haber emitido un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por posible lavado de dinero. El 27 de marzo del 2012, la IGJ aprobó una resolución que puso en funcionamiento el 'Manual de Políticas y Procedimientos Para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo'".
 
La obligación de la IGJ respecto de Hotesur debió incluso ser superior a la normal porque la normativa antilavado así lo dispone cuando algún protagonista bajo sospecha es una 'persona políticamente expuesta', como la presidenta Cristina Fernández y sus familiares.
 
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26-11-2014 / 10:11
26-11-2014 / 10:11
 
En su desesperado afán por defender a Cristina Fernández por la investigación sobre maniobras de lavado de dinero en sus hoteles de Santa Cruz, el secretario de Justicia, el camporista Julián Álvarez, terminó reconociendo que el procesamiento de Amado Boudou en la causa del auto con papeles truchos "probablemente" sea correcto.
 
La inusual confesión de Álvarez, uno de los integrantes del estado mayor de La Cámpora, llegó justo después de otro fuerte malestar que provocó Amado: su foto en todos los diarios en pleno baile con un grupo de empleadas suyas del Senado, en las que aparece desenfrenado, sonriente y hasta con el clásico saludo con los dedos en V. "O es un pavote o le gusta mostrar que a él no le entran las balas", habría comentado el ministro Randazzo.
 
"La cabeza de Amado tiene plazo fijo: marzo del año que viene". Así de tajante fue la afirmación de un funcionario K, acerca de uno de los temas más comentados en los últimos días en los pasillos de Balcarce 50: el futuro del vicepresidente, a todas luces caído en desgracia hasta en los propios despachos de Cristina.
 
El cuestionado funcionario sería utilizado por el cristinismo duro, que hasta no hace mucho lo defendía de los ataques "de los monopolios mediáticos", como una suerte de "cabeza de turco" según las necesidades electorales K. "En campaña electoral todas las herramientas políticas se usan", abundó un confidente. Y dio otro jugoso dato: dijo que Máximo Kirchner, metido de lleno en el armado de las candidaturas del oficialismo, ya le pidió a su madre la cabeza de Boudou.
 
Se dice que, de mínimo, en marzo, cuando arranca de lleno la campaña electoral, pedirá licencia. No se descarta su renuncia antes de eso si le cae algún procesamiento en una de la decena de causas en las que se lo investiga. Pero su suerte está echada. Lo que se dice en la Casa Rosada es que La Cámpora está directamente detrás del objetivo de conseguir el desplazamiento de Boudou.
 
La organización que responde a Máximo, el hijo de la presidenta, de cada vez mayor influencia en la gestión de gobierno pero también en cada detalle de las candidaturas para las elecciones del año que viene, supone que un derrape del ahora odiado ex militante de la UCeDé puede aportar algunos puntos en las encuestas.
 
Parece que al hombre le soltaron la mano.
 
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26-11-2014 / 09:11
 
La legisladora porteña del Frente Para la Victoria, María Rachid, convencidísima  de que el Estado tiene que hacerse cargo de cualquier cosa, propone "la creación de un subsidio mensual para personas trans (travestis) mayores de cuarenta (40) años" cuyo monto rondaría los $8.000. La idea generó amplias expectativas y comenzó a causar revuelo en las redes sociales con voces a favor y en contra.
 
El proyecto explica que en el beneficio "están comprendidas las personas trans con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", que cumplan con el rango de edad antes mencionado y "hayan realizado su cambio registral conforme la Ley Nacional Nº 26.743 y su decreto reglamentario".
 
En la iniciativa se establece además que "el monto del subsidio es de mil doscientas (1200) unidades fijas mensuales y el goce del mismo es compatible con otros ingresos que no superen las tres mil quinientas (3500) unidades fijas mensuales". Como el valor de la unidad fija (se usa para calcular el monto de las sanciones) es actualmente de $6,40, el subsidio que recibirían las personas trans sería exactamente de $7.680.
 
Argumentando la propuesta, Rachid sostiene que "la población trans padece en nuestra sociedad historias de constante menoscabo de derechos de raigambre constitucional, que lleva a las personas a una verdadera «muerte civil» sin el más básico respeto por sus derechos".
 
En lugar del subsidio, una medida mucho más inclusiva sería la apertura de un cupo de empleo para los travestis. Esta medida, además de darles fuentes de trabajos legales, con el tiempo podría lograr a que la gente acepte a los travestis en lugares de trabajos comunes y corrientes.
 
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26-11-2014 / 07:11
  Ayer, en su reaparición en la fiesta del "club de la obra pública", en la Cámara Argentina de la Construcción, una actividad cuyo ingreso depende del presupuesto estatal, la presidenta Cristina Fernández dio señales concretas no sólo de que no se otorgará ningún plus a estatales y jubilados, sino también de que no está previsto subir el mínimo no imponible del abusivo Impuesto a las Ganancias.
 
Irónica, ácida, crítica, y sin dejar de sonreír, Cristina sepultó los reclamos de los trabajadores con una pregunta retórica, sin esperar respuesta, con la finalidad de reforzar su propio punto de vista: "¿Cómo hacemos para financiar la obra pública si no cobramos impuestos?". Fue la excusa de CFK para rechazar los pedidos gremiales, incluido el de dirigentes sindicales que están fuertemente alineados con los K, que ya no pueden calmar a sus bases.
 
En rigor, financiar la obra pública significa no actualizar el mínimo no imponible. Pero, la obra pública es Lázaro Báez, Electroingeniería, Esuco y otras empresas K, todas bajo sospecha de sobreprecios, "retornos" e irregularidades varias. A esos empresarios millonarios tienen que financiar los trabajadores. Sin duda, vergonzosos los dichos de Cristina.
 
Eso no fue todo. Moviendo la cabeza y agitando el pelo, Cristina deslizó una solapada amenaza: "En Francia y Alemania discuten hoy si congelan los salarios por tres años y la flexibilización laboral". Sin ruborizarse, agregó que "los trabajadores argentinos siguen siendo los mejores remunerados de América latina, no sólo en términos nominales sino también en cuanto al poder adquisitivo". No se lo creyó ni Ella.
 
Solo basta con cruzar la frontera y ver cómo el peso argentino ha perdido todo poder de compra. Hasta los billetes bolivianos y los guaraníes paraguayos tiene más valor, al punto que desde ambos países se organizan tour de compras para aprovechar las ventajas que le otorgan el devaluado peso argentino.
 
La imposibilidad de otorgar un plus salarial y de reducir el Impuesto a las Ganancias significa que estamos en el fin de la fiesta K y ahora, todos tenemos que afrontar los costos. Lo más grave es que el puñado de socios y amigos del poder que se beneficiaron con la fiesta lo hicieron a costa del saqueo del Estado y de una corrupción sin límites.
 
Las cajas del Estado ya no dan abasto, y por eso el gobierno está aplicando un severo ajuste neoliberal. Pero, la utilización de las reservas del Banco Central, de los recursos de la Anses y del PAMI, terminaron siendo meros parches, gotas en el océano del despilfarro.
 
Y si a esto se le suma la alocada emisión monetaria para sostener el gasto público improductivo y clientelar, todo indica que la ola inflacionaria no dará tregua. Se está generando un círculo vicioso donde el incremento del costo de vida le está ganando con holgura a los aumentos otorgados en paritarias.
 
Por otra parte, si el gobierno de CFK hubiese otorgado un plus a jubilados, estatales y docentes, significaría blanquear que la inflación es mucho mayor a los dibujos del INDEC, destruyendo las mentiras del relato K. En definitiva, ante la necesidad que tiene el Gobierno de sostener la falacia, los trabajadores y los jubilados, una vez más, terminan siendo los más perjudicados.
 
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