La Opinión Popular
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El clima en Paraná
La apuesta del consenso y la reconstrucción
Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
“La incidencia del mínimo no imponible sobre el salario de los trabajadores es cada vez mayor, reduciendo el salario real, e incluyendo a mayor cantidad de empleados y autónomos entre los alcanzados por el impuesto". Juan Schiaretti
Nacionales - 26-02-2012 / 18:02
EFEMÉRIDES POPULARES. EL 26/02/1944 EDELMIRO J. FARRELL NOMBRA AL CORONEL JUAN DOMINGO PERÓN COMO MINISTRO DE GUERRA

El Coronel Perón, Ministro de Guerra de la Revolución del 43

El Coronel Perón, Ministro de Guerra de la Revolución del 43
El coronel Juan Perón es designado ministro de Guerra y hasta Mirtha Legrand (detrás de Perón, al lado de Mecha Ortiz) aplaude. ¿Era compañera?
La Revolución del 43 fue el movimiento militar, producido el 4 de junio de 1943, que derrocó al gobierno fraudulento de Ramón S. Castillo, poniendo fin a la llamada "Década Infame", un período de gobiernos autoritarios, ilegítimos y corruptos, signados por la trampa electoral sistemática, la represión a opositores, la proscripción del yrigoyenismo y la entrega económica de la Patria. 
 
El Coronel Juan Perón no ocupó cargos importantes de poder en el gobierno hasta fines de 1943, cuando asumió la Secretaría de Trabajo. El 26 de febrero de 1944, Edelmiro J. Farrell nombra a Perón como Ministro de Guerra.
 
Los gobiernos militares que resultaron de la revolución terminaron con la vieja argentina oligárquica, semicolonial y dependiente y culminaron con la asunción del gobierno electo democráticamente de Juan Perón, el 4 de junio de 1946. En su transcurso emergió la figura del entonces coronel Perón originándose el peronismo.
 
La Opinión Popular
Producida la Revolución del 43 Perón se desempeñó como secretario privado del Ministro de Ejército, a las órdenes del general Edelmiro Farrell y también como su vicepresidente.
 
El poder y la influencia creciente de Perón dentro del gobierno militar provino de su alianza con un sector del sindicalismo argentino, principalmente con las corrientes sindicales socialista y sindicalista revolucionaria. Producido el golpe, un sector del movimiento obrero, principalmente el socialista de la CGT Nº1, a través del dirigente mercantil socialista Ángel Borlenghi y el abogado ferroviario también socialista Juan Atilio Bramuglia, decidió entablar contacto con los coroneles Perón y Domingo Mercante.
 
Las conversaciones establecieron una alianza inicial de sanción de leyes laborales reclamadas largamente por el movimiento obrero, fortalecimiento de los sindicatos y del organismo estatal que regulaba las relaciones laborales. (Baily, 84; López, 401).
 
El plan elaborado entre Perón y Mercante y los sindicatos incluía acceder al por entonces poco influyente Departamento Nacional de Trabajo. Perón maniobró dentro del gobierno para que se lo designara al frente de esa repartición y aprovechando el cierre del Congreso Nacional, puso en vigencia por decreto un gran número de leyes de corte social que desde décadas habían sido presentadas por los diputados socialistas (siendo el más renombrado de ellos Alfredo Palacios) en el parlamento argentino y eran sumariamente vetadas por las mayorías conservadoras. La sanción de tales medidas le valió hacerse de poderosos enemigos entre los industriales, ganaderos y comerciantes.
 
Sin embargo la posición de Perón dentro del gobierno militar, lejos de debilitarse, se fortaleció gracias al apoyo de un creciente número de sindicatos que apoyaban su gestión que, a su vez, iban tomando conciencia de su verdadero poder como factor de presión pública.
 
Poco después obtuvo que el Departamento de Trabajo fuera elevado al rango de Secretaría de Trabajo. Con el apoyo de una parte importante del movimiento obrero, empezó a desarrollar gran parte del programa sindical histórico: se crearon los tribunales de trabajo; se sancionó el Decreto 33.302/43 extendiendo la indemnización por despido a todos los trabajadores; más de dos millones de personas fueron beneficiadas con la jubilación; se sancionó el Estatuto del Peón de Campo y el Estatuto del Periodista; se creó el Hospital Policlínico para trabajadores ferroviarios; se prohibieron las agencias privadas de colocaciones y se crearon Escuelas Técnicas orientadas a obreros. En 1944 se firmaron 123 convenios colectivos que alcanzaban a más de 1.400.000 obreros y empleados y en 1945 otros 347 para 2.186.868 trabajadores.
 
En ese marco los sindicatos comenzaron un período de gran crecimiento, y lo que fue aún más decisivo, comenzaron a afiliar masivamente a los "nuevos" trabajadores, los que estaban migrando masivamente a la ciudad desde el interior del país y países limítrofes, que eran llamados "morochos", "grasas" y "cabecitas negras" por las clases medias y altas, y los propios trabajadores "viejos" descendientes de la inmigración europea.
 
Poco después algunos sindicatos (especialmente los de ideología anarquista y comunista) que se habían mantenido alejados, la CGT Nº1, la USA y los gremios autónomos, comienzan a unificarse en torno de la Secretaría de Trabajo.
 
Pero en sentido contrario, en septiembre de 1945, cuatro importantes sindicatos se separan de la CGT: La Fraternidad, la Unión Obrera Textil, la Confederación de Empleados de Comercio y el Sindicato del Calzado. Frente a los dirigentes sindicales y sindicatos que no apoyaban la alianza sindical con Perón y Mercante, se impulsó una política de sindicatos paralelos.
 
La respuesta de Perón y de su colaborador Domingo Mercante a tal desafío se tradujo en otorgar mayores beneficios a los sindicatos que los apoyaban y quitarle personería jurídica a los gremios opositores, lo que implicaba paradójicamente una seria violación a los derechos del trabajador.
 
Pero la estrategia de Perón para acumular poder no se limitaba a establecer alianzas con el movimiento obrero sino que se extendía también a los partidos políticos, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas.
 
La tensión política iba en aumento con frecuentes bataholas entre los bandos en conflicto. Esta situación fue la excusa utilizada por la facción del Ejército Argentino, contraria a Perón, para presionar al Presidente Farrell y obtener el desplazamiento definitivo del coronel. Farrell, se inclinó por quitarle el apoyo a Perón y permitir el ascenso del grupo militar antagónico, encabezado por el general Ávalos.
 
Pidió y obtuvo de Perón la renuncia a todos sus puestos el 9 de octubre de 1945 y, para mayor seguridad, decidió su encarcelamiento en la Isla Martín García. Al conocer la noticia del destino de Perón, los sindicatos comenzaron a movilizarse, temiendo que el alejamiento de su líder derivara en la eliminación de todos los beneficios sociales obtenidos.
 
Comienza así, el histórico 17 de octubre.
 
Fuente: Wikipedia
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20-04-2014 / 12:04
El Decreto Supremo Nº 1086, promulgado en 1983 durante la dictadura de Augusto Pinochet sentencia: "Artículo 2°.- Para las reuniones en plazas, calles y otros lugares de uso público regirán las siguientes disposiciones:

a) Los organizadores de toda reunión o manifestación pública deben dar aviso con dos días hábiles de anticipación, a lo menos, al Intendente o Gobernador respectivo. Las fuerzas de Orden y Seguridad Pública pueden impedir o disolver cualquier manifestación que no haya sido avisada dentro del plazo fijado y con los requisitos de la letra b.

 
b) El aviso indicado deberá ser por escrito y firmado por los organizadores de la reunión, con indicación de su domicilio, profesión y número de su cédula de identidad. Deberá expresar quiénes organizan dicha reunión, qué objeto tiene, dónde se iniciará, cuál será su recorrido, dónde se hará uso de la palabra, qué oradores lo harán y dónde se disolverá la manifestación".


El proyecto presentado por los diputados kirchneristas encabezados por Carlos Kunkel y Diana Conti dice:
Artículo 5.- MANIFESTACIÓN LEGÍTIMA. Se considera que una manifestación pública es legítima cuando reúne los siguientes elementos:
- Después de los incisos a, b, c y d, en el inciso "e" afirma: "Es notificada en los términos de la presente ley".
- Y en su Artículo 7.- SOBRE LA NOTIFICACIÓN. Toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial, con una antelación no menor de 48 horas. En esa notificación deberá indicarse:


a) El lugar en que se llevará a cabo
b) El tiempo estimado

c) El objeto de manifestación
d) El manifestante delegado

Si la manifestación no cumple con alguno de los requisitos del Artículo 5, entre ellos la notificación, se infiere lógicamente que es ILEGÍTIMA.

Con respecto a esto dice en su Artículo 10.- MANIFESTACIÓN ILEGÍTIMA. Una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objeto de garantizar esos derechos, pero siempre sometiéndose la actuación de éstas a los procedimientos y límites previstos en los capítulos I y III de esta ley.


Cualquier similitud ¿es pura casualidad?

20-04-2014 / 11:04
20-04-2014 / 09:04
El despectivo "bolsa de gatos" fue usado siempre por el peronismo para abaratar los intentos de ensamble de sus adversarios, desde la Unión Democrática para acá. En cambio, Juan Perón sorteó desde el verticalismo de su formación militar cualquier crítica de afuera en el mismo sentido y a las diferencias internas las bautizó "movimiento".

Es probable que la estrategia de criticar los matrimonios por conveniencia de los demás y llamar reacomodamientos internos a los líos de la propia estructura haya sido la responsable de dos conceptos que han corrido de boca en boca en la sociedad, los que se repiten como verdades reveladas a la hora de contar la historia y de plantearse el voto: "Los peronistas tienen vocación fanática por el poder" y son los "únicos que aseguran la gobernabilidad", se dice.

La picardía de la dialéctica también ayudó a fortalecer la alucinación colectiva. Aquel "los peronistas, como los gatos, cuando parece que nos peleamos, nos estamos reproduciendo" que popularizó Antonio Cafiero, va en la misma línea de promocionar al peronismo como algo imprescindible, reforzada en lo ideológico por el mismo Perón, a la hora de evaluar cómo perforó a los demás partidos la concepción estado-populista que predomina en la gente desde 1945: "Peronistas somos todos", supo describir el general.

A la larga, pareció tener razón porque todos los tanteos que se generaron en los últimos 70 años para sacar de órbita al peronismo, incluidas las diferentes incursiones del partido militar, fracasaron en toda la línea. El experimento de la Alianza ha sido, hasta ahora, el último escalón de varios hitos de rejuntes que siempre terminaron fortaleciéndolo.

Todas estas alusiones vienen a cuento porque en el remanso que el día a día de la economía le está dando a la política, aderezado desde la óptica del análisis por la entrega de las banderas económicas de la década que hizo el Gobierno para aflojar las turbulencias de principios de año, todas las fuerzas políticas comenzaron a buscar su lugar en el mundo aún antes del Mundial de Brasil, para orejear desde ahora mismo la sucesión de Cristina Fernández.

Ya se han visto en la calle débiles encuestas, nombres que se han echado a rodar para medir fortalezas y galanteos entre algunos de los partidos, aunque de momento todo es tan provisorio que nada debería ser tomado demasiado en cuenta con algún grado de seriedad.

En ese sentido, la corta semana de Pascuas fue prolífica en declaraciones y así Sergio Massa, Daniel Scioli, Mauricio Macri y Jorge Capitanich, en defensa de La Cámpora, coincidieron en mostrarse como abanderados del tiempo por venir, argumento mucho más difícil de sostener para los hombres del oficialismo
.
Ante los graves y múltiples problemas que padece la sociedad (inflación, empleo, inseguridad, narcotráfico y hasta los piquetes que acaba de descubrir el Gobierno a la hora de propiciar una ley que los regule, aunque deba tragarse los sapos de una década de vigencia) suena hasta de mal gusto tamaño adelanto en meses, pero como es casi unánime la búsqueda de posicionamiento, quizás por eso hasta ahora nadie lo reprocha demasiado.

20-04-2014 / 09:04
El debate sobre la reglamentación de las protestas en la vía pública parece ser otra cuestión que, como tantas, han saltado a la actualidad para convertirse en un circunstancial "comodín" que sirve al Gobierno como estrategia de distracción. Eso no significa que la discusión no sea necesaria ni que se trate de un tema menor para la convivencia democrática, todo lo contrario.

Tan importante es este debate que debió hacerse mucho antes, cuando surgieron las primeras voces de la sociedad reclamando circular libremente por calles y rutas en ejercicio de sus legítimos derechos. Para el kirchnerismo no era entonces necesario porque justamente ese tipo de manifestaciones representaba una herramienta funcional a su acción política.


Como ejemplo basta recordar que hasta el propio ex presidente Néstor Kirchner, desde una demagógica tribuna, alentó a los habitantes de Gualeguaychú a cortar el puente internacional con Uruguay por la instalación de la pastera en Fray Bentos.


Eran tiempos en los que todavía el oficialismo se sentía el dueño de las calles, a las que copaba con manifestantes que no protestaban por nada sino que concurrían para producir hechos políticos y, de paso, devolver los favores de un subsidio o un plan social.


Ya no sucede lo mismo y no es porque se hayan acabado los subsidios ni los planes sociales y mucho menos los sectores necesitados.


Para hacerlo breve: la calle ya no es de los partidarios del oficialismo. El Gobierno, después de casi once años de gestión, tiene serias dificultades para equiparar lo que dice con lo que hace, lo que se traduce a la vez en un creciente descontento hacia el interior de sus filas. El riesgo ahora es que los mismos sectores que salían a apoyar, comiencen a salir para reclamarles a los que eran sus jefes.


El giro que produce ahora la conducción del kirchnerismo, como tantos otros en diferentes terrenos, obedece al instinto de supervivencia política.


El objetivo es llegar sin desbordes graves al final del mandato de Cristina Fernández y ella cree que debe intentar una reconciliación con sectores de clase media, allí donde hay un particular rechazo a los cortes y piquetes. Pero también es una manera de adelantarse a los hechos que pronostican no sólo los informes de Inteligencia que se leen en la Casa Rosada sino también el sentido común. 

20-04-2014 / 08:04
La cadena de la felicidad que hizo ricos a varios funcionarios del Gobierno parece haberse roto para algunos de ellos. Lo que comenzó por Ricardo Jaime y siguió con Amado Boudou llegó ahora a las puertas del despacho del subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi, circunstancia que complica judicialmente a él y políticamente a su superior, Carlos Zannini, hombre clave dentro del cerrado esquema de poder que armó el kirchnerismo.

Cuando el juez federal Norberto Oyarbide decidió hacer público el episodio de la suspensión del allanamiento en la financiera Propyme como consecuencia de un llamado que recibió de Liuzzi, abrió una caja de Pandora que preocupó a la mismísima Presidenta.


Por eso, ella misma se encargó de dar la orden de proteger al juez, un impresentable al que el juicio político, del que el peronismo lo salvó el 11 de septiembre de 2001, debió haber eyectado de su sillón de los tribunales de Comodoro Py. Cristina Fernández de Kirchner, que le debe al juez el favor del súbito y sospechoso sobreseimiento de su causa por supuesto enriquecimiento ilícito, sabe que si Oyarbide habla, puede haber problemas.


El fiscal federal Carlos Rívolo, que investigó a Jaime, fue muy claro: "No es fácil investigar al poder". No se quedó en esa definición cuasi genérica. Avanzó y se explayó acerca de las presiones recibidas por él y por otros colegas suyos que con valentía luchan por cumplir con su trabajo en forma honesta. Como otro ejemplo ilustrativo de esta circunstancia está el caso del fiscal José María Campagnoli.


Lo que hace más inquietante esta realidad es que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la jefa de los fiscales, en vez de defender a aquellos que actúan con independencia, los presiona.


Esto va en línea con la concepción de la organización Justicia Legítima, para la cual la Justicia debería ser un apéndice más del poder político de turno, precepto que, de concretarse, acabaría con la división de poderes que consagra la Constitución Nacional, lo que en los hechos significaría la anulación de cualquier posibilidad cierta de controlar los actos del gobierno -de éste y de cualquiera- y de investigar a los funcionarios corruptos.

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