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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“El modelo económico que aplica el Gobierno atrasa 40 años y hay que cambiarlo porque estamos en estanflación, se triplicó la deuda y tenemos un problema de fuga de capitales”. Aldo Pignanelli
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Nacionales - 26-02-2012 / 18:02
EFEMÉRIDES POPULARES. EL 26/02/1944 EDELMIRO J. FARRELL NOMBRA AL CORONEL JUAN DOMINGO PERÓN COMO MINISTRO DE GUERRA

El Coronel Perón, Ministro de Guerra de la Revolución del 43

El Coronel Perón, Ministro de Guerra de la Revolución del 43
El coronel Juan Perón es designado ministro de Guerra y hasta Mirtha Legrand (detrás de Perón, al lado de Mecha Ortiz) aplaude. ¿Era compañera?
La Revolución del 43 fue el movimiento militar, producido el 4 de junio de 1943, que derrocó al gobierno fraudulento de Ramón S. Castillo, poniendo fin a la llamada "Década Infame", un período de gobiernos autoritarios, ilegítimos y corruptos, signados por la trampa electoral sistemática, la represión a opositores, la proscripción del yrigoyenismo y la entrega económica de la Patria. 
 
El Coronel Juan Perón no ocupó cargos importantes de poder en el gobierno hasta fines de 1943, cuando asumió la Secretaría de Trabajo. El 26 de febrero de 1944, Edelmiro J. Farrell nombra a Perón como Ministro de Guerra.
 
Los gobiernos militares que resultaron de la revolución terminaron con la vieja argentina oligárquica, semicolonial y dependiente y culminaron con la asunción del gobierno electo democráticamente de Juan Perón, el 4 de junio de 1946. En su transcurso emergió la figura del entonces coronel Perón originándose el peronismo.
 
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Producida la Revolución del 43 Perón se desempeñó como secretario privado del Ministro de Ejército, a las órdenes del general Edelmiro Farrell y también como su vicepresidente.
 
El poder y la influencia creciente de Perón dentro del gobierno militar provino de su alianza con un sector del sindicalismo argentino, principalmente con las corrientes sindicales socialista y sindicalista revolucionaria. Producido el golpe, un sector del movimiento obrero, principalmente el socialista de la CGT Nº1, a través del dirigente mercantil socialista Ángel Borlenghi y el abogado ferroviario también socialista Juan Atilio Bramuglia, decidió entablar contacto con los coroneles Perón y Domingo Mercante.
 
Las conversaciones establecieron una alianza inicial de sanción de leyes laborales reclamadas largamente por el movimiento obrero, fortalecimiento de los sindicatos y del organismo estatal que regulaba las relaciones laborales. (Baily, 84; López, 401).
 
El plan elaborado entre Perón y Mercante y los sindicatos incluía acceder al por entonces poco influyente Departamento Nacional de Trabajo. Perón maniobró dentro del gobierno para que se lo designara al frente de esa repartición y aprovechando el cierre del Congreso Nacional, puso en vigencia por decreto un gran número de leyes de corte social que desde décadas habían sido presentadas por los diputados socialistas (siendo el más renombrado de ellos Alfredo Palacios) en el parlamento argentino y eran sumariamente vetadas por las mayorías conservadoras. La sanción de tales medidas le valió hacerse de poderosos enemigos entre los industriales, ganaderos y comerciantes.
 
Sin embargo la posición de Perón dentro del gobierno militar, lejos de debilitarse, se fortaleció gracias al apoyo de un creciente número de sindicatos que apoyaban su gestión que, a su vez, iban tomando conciencia de su verdadero poder como factor de presión pública.
 
Poco después obtuvo que el Departamento de Trabajo fuera elevado al rango de Secretaría de Trabajo. Con el apoyo de una parte importante del movimiento obrero, empezó a desarrollar gran parte del programa sindical histórico: se crearon los tribunales de trabajo; se sancionó el Decreto 33.302/43 extendiendo la indemnización por despido a todos los trabajadores; más de dos millones de personas fueron beneficiadas con la jubilación; se sancionó el Estatuto del Peón de Campo y el Estatuto del Periodista; se creó el Hospital Policlínico para trabajadores ferroviarios; se prohibieron las agencias privadas de colocaciones y se crearon Escuelas Técnicas orientadas a obreros. En 1944 se firmaron 123 convenios colectivos que alcanzaban a más de 1.400.000 obreros y empleados y en 1945 otros 347 para 2.186.868 trabajadores.
 
En ese marco los sindicatos comenzaron un período de gran crecimiento, y lo que fue aún más decisivo, comenzaron a afiliar masivamente a los "nuevos" trabajadores, los que estaban migrando masivamente a la ciudad desde el interior del país y países limítrofes, que eran llamados "morochos", "grasas" y "cabecitas negras" por las clases medias y altas, y los propios trabajadores "viejos" descendientes de la inmigración europea.
 
Poco después algunos sindicatos (especialmente los de ideología anarquista y comunista) que se habían mantenido alejados, la CGT Nº1, la USA y los gremios autónomos, comienzan a unificarse en torno de la Secretaría de Trabajo.
 
Pero en sentido contrario, en septiembre de 1945, cuatro importantes sindicatos se separan de la CGT: La Fraternidad, la Unión Obrera Textil, la Confederación de Empleados de Comercio y el Sindicato del Calzado. Frente a los dirigentes sindicales y sindicatos que no apoyaban la alianza sindical con Perón y Mercante, se impulsó una política de sindicatos paralelos.
 
La respuesta de Perón y de su colaborador Domingo Mercante a tal desafío se tradujo en otorgar mayores beneficios a los sindicatos que los apoyaban y quitarle personería jurídica a los gremios opositores, lo que implicaba paradójicamente una seria violación a los derechos del trabajador.
 
Pero la estrategia de Perón para acumular poder no se limitaba a establecer alianzas con el movimiento obrero sino que se extendía también a los partidos políticos, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas.
 
La tensión política iba en aumento con frecuentes bataholas entre los bandos en conflicto. Esta situación fue la excusa utilizada por la facción del Ejército Argentino, contraria a Perón, para presionar al Presidente Farrell y obtener el desplazamiento definitivo del coronel. Farrell, se inclinó por quitarle el apoyo a Perón y permitir el ascenso del grupo militar antagónico, encabezado por el general Ávalos.
 
Pidió y obtuvo de Perón la renuncia a todos sus puestos el 9 de octubre de 1945 y, para mayor seguridad, decidió su encarcelamiento en la Isla Martín García. Al conocer la noticia del destino de Perón, los sindicatos comenzaron a movilizarse, temiendo que el alejamiento de su líder derivara en la eliminación de todos los beneficios sociales obtenidos.
 
Comienza así, el histórico 17 de octubre.
 
Fuente: Wikipedia
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Por los graves incidentes del fin de semana en Santa Cruz, tanto el kirchnerismo como el gobierno de Mauricio Macri se mostraron alarmados por la escalada de violencia que llegó a poner en riesgo la integridad de Cristina Fernández, la gobernadora Alicia Kirchner, tres empleadas de la gobernación y Helena, la pequeña nieta de CFK.
 
También hay cierto consenso respecto de cómo se llegó a esta situación: el colapso financiero provocado por la superpoblada plantilla de trabajadores estatales, que llega a niveles récord. Casi 90.000 empleados en una provincia que apenas supera los 300.000 habitantes. Para colmo, Santa Cruz tiene una dependencia excesiva de la industria petrolera, ahora en declive por la caída de los precios internacionales.
 
Santa Cruz es una jurisdicción donde los empleados y jubilados cobran mal y tarde, la propuesta a los docentes es un ajuste salarial de 3% y el fantasma del estallido violento está a la vuelta de la esquina. Hay consenso respecto de que el Gobierno nacional debe asistir financieramente a la provincia en su emergencia, según las declaraciones del ministro del interior, Rogelio Frigerio. Pero ahí terminan los consensos y empieza el verdadero nudo del problema: quién debe pagar el costo político de la crisis.
 
Porque Cristina y Alicia sostienen que el empleo público es un espacio de contención social y de refugio en una provincia donde si se echa a un estatal se lo condena a la miseria; en un escenario recesivo como es claramente el caso de Santa Cruz, con su muy poca diversificada economía. En consecuencia, la visión K es que la dotación de empleados debe ser mantenida con la asistencia financiera de Macri.
 
En la vereda de enfrente, Frigerio dio a entender con bastante claridad lo que se espera de la gobernadora Alicia Kirchner: que asuma el costo político de echar gente. Que la provincia le garantice que se está haciendo algo concreto para recortar el gasto fiscal.
 
Resulta claro que el Gobierno de Macri no gana mucho si deja que se tense la situación, porque la gravedad es tal que no se puede descartar un final trágico si se repiten los enfrentamientos callejeros. Pero, además, al macrismo no le sirve la salida de Alicia Kirchner de su cargo. Lo que ocurriría después de una intervención federal de la provincia, es que pondría al macrismo en el antipático rol de tener que realizar el ajuste que no hizo el kirchnerismo. Y es lo que quiere evitar.
 
En consecuencia, se buscará un acuerdo que implique la ayuda financiera para la provincia pero que el Gobierno nacional no dará "gratis", en términos políticos. Buscará por todos los medios mostrar las consecuencias que trae un desgobierno K en esa provincia. Hoy, Santa Cruz es la capital nacional de la "grieta", un verdadero peligro que se corporiza en empleados que no cobran sus salarios o en una pedrada contra la casa donde hay una bebé de 18 meses.
 
La Opinión Popular

23-04-2017 / 20:04
23-04-2017 / 18:04
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