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Nacionales - 17-02-2012 / 07:02
EL GOBIERNO K MINIMIZA EL CASO Y DICE QUE ES TODO LEGAL

Proyecto X: Espionaje a opositores por parte de la Gendarmería Nacional

Proyecto X: Espionaje a opositores por parte de la Gendarmería Nacional
El llamado "Proyecto X" de la Gendarmería Nacional fue repudiado por la oposición, que pidió hoy que se cite en el Congreso a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que brinde explicaciones sobre las presuntas tareas de espionaje.
Fuerte polémica por un caso de supuesto "espionaje" que habría hecho Gendarmería, con la difusión que tomó el 'Proyecto X', una base de datos con minuciosa información sobre gente investigada por esa fuerza.
 
La existencia del 'Proyecto X' fue dada a conocer por el propio jefe de la Gendarmería Nacional, el comandante general Héctor Schenone, en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide.
 
Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según Schenone, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como 'teléfono', 'otros medios de comunicación', 'transporte' y 'recursos financieros'.
 
El tema tomó estado público en noviembre pasado, cuando Página/12 dio a conocer la denuncia judicial preparada por el delegado de Kraft Javier Hermosilla, Nora Cortiñas -de Madres Línea Fundadora-, Victoria Moyano y Miriam Bregman -del Ceprodh- y María del Carmen Verdú -de la Correpi-.
 
Los legisladores opositores lanzaron una ofensiva pidiendo citar a la ministra Nilda Garré al Congreso por el espionaje de Gendarmería después de que el programa A Dos Voces, de TN, reveló que Schenone afirmó en la Justicia que existe una base de datos sobre dirigentes gremiales, sociales, estudiantiles, políticos y referentes de derechos humanos.
 
Acusan al Gobierno K de estar usando el aparato de inteligencia del Estado para accionar en contra de los reclamos sociales y para la persecución política.
 
La Opinión Popular

EL "PROYECTO X" / ADMISIÓN DE UNA FUERZA DE SEGURIDAD ANTE LA JUSTICIA
 
Dura polémica por tareas de inteligencia de Gendarmería
 
Estalló al conocerse que se recopilaban datos de dirigentes sociales; citan a Garré al Congreso
 
Por Paz Rodríguez Niell  | LA NACION
 
La difusión que tomó el "Proyecto X", una base de datos de la Gendarmería con minuciosa información sobre gente investigada por esa fuerza, causó ayer un enorme revuelo político que incluyó acusaciones al Gobierno de "espionaje ilegal" y un pedido masivo de la oposición para que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, dé explicaciones en el Congreso.
 
El Gobierno no respondió nada sobre el tema. Garré sólo hizo anoche una alusión críptica en Twitter: "Es paradójico que quienes no tienen coherencia en la defensa de los DD.HH. nos acusen de perseguir a manifestantes y luchadores sociales".
 
 
La existencia del "Proyecto X" fue dada a conocer por el propio jefe de la Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según Schenone, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como "teléfono", "otros medios de comunicación", "transporte" y "recursos financieros".
 
Cómo obtuvo Gendarmería esta información está bajo sospecha. Según la denuncia, la fuerza recurrió a "tareas de inteligencia ilegal"; por ejemplo, infiltrándose en marchas y cortes de ruta.
 
Los promotores de este expediente son organismos de derechos humanos y delegados gremiales de Kraft Foods y Pepsico Snacks. En diciembre del año pasado habían pedido que la Justicia investigara a los "máximos oficiales" de la Gendarmería por haber reunido, almacenado y analizado información "obtenida en forma clandestina e ilegal".
 
Por ley, las fuerzas de seguridad (Gendarmería entre ellas) están autorizadas a hacer investigaciones en dos casos: a pedido de la Justicia o por iniciativa propia cuando toman conocimiento de que un delito se está cometiendo. Entonces, deben darle aviso de inmediato al juez o fiscal competente.
 
La denuncia relata que en varios expedientes judiciales Gendarmería aportó datos de gremialistas, miembros de organizaciones sociales y estudiantes que conservaba en su poder antes de que existiera la causa penal. Es decir que -según los denunciantes- reunía información y después la "blanqueaba" en expedientes judiciales. En cuanto a los métodos, acusaron a agentes de Gendarmería de haberse infiltrado en manifestaciones tales como una marcha en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra y haberse hecho pasar por manifestantes o periodistas.
 
Antes de la feria judicial, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, Oyarbide solicitó las causas penales a las que hicieron referencia los denunciantes y pidió a Gendarmería un informe sobre cómo hacía sus investigaciones.
 
Schenone le respondió el 22 de diciembre. Afirmó que la fuerza investiga a pedido de la Justicia, que en forma "habitual" le ordena tareas tales como "identificar lugares, personas, vehículos, actividades, zonas". Explicó además que el Código Procesal dispone que Gendarmería investigue, sin orden judicial, "ante la puesta en conocimiento y/o presencia de la presunta comisión de un delito de acción pública".
 
En ambos casos -afirmó- la actividad "se lleva a cabo con el conocimiento inmediato e intervención de la autoridad judicial competente".
 
En su respuesta a Oyarbide, de cuatro páginas, relató que su fuerza tiene tres bases de datos que se alimentan de registros públicos y de "la actividad investigativa y procedimental judicial" de la propia fuerza. Son el Sistema de Antecedentes de Gendarmería (SAG), el Sistema de Gestión Operativa (SGO) y el Proyecto X.
 
Este último es, según declaró, una base de datos que "se nutre de toda la información que surja durante el transcurso de una investigación judicial" y cuya función principal es "auxiliar el trabajo de entrecruzamiento de datos (comunicaciones telefónicas -por informe judicial-, lugares, personas, períodos de tiempo, etc.) a los fines de una mejor investigación criminal judicial".
 
Para la oposición, el Proyecto X es de dudosa legalidad y el Gobierno debe explicar cómo funciona y por qué fue creado. Por eso, diputados y senadores de la oposición presentaron proyectos para citar a Garré al Congreso.
 
En el Senado, la iniciativa la promovió el bloque radical; en Diputados, lleva las firmas de Patricia Bullrich (Unión Por Todos); Federico Pinedo y Gabriela Michetti (Pro); Eduardo Amadeo (Frente Peronista); Ricardo Buryaile (UCR); Gerardo Milman (GEN), y Ramona Pucheta (MIJD).
 
Pero las críticas excedieron a la oposición. El kirchnerista Luis D'Elía también cuestionó a Gendarmería: comparó el Proyecto X con "las escuchas realizadas por el agente Ciro James en el macrismo" y dijo no tener "ninguna duda de que la presidenta Cristina Fernández y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, van a actuar con todo el rigor necesario ante un hecho de tanta gravedad".
 
Qué dice la ley
 
Inteligencia. La ley 25.520 establece que ningún organismo oficial puede "obtener información" de datos de personas por el solo hecho de "adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales".
 
 
Autorización. Puede hacerse inteligencia interna sólo si hay un encargo judicial. También para prevenir un delito, siempre que se dé aviso a la Justicia.
 
El "Proyecto X"
HÉCTOR BERNABÉ SCHENONE
 
Jefe de la Gendarmería Nacional
 
Edad: 60
 
Lugar de nacimiento: Chaco
 
Rango: comandante general
 
Está a cargo de la fuerza desde 2005. Es especialista en la lucha antidrogas y siempre se le atribuyeron fluidos contactos con organismos de Estados Unidos.
 
"Toda la actividad se lleva a cabo con el conocimiento inmediato e intervención de la Justicia"
 
 
DIXIT
  
"Si se comprueba, es terrible. Esperemos que no sea así. Que se investigue a cualquiera es un desastre, sean líderes sociales u opositores. Nos preocupa que alguien tenga prácticas como ésta"
HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA
Jefe de Gabinete porteño (PRO)
 
"El Gobierno ya no puede ocultar su profundo autoritarismo. El reiterado intento de silenciar a los medios y el espionaje a opositores son dos caras de un proyecto cada vez menos democrático"
EDUARDO AMADEO
Diputado (Peronismo disidente)
 
"Estas acciones demuestran que el gobierno kirchnerista no tiene nada de popular porque apela a los mismos mecanismos a los que recurrieron las fuerzas represivas en la Argentina"
JAIME LINARES
Senador (FAP)
 
"Es una enormidad. La Gendarmería no tiene para nada esa finalidad; esté haciendo inteligencia interna para espiar opositores y movimientos sociales. Hay criminalización de la protesta social"
JUAN PEDRO TUNESSI
Diputado (UCR)
 
"Se está usando el aparato de inteligencia del Estado para la persecución política. Es necesario que el gobierno y la ministra Garré informen qué finalidad tiene este Proyecto X"
 
PATRICIA BULLRICH
Diputada (Unión Por Todos)
 
"Está claro que hay una decisión del gobierno nacional de accionar en contra de los reclamos sociales. Se empieza a configurar un escenario evidente de persecución social"
HÉCTOR PIEMONTE
Diputado (Coalición Cívica).
 
Fuente: La Nación

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28-08-2015 / 12:08
 
"Creo que es importante entender cómo ha funcionado este modelo. Porque no estamos hablando de una experiencia de un mes, de dos meses o de tres años. Yo me acuerdo de Néstor, que decían que todo lo que hizo fue porque tenía viento de cola. Bueno, a mí me agarró el viento con la cola, bien para mi cola y algunos han empujado un poquito también", afirmó Cristina Kirchner durante su última alocución en la Bolsa de Comercio, haciendo alusión a quienes, sin éxito, pretendieron desestabilizarla.
 
Más allá de sus interpretaciones, si hubo un período de la historia en el que la Argentina se vio beneficiada por un boom de commodities agrícolas y por el salto del comercio internacional -protagonizado por China y otras economías asiáticas- ése fue el que se extendió a partir del año 2003, justamente en tiempos en que arrancaba la era kirchnerista.
 
Sólo de la mano de la "súper soja", la administración K pudo avanzar con su estrategia de expansión del gasto público, que incluyó una abultada y creciente "factura" en concepto de subsidios. No sólo eso: el Gobierno también se benefició de un largo período de monedas revaluadas frente al dólar, lo que permitió tapar el continuo deterioro de la competitividad cambiaria local.
 
Sin embargo, hoy el kirchnerismo cierra una etapa contradiciendo el espíritu en el que basó, durante más de una década, su propio "relato". Se quedó sin dólares para "bancar" el proceso de industrialización, pone en "primera fila" a turistas y ahorristas a la hora de repartir divisas, relegando al sector productivo, y castiga a las economías regionales con un fenomenal atraso cambiario en pos de sostener el consumo.
 
Para Dante Sica, director de Abeceb, la famosa "herencia" que recibirá el próximo presidente, es extensa y pesada: un elevado déficit fiscal, una inflación que sigue en zona de riesgo a pesar de la recesión, la falta de inversiones, las dificultades para desarmar el cepo cambiario y la necesidad de reordenar todos los servicios públicos, son algunas de las tantas variables a resolver.
 
Para agravar el panorama, el contexto mundial cambió notoriamente. Todo ese impulso que recibió durante más de diez años el kirchnerismo, toda esa bonanza internacional en la que apoyó su política expansiva del gasto público, se esfumó. 

28-08-2015 / 09:08
28-08-2015 / 09:08
28-08-2015 / 08:08
 Urnas quemadas, adulteración de actas de la elección, aparición de receptáculos de sufragios repletos de votos antes de que comience el escrutinio, ausencia de boletas, son algunas de las irregularidades que ocurrieron en las últimas semanas en el complejo cronograma de elecciones en Argentina.
 
El escándalo en Tucumán fue la muestra evidente de estas maniobras y generó tal malestar social que la gente en forma espontánea se manifestó en la Plaza Independencia el mismo domingo a la noche. Hubo represión y las protestas continuaron durante tres jornadas más, incluso anoche, donde se pidió el recuento de voto por voto y la liberación de los detenidos por los disturbios del domingo.
 
Ante las denuncias de graves irregularidades en las PASO y en Tucumán, el debate sobre la reforma electoral ya está instalado. El candidato presidencial y líder del Frente Renovador Sergio Massa convocó "a todos los candidatos a Presidente a que nos pongamos de acuerdo para que el 25 de octubre la elección sea con voto electrónico".
 
Ese contexto llevó a que diputados y senadores de la oposición, de Cambiemos, UNA y el GEN, presentaran ayer sus proyectos para implementar el sistema de boleta única, aunque admitieron que será difícil cambiar de sistema antes de octubre y reclamaron su puesta en vigor a partir de las elecciones legislativas de 2017.
 
Ante la proximidad de la votación de octubre, pidieron que se ponga en vigencia "como paliativo" la propuesta de la ONG Ser Fiscal, que ya se aplica para las persona privadas de su libertad, para que los electores puedan solicitar a los presidentes de mesa boletas únicas, en aquellos casos en los que no esté en el cuarto oscuro su boleta de preferencia.
 
"Tenemos que salir de este sistema anacrónico e ir a un sistema más moderno que le garantice al ciudadano que su voto vale", afirmó Pablo Tonelli, diputado del PRO y uno de los impulsores de esta iniciativa. No obstante, reconoció: "Si no hay más remedio que volver a utilizar en octubre la boleta tradicional, queremos que sea la última vez que se utilice este sistema anacrónico".
 
En tanto, la diputada Patricia Bulrrich se quejó del rechazo del oficialismo a tratar la boleta única y recordó que "ellos hace seis años dicen que esto es imposible", al tiempo que defendió la "transparencia" del sistema de voto electrónico que ya se utilizó en Buenos Aires.
 
Además, los legisladores de la oposición advirtieron sobre otros riesgos de fraude como la falsificación de los telegramas de escrutinio. Fue el massista Gilberto Alegre quien recordó que mientras el Correo Argentino esté a cargo de enviar la información "nunca vamos a poder garantizar que el resultado sea transparente y verdadero".
 
Por eso propuso poner fiscales en el Correo para custodiar la carga de datos. Ya el candidato opositor por Tucumán José Cano denunció una asociación ilícita entre el Correo y el Tribunal electoral para falsificar los telegramas. El Correo Argentino, controlado por La Cámpora, puede hacer fraude en las elecciones del 25 de octubre.
 
La Opinión Popular

27-08-2015 / 12:08
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