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Nacionales - 17-02-2012 / 07:02
EL GOBIERNO K MINIMIZA EL CASO Y DICE QUE ES TODO LEGAL

Proyecto X: Espionaje a opositores por parte de la Gendarmería Nacional

Proyecto X: Espionaje a opositores por parte de la Gendarmería Nacional
El llamado "Proyecto X" de la Gendarmería Nacional fue repudiado por la oposición, que pidió hoy que se cite en el Congreso a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que brinde explicaciones sobre las presuntas tareas de espionaje.
Fuerte polémica por un caso de supuesto "espionaje" que habría hecho Gendarmería, con la difusión que tomó el 'Proyecto X', una base de datos con minuciosa información sobre gente investigada por esa fuerza.
 
La existencia del 'Proyecto X' fue dada a conocer por el propio jefe de la Gendarmería Nacional, el comandante general Héctor Schenone, en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide.
 
Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según Schenone, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como 'teléfono', 'otros medios de comunicación', 'transporte' y 'recursos financieros'.
 
El tema tomó estado público en noviembre pasado, cuando Página/12 dio a conocer la denuncia judicial preparada por el delegado de Kraft Javier Hermosilla, Nora Cortiñas -de Madres Línea Fundadora-, Victoria Moyano y Miriam Bregman -del Ceprodh- y María del Carmen Verdú -de la Correpi-.
 
Los legisladores opositores lanzaron una ofensiva pidiendo citar a la ministra Nilda Garré al Congreso por el espionaje de Gendarmería después de que el programa A Dos Voces, de TN, reveló que Schenone afirmó en la Justicia que existe una base de datos sobre dirigentes gremiales, sociales, estudiantiles, políticos y referentes de derechos humanos.
 
Acusan al Gobierno K de estar usando el aparato de inteligencia del Estado para accionar en contra de los reclamos sociales y para la persecución política.
 
La Opinión Popular

EL "PROYECTO X" / ADMISIÓN DE UNA FUERZA DE SEGURIDAD ANTE LA JUSTICIA
 
Dura polémica por tareas de inteligencia de Gendarmería
 
Estalló al conocerse que se recopilaban datos de dirigentes sociales; citan a Garré al Congreso
 
Por Paz Rodríguez Niell  | LA NACION
 
La difusión que tomó el "Proyecto X", una base de datos de la Gendarmería con minuciosa información sobre gente investigada por esa fuerza, causó ayer un enorme revuelo político que incluyó acusaciones al Gobierno de "espionaje ilegal" y un pedido masivo de la oposición para que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, dé explicaciones en el Congreso.
 
El Gobierno no respondió nada sobre el tema. Garré sólo hizo anoche una alusión críptica en Twitter: "Es paradójico que quienes no tienen coherencia en la defensa de los DD.HH. nos acusen de perseguir a manifestantes y luchadores sociales".
 
 
La existencia del "Proyecto X" fue dada a conocer por el propio jefe de la Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según Schenone, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como "teléfono", "otros medios de comunicación", "transporte" y "recursos financieros".
 
Cómo obtuvo Gendarmería esta información está bajo sospecha. Según la denuncia, la fuerza recurrió a "tareas de inteligencia ilegal"; por ejemplo, infiltrándose en marchas y cortes de ruta.
 
Los promotores de este expediente son organismos de derechos humanos y delegados gremiales de Kraft Foods y Pepsico Snacks. En diciembre del año pasado habían pedido que la Justicia investigara a los "máximos oficiales" de la Gendarmería por haber reunido, almacenado y analizado información "obtenida en forma clandestina e ilegal".
 
Por ley, las fuerzas de seguridad (Gendarmería entre ellas) están autorizadas a hacer investigaciones en dos casos: a pedido de la Justicia o por iniciativa propia cuando toman conocimiento de que un delito se está cometiendo. Entonces, deben darle aviso de inmediato al juez o fiscal competente.
 
La denuncia relata que en varios expedientes judiciales Gendarmería aportó datos de gremialistas, miembros de organizaciones sociales y estudiantes que conservaba en su poder antes de que existiera la causa penal. Es decir que -según los denunciantes- reunía información y después la "blanqueaba" en expedientes judiciales. En cuanto a los métodos, acusaron a agentes de Gendarmería de haberse infiltrado en manifestaciones tales como una marcha en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra y haberse hecho pasar por manifestantes o periodistas.
 
Antes de la feria judicial, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, Oyarbide solicitó las causas penales a las que hicieron referencia los denunciantes y pidió a Gendarmería un informe sobre cómo hacía sus investigaciones.
 
Schenone le respondió el 22 de diciembre. Afirmó que la fuerza investiga a pedido de la Justicia, que en forma "habitual" le ordena tareas tales como "identificar lugares, personas, vehículos, actividades, zonas". Explicó además que el Código Procesal dispone que Gendarmería investigue, sin orden judicial, "ante la puesta en conocimiento y/o presencia de la presunta comisión de un delito de acción pública".
 
En ambos casos -afirmó- la actividad "se lleva a cabo con el conocimiento inmediato e intervención de la autoridad judicial competente".
 
En su respuesta a Oyarbide, de cuatro páginas, relató que su fuerza tiene tres bases de datos que se alimentan de registros públicos y de "la actividad investigativa y procedimental judicial" de la propia fuerza. Son el Sistema de Antecedentes de Gendarmería (SAG), el Sistema de Gestión Operativa (SGO) y el Proyecto X.
 
Este último es, según declaró, una base de datos que "se nutre de toda la información que surja durante el transcurso de una investigación judicial" y cuya función principal es "auxiliar el trabajo de entrecruzamiento de datos (comunicaciones telefónicas -por informe judicial-, lugares, personas, períodos de tiempo, etc.) a los fines de una mejor investigación criminal judicial".
 
Para la oposición, el Proyecto X es de dudosa legalidad y el Gobierno debe explicar cómo funciona y por qué fue creado. Por eso, diputados y senadores de la oposición presentaron proyectos para citar a Garré al Congreso.
 
En el Senado, la iniciativa la promovió el bloque radical; en Diputados, lleva las firmas de Patricia Bullrich (Unión Por Todos); Federico Pinedo y Gabriela Michetti (Pro); Eduardo Amadeo (Frente Peronista); Ricardo Buryaile (UCR); Gerardo Milman (GEN), y Ramona Pucheta (MIJD).
 
Pero las críticas excedieron a la oposición. El kirchnerista Luis D'Elía también cuestionó a Gendarmería: comparó el Proyecto X con "las escuchas realizadas por el agente Ciro James en el macrismo" y dijo no tener "ninguna duda de que la presidenta Cristina Fernández y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, van a actuar con todo el rigor necesario ante un hecho de tanta gravedad".
 
Qué dice la ley
 
Inteligencia. La ley 25.520 establece que ningún organismo oficial puede "obtener información" de datos de personas por el solo hecho de "adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales".
 
 
Autorización. Puede hacerse inteligencia interna sólo si hay un encargo judicial. También para prevenir un delito, siempre que se dé aviso a la Justicia.
 
El "Proyecto X"
HÉCTOR BERNABÉ SCHENONE
 
Jefe de la Gendarmería Nacional
 
Edad: 60
 
Lugar de nacimiento: Chaco
 
Rango: comandante general
 
Está a cargo de la fuerza desde 2005. Es especialista en la lucha antidrogas y siempre se le atribuyeron fluidos contactos con organismos de Estados Unidos.
 
"Toda la actividad se lleva a cabo con el conocimiento inmediato e intervención de la Justicia"
 
 
DIXIT
  
"Si se comprueba, es terrible. Esperemos que no sea así. Que se investigue a cualquiera es un desastre, sean líderes sociales u opositores. Nos preocupa que alguien tenga prácticas como ésta"
HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA
Jefe de Gabinete porteño (PRO)
 
"El Gobierno ya no puede ocultar su profundo autoritarismo. El reiterado intento de silenciar a los medios y el espionaje a opositores son dos caras de un proyecto cada vez menos democrático"
EDUARDO AMADEO
Diputado (Peronismo disidente)
 
"Estas acciones demuestran que el gobierno kirchnerista no tiene nada de popular porque apela a los mismos mecanismos a los que recurrieron las fuerzas represivas en la Argentina"
JAIME LINARES
Senador (FAP)
 
"Es una enormidad. La Gendarmería no tiene para nada esa finalidad; esté haciendo inteligencia interna para espiar opositores y movimientos sociales. Hay criminalización de la protesta social"
JUAN PEDRO TUNESSI
Diputado (UCR)
 
"Se está usando el aparato de inteligencia del Estado para la persecución política. Es necesario que el gobierno y la ministra Garré informen qué finalidad tiene este Proyecto X"
 
PATRICIA BULLRICH
Diputada (Unión Por Todos)
 
"Está claro que hay una decisión del gobierno nacional de accionar en contra de los reclamos sociales. Se empieza a configurar un escenario evidente de persecución social"
HÉCTOR PIEMONTE
Diputado (Coalición Cívica).
 
Fuente: La Nación

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31-05-2016 / 19:05
31-05-2016 / 19:05
31-05-2016 / 15:05
 
Que el árbol Lázaro Báez tape la corrupción del frondoso bosque K es algo que ni el propio empresario -uno de los más beneficiados con la obra pública durante la década pasada- tolera. Quizá eso fue lo que deslizó ayer, cuando le pidió al juez federal Sebastián Casanello que investigue "a todos" los adjudicatarios de obras públicas en el país y a los "órganos del Estado" encargados de controlarlos, tal fue el caso de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que dirigía Ricardo Echegaray.
 
El titular de Austral Construcciones S.A., detenido desde el 5 de abril por lavado de dinero en el marco de la causa de la ruta del dinero K, planteó al magistrado que si su intención es "cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos" tenga en cuenta que "los actores principales" son los funcionarios públicos "sobre quienes reposaba el deber de control".
 
Así, pretendiendo declararse "inocente", intentando justificar los cinco millones de dólares contabilizados en La Rosadita, rechazando cualquier vinculación con la usina de facturas truchas de Bahía Blanca (citando, incluso, argumentos del inefable Echegaray), Báez niega su responsabilidad en cualquier delito precedente para montar una operación de lavado de dinero e involucra a organismos del Estado que supuestamente supervisaron su trabajo como contratista en la era K.
 
Esos que, antes que controlar, protegieron al hombre que en tiempos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández incrementó su patrimonio un 1200% y que, agradecido por esos años de bonanza, todavía se niega a arrepentirse. Aunque le cueste su libertad.
 
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31-05-2016 / 12:05
 
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, pidió perdón. La solicitud de indulgencia no tuvo como destinatarios a los empleados públicos desplazados sin causa, a quienes calificó de "grasa militante", ni los sectores de ingresos fijos afectados por la aceleración inflacionaria. Tampoco buscó el funcionario la redención con industrias, comercios, hoteles y usuarios residenciales afectados por los tarifazos.
 
"Quiero pedir disculpas por los abusos de todo tipo que han sufrido los capitales españoles en Argentina", expresó ayer Prat-Gay durante un desayuno organizado en Madrid con funcionarios y empresarios de ese país. Como parte de su estrategia para atraer inversores, el titular del Palacio de Hacienda consideró que la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol por la cual el gobierno argentino pagó 4670 millones de dólares en 2014 fue un "disparate".
 
No dijo una palabra de los vaciamientos realizados por los empresarios españoles de Aerolíneas, Repsol o AySA. Los desplazamientos de empresas españolas del control de activos estratégicos del país se concretaron como consecuencia de la falta de inversión e incumplimientos de las firmas. Por ejemplo, Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas, o Aguas de Barcelona, que mantenía una participación en AySA. Ninguna de esas irregularidades fue mencionada por el ex jefe de monedas del JP Morgan.
 
Las empresas de capitales españoles, ante quienes se disculpó Prat Gay, figuran entre las principales beneficiarias del proceso de privatizaciones y extranjerización de la economía local. Durante los 90, los flujos acumulados de inversiones extranjeras tuvieron al país europeo como líder indiscutido.
 
La experiencia durante la década del '90 evidencia como la maximización de esos flujos, donde España jugó un rol central, no garantiza un impulso para el crecimiento y el desarrollo.
 
No era necesario que el ministro Prat Gay pidiera disculpas a los empresarios por la expropiación en YPF. No se la pedían, más allá de las desprolijidades y abusos. Las disculpas no generarán más inversiones y sí alimentan las críticas internas al actual rumbo de la economía. Es muy poco útil y muestra un grado de cipayismo alarmante.
 
La Opinión Popular
31-05-2016 / 12:05
 
Luego de los casi 90 días de huelga y de acampe frente a la Casa de Gobierno de Ushuaia, la policía desalojó la protesta de docentes y estatales contra las medidas de ajuste.
 
El gremio de maestros del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció un nuevo paro en las escuelas de la provincia en repudio a la represión sufrida por los manifestantes, que rechazan la reforma del régimen previsional impulsada por la gobernadora Rosana Bertone.
 
Desde SUTEF, afirmaron que los efectivos "incendiaron el acampe, desalojaron atacando y golpeando a manifestantes". Según relataron, luego de desalojar a los trabajadores, "el personal policial dejó ingresar a la zona a personas de civil para destruir las carpas e incendiarlas".
 
Y en la Unión de Gremios y Jubilados Estatales denunciaron: "Fue sorprendente que los policías cuando se encaminaban a desalojar, cantaban el Himno Nacional tal como lo hiciera un grupo de extremistas neonazis. Sin mostrar orden de desalojo, sin ambulancias ni protocolo de sanidad, luego de desalojar a los manifestantes, el personal policial dejó ingresar a la zona a personas de civil para destruir las carpas e incendiarlas".
 
Hoy se concentrarán desde las 8.30 en el Ministerio de Educación y al mediodía confluirán con el resto de las organizaciones de la Unión de Gremios y Jubilados para concentrar en la Legislatura. La CTA Autónoma de Tierra del Fuego también llamó al paro de todos los estatales y la convocatoria también se replica en Tolhuin y en Río Grande.
 
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