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Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
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Nacionales - 17-02-2012 / 07:02
EL GOBIERNO K MINIMIZA EL CASO Y DICE QUE ES TODO LEGAL

Proyecto X: Espionaje a opositores por parte de la Gendarmería Nacional

Proyecto X: Espionaje a opositores por parte de la Gendarmería Nacional
El llamado "Proyecto X" de la Gendarmería Nacional fue repudiado por la oposición, que pidió hoy que se cite en el Congreso a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que brinde explicaciones sobre las presuntas tareas de espionaje.
Fuerte polémica por un caso de supuesto "espionaje" que habría hecho Gendarmería, con la difusión que tomó el 'Proyecto X', una base de datos con minuciosa información sobre gente investigada por esa fuerza.
 
La existencia del 'Proyecto X' fue dada a conocer por el propio jefe de la Gendarmería Nacional, el comandante general Héctor Schenone, en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide.
 
Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según Schenone, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como 'teléfono', 'otros medios de comunicación', 'transporte' y 'recursos financieros'.
 
El tema tomó estado público en noviembre pasado, cuando Página/12 dio a conocer la denuncia judicial preparada por el delegado de Kraft Javier Hermosilla, Nora Cortiñas -de Madres Línea Fundadora-, Victoria Moyano y Miriam Bregman -del Ceprodh- y María del Carmen Verdú -de la Correpi-.
 
Los legisladores opositores lanzaron una ofensiva pidiendo citar a la ministra Nilda Garré al Congreso por el espionaje de Gendarmería después de que el programa A Dos Voces, de TN, reveló que Schenone afirmó en la Justicia que existe una base de datos sobre dirigentes gremiales, sociales, estudiantiles, políticos y referentes de derechos humanos.
 
Acusan al Gobierno K de estar usando el aparato de inteligencia del Estado para accionar en contra de los reclamos sociales y para la persecución política.
 
La Opinión Popular

EL "PROYECTO X" / ADMISIÓN DE UNA FUERZA DE SEGURIDAD ANTE LA JUSTICIA
 
Dura polémica por tareas de inteligencia de Gendarmería
 
Estalló al conocerse que se recopilaban datos de dirigentes sociales; citan a Garré al Congreso
 
Por Paz Rodríguez Niell  | LA NACION
 
La difusión que tomó el "Proyecto X", una base de datos de la Gendarmería con minuciosa información sobre gente investigada por esa fuerza, causó ayer un enorme revuelo político que incluyó acusaciones al Gobierno de "espionaje ilegal" y un pedido masivo de la oposición para que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, dé explicaciones en el Congreso.
 
El Gobierno no respondió nada sobre el tema. Garré sólo hizo anoche una alusión críptica en Twitter: "Es paradójico que quienes no tienen coherencia en la defensa de los DD.HH. nos acusen de perseguir a manifestantes y luchadores sociales".
 
 
La existencia del "Proyecto X" fue dada a conocer por el propio jefe de la Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según Schenone, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como "teléfono", "otros medios de comunicación", "transporte" y "recursos financieros".
 
Cómo obtuvo Gendarmería esta información está bajo sospecha. Según la denuncia, la fuerza recurrió a "tareas de inteligencia ilegal"; por ejemplo, infiltrándose en marchas y cortes de ruta.
 
Los promotores de este expediente son organismos de derechos humanos y delegados gremiales de Kraft Foods y Pepsico Snacks. En diciembre del año pasado habían pedido que la Justicia investigara a los "máximos oficiales" de la Gendarmería por haber reunido, almacenado y analizado información "obtenida en forma clandestina e ilegal".
 
Por ley, las fuerzas de seguridad (Gendarmería entre ellas) están autorizadas a hacer investigaciones en dos casos: a pedido de la Justicia o por iniciativa propia cuando toman conocimiento de que un delito se está cometiendo. Entonces, deben darle aviso de inmediato al juez o fiscal competente.
 
La denuncia relata que en varios expedientes judiciales Gendarmería aportó datos de gremialistas, miembros de organizaciones sociales y estudiantes que conservaba en su poder antes de que existiera la causa penal. Es decir que -según los denunciantes- reunía información y después la "blanqueaba" en expedientes judiciales. En cuanto a los métodos, acusaron a agentes de Gendarmería de haberse infiltrado en manifestaciones tales como una marcha en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra y haberse hecho pasar por manifestantes o periodistas.
 
Antes de la feria judicial, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, Oyarbide solicitó las causas penales a las que hicieron referencia los denunciantes y pidió a Gendarmería un informe sobre cómo hacía sus investigaciones.
 
Schenone le respondió el 22 de diciembre. Afirmó que la fuerza investiga a pedido de la Justicia, que en forma "habitual" le ordena tareas tales como "identificar lugares, personas, vehículos, actividades, zonas". Explicó además que el Código Procesal dispone que Gendarmería investigue, sin orden judicial, "ante la puesta en conocimiento y/o presencia de la presunta comisión de un delito de acción pública".
 
En ambos casos -afirmó- la actividad "se lleva a cabo con el conocimiento inmediato e intervención de la autoridad judicial competente".
 
En su respuesta a Oyarbide, de cuatro páginas, relató que su fuerza tiene tres bases de datos que se alimentan de registros públicos y de "la actividad investigativa y procedimental judicial" de la propia fuerza. Son el Sistema de Antecedentes de Gendarmería (SAG), el Sistema de Gestión Operativa (SGO) y el Proyecto X.
 
Este último es, según declaró, una base de datos que "se nutre de toda la información que surja durante el transcurso de una investigación judicial" y cuya función principal es "auxiliar el trabajo de entrecruzamiento de datos (comunicaciones telefónicas -por informe judicial-, lugares, personas, períodos de tiempo, etc.) a los fines de una mejor investigación criminal judicial".
 
Para la oposición, el Proyecto X es de dudosa legalidad y el Gobierno debe explicar cómo funciona y por qué fue creado. Por eso, diputados y senadores de la oposición presentaron proyectos para citar a Garré al Congreso.
 
En el Senado, la iniciativa la promovió el bloque radical; en Diputados, lleva las firmas de Patricia Bullrich (Unión Por Todos); Federico Pinedo y Gabriela Michetti (Pro); Eduardo Amadeo (Frente Peronista); Ricardo Buryaile (UCR); Gerardo Milman (GEN), y Ramona Pucheta (MIJD).
 
Pero las críticas excedieron a la oposición. El kirchnerista Luis D'Elía también cuestionó a Gendarmería: comparó el Proyecto X con "las escuchas realizadas por el agente Ciro James en el macrismo" y dijo no tener "ninguna duda de que la presidenta Cristina Fernández y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, van a actuar con todo el rigor necesario ante un hecho de tanta gravedad".
 
Qué dice la ley
 
Inteligencia. La ley 25.520 establece que ningún organismo oficial puede "obtener información" de datos de personas por el solo hecho de "adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales".
 
 
Autorización. Puede hacerse inteligencia interna sólo si hay un encargo judicial. También para prevenir un delito, siempre que se dé aviso a la Justicia.
 
El "Proyecto X"
HÉCTOR BERNABÉ SCHENONE
 
Jefe de la Gendarmería Nacional
 
Edad: 60
 
Lugar de nacimiento: Chaco
 
Rango: comandante general
 
Está a cargo de la fuerza desde 2005. Es especialista en la lucha antidrogas y siempre se le atribuyeron fluidos contactos con organismos de Estados Unidos.
 
"Toda la actividad se lleva a cabo con el conocimiento inmediato e intervención de la Justicia"
 
 
DIXIT
  
"Si se comprueba, es terrible. Esperemos que no sea así. Que se investigue a cualquiera es un desastre, sean líderes sociales u opositores. Nos preocupa que alguien tenga prácticas como ésta"
HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA
Jefe de Gabinete porteño (PRO)
 
"El Gobierno ya no puede ocultar su profundo autoritarismo. El reiterado intento de silenciar a los medios y el espionaje a opositores son dos caras de un proyecto cada vez menos democrático"
EDUARDO AMADEO
Diputado (Peronismo disidente)
 
"Estas acciones demuestran que el gobierno kirchnerista no tiene nada de popular porque apela a los mismos mecanismos a los que recurrieron las fuerzas represivas en la Argentina"
JAIME LINARES
Senador (FAP)
 
"Es una enormidad. La Gendarmería no tiene para nada esa finalidad; esté haciendo inteligencia interna para espiar opositores y movimientos sociales. Hay criminalización de la protesta social"
JUAN PEDRO TUNESSI
Diputado (UCR)
 
"Se está usando el aparato de inteligencia del Estado para la persecución política. Es necesario que el gobierno y la ministra Garré informen qué finalidad tiene este Proyecto X"
 
PATRICIA BULLRICH
Diputada (Unión Por Todos)
 
"Está claro que hay una decisión del gobierno nacional de accionar en contra de los reclamos sociales. Se empieza a configurar un escenario evidente de persecución social"
HÉCTOR PIEMONTE
Diputado (Coalición Cívica).
 
Fuente: La Nación

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23-07-2014 / 09:07
23-07-2014 / 09:07
23-07-2014 / 08:07
 El país se encuentra a siete días de ingresar al default. La audiencia para intentar destrabar el conflicto con los buitres fue un fracaso. El juez Thomas Griesa, rechazó la posibilidad de reponer el "stay", que le permitiría al gobierno de Cristina Fernández pagarle a los bonistas que entraron al canje, por lo que el próximo miércoles el país podría ingresar en cesación de pagos.
 
"El stay no es necesario para continuar con el diálogo", fueron las palabras propinadas por Griesa a los abogados enviados por Cristina. De esta forma, los bonistas que ingresaron al canje no podrán  cobrar los pagos del bono Discount y al resto de los títulos. Tras denegar el pedido argentino, Griesa sostuvo que "aún es tiempo de trabajar con el special master (mediador) para evitar un default".
 
Además, el gobierno de CFK le planteó a Griesa la necesidad de que se genere una "protección suficiente" contra el riesgo económico que puede significar la activación de la cláusula RUFO (Right Upon Future Offers), la cual implica mejorar la oferta a los tenedores de bonos reestructurados si accede a realizar una mejor oferta a los fondos que poseen bonos de la deuda defaulteados en 2001.
 
De esta manera, Argentina tendría que afrontar importantes demandas por parte del 93% de los bonistas que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010, lo que implicaría tener que afrontar la cancelación de alrededor de 120 mil millones de dólares.
 
El Gobierno emitió un comunicado donde cuestiona el rol de Griesa pero no da ningún tipo de certidumbre respecto a los pasos que seguirá el país en el conflicto con los buitres. "El juez Griesa (...) no resolvió absolutamente nada sobre ninguna de las cuestiones para las que él mismo había convocado a la audiencia, manteniendo con ello su insólita prohibición de cobro. Argentina reiteró su solicitud de una suspensión de la sentencia (stay) remarcando la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitres que sea mejor que lo ya ofrecido en los canjes. Ya que tal pago violaría tanto la ley Argentina como la cláusula RUFO", sostiene el ejecutivo nacional.
 
Desde que llegaron, los Kirchner pagaron, utilizando los recursos que aportamos todos los argentinos con nuestros impuestos, la suma de 173 mil millones de dólares a acreedores externos. Les firmaron a todos ellos un cheque en blanco, sin realizar la más mínima auditoría, en cada una de las renegociaciones de la deuda que se concretaron.
 
¿Qué obtuvo la Argentina a cambio? Nada. Durante la década K, el acceso al mercado de capitales estuvo absolutamente cerrado. Las inversiones estratégicas brillaron por su ausencia y para poder seguir pagando deuda, ante la situación de colapso económico que llevó a que escasearan los dólares, el gobierno no tuvo más remedio que devaluar y restringir al máximo las importaciones.
 
Axel Kicillof y el resto de los imberbes camporistas que lo acompañan no tienen la más mínima capacidad como para dar este tipo de pelea con los buitres. Sin contactos en los centros financieros internacionales, y sin el conocimiento necesario de cómo se mueve el sistema capitalista, intentaron hacer frente a los buitres con clases de historia económica marxista que aprendieron en la facultad.
 
Los resultados están a la vista. Mientras los acreedores que entraron al canje se llevaron gran parte de los recursos de los argentinos, los que se quedaron afuera, ahora vienen por lo poco que queda. 
 
La Opinión Popular

22-07-2014 / 17:07
Se recalienta la pelea. En el marco de la audiencia con abogados argentinos, representantes de los holdouts y bancos involucrados en el pago de la deuda reestructura, el juez de Nueva York Thomas Griesa rechazó reponer el 'stay', tal como había solicitado la Argentina para ganar tiempo, e instó al país a negociar con holdouts para evitar el default, cuando restan apenas ocho días para el 30 de julio, fecha en que vence el período de gracia para el cobro de los bonos que ya pagó la Argentina el pasado 30 de junio.
 
Se esperaba con ansias la reunión, pero el resultado no fue una buena noticia para el país. "El stay no es necesario para continuar el diálogo", sentenció el juez. Las críticas hacia el gobierno de CFK no quedaron atrás. Mientras que intentó resumir que "juicios son juicios", calificó de "incendiaria" y desafortunada" la retórica de la Argentina.
 
"Griesa fue rápido y furioso. Es pago, acuerdo o default", dijo Eugenio Bruno, especialista en negociación de deuda. El abogado evaluó que pedir un nuevo stay (o medida de no innovar) sin el consentimiento de la parte ganadora en el juicio -en referencia a los fondos buitre- "no era probable" de aceptación.
 
El mediador Daniel Pollack citó a las partes a una nueva audiencia para mañana a las 11. Argentina está en las puertas del default y el gobierno parece temerle más a que se dispare la cláusula RUFO que a mandar al país al default, una alternativa que Cristina no descarta.
 
La Opinión Popular
22-07-2014 / 09:07
 Un clásico de las películas de acción es la escena en la que el héroe debe elegir si cortar el cable verde o el rojo de la bomba, sabiendo que si elige el correcto el reloj se detendrá pero que si se equivoca, entonces el conteo regresivo se acelerará, sin dejarle escapatoria a todos los inocentes.
 
Algo parecido es lo que ocurrirá en las próximas horas en el despacho del juez Thomas Griesa. Allí se sabrá si la estrategia confrontativa de los funcionarios argentinos fue lo suficientemente persuasiva como para llevar a que el magistrado "corte el cable correcto" y reponga la medida cautelar que otorgaría oxígeno para seguir negociando.
 
O si, por el contrario, se cortará el cable equivocado -en este caso, la confirmación de que el fallo sigue en pie y la Argentina debe pagarle a los "buitres" cada vez que los demás bonistas reciban un pago- y, en ese caso, el fatídico reloj marcará la aceleración de los tiempos hacia el temido default.    
 
Lo cierto es que los espectadores están nerviosos. Después de un clima de optimismo que se había generado cuando los funcionarios argentinos viajaron a hablar con el mediador Daniel Pollack, cuando todo el mundo daba por supuesto un acuerdo inminente, ahora hay nuevamente un escepticismo creciente.
 
"La verdad es que hoy nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar ni cómo va a terminar este tema", señala el economista Carlos Melconian, para quien "las hipótesis sobre el desenlace se van multiplicando y esto va inclinando la balanza hacia uno u otro lado, con finales muy diferentes". Para que no queden dudas sobre qué tan grave considera la situación, remata con esta expresiva frase: "Están jugando con fuego".
 
Otros confían en que, a pesar de la dureza retórica que exhiben los funcionarios argentinos, hay una voluntad real de negociar para llegar a un cronograma de pagos que evite el default. "Es como una partida de poker, uno no muestra las cartas", grafica Mario Blejer, ex titular del Banco Central.
 
En la misma línea, el economista Orlando Ferreres cree que hay una estrategia del Gobierno que apunta a no irritar a los acreedores que habían aceptado el canje y que, eventualmente, podrían exigir un resarcimiento. "Se trata de afirmar que no se está negociando para tener una expresión pública que diga: 'Yo no negocié nada, al contrario, los tuve siempre en contra'", sostiene Ferreres. Y pronostica que finalmente habrá un acuerdo con algún tipo de ahorro al país, que le permitirá al Gobierno "mostrarlo como un éxito y decir que al fin aflojaron los buitres".
 
Arribar a un acuerdo permitirá 'comprar' tiempo, aunque no servirá para resolver la larga lista de problemas internos que arrastra CFK, como ser: Escenario económico recesivo, Elevada inflación, Caída del saldo comercial, Desajuste en las tarifas, Altos niveles de emisión, Cuentas fiscales en rojo, Dólar que se atrasa frente a la suba de precios, Crédito caro, Reservas que no han crecido en temporada alta de sojadólares.
 
Con o sin Griesa, la economía no escapa a un escenario recesivo. 

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