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Nacionales - 17-02-2012 / 07:02
EL GOBIERNO K MINIMIZA EL CASO Y DICE QUE ES TODO LEGAL

Proyecto X: Espionaje a opositores por parte de la Gendarmería Nacional

Proyecto X: Espionaje a opositores por parte de la Gendarmería Nacional
El llamado "Proyecto X" de la Gendarmería Nacional fue repudiado por la oposición, que pidió hoy que se cite en el Congreso a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que brinde explicaciones sobre las presuntas tareas de espionaje.
Fuerte polémica por un caso de supuesto "espionaje" que habría hecho Gendarmería, con la difusión que tomó el 'Proyecto X', una base de datos con minuciosa información sobre gente investigada por esa fuerza.
 
La existencia del 'Proyecto X' fue dada a conocer por el propio jefe de la Gendarmería Nacional, el comandante general Héctor Schenone, en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide.
 
Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según Schenone, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como 'teléfono', 'otros medios de comunicación', 'transporte' y 'recursos financieros'.
 
El tema tomó estado público en noviembre pasado, cuando Página/12 dio a conocer la denuncia judicial preparada por el delegado de Kraft Javier Hermosilla, Nora Cortiñas -de Madres Línea Fundadora-, Victoria Moyano y Miriam Bregman -del Ceprodh- y María del Carmen Verdú -de la Correpi-.
 
Los legisladores opositores lanzaron una ofensiva pidiendo citar a la ministra Nilda Garré al Congreso por el espionaje de Gendarmería después de que el programa A Dos Voces, de TN, reveló que Schenone afirmó en la Justicia que existe una base de datos sobre dirigentes gremiales, sociales, estudiantiles, políticos y referentes de derechos humanos.
 
Acusan al Gobierno K de estar usando el aparato de inteligencia del Estado para accionar en contra de los reclamos sociales y para la persecución política.
 
La Opinión Popular

EL "PROYECTO X" / ADMISIÓN DE UNA FUERZA DE SEGURIDAD ANTE LA JUSTICIA
 
Dura polémica por tareas de inteligencia de Gendarmería
 
Estalló al conocerse que se recopilaban datos de dirigentes sociales; citan a Garré al Congreso
 
Por Paz Rodríguez Niell  | LA NACION
 
La difusión que tomó el "Proyecto X", una base de datos de la Gendarmería con minuciosa información sobre gente investigada por esa fuerza, causó ayer un enorme revuelo político que incluyó acusaciones al Gobierno de "espionaje ilegal" y un pedido masivo de la oposición para que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, dé explicaciones en el Congreso.
 
El Gobierno no respondió nada sobre el tema. Garré sólo hizo anoche una alusión críptica en Twitter: "Es paradójico que quienes no tienen coherencia en la defensa de los DD.HH. nos acusen de perseguir a manifestantes y luchadores sociales".
 
 
La existencia del "Proyecto X" fue dada a conocer por el propio jefe de la Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según Schenone, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como "teléfono", "otros medios de comunicación", "transporte" y "recursos financieros".
 
Cómo obtuvo Gendarmería esta información está bajo sospecha. Según la denuncia, la fuerza recurrió a "tareas de inteligencia ilegal"; por ejemplo, infiltrándose en marchas y cortes de ruta.
 
Los promotores de este expediente son organismos de derechos humanos y delegados gremiales de Kraft Foods y Pepsico Snacks. En diciembre del año pasado habían pedido que la Justicia investigara a los "máximos oficiales" de la Gendarmería por haber reunido, almacenado y analizado información "obtenida en forma clandestina e ilegal".
 
Por ley, las fuerzas de seguridad (Gendarmería entre ellas) están autorizadas a hacer investigaciones en dos casos: a pedido de la Justicia o por iniciativa propia cuando toman conocimiento de que un delito se está cometiendo. Entonces, deben darle aviso de inmediato al juez o fiscal competente.
 
La denuncia relata que en varios expedientes judiciales Gendarmería aportó datos de gremialistas, miembros de organizaciones sociales y estudiantes que conservaba en su poder antes de que existiera la causa penal. Es decir que -según los denunciantes- reunía información y después la "blanqueaba" en expedientes judiciales. En cuanto a los métodos, acusaron a agentes de Gendarmería de haberse infiltrado en manifestaciones tales como una marcha en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra y haberse hecho pasar por manifestantes o periodistas.
 
Antes de la feria judicial, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, Oyarbide solicitó las causas penales a las que hicieron referencia los denunciantes y pidió a Gendarmería un informe sobre cómo hacía sus investigaciones.
 
Schenone le respondió el 22 de diciembre. Afirmó que la fuerza investiga a pedido de la Justicia, que en forma "habitual" le ordena tareas tales como "identificar lugares, personas, vehículos, actividades, zonas". Explicó además que el Código Procesal dispone que Gendarmería investigue, sin orden judicial, "ante la puesta en conocimiento y/o presencia de la presunta comisión de un delito de acción pública".
 
En ambos casos -afirmó- la actividad "se lleva a cabo con el conocimiento inmediato e intervención de la autoridad judicial competente".
 
En su respuesta a Oyarbide, de cuatro páginas, relató que su fuerza tiene tres bases de datos que se alimentan de registros públicos y de "la actividad investigativa y procedimental judicial" de la propia fuerza. Son el Sistema de Antecedentes de Gendarmería (SAG), el Sistema de Gestión Operativa (SGO) y el Proyecto X.
 
Este último es, según declaró, una base de datos que "se nutre de toda la información que surja durante el transcurso de una investigación judicial" y cuya función principal es "auxiliar el trabajo de entrecruzamiento de datos (comunicaciones telefónicas -por informe judicial-, lugares, personas, períodos de tiempo, etc.) a los fines de una mejor investigación criminal judicial".
 
Para la oposición, el Proyecto X es de dudosa legalidad y el Gobierno debe explicar cómo funciona y por qué fue creado. Por eso, diputados y senadores de la oposición presentaron proyectos para citar a Garré al Congreso.
 
En el Senado, la iniciativa la promovió el bloque radical; en Diputados, lleva las firmas de Patricia Bullrich (Unión Por Todos); Federico Pinedo y Gabriela Michetti (Pro); Eduardo Amadeo (Frente Peronista); Ricardo Buryaile (UCR); Gerardo Milman (GEN), y Ramona Pucheta (MIJD).
 
Pero las críticas excedieron a la oposición. El kirchnerista Luis D'Elía también cuestionó a Gendarmería: comparó el Proyecto X con "las escuchas realizadas por el agente Ciro James en el macrismo" y dijo no tener "ninguna duda de que la presidenta Cristina Fernández y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, van a actuar con todo el rigor necesario ante un hecho de tanta gravedad".
 
Qué dice la ley
 
Inteligencia. La ley 25.520 establece que ningún organismo oficial puede "obtener información" de datos de personas por el solo hecho de "adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales".
 
 
Autorización. Puede hacerse inteligencia interna sólo si hay un encargo judicial. También para prevenir un delito, siempre que se dé aviso a la Justicia.
 
El "Proyecto X"
HÉCTOR BERNABÉ SCHENONE
 
Jefe de la Gendarmería Nacional
 
Edad: 60
 
Lugar de nacimiento: Chaco
 
Rango: comandante general
 
Está a cargo de la fuerza desde 2005. Es especialista en la lucha antidrogas y siempre se le atribuyeron fluidos contactos con organismos de Estados Unidos.
 
"Toda la actividad se lleva a cabo con el conocimiento inmediato e intervención de la Justicia"
 
 
DIXIT
  
"Si se comprueba, es terrible. Esperemos que no sea así. Que se investigue a cualquiera es un desastre, sean líderes sociales u opositores. Nos preocupa que alguien tenga prácticas como ésta"
HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA
Jefe de Gabinete porteño (PRO)
 
"El Gobierno ya no puede ocultar su profundo autoritarismo. El reiterado intento de silenciar a los medios y el espionaje a opositores son dos caras de un proyecto cada vez menos democrático"
EDUARDO AMADEO
Diputado (Peronismo disidente)
 
"Estas acciones demuestran que el gobierno kirchnerista no tiene nada de popular porque apela a los mismos mecanismos a los que recurrieron las fuerzas represivas en la Argentina"
JAIME LINARES
Senador (FAP)
 
"Es una enormidad. La Gendarmería no tiene para nada esa finalidad; esté haciendo inteligencia interna para espiar opositores y movimientos sociales. Hay criminalización de la protesta social"
JUAN PEDRO TUNESSI
Diputado (UCR)
 
"Se está usando el aparato de inteligencia del Estado para la persecución política. Es necesario que el gobierno y la ministra Garré informen qué finalidad tiene este Proyecto X"
 
PATRICIA BULLRICH
Diputada (Unión Por Todos)
 
"Está claro que hay una decisión del gobierno nacional de accionar en contra de los reclamos sociales. Se empieza a configurar un escenario evidente de persecución social"
HÉCTOR PIEMONTE
Diputado (Coalición Cívica).
 
Fuente: La Nación

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04-03-2015 / 10:03
04-03-2015 / 10:03
 
El gobierno de CFK difundió una polémica solicitada publicada en algunos diarios en la que acusa al fallecido fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, de haber buscado un supuesto "efecto político desestabilizador" con la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de los responsables del atentado terrorista en la mutual judía.
 
El gobierno de CFK profundiza sus intentos de limpiar la imagen de Cristina y los funcionarios K salpicados por la contundente denuncia que Nisman hizo antes de morir en forma dudosa. Este miércoles, un par de diarios de circulación nacional traen en su interior una solicitada a página entera con una férrea defensa de sus políticas y dirigentes.
 
Bajo el título "Compromiso, Verdad y Justicia", el Poder Ejecutivo publicó fragmentos del fallo del juez Daniel Rafecas, quien la semana pasada decidió desestimar las acusaciones que el fiscal Gerardo Pollicita había realizado a partir de la presentación de Nisman antes de morir. Además, defendió una vez más la firma del memorándum con Irán para investigar el atentado a la AMIA y acusó al difunto fiscal de operar contra el Gobierno.
 
"Desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivos perseguía el fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico. ¿Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar un efecto político desestabilizador?", se pregunta el texto.
 
En el texto hay además críticas hacia el Poder Judicial con el mismo tono que hiciera la primera mandataria ante la Asamblea Legislativa.
 
Así, atacan a un muerto que no puede ejercer el derecho a la defensa. Ya lo asesinaron, ¿no es suficiente?
 
La Opinión Popular

04-03-2015 / 09:03
  Tras el duro ataque de la Presidenta Cristina Fernández contra el Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, salió con los tapones de punta y aseguró: "es tiempo de terminar con la impunidad". Así defendió la independencia del Poder Judicial y la división de poderes -en medio de los embates K que apuntan al accionar del supuesto Partido Judicial- y llamó a respetar las instituciones y preservar la democracia.
 
Esta pelea se da en un contexto donde causas judiciales por corrupción mantienen en vilo a la familia Kirchner. Especialmente la investigación por la sociedad Hotesur, que administra hoteles en El Calafate y que está integrada por Máximo Kirchner y por Romina Mercado, una de las sobrinas de la Presidenta.
 
Esta empresa los vincula directamente con Lázaro Báez, quien alquilaba las habitaciones de esos hoteles a través de sus empresas. Por eso el juez Claudio Bonadío investiga la ocupación falaz de esas residencias, lo que implicaría lavado de dinero. El representante de los socios de Hotesur que avalaba las resoluciones y los balances contables era Máximo Kirchner.
 
Así, Lorenzetti le respondió a Cristina, quien había acusado a un sector de la Justicia de actuar en forma independiente a la Constitución. "No toleraremos ninguna acción extrema que ponga en riesgo el Estado de Derecho", enfatizó el titular del máximo tribunal, quien fue uno de los principales blancos de la Presidenta en el Congreso.
 
En su discurso, el titular de la Corte respondió con estilo suave y dureza conceptual a las críticas y también pidió "respetar" tanto al ámbito judicial como al Congreso. "Preservar la democracia es algo demasiado importante como para dejarla en manos del odio, de la división, del egoísmo y del miedo", señaló.
 
El acto comenzó con un video con imágenes de "víctimas y tragedias", según dijo Lorenzetti. El clip finalizó con el rostro del fiscal fallecido Alberto Nisman. "Todos ellos forman parte de las tragedias de los últimos años. Y es lo que nos debe conmover", afirmó el titular del máximo tribunal. Y agregó: "Todos ellos nos han dejado la obligación de terminar con la impunidad, es tiempo terminar con la impunidad".
 
Frente a cientos de jueces federales y nacionales, embajadores y otros invitados, el titular del máximo tribunal pidió una "actitud más madura" que esté "basada en la cooperación de los poderes del Estado". "Lo que esperan las víctimas es que los poderes cooperen para solucionar sus problemas", afirmó.
 
"Es bueno que las sentencias sean criticadas, por parte de funcionarios, ciudadanos o periodistas, eso enriquece. Pero muchas veces no criticamos el argumento, sino que deslegitimamos al emisor, diciendo que el juez no es independiente, que responde a tal o cual. Eso no es bueno en el debate democrático", se lamentó.
 
En otro tramo de su discurso mesurado y con indirectas, pero con un mensaje contundente, también dijo que "los jueces no gobiernan, deben poner límites" y "no deben ceder a las presiones". Conceptos inconfundibles que son una puñalada en el corazón del pensamiento K.
 
La Opinión Popular

03-03-2015 / 19:03
 
Raúl Zaffaroni defiende a liberador serial de violadores. El juicio contra el juez Axel López no es sólo un juicio contra un juez. Es un juicio contra un modo de entender y de aplicar la ley. Juan Ernesto Cabeza debía cumplir 24 años de prisión por cuatro violaciones. En 2013, López le concedió la libertad condicional. Apenas salió, Cabeza quiso violar a la radióloga chaqueña Tatiana Kolodziev. Finalmente la mató.
 
López es juez de Ejecución Penal: fiscaliza que se cumpla la pena y autoriza las excarcelaciones. Nadie con sentido común discute los derechos del condenado, que incluye el de salir libre según cómputos y criterios legales. Lo que se discute es que se los beneficie sin pensar en las víctimas.
 
Dicho de otro modo: que se los libere sin la capacidad de comprender y respetar la ley. No es una avenida de un carril único y el juez no puede actuar como una computadora. Ahora en el lugar del acusado en el Consejo de la Magistratura, López tendrá que argumentar en base a qué consideró que Cabeza no reincidiría, matando.
 
Legalmente se lo acusa de mal desempeño. Para la gente común, como Tatiana, eso no necesita demostración. Ocurre además que Tatiana no está sola: López concedió salidas transitorias a otros delincuentes que volvieron a cometer crímenes. Liberó al pirómano que incendió la casa de la familia Bagnato. Todos los habitantes de esa casa murieron, excepto Matías Bagnato, que entonces tenía 15 años.
 
Además, liberó a Marcelo Díaz, violador de una nena de 12 años, que después mató a Soledad Bargna, de 19. Y en su lista de reincidentes seriales liberados hay más.
 
A López lo defiende el ex juez Zaffaroni. "Tal vez lo hace porque más que defender a López, va a defenderse a él mismo y a su doctrina. Es el autor de los procedimientos que López siguió al dejar en libertad a los asesinos reincidentes", dice Diana Cohen Agrest.
 
El garantismo busca en la defensa de marginales legitimidad moral. Pero liberar violadores y asesinos no es un acto progresista. Ni analizar cada caso es un acto de derecha y reaccionario. Si López hubiera liberado como se debe, hubiera sostenido la ley en un sentido profundo: violar y matar no es legal. Las víctimas de sus errores ya no tienen la posibilidad de responderle.
 
La Opinión Popular

03-03-2015 / 08:03
  En los últimos días, Daniel Scioli tuvo varios motivos de alivio. Al tope de su ranking, figuran que Cristina no lo denostara en público durante su discurso inaugural del año legislativo y que las escuelas de la provincia mostraron una imagen insólita: maestros en las aulas en fecha y niños tomando clase.
 
El verano había hecho prever un año difícil para el gobernador bonaerense: sus compañeros del kirchnerismo duro no le perdonaban sus "ingenuos" gestos de acercamiento al Grupo Clarín, de manera que las críticas abundaron, incluyendo a la propia Cristina, que fustigó el tono de la "campaña naranja".
 
"Queremos que nos expliquen cuál es su proyecto. El país no es una foto ni un color. El país o la Patria son algo más que una foto, un color o una campaña", había remarcado la Presidenta. Semejante clima hacía suponer que a Scioli no le iba a resultar fácil el arranque de su año electoral. Y, entre los temores que poblaban sus peores pesadillas, se encontraba la repetición de la clásica huelga docente de cada año.
 
No es necesario ser un politólogo ni un asesor de campaña para darse cuenta que pocas cosas son tan poco rendidoras desde el punto de vista político como pelearse con los maestros.
 
La escuela pública ocupa un lugar especial en la conciencia colectiva de los argentinos. Y, en las últimas décadas, cobró una mayor notoriedad a raíz del creciente deterioro de la educación. Por ello, los reclamos de los maestros despiertan más adhesiones que los de otros gremios.
 
El acuerdo, que este año evitó el paro, implicó cifras inusuales, por lo elevadas: 40% de suba para los salarios de inicio y 36% de incremento promedio.
 
La actual paz que se vive en la provincia le implicó un gasto adicional de $21.000 millones en el presupuesto docente, una cifra que se aproxima al endeudamiento que le había aprobado la legislatura para este año. Pero, además, lo obligó a mostrar cintura política en un momento complicado.
 
En el año clave de su carrera, el gobernador bonaerense se había fijado el objetivo de evitar la pesadilla de cada marzo. Lo logró sobre la base de una fuerte presión impositiva y de endeudamiento, así como de un cambio de plan.
 
Su estrategia fue "raspar la olla" y evitar la Casa Rosada. Hizo un fuerte ajuste en el gasto y un incremento de la obra pública por debajo de lo que crecieron los recursos.
 
Ahora, lanzado a su carrera electoral, a Scioli le llegó el momento "dulce" de dar aumentos. Luego vendrá la hora de pagar, pero eso lo hará "el que sigue".

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