Proyecto X', una base de datos con minuciosa información sobre gente investigada por esa fuerza.
 
La existencia del 'Proyecto X' fue dada a conocer por el propio jefe de la Gendarmería Nacional, el comandante general Héctor Schenone, en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide.
 
Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según Schenone, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como 'teléfono', 'otros medios de comunicación', 'transporte' y 'recursos financieros'.
 
El tema tomó estado público en noviembre pasado, cuando Página/12 dio a conocer la denuncia judicial preparada por el delegado de Kraft Javier Hermosilla, Nora Cortiñas -de Madres Línea Fundadora-, Victoria Moyano y Miriam Bregman -del Ceprodh- y María del Carmen Verdú -de la Correpi-.
 
Los legisladores opositores lanzaron una ofensiva pidiendo citar a la ministra Nilda Garré al Congreso por el espionaje de Gendarmería después de que el programa A Dos Voces, de TN, reveló que Schenone afirmó en la Justicia que existe una base de datos sobre dirigentes gremiales, sociales, estudiantiles, políticos y referentes de derechos humanos.
 
Acusan al Gobierno K de estar usando el aparato de inteligencia del Estado para accionar en contra de los reclamos sociales y para la persecución política.
 
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Nacionales - 17-02-2012 / 07:02
EL GOBIERNO K MINIMIZA EL CASO Y DICE QUE ES TODO LEGAL

Proyecto X: Espionaje a opositores por parte de la Gendarmería Nacional

Proyecto X: Espionaje a opositores por parte de la Gendarmería Nacional
El llamado "Proyecto X" de la Gendarmería Nacional fue repudiado por la oposición, que pidió hoy que se cite en el Congreso a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que brinde explicaciones sobre las presuntas tareas de espionaje.
Fuerte polémica por un caso de supuesto "espionaje" que habría hecho Gendarmería, con la difusión que tomó el 'Proyecto X', una base de datos con minuciosa información sobre gente investigada por esa fuerza.
 
La existencia del 'Proyecto X' fue dada a conocer por el propio jefe de la Gendarmería Nacional, el comandante general Héctor Schenone, en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide.
 
Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según Schenone, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como 'teléfono', 'otros medios de comunicación', 'transporte' y 'recursos financieros'.
 
El tema tomó estado público en noviembre pasado, cuando Página/12 dio a conocer la denuncia judicial preparada por el delegado de Kraft Javier Hermosilla, Nora Cortiñas -de Madres Línea Fundadora-, Victoria Moyano y Miriam Bregman -del Ceprodh- y María del Carmen Verdú -de la Correpi-.
 
Los legisladores opositores lanzaron una ofensiva pidiendo citar a la ministra Nilda Garré al Congreso por el espionaje de Gendarmería después de que el programa A Dos Voces, de TN, reveló que Schenone afirmó en la Justicia que existe una base de datos sobre dirigentes gremiales, sociales, estudiantiles, políticos y referentes de derechos humanos.
 
Acusan al Gobierno K de estar usando el aparato de inteligencia del Estado para accionar en contra de los reclamos sociales y para la persecución política.
 
La Opinión Popular

EL "PROYECTO X" / ADMISIÓN DE UNA FUERZA DE SEGURIDAD ANTE LA JUSTICIA
 
Dura polémica por tareas de inteligencia de Gendarmería
 
Estalló al conocerse que se recopilaban datos de dirigentes sociales; citan a Garré al Congreso
 
Por Paz Rodríguez Niell  | LA NACION
 
La difusión que tomó el "Proyecto X", una base de datos de la Gendarmería con minuciosa información sobre gente investigada por esa fuerza, causó ayer un enorme revuelo político que incluyó acusaciones al Gobierno de "espionaje ilegal" y un pedido masivo de la oposición para que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, dé explicaciones en el Congreso.
 
El Gobierno no respondió nada sobre el tema. Garré sólo hizo anoche una alusión críptica en Twitter: "Es paradójico que quienes no tienen coherencia en la defensa de los DD.HH. nos acusen de perseguir a manifestantes y luchadores sociales".
 
 
La existencia del "Proyecto X" fue dada a conocer por el propio jefe de la Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según Schenone, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como "teléfono", "otros medios de comunicación", "transporte" y "recursos financieros".
 
Cómo obtuvo Gendarmería esta información está bajo sospecha. Según la denuncia, la fuerza recurrió a "tareas de inteligencia ilegal"; por ejemplo, infiltrándose en marchas y cortes de ruta.
 
Los promotores de este expediente son organismos de derechos humanos y delegados gremiales de Kraft Foods y Pepsico Snacks. En diciembre del año pasado habían pedido que la Justicia investigara a los "máximos oficiales" de la Gendarmería por haber reunido, almacenado y analizado información "obtenida en forma clandestina e ilegal".
 
Por ley, las fuerzas de seguridad (Gendarmería entre ellas) están autorizadas a hacer investigaciones en dos casos: a pedido de la Justicia o por iniciativa propia cuando toman conocimiento de que un delito se está cometiendo. Entonces, deben darle aviso de inmediato al juez o fiscal competente.
 
La denuncia relata que en varios expedientes judiciales Gendarmería aportó datos de gremialistas, miembros de organizaciones sociales y estudiantes que conservaba en su poder antes de que existiera la causa penal. Es decir que -según los denunciantes- reunía información y después la "blanqueaba" en expedientes judiciales. En cuanto a los métodos, acusaron a agentes de Gendarmería de haberse infiltrado en manifestaciones tales como una marcha en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra y haberse hecho pasar por manifestantes o periodistas.
 
Antes de la feria judicial, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, Oyarbide solicitó las causas penales a las que hicieron referencia los denunciantes y pidió a Gendarmería un informe sobre cómo hacía sus investigaciones.
 
Schenone le respondió el 22 de diciembre. Afirmó que la fuerza investiga a pedido de la Justicia, que en forma "habitual" le ordena tareas tales como "identificar lugares, personas, vehículos, actividades, zonas". Explicó además que el Código Procesal dispone que Gendarmería investigue, sin orden judicial, "ante la puesta en conocimiento y/o presencia de la presunta comisión de un delito de acción pública".
 
En ambos casos -afirmó- la actividad "se lleva a cabo con el conocimiento inmediato e intervención de la autoridad judicial competente".
 
En su respuesta a Oyarbide, de cuatro páginas, relató que su fuerza tiene tres bases de datos que se alimentan de registros públicos y de "la actividad investigativa y procedimental judicial" de la propia fuerza. Son el Sistema de Antecedentes de Gendarmería (SAG), el Sistema de Gestión Operativa (SGO) y el Proyecto X.
 
Este último es, según declaró, una base de datos que "se nutre de toda la información que surja durante el transcurso de una investigación judicial" y cuya función principal es "auxiliar el trabajo de entrecruzamiento de datos (comunicaciones telefónicas -por informe judicial-, lugares, personas, períodos de tiempo, etc.) a los fines de una mejor investigación criminal judicial".
 
Para la oposición, el Proyecto X es de dudosa legalidad y el Gobierno debe explicar cómo funciona y por qué fue creado. Por eso, diputados y senadores de la oposición presentaron proyectos para citar a Garré al Congreso.
 
En el Senado, la iniciativa la promovió el bloque radical; en Diputados, lleva las firmas de Patricia Bullrich (Unión Por Todos); Federico Pinedo y Gabriela Michetti (Pro); Eduardo Amadeo (Frente Peronista); Ricardo Buryaile (UCR); Gerardo Milman (GEN), y Ramona Pucheta (MIJD).
 
Pero las críticas excedieron a la oposición. El kirchnerista Luis D'Elía también cuestionó a Gendarmería: comparó el Proyecto X con "las escuchas realizadas por el agente Ciro James en el macrismo" y dijo no tener "ninguna duda de que la presidenta Cristina Fernández y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, van a actuar con todo el rigor necesario ante un hecho de tanta gravedad".
 
Qué dice la ley
 
Inteligencia. La ley 25.520 establece que ningún organismo oficial puede "obtener información" de datos de personas por el solo hecho de "adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales".
 
 
Autorización. Puede hacerse inteligencia interna sólo si hay un encargo judicial. También para prevenir un delito, siempre que se dé aviso a la Justicia.
 
El "Proyecto X"
HÉCTOR BERNABÉ SCHENONE
 
Jefe de la Gendarmería Nacional
 
Edad: 60
 
Lugar de nacimiento: Chaco
 
Rango: comandante general
 
Está a cargo de la fuerza desde 2005. Es especialista en la lucha antidrogas y siempre se le atribuyeron fluidos contactos con organismos de Estados Unidos.
 
"Toda la actividad se lleva a cabo con el conocimiento inmediato e intervención de la Justicia"
 
 
DIXIT
  
"Si se comprueba, es terrible. Esperemos que no sea así. Que se investigue a cualquiera es un desastre, sean líderes sociales u opositores. Nos preocupa que alguien tenga prácticas como ésta"
HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA
Jefe de Gabinete porteño (PRO)
 
"El Gobierno ya no puede ocultar su profundo autoritarismo. El reiterado intento de silenciar a los medios y el espionaje a opositores son dos caras de un proyecto cada vez menos democrático"
EDUARDO AMADEO
Diputado (Peronismo disidente)
 
"Estas acciones demuestran que el gobierno kirchnerista no tiene nada de popular porque apela a los mismos mecanismos a los que recurrieron las fuerzas represivas en la Argentina"
JAIME LINARES
Senador (FAP)
 
"Es una enormidad. La Gendarmería no tiene para nada esa finalidad; esté haciendo inteligencia interna para espiar opositores y movimientos sociales. Hay criminalización de la protesta social"
JUAN PEDRO TUNESSI
Diputado (UCR)
 
"Se está usando el aparato de inteligencia del Estado para la persecución política. Es necesario que el gobierno y la ministra Garré informen qué finalidad tiene este Proyecto X"
 
PATRICIA BULLRICH
Diputada (Unión Por Todos)
 
"Está claro que hay una decisión del gobierno nacional de accionar en contra de los reclamos sociales. Se empieza a configurar un escenario evidente de persecución social"
HÉCTOR PIEMONTE
Diputado (Coalición Cívica).
 
Fuente: La Nación

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23-03-2017 / 13:03
23-03-2017 / 10:03
La Marcha Federal y el paro docente de 48 horas concluyeron con una multitudinaria manifestación. Cientos de miles de maestros de todos los gremios docentes desbordaron la Plaza de Mayo. Reclamaron la apertura de la paritaria nacional y repudiaron los dichos de Mauricio Macri sobre la educación pública.
 
Convocados por los cinco gremios docentes con representación nacional (Ctera, UDA, AMET, CEA y Sadop) y los gremios universitarios Conadu y Conadu Histórica, los docentes llenaron la Plaza para reclamarle a la administración macrista que convoque a la paritaria federal. Avisaron que mientras eso no suceda, van a continuar el plan de lucha.
 
Buena parte de los discursos estuvieron dirigidos a contestar los argumentos del ministro de Educación, Esteban Bullrich, quien insiste en que la paritaria nacional no es necesaria, porque la Nación está mandando fondos a las gobernaciones y el piso salarial docente sube de manera automática con cada aumento del salario mínimo, vital y móvil.
 
La jornada evidenció que no resultó la campaña de demonización del Gobierno contra los docentes. El apoyo popular fue masivo. Todo el arco de los dirigentes docentes señaló que, tras el embate contra la paritaria y el recorte de los sueldos docentes, la intención es desresponsabilizar al gobierno de Macri de la educación pública.
 
En la paritaria nacional, que la alianza Cambiemos se niega a convocar, se discutían hasta el año pasado tres temas: un salario inicial para todos los docentes del país (más allá de que luego lo deban pagar las provincias), los fondos nacionales destinados a que los distritos más pobres puedan afrontar ese costo y el monto del Fondo de Incentivo Docente, que también con recursos nacionales aporta una suma fija para mejorar los sueldos.
 
La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, advirtió que si el Gobierno no llama a la paritaria nacional, "el conflicto no se va a solucionar". Aludió así a que las provincias no podrán afrontar solas el tema de los salarios docentes, pero también a que la cuestión es estructural para los gremios.
 
Alesso puso el reclamo en su dimensión histórica. Recordó cómo la Ley de Financiamiento Educativo fue el resultado de años de movilizaciones y lucha de los docentes. Puso en esta línea a la marcha blanca del 88, a la Carpa Blanca y a los muchos conflictos provinciales que se desplegaron hasta la sanción de las leyes de Educación Nacional y de Financiamiento Educativo.
 
Los gremios anunciaron un nuevo paro con movilizaciones en la jornada nacional del próximo jueves (día de la huelga convocada por las dos CTA) y anticiparon que se sumarán también al paro de la CGT del 6 de abril. La lucha continúa...
 
La Opinión Popular

22-03-2017 / 09:03
Ya se quejaron los usuarios, ya se conocieron los reclamos de los comerciantes y ya hubo polémica política. Lo único que faltaba para confirmar que el plan "Precios Transparentes" está lejos de los objetivos buscados por el Gobierno era el dato del impacto sobre los bancos.
 
Por lo pronto, los números muestran una contundente caída en los créditos generados luego del cambio regulatorio impuesto por el BCRA. Según datos del organismo, los montos financiados por las entidades se desplomaron en febrero a niveles similares a los vigentes en igual mes de 2014: apenas alcanzaron los $17.700 millones.
 
Pero claro, en el medio hubo una muy alta inflación, de modo tal que si se consideran los aumentos de precios acumulados en estos dos años, entonces la caída de la financiación -en términos reales- es nada menos que del 60% (tomando como referencia el IPC de la Ciudad de Buenos Aires).
 
Alguien podría argumentar que ese derrape estuvo fuertemente influenciado por la recesión de los últimos doce meses, pero no es tan así. Aun si la comparación se efectúa sólo entre enero y febrero (lapso en el que el único cambio de fondo fue la regulación de las tarjetas) el descenso también ha sido alarmante: superó el 60%.
 
Para los banqueros, la luz de alerta se prende a raíz de la enorme caída en un rubro clave: la generación de intereses. Si se compara cuánto cobraron por el ingreso de fondos del mes anterior ($1.653 millones) frente a los de febrero ($663 millones), la conclusión es elocuente: dejaron de facturar casi $1.000 millones.

22-03-2017 / 09:03
22-03-2017 / 09:03
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