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La apuesta del consenso y la reconstrucción
Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
Porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás, a lo macho, aunque esas verdades amuestren bicheras donde naides creiba que hubiera gusanos. El orejano
Nacionales - 17-02-2012 / 07:02
EL GOBIERNO K MINIMIZA EL CASO Y DICE QUE ES TODO LEGAL

Proyecto X: Espionaje a opositores por parte de la Gendarmería Nacional

Proyecto X: Espionaje a opositores por parte de la Gendarmería Nacional
El llamado "Proyecto X" de la Gendarmería Nacional fue repudiado por la oposición, que pidió hoy que se cite en el Congreso a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que brinde explicaciones sobre las presuntas tareas de espionaje.
Fuerte polémica por un caso de supuesto "espionaje" que habría hecho Gendarmería, con la difusión que tomó el 'Proyecto X', una base de datos con minuciosa información sobre gente investigada por esa fuerza.
 
La existencia del 'Proyecto X' fue dada a conocer por el propio jefe de la Gendarmería Nacional, el comandante general Héctor Schenone, en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide.
 
Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según Schenone, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como 'teléfono', 'otros medios de comunicación', 'transporte' y 'recursos financieros'.
 
El tema tomó estado público en noviembre pasado, cuando Página/12 dio a conocer la denuncia judicial preparada por el delegado de Kraft Javier Hermosilla, Nora Cortiñas -de Madres Línea Fundadora-, Victoria Moyano y Miriam Bregman -del Ceprodh- y María del Carmen Verdú -de la Correpi-.
 
Los legisladores opositores lanzaron una ofensiva pidiendo citar a la ministra Nilda Garré al Congreso por el espionaje de Gendarmería después de que el programa A Dos Voces, de TN, reveló que Schenone afirmó en la Justicia que existe una base de datos sobre dirigentes gremiales, sociales, estudiantiles, políticos y referentes de derechos humanos.
 
Acusan al Gobierno K de estar usando el aparato de inteligencia del Estado para accionar en contra de los reclamos sociales y para la persecución política.
 
La Opinión Popular

EL "PROYECTO X" / ADMISIÓN DE UNA FUERZA DE SEGURIDAD ANTE LA JUSTICIA
 
Dura polémica por tareas de inteligencia de Gendarmería
 
Estalló al conocerse que se recopilaban datos de dirigentes sociales; citan a Garré al Congreso
 
Por Paz Rodríguez Niell  | LA NACION
 
La difusión que tomó el "Proyecto X", una base de datos de la Gendarmería con minuciosa información sobre gente investigada por esa fuerza, causó ayer un enorme revuelo político que incluyó acusaciones al Gobierno de "espionaje ilegal" y un pedido masivo de la oposición para que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, dé explicaciones en el Congreso.
 
El Gobierno no respondió nada sobre el tema. Garré sólo hizo anoche una alusión críptica en Twitter: "Es paradójico que quienes no tienen coherencia en la defensa de los DD.HH. nos acusen de perseguir a manifestantes y luchadores sociales".
 
 
La existencia del "Proyecto X" fue dada a conocer por el propio jefe de la Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según Schenone, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como "teléfono", "otros medios de comunicación", "transporte" y "recursos financieros".
 
Cómo obtuvo Gendarmería esta información está bajo sospecha. Según la denuncia, la fuerza recurrió a "tareas de inteligencia ilegal"; por ejemplo, infiltrándose en marchas y cortes de ruta.
 
Los promotores de este expediente son organismos de derechos humanos y delegados gremiales de Kraft Foods y Pepsico Snacks. En diciembre del año pasado habían pedido que la Justicia investigara a los "máximos oficiales" de la Gendarmería por haber reunido, almacenado y analizado información "obtenida en forma clandestina e ilegal".
 
Por ley, las fuerzas de seguridad (Gendarmería entre ellas) están autorizadas a hacer investigaciones en dos casos: a pedido de la Justicia o por iniciativa propia cuando toman conocimiento de que un delito se está cometiendo. Entonces, deben darle aviso de inmediato al juez o fiscal competente.
 
La denuncia relata que en varios expedientes judiciales Gendarmería aportó datos de gremialistas, miembros de organizaciones sociales y estudiantes que conservaba en su poder antes de que existiera la causa penal. Es decir que -según los denunciantes- reunía información y después la "blanqueaba" en expedientes judiciales. En cuanto a los métodos, acusaron a agentes de Gendarmería de haberse infiltrado en manifestaciones tales como una marcha en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra y haberse hecho pasar por manifestantes o periodistas.
 
Antes de la feria judicial, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, Oyarbide solicitó las causas penales a las que hicieron referencia los denunciantes y pidió a Gendarmería un informe sobre cómo hacía sus investigaciones.
 
Schenone le respondió el 22 de diciembre. Afirmó que la fuerza investiga a pedido de la Justicia, que en forma "habitual" le ordena tareas tales como "identificar lugares, personas, vehículos, actividades, zonas". Explicó además que el Código Procesal dispone que Gendarmería investigue, sin orden judicial, "ante la puesta en conocimiento y/o presencia de la presunta comisión de un delito de acción pública".
 
En ambos casos -afirmó- la actividad "se lleva a cabo con el conocimiento inmediato e intervención de la autoridad judicial competente".
 
En su respuesta a Oyarbide, de cuatro páginas, relató que su fuerza tiene tres bases de datos que se alimentan de registros públicos y de "la actividad investigativa y procedimental judicial" de la propia fuerza. Son el Sistema de Antecedentes de Gendarmería (SAG), el Sistema de Gestión Operativa (SGO) y el Proyecto X.
 
Este último es, según declaró, una base de datos que "se nutre de toda la información que surja durante el transcurso de una investigación judicial" y cuya función principal es "auxiliar el trabajo de entrecruzamiento de datos (comunicaciones telefónicas -por informe judicial-, lugares, personas, períodos de tiempo, etc.) a los fines de una mejor investigación criminal judicial".
 
Para la oposición, el Proyecto X es de dudosa legalidad y el Gobierno debe explicar cómo funciona y por qué fue creado. Por eso, diputados y senadores de la oposición presentaron proyectos para citar a Garré al Congreso.
 
En el Senado, la iniciativa la promovió el bloque radical; en Diputados, lleva las firmas de Patricia Bullrich (Unión Por Todos); Federico Pinedo y Gabriela Michetti (Pro); Eduardo Amadeo (Frente Peronista); Ricardo Buryaile (UCR); Gerardo Milman (GEN), y Ramona Pucheta (MIJD).
 
Pero las críticas excedieron a la oposición. El kirchnerista Luis D'Elía también cuestionó a Gendarmería: comparó el Proyecto X con "las escuchas realizadas por el agente Ciro James en el macrismo" y dijo no tener "ninguna duda de que la presidenta Cristina Fernández y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, van a actuar con todo el rigor necesario ante un hecho de tanta gravedad".
 
Qué dice la ley
 
Inteligencia. La ley 25.520 establece que ningún organismo oficial puede "obtener información" de datos de personas por el solo hecho de "adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales".
 
 
Autorización. Puede hacerse inteligencia interna sólo si hay un encargo judicial. También para prevenir un delito, siempre que se dé aviso a la Justicia.
 
El "Proyecto X"
HÉCTOR BERNABÉ SCHENONE
 
Jefe de la Gendarmería Nacional
 
Edad: 60
 
Lugar de nacimiento: Chaco
 
Rango: comandante general
 
Está a cargo de la fuerza desde 2005. Es especialista en la lucha antidrogas y siempre se le atribuyeron fluidos contactos con organismos de Estados Unidos.
 
"Toda la actividad se lleva a cabo con el conocimiento inmediato e intervención de la Justicia"
 
 
DIXIT
  
"Si se comprueba, es terrible. Esperemos que no sea así. Que se investigue a cualquiera es un desastre, sean líderes sociales u opositores. Nos preocupa que alguien tenga prácticas como ésta"
HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA
Jefe de Gabinete porteño (PRO)
 
"El Gobierno ya no puede ocultar su profundo autoritarismo. El reiterado intento de silenciar a los medios y el espionaje a opositores son dos caras de un proyecto cada vez menos democrático"
EDUARDO AMADEO
Diputado (Peronismo disidente)
 
"Estas acciones demuestran que el gobierno kirchnerista no tiene nada de popular porque apela a los mismos mecanismos a los que recurrieron las fuerzas represivas en la Argentina"
JAIME LINARES
Senador (FAP)
 
"Es una enormidad. La Gendarmería no tiene para nada esa finalidad; esté haciendo inteligencia interna para espiar opositores y movimientos sociales. Hay criminalización de la protesta social"
JUAN PEDRO TUNESSI
Diputado (UCR)
 
"Se está usando el aparato de inteligencia del Estado para la persecución política. Es necesario que el gobierno y la ministra Garré informen qué finalidad tiene este Proyecto X"
 
PATRICIA BULLRICH
Diputada (Unión Por Todos)
 
"Está claro que hay una decisión del gobierno nacional de accionar en contra de los reclamos sociales. Se empieza a configurar un escenario evidente de persecución social"
HÉCTOR PIEMONTE
Diputado (Coalición Cívica).
 
Fuente: La Nación

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17-09-2014 / 09:09
 
El Frente para la Victoria intenta nuevamente avanzar sobre la re-reelección de Cristina Fernández, según el discurso del hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, en el acto de La Cámpora en Argentinos Juniors.
 
El cristinismo ha tenido éxito en desplazar los temas importantes de la agenda pública y lo ejemplifica con cómo ha quedado reducido a un segundo plano el debate por el presupuesto 2015. Si bien puede ser "una cortina de humo" para torcer debates más importantes, no habría que descartar que de presentarse la oportunidad el cristinismo intente conseguir la reforma de la Constitución Nacional.
 
La posibilidad de generar el consenso reformista es bajísima, pero la probabilidad existe, aunque es casi 0. El oficialismo puede encontrarse con que si le sale bien, bueno, "conseguimos la re-reelección, pero si nos sale mal, por lo menos corrimos de foco otros temas importante".
 
Las palabras de Máximo Kirchner, quien debutó como principal orador, apuntan más a "correr el eje" de las discusiones importantes que debe atravesar el país. No había conexión alguna entre su discurso y las demandas de los votantes, como las que tienen que ver con la inseguridad, la inflación y el empleo. El discurso fue un reflejo del autismo del Gobierno en estos temas.
 
Si bien el acto multitudinario puede ser leído como una demostración de fuerza, al mismo tiempo lo que ocurrió allí puede interpretarse como todo lo contrario. Puede ser leído también como un signo enorme de debilidad. Del discurso de Máximo se puede interpretar que no hay futuro para el kirchnerismo. Que el futuro es, en todo caso, volver a la calle, al llano, si es que no hay re-reelección.
 
El discurso deja en evidencia que después de 11 años en el poder el Gobierno no pudo crear a un sucesor. Y el oficialismo pretende instalar que no puede ganar las elecciones porque su principal figura no puede competir en ellas, así como no lo pudo hacer Juan Perón durante 18 años.

17-09-2014 / 08:09
 
Otro escándalo educativo está por explotar en la Provincia de Buenos Aires: la Cámara de Senadores provincial sancionó la semana pasada la Ley de Incorporación de la Modalidad de Educación Comunitaria al Sistema de Educación Formal.
 
A partir de su entrada en vigencia, los militantes y vecinos responsables de al menos 350 centros maternales y jardines de infantes de nivel inicial que estén al frente de salas de 4 y 5 años, , sin formación pedagógica oficial ni título regular alguno, serán nombrados docentes sin serlo.
 
Esos centros maternales y jardines fueron creados de manera improvisada hace años. Pero, a partir de la sanción de la ley, quedan oficializadas como "escuelas comunitarias" pertenecientes al área de Educación, aunque su tarea es muchas veces más social que educativa.
 
El proyecto -una iniciativa de la diputada por el Frente para la Victoria Alicia Sánchez, pareja del polémico ex piquetero Luis D'Elía- fue aprobado en el Senado un día antes del Día del Maestro.
 
Si bien la UCR se había abstenido en la Cámara de Diputados cuando se trató el proyecto en junio de 2013, otorgó su apoyo en Senadores. También votaron a favor, además del Frente para Victoria, los monobloques de Unión Pro Peronista, GEN, PJ Néstor Kirchner y Nuevo Encuentro.
 
De acuerdo con la nueva ley de Educación Comunitaria, a lo largo de sus 5 capítulos y 15 artículos, los militantes-docentes, sin título oficial, gozarán de todos los derechos y obligaciones que establece el Estatuto Docente de la provincia.
 
Además, se habilita la creación de nuevas "escuelas comunitarias" que sí deberán contar con docentes con título oficial para las salas de 4 y 5, pero no para el resto de las salas, desde los 45 días a los 3 años.
 
Por otra parte, la designación de los docentes que se nombrarán en las futuras salas de 4 y 5 "será competencia de la autoridad de aplicación (la Dirección de Escuelas provincial) en coordinación con las instituciones comunitarias educativas de nivel inicial".
 
En la práctica, los docentes nombrados no saldrán del listado oficial público a partir del que compiten por los cargos los docentes estatales sino que será una decisión de cada centro a qué docente nombrar.
 
La Ley tira abajo uno de los pilares básicos de la profesión docente: la existencia de títulos oficiales y trayectorias educativas que acrediten la existencia probada de conocimientos. Y beneficia a la militancia social y política de agrupaciones como La Cámpora.
 
"Con esta medida corremos a la escuela y al docente de los lugares más vulnerables, dejando la educación inicial en manos de organizaciones que muchas veces practican el clientelismo político", agregó el diputado massista Ricardo Jano.
 
La Opinión Popular

17-09-2014 / 08:09
  Lo que al principio parecía ser una medida ingeniosa que permitía oxigenar las arcas estatales, terminó revelándose como uno de los peores errores de cálculo en la vida política del país: la resolución 125 ya tiene asegurado su lugar en los textos de historia, tras haber provocado una profunda división social durante cuatro meses inolvidables de 2008.
 
Seis años después, parecía que la lección estaba aprendida, pero muchos creen que hay altas probabilidades de que una rebelión del campo contra el Gobierno se pueda reeditar. Ocurre que, en el marco de una aguda escasez de dólares que provoca desesperación entre los funcionarios K, aparece nuevamente el sector agropecuario como un candidato para proveer -en forma compulsiva, claro- las divisas que originalmente iba a aportar el mercado financiero.
 
Al menos, de esto están seguros los dirigentes de las agremiaciones rurales, que ante cada discurso de un funcionario creen ver nuevas pistas sobre una avanzada sobre la soja. Basan sus sospechas en la insistencia oficial respecto del "canuto" de mercadería como forma de conspiración empresaria para desestabilizar políticamente al Gobierno.
 
El hecho de que la AFIP haya solicitado la ubicación georeferenciada de silobolsas -de manera de poder ser ubicados por los inspectores con un GPS- no hizo más que aumentar la paranoia. Contribuye a esta sospecha una interpretación de la nueva ley de Abastecimiento, en el sentido de que su aprobación habilitará la intervención estatal sobre cualquier forma de acopio de mercadería por parte de los productores.
 
La frase clave en el proyecto de ley es aquella que hace referencia a la posibilidad de que el Gobierno intervenga en el caso de que los empresarios "acaparen materias primas o productos en cantidades superiores a las necesarias".
 
Hay cierta confusión respecto de cómo debe entenderse ese punto:


*¿Debe interpretarse como una facultad del Ejecutivo para impedir la retención de productos indispensables para el uso masivo en el mercado interno, por ejemplo nafta?


*¿O podría considerarse que, una vez cubiertas las necesidades de la población, cualquier stock que se retenga será innecesario? En este caso, se podría argumentar que no hay motivos para retener la mercadería con destino de exportación.
 
Varios analistas creen que el verdadero motivo del Gobierno es esta segunda posibilidad, lo cual lo habilitaría para intervenir los silobolsas y forzar la liquidación de las 25 millones de toneladas de soja -un 45% de la cosecha total- que los productores mantienen "encanutadas".
 
Lo único que está claro en este momento es que la Ley de Abastecimiento puede ser votada en pocas horas. Y que el horno no está para bollos.

16-09-2014 / 10:09
 
En un escenario de recesión y elevada inflación, el aumento de suspensiones y despidos y la licuación de los salarios empezaron a producir un entorno de mayor conflictividad gremial y litigiosidad judicial en las empresas.
 
Según datos de la consultora Tendencias Económicas, los despidos se incrementaron ocho veces durante agosto en relación con el mismo mes del año pasado, mientras que las suspensiones aumentaron 13 veces en el mismo período.
 
En cuanto a las medidas de fuerza utilizadas por los gremios o las comisiones internas independientes, se destaca: acatamiento a paros generales (34%), retención de tareas en forma pacífica (27%), piquetes, cortes o toma de instalaciones (17%), presiones al personal que no se adhiere a las medidas (16%) y paro por adhesiones a otras fuerzas (14%).
 
Por otra parte, según el Indec, el 33,1% de los trabajadores esta en negro: explican que la cifra marca una suba de tres décimas respecto del primer trimestre, pero una baja de seis décimas en la comparación interanual.
 
De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la informalidad afecta con mayor intensidad a las ciudades de más 500.000 habitantes, donde trepa al 33,7%, mientras en aglomerados de menos de medio millón desciende a 30,4%.
 
El informe oficial muestra que la situación laboral más precaria se registra en el Noroeste, donde la informalidad alcanza en promedio el 41,5% del total de asalariados, con picos del 45,5% en el Gran Tucumán, del 46% en Salta y el 41,1% en Santiago del Estero.
 
La Opinión Popular

16-09-2014 / 09:09
  El Gobierno de CFK envió al Congreso un Presupuesto para 2015 que prevé indicadores económicos tan insólitos como desvergonzados. Por ejemplo, estipula una inflación de 15% anual, cuando actualmente el incremento del costo de vida oscila el 40% y no se instrumentó ninguna medida seria para combatir la inflación.
 
Asimismo, está previsto un dólar oficial a $ 9,45 en 2015, apenas un peso más que la cotización actual. Cabe recordar que, en el presupuesto 2014, el valor del dólar se estipuló en $6,33, cuando actualmente está en $8,42 y el dólar blue batió todo los récords. Así lo anunciaron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, en la Cámara de Diputados.
 
Además, el Gobierno proyectó el crecimiento de la economía en 2015 en 2,8%, lo que anticipa que en el último año de gestión de Cristina no se pagará el cupón de PBI incluido en los títulos de deuda reestructurados. La pauta de crecimiento tampoco resiste el menor análisis. Y más si se tiene en cuenta que no está previsto que haya una reactivación en Brasil, que es nuestro principal socio comercial.
 
El gobierno de CFK estimó además que la inflación de 2014 será de 21,3%, contra el 10,4% con el que se sancionó la ley el año pasado. En ese marco, sin ponerse colorado, Kicillof sostuvo que para 2015 espera que "continúe la desaceleración que se viene expresando en los últimos meses". Aseguró que "a partir de marzo hay una reducción de los precios que se consolida en junio y se prolonga en agosto". Sólo basta con ir a un supermercado, una vez cada quince días, para ver que lo que dice Kicillof es una infame mentira.
 
El Presupuesto para 2015 no establece ninguna partida para un eventual pago a los holdouts a partir de enero del año próximo, cuando venza la cláusula RUFO, que demandaría unos 1.600 millones de dólares para cumplir con el fallo del juez Thomas Griesa. En cambio, incluye los compromisos por 650 millones de dólares para el pago de la segunda cuota del plan acordado con el Club de París.
 
Desde la oposición, salieron al cruce del Gobierno. El diputado de Pro, Federico Pinedo, manifestó que la presentación del presupuesto para el año que viene es un "dibujo mal" y recordó: "Hoy la inflación es 40% y el dólar vale 14". "Se viene una recesión de puta madre", insistió al señalar que eso es lo que se avecina "si (el Gobierno) piensa en bajar la inflación de 40% al 15% como dijo el ministro".
 
Por su parte, el jefe del bloque Unidad Popular y economista Claudio Lozano manifestó: "Este es el undécimo dibujo presupuestario al que asistimos". E indicó: "No sé cómo se va a hacer para, por un lado, tener superávit y por otro, mantener el gasto social. En realidad, el ministro debería decir que va a mantener el déficit".
 
Toda la oposición calificó de "dibujo" al proyecto de ley oficialista: no sólo por las proyecciones previstas para el año próximo, sino también por cómo Kicillof debió borrar con el codo las proyecciones que había hecho para este año. Previsiblemente, el cristinismo deberá aprobarlo sólo con votos propios.
 
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