Los abogados Rubén Pagliotto, Raymundo Kisser y Armando Britos, dirigentes de la UCR, buscan que se declare la inconstitucional del DNU 941/25 de Milei, que otorgó más poder a la SIDE, como el de detener a personas sin orden judicial. Fue un Hábeas Corpus.

El ex diputado nacional y dirigente del Partido Justicialista entrerriano, Marcelo Casaretto, realizó un posteo en sus redes sociales cuestionando al mandatario provincial y si gira por Norteamérica, donde advierte que Frigerio y Boleas viajarán a Estados Unidos a "endeudarnos por U$S 500 millones", en referencia al permiso de endeudamiento que la legislatura provincial le otorgó al Ejecutivo, pero que hasta el momento no se hizo uso del mismo.

La delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), designada por Javier Milei, está envuelta en una serie de actos de corrupción, sin controles e impulsando proyectos millonarios ajenos a su competencia.

"No estamos dispuestos a soportar más esfuerzo", lanzó la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ante los trascendidos sobre "un nuevo, injustificado e importante recorte de horas extras, principalmente en los ministerios y algunos organismos de la Administración Pública entrerriana". Al respecto, el gremio reclamó a la Provincia "una urgente aclaración" y advirtió que "los trabajadores no aguantan perder más poder adquisitivo".

El conflicto gremial en el Puerto de Concepción del Uruguay que se generó a partir de las protestas del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) en reclamo de derechos laborales y reconocimiento sindical, escaló hacia un escenario de violencia.

Los hechos llevaron a que la denuncia de "espionaje" que hizo el gobierno de Rogelio Frigerio termine en un bluff. El fiscal que investiga afirmó que desde Gobernación le dijeron que los aparatos fueron descubiertos en un "relevamiento de rutina". Los aparatos eran grandes. A dos años de asumir la gobernación, recién, los vieron.

Una manifestación de estibadores de Concepción del Uruguay fue reprimida violentamente con balas de goma, palos y detenidos durante un reclamo a la empresa uruguaya Urcel SA. La violencia ejercida por las autoridades policiales federales sucedió por orden de la fiscalía a cargo de la Dra. Marina Albertina Chichi, con apoyo de Urcel SA y FeMPINRA incluso cuando se acordaba una conciliación obligatoria dictada por la Provincia de Entre Ríos.

El conflicto desatado por la empresa Urcel SA, "al desconocer al sindicato y precarizar el trabajo local en Concepción del Uruguay", llevó a la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) a declarar estado de alerta y posible paro total nacional en todos los puertos argentinos, en respaldo a los estibadores entrerrianos que denuncian explotación laboral.

El ex diputado provincial del PJ y precandidato a intendente del peronismo, Gustavo Guzmán, estuvo contratado en la Legislatura entrerriana durante 2025. Paralelamente a que prestaba servicios como empleado del oficialismo provincial, Guzmán se presentó a la interna del PJ por el PAR.

El gobernador Rogelio Frigerio, el títere entrerriano de Javier Milei, reunido con el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de las rondas que realiza el Ejecutivo Nacional para lograr, mediante extorsión, los votos necesarios para aprobar el polémico proyecto, le dio su apoyo a la reforma laboral esclavista, que no crea empleo y es inconstitucional. Frigerio lo hizo con la falsa excusa de que estaría "orientada a promover el empleo formal". Es el verso patronal de que esta reforma va a generar empleo y blanquear trabajadores, de lo que no hay ni un antecedente. Porqué seguir quitando derechos laborales empeora las condiciones de vida del conjunto, deteriora la economía, destruye el consuno, genera desempleos y sólo engrosa los bolsillos empresarios.