La crisis económica que atraviesa la Argentina tiene su reflejo directo en los tribunales de Entre Ríos. Allí, en expedientes que hasta hace poco eran excepcionales, comienza a consolidarse una tendencia preocupante: trabajadores formales, con empleo estable en el Estado, que terminan solicitando su propia quiebra. El fenómeno -que se refleja en sentencias y el Boletín Oficial entrerriano- expone con crudeza un dato estructural: el salario dejó de ser garantía de subsistencia y, en muchos casos, ni siquiera alcanza para sostener el pago de deudas básicas.

El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista de Entre Ríos, emitió una serie de resoluciones vinculada a las denuncias por inconducta partidaria de varios dirigentes en los últimos comicios electorales. En ese marco, resolvió recomendar la expulsión de los afiliados Domingo Daniel Rossi (actual intendente de Santa Elena) y Carlos Guillermo Reggiardo (asesor de Rossi), al considerar acreditadas conductas de “deslealtad manifiesta” y graves violaciones a la Carta Orgánica partidaria.

La reforma previsional de Frigerio sacrifica derechos históricos de los trabajadores para sostener un ajuste alineado al modelo nacional. Es un llamado de atención sobre un conflicto social que prioriza las cuentas fiscales por encima del bienestar de los jubilados entrerrianos.

“A lo largo de toda mi trayectoria pública siempre he estado a disposición de la Justicia, respondiendo cada requerimiento sin excepciones ni dilaciones. Nunca evité dar explicaciones. Y no será ahora cuando cambie esa conducta. Pero la búsqueda de la verdad no puede convertirse en un espectáculo. El circo mediático y la búsqueda de escarnio público no son justicia” expresó Gustavo Bordet.

El PJ de Entre Ríos, ante el allanamiento del fiscal Arias de la ciudad de Concordia, expresó que: "Lo que advertimos con profunda preocupación es la marcada intencionalidad con la que actúa el fiscal interviniente, quien, sin necesidad alguna, difunde una medida judicial con el evidente propósito de afectar la alta consideración pública de uno de los dirigentes más destacados del peronismo en los últimos veinte años. Observamos un ensañamiento que no puede ser ignorado, especialmente tratándose de una persona que vive en su casa de Concordia, recorre nuestras ciudades y está siempre dispuesto a brindar las explicaciones que se le requieran".

La preocupación central gira en torno a la economía real y la infraestructura. Los intendentes coinciden en que la provincia está sumida en un letargo administrativo que asfixia a las localidades. En este sentido, el intendente de Viale, Carlos Weiss, fue categórico al alertar sobre la parálisis económica que afecta a la región. Desde el interior de la provincia, el tono de las críticas sube de volumen. El malestar no es solo presupuestario, sino por la falta de respuestas políticas ante la crisis. El intendente de Aldea San Antonio, Mauro Díaz Chaves, lanzó una advertencia que resonó fuerte en la Casa Gris: aseguró que cuando los municipios dejen de dar respuestas "va a volar todo".

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, fue contundente al exponer la realidad que los gobiernos nacional y provincial intentan ocultar tras el discurso de la "herencia": "Queremos que el gobierno escuche que nosotros no administramos mal", sentenció Romero (Análisis Digital, 2026), desmintiendo la narrativa oficialista que busca culpar a los municipios por la falta de fondos que el propio Milei decidió recortar.

El Gobernador Rogelio Frigerio se enfrenta a un escenario complejo: o abre el juego a una discusión real y democrática con todos los sectores, o se encamina a una posible derrota o conflictividad política y judicial que dejará a la provincia en un pantano legal. Se seguirá de cerca este intento de ajuste que, bajo palabras bonitas, esconde la vieja receta de recortar por el hilo más delgado.

La sospecha de que existe una "caja política" para municipios oficialistas mientras se le exige "sacrificio" a los opositores rompe cualquier pacto de institucionalidad. En la foto de la reunión casi ningún intendente del PJ está sonriendo para la foto.

La gestión provincial ha renunciado a su rol de defensa del federalismo. En lugar de reclamar con firmeza lo que le corresponde a Entre Ríos para sostener la salud y la educación, se ha convertido en un apéndice de la estrategia de ajuste de la Casa Rosada.