Por el “enfriamiento K” de la economía, las empresas van a contratar menos personal

 Los efectos de la desaceleración económica provocada por el gobierno de Cristina Fernández para combatir la inflación, sumado a la inquietud por las demandas salariales de los gremios para atenuar la creciente suba de precios provocaron un fuerte derrumbe de las expectativas de contratación de personal en la industria manufacturera de cara al segundo trimestre del año.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo Global de ManpowerGroup, los planes de contratación en el sector fabril arrojaron resultados negativos (-4%), es decir una contracción de 8% en relación al anterior trimestre y una abrupta caída de 24% en la comparación con abril-junio del año pasado.

En el caso de la actividad industrial es mayor el porcentaje de empresas que espera una disminución del empleo durante el próximo trimestre que la cantidad de firmas que prevé incrementar su dotación de personal. A la par de la caída de la demanda laboral se incrementó la aplicación de políticas de ajuste laboral, como los recortes de horas extras, la no renovación de contratados y las suspensiones programadas de personal.

Si la expectativa neta de empleo calculada por Manpower para el segundo trimestre del año no muestra un resultado más bajo es gracias al aumento registrado en el rubro de administración pública y educación (+22%). O sea que el sector público es el que mayor disposición muestra a la hora de incorporar personal.

¿Esto qué significa? Sencillamente que el sector industrial, que es el aporta mayor valor agregado a la economía y genera empleo genuino, se encuentra con la soga al cuello. Una situación similar afronta el sector agropecuario, con insumos que cotizan a precio de dólar paralelo y políticas oficiales que, en lugar de alentar la producción, facilitando la exportación, termina favoreciendo el monocultivo de soja en manos de grandes pooles.

Todos los días se conocen casos de fábricas que cierran sus persianas o suspenden a su personal. Por ejemplo, ayer, la automotriz Renault paralizó sus actividades en la planta cordobesa, por falta de insumos provistos por la autopartistas Valeo, afectada por un conflicto con sus trabajadores. La parálisis podría extenderse a otras terminales como Fiat, Volkswagen, Toyota y Ford.

En este contexto, la situación no sólo se torna difícil para los que tienen empleo, cuyo salario se está derrumbando ante la ola inflacionaria. La situación es mucho más grave para aquellas personas que no tienen trabajo o que buscan un cambio ya que la generación de puestos laborales prácticamente ha desaparecido.

El gobierno de CFK se empeña en no querer ver o, peor aún, en no hacerse cargo de los problemas extremadamente graves que existe en la Argentina, con una inflación que ya supera el 40% anual, con una caída abrupta del empleo y una parálisis total de la economía.

La Opinión Popular

 No hay bolsillo de un trabajador que pueda resistir el aumento de precios que afecta, cada vez con más virulencia, al país. Según un estudio realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) el incremento registrado en febrero elevó la canasta básica alimentaria un 9,12% en la provincia de Buenos Aires, lo que significó el aumento más alto de la última década. En sintonía con esas cifras, aumentos similares se repitieron en otras provincias.

Según la encuesta del ISEPCi, en tan solo un mes (febrero en comparación con enero de este año), los productos de carnicería mostraron los siguientes aumentos: Kilo de falda con hueso pasó: de 30 a 38 pesos (+26,6); Kilo de pollo: de $20 a $24 (+20%); Kilo de cuadril: de $48,35 a $58 (+19,96%); Kilo de Nalga: de $50 a $59,95 (+19,90%); Carnaza: de $38 a $42,99 (+13,13%); Carne picada: de $33 a $37 (12,12%).

En lo que se refiere a los productos de almacén, la variación de precios de enero a febrero fue igual de preocupante: Dulce de batata: de $20 a $25 (+25%); Té (caja de 25 saquitos): $5 a $6 (+18,8%); Arvejas: $5,05 a $6 (+18,81%); Sal gruesa (1 kg): $5 a $5,80: (+16%); Mermelada (500gr): $8 a $9,25 (+15,63%)

Los precios de las verduras también vienen subiendo por ascensor. Según el relevamiento del CEC: Kilo de acelga: $7,90 el kilo en noviembre, a $10,49 en febrero y $15,90 en marzo. Resultado: +101%; Kilo de zapallitos: Zapallitos: $9,99 en noviembre, $12 99 en enero y $15, 90 en marzo: Resultado: +59%; Kilo de tomate: Tomate: $15,90 en noviembre, $12 en enero y $18 en marzo. Resultado: +13%

Lejos de amesetarse, los precios de la canasta básica podrían registrar nuevos aumentos antes los errores de la política económica gubernamental. Por ejemplo, para contener la suba del dólar el gobierno de CFK decidió aumentar las tasas de interés, encareciendo así el poco crédito disponible, lo que terminó por enfriar la economía, confinándola a la recesión.

El gobierno de CFK pretende afrontar la crisis mediante ajustes que impliquen aumentos de haberes muy por debajo de la inflación real. Un auténtico absurdo, ya que los salarios no constituyen la matriz del problema inflacionario. Los precios suben debido a que, luego de una década de gobierno K, tenemos un aparato productivo desbastado, incapaz de satisfacer con bienes y servicios la demanda local.

Y para colmo, para sostener el gasto público improductivo (el clientelismo que sirve para obtener el voto fácil de los que viven del asistencialismo del Estado), se recurre a la emisión monetaria, es decir a la inyección de pesos que rápidamente pierden su valor. Así, nos encontramos con una economía estancada, en estado de recesión, combinada con la ola inflacionaria más importante de los últimos 20 años. Es decir, el peor de los escenarios.

 Sergio Massa pegó un formidable golpe de efecto y dejó pagando a todo el arco opositor cuando hizo una jugada de manual: ponerse del lado de la gente, y no de los delincuentes, en su rechazo frontal a la reforma del Código Penal que impulsa CFK.

Hay que ver, si no, las volteretas a las que obligó a Mauricio Macri, quien avaló la inclusión del diputado Federico Pinedo en la comisión redactora del anteproyecto, para ir a pararse después, y con algún sonrojo, del lado de los buenos, es decir del lado de Massa.

Massa le pegó donde más le duele a un gobierno que ignora la inseguridad y que, para peor, carece de personal idóneo a la hora de intentar la defensa de un proyecto que nació rengo, fruto de la tozudez de una dama que todavía insiste en que sus decisiones no se discuten.

Asimismo, los radicales tienen sus motivos para lamerse las heridas por haber caído en "la trampa" de Massa: ellos aportaron a la comisión a su jurista más destacado, Ricardo Gil Lavedra. Tarde pero seguro, también terminaron posando para la foto junto al tigrense.

El nuevo Código Penal, así como salió del horno, va en contra y nunca favor del ciudadano de a pie que padece a diario el flagelo de la inseguridad. Y que, para peor, ahora va a comprobar, si es que esto finalmente avanza, que los delincuentes van salir más temprano que tarde de las cárceles.

Así, Massa no le deja a Cristina más remedio que elegir a Daniel Scioli como el mal menor, si es que aspira a tener alguna chance de continuidad del modelo más allá de 2015. No hacerlo, en un cuadro social complicado por la inseguridad, el avance del narcotráfico, la puja salarial desmadrada y un ajuste ortodoxo, es servirle en bandeja la presidencia al líder del Frente Renovador.

Claro que siempre habrá voces provenientes del cristinismo más recalcitrante que propondrán que antes que Scioli, es mejor que en las elecciones de 2015 gane Macri. Entonces ellos ejercerán un petardeo desde las sombras con la suposición de que, en 2019, irán a buscarlos a El Calafate o a donde sea.