Las opositoras CGT y CTA confirmaron Paro Nacional en la primera quincena de agosto

 Hugo Moyano, titular de la CGT Azopardo, y Pablo Micheli, de la CTA opositora, confirmaron ayer que habrá un Paro Nacional en la primera quincena de agosto, con eje en la demanda contra el abusivo impuesto a las Ganancias aplicado por Cristina Fernández.
 
Micheli ya había adelantado la posibilidad de una medida de fuerza en conjunto con el líder camionero, para los primeros días del mes próximo. Aunque aún resta consensuar con las otras centrales obreras opositoras para definir el día específico. "Todavía hay compañeros de otros gremios que están de vacaciones, por esa razón no le podemos poner fecha a esta medida", aseguró Moyano.
 
Moyano criticó que "muchos compañeros trabajadores se quedaron sin el medio aguinaldo entre junio y julio por la aplicación de Ganancias, una de las más grandes injusticias que está cometiendo este Gobierno". "La única revolución que está realizando la Presidenta, es la revolución recaudadora", dijo Moyano.
 
Por su parte, Micheli denunció que "tenemos ocho millones de compañeros precarizados", y criticó: "Con Ganancias y la inflación, los trabajadores nos quedamos sin aguinaldo".
 
Las centrales opositoras anunciaron esta protesta luego de los encuentros de los sindicalistas cercanos al Gobierno, Antonio Caló y Hugo Yasky, con Jorge Capitanich, para reclamar también por Ganancias, que se fueron con las manos vacias.
 
Además del reclamo contra el "impuesto al salario", la protesta será para pedir un aumento de emergencia para los jubilados; por la apertura de la mesa del Salario Mínimo, Vital y Móvil; y en rechazo a que se pague de manera diferenciada el salario familiar a los trabajadores de mayor salario.
 
Que el movimiento obrero convoque a un paro para reclamar por el impacto del Impuesto de las Ganancias en el bolsillo de más de un millón de trabajadores, es un derecho que le asiste. La razón de ser tanto de la CGT como de la CTA, las dos centrales de trabajadores que impulsan la medida de fuerza, pasa precisamente por la defensa de los trabajadores.
 
Y combatir la aberración que significa que los trabajadores asalariados paguen Ganancias.  En rigor, "la ganancia" o plusvalía es la que obtiene el empleador producto del trabajo de su asalariado, y como tal abona impuestos por dicho concepto. En otras palabras, el gobierno de CFK termina haciendo una doble imposición que recae con mayor peso, principalmente, sobre los obreros calificados y la clase media.
 
La Opinión Popular

   El convenio suscripto con el gigante asiático fue presentado por Cristina Kirchner como un colchón financiero que evitará turbulencias. Pero los economistas tienen serias dudas de que ese dinero pueda utilizarse para el pago de obligaciones o para reforzar las reservas. ¿Para qué sirve?
 
La Argentina tiene amigos que la van a ayudar a capear el temporal: ese es el mensaje que en estos momentos los funcionarios están tratando de difundir, ante la realidad asumida de un probable default.
 
Y ahí es donde Cristina Kirchner ha sacado a relucir uno de sus más recientes argumentos tranquilizadores: el acuerdo realizado con las autoridades de China, por el cual se podrá hacer un "swap" de monedas.
 
Desde el punto de vista de la mandataria, el convenio firmado con el gigante asiático servirá para blindar al peso argentino contra eventuales ataques especulativos.
 
Por cierto, la cifra impresiona: son u$s11.000 millones -en su equivalente en yuanes- que están allí, a mano del Banco Central argentino, para que sean utilizados ante cualquier contingencia.
 
Sin embargo, no todos son tan optimistas. De hecho, hay analistas que creen que el acuerdo es poco menos que irrelevante para contrarrestar una crisis financiera. "Es una fantasía", afirma, sin eufemismos, el economista Carlos Melconian, cercano al partido de Mauricio Macri. "El yuan no tiene inserción internacional", argumenta, el ex jefe del Banco Central, Aldo Pignaneli.
 
Como suele ocurrir cuando existen opiniones tan opuestas, lo que termina incrementándose es la confusión. Al final, ¿el Gobierno encontró las llaves del "blindaje perfecto" que lo ayudaría a evitar una devaluación o, por el contrario, el acuerdo no es más que una distracción propagandística?

   En medio de la tensa negociación con los holdouts y la justicia yanqui, lo que importa para el gobierno de Cristina Fernández es embanderarse nuevamente con un relato capaz de movilizar a la sociedad detrás de una causa nacional. Dicen: "Hasta acá llegamos, ahora veremos si se paga o no se paga, cuánto y a quién le pagamos, pero lo importante es la épica del relato otra vez en lo más alto".
 
Embanderarse nuevamente con una épica capaz de movilizar a la sociedad, y no sólo al puñado de pibes de La Cámpora, detrás de una causa nacional. Como en su momento fueron las papeleras uruguayas, o en todo momento la siempre redituable causa Malvinas, ahora es la batalla a matar o morir contra un juez desalmado y sus socios los fondos buitres que quieren mandar al país al default.
 
Más allá de si el país entra o no en default esta semana, aunque la Presidenta ya haya dicho que a ella no le van a hacer firmar cualquier cosa, lo importante es lo otro: la posibilidad de -por primera vez en mucho tiempo- recuperar algo de estima social, como lo demostró la encuesta de Poliarquía conocida esta semana: algo más del 47% dijo estar de acuerdo en cómo la presidenta está llevando adelante la pelea con los fondos buitres.
 
Se entiende el motivo del festejo: hace poco más de un mes, esos mismos números apenas si superaban la barrera del 30%. El árbol no debería impedirles mirar todo el bosque: nadie tenía dudas de que la encuesta iba a resultar como resultó. "Es ganancia fácil, es como salir a preguntar a la gente sobre Malvinas", reflexionaba uno de los autores de ese sondeo.
 
Los estrategas del gobierno dicen que el empuje social detrás de la pelea con los buitres permite instalar que hay un país que quiere cumplir y pagarle a todos, pero sin aceptar presiones de un grupo minoritario que ha sido repudiado durante estas semanas en numerosos foros regionales y mundiales. Y de un juez que hasta desde la propia justicia norteamericana ha sido criticado.
 
Ser víctimas del juez y los buitres; si el país cae en default la culpa será de ellos y no de nosotros; el gobierno saldría a embanderarse con la épica de otra causa nacional.  Y dicen que la Argentina no entrará en default porque "ya pagó". En realidad el gobierno argentino no pagó, lo que hizo fue depositar los fondos que después el juez Griesa decidió embargar. Por lo que el dato es materia opinable en cualquier juicio por incumplimiento del gobierno que pudiera iniciar un bonista reestructurado.
 
Nada alcanza para tapar la otra realidad. La que amenaza incluso con comprometer el normal tránsito de los 500 días que le quedan a Cristina para terminar su gobierno en los plazos previstos. Ahí se mezclan sin remedio Amado Boudou, los reclamos sindicales por ganancias y jubilados, la cada vez más expuesta rebeldía de Caló y los, por ahora, aliados sindicales, la desastrosa situación de la industria y del sector automotriz, el aumento de los precios, los bajos salarios y los suspendidos que ya se cuentan por miles.