Cristina Kirchner: Las sentencias se escriben en los medios

 "No fue solamente la economía sino lo que pudimos reconstruir en materia de derechos humanos. No nos van a perdonar nunca". Está allí la razón de la persecución en los tribunales para Cristina Fernández de Kirchner, la razón de la condena y la proscripción que puede dejarla afuera de la carrera electoral. Y así lo hizo saber la vicepresidenta frente a un auditorio compuesto por expresidentes de la región y juristas que integran el Grupo de Puebla y vienen hace tiempo denunciando que el lawfare es el mecanismo que se usa desde los estrados judiciales para condicionar los procesos políticos progresistas.
 
No fue un acto altisonante pero el mensaje fue concreto: ya no es el partido militar el que le respira en la nuca a la democracia, sino el partido judicial. Y ella lo sufre en carne propia. "Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, el lawfare lo es a los gobiernos nacionales, populares y democráticos. Exactamente lo mismo", dijo CFK mientras la aplaudían dirigentes de la región, integrantes del Frente de Todos y miembros de organismos de derechos humanos que se congregaron en el III Foro de Derechos Humanos, pero sobre todo para brindarle su apoyo después de la condena del Tribunal Oral Federal 2 en causa Vialidad. "No nos persiguen porque somos populistas. Nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social y por el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen".
 
Rodeada de expresidentes que acompañaron sus mandatos como Evo Morales (Bolivia), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) o José "Pepe" Mujica (Uruguay), CFK repasó cuáles fueron sus políticas que terminaron siendo combatidas desde los tribunales. En dos meses, de hecho, se cumplirán veinte años desde que su compañero, Néstor Kirchner, llegó a la Casa Rosada.
 
"Se inició en 2003 la construcción de una nueva Argentina. Se empezó una Argentina diferente. Ese hombre junto con Lula, decidieron pagarle al FMI, para que nunca más pudiera dirigir la economía en la Argentina", remarcó CFK. "Fue la década virtuosa. Fue el momento donde más se redujo la desigualdad económica y social en la región, esta es la clave. No nos persiguen porque somos populistas, nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social, el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen", agregó.
 
Desde entonces, la apuesta tuvo que ver con reconstruir el Estado democrático constitucional, dijo CFK: no solo lo que representaba la Casa Rosada, sino lo que representaba el Poder Legislativo. En el Congreso, recordó, se compraban leyes y puso como ejemplo la denuncia de la Banelco para aprobar la flexibilización laboral de Fernando de la Rúa. "También le tocó a él -en referencia a Kirchner-, pese al 22 por ciento de los votos, reconstruir un Poder Judicial que había eliminado la mayoría automática y que había amenazado, no al gobierno sino a los argentinos con la dolarización de la economía".
 

 El operador judicial macrista Fabián Rodríguez Simón, prófugo desde hace casi dos años, sufrió un nuevo revés en la patria que eligió para escabullirse de la justicia argentina. La Suprema Corte de Uruguay rechazó por "inadmisible" un recurso de casación de la defensa del huidizo hombre de confianza de Mauricio Macri contra los dos fallos que hicieron trizas su relato sobre una supuesta "persecución política", y rechazaron su pretensión de convertirse en "refugiado".
 
El nuevo revés de la defensa de "Pepín", que busca agotar todas las instancias administrativas y judiciales -aún las no previstas para ese tipo de casos- para ganar tiempo, implica la reactivación de la extradición pedida por la jueza federal María Servini, quien ordenó su detención en 2021 para indagarlo por el hostigamiento y la persecución a los dueños del Grupo Indalo.
 
La decisión de la Corte uruguaya data del jueves pasado aunque se conoció ayer, el mismo día en que Rodríguez Simón estaba convocado a declarar como testigo ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, a la que no se presentó bajo el pretexto de estar tramitando su solicitud de refugio, que ya no podrá volverá a invocar.
 
El ex asesor de Macri permanece en suelo uruguayo desde fines de 2020. Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del año siguiente, luego de que Rodríguez Simón anunciara su nuevo destino y su decisión de no presentarse a la indagatoria en la causa que investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción", según surge de la imputación.
 
Servini fundamentó la rebeldía en que "Pepín" dio "sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor" y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.
 
El primer hito que registra la resolución de la Corte uruguaya data del 25 de mayo de 2021, cuando la justicia oriental recibió el exhorto de la jueza argentina solicitando la inmediata detención y extradición de "Pepín", quien al día siguiente constituyó domicilio en Uruguay y comunicó que había iniciado el trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE) con el objetivo de ser considerado un "refugiado político".
 
Con esa maniobra logró suspender el proceso de extradición, aunque a cambio se le ordenó entregar los pasaportes en su poder, con lo cual se vería impedido de esconderse -al menos legalmente- en otro país, y se dispuso el "cierre de fronteras" para quien ya tenía emitida un alerta roja de Interpol.
 
El 3 de agosto de aquel año, después de escuchar a Rodríguez Simón, la CORE concluyó que el temor de ser un "perseguido político" no tenía fundamentos y que no cumplía con los requerimientos para ser reconocido como refugiado pues en la Argentina cuenta con todas las garantías del debido proceso.
 

 Imagínese usted que es padre o madre de dos hijos y habita en un barrio de la opulenta ciudad de Buenos Aires. Se levanta para cumplir las obligaciones del día pero ya desde la primera hora de la mañana exterioriza sus quejas porque sigue sin haber luz, pese a que ya pasaron varios días. A esto se le suman temperaturas que son agobiantes producto de una inédita ola de calor, lo que es más difícil de afrontar si ni siquiera puede prender un ventilador. Ni hablar de mantener los alimentos. Esto ocurrió durante este verano en CABA, donde el servicio de energía eléctrica lo presta una empresa privatizada por el neoliberalismo menemista: Edesur. La semana pasada, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que había más de 100 mil usuarios sin servicio, casi medio millón de personas.
 
Es cierto que también se han producido cortes en algunas localidades del interior, incluso en la zona norte del conurbano. Pero en esos casos, los cortes fueron temporales y no alcanzaron a tantos usuarios, como en el territorio responsabilidad de Edesur. Los reclamos y quejas hacia esa empresa se multiplican, pero nadie da respuestas. Tampoco alcanzan las millonarias multas impuestas por el gobierno nacional, porque el problema se repite. Es el resultado del modelo neoliberal privatizador que defienden Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y su delegado en Entre Ríos, el porteño Rogelio Frigerio.
 
En el vía crucis porteño pueden haber varias causas: o no se invirtió lo que se debía invertir en infraestructura -con lo que la empresa no estaría cumpliendo las condiciones de la concesión a pesar de los brutales tarifazos del macrismo-, o los cortes son provocados, o ambas. No habría que descartar esta última posibilidad porque se trata de un monopolio extranjero, ENEL, que tiene parte de las acciones de Edesur, y el resto es de un consorcio cuyo dueño es Nicolás Caputo, el "amigo del alma" de Macri. El amigo, como ya controla otras tres centrales térmicas, se convirtió en el mayor productor y distribuidor de electricidad del país.
 
Este ejemplo nos debería hacer reflexionar de la realidad distinta que tiene la gestión de Gustavo Bordet en Entre Ríos, dónde las cooperativas y el Estado provincial a través de ENERSA distribuye y comercializa electricidad a más de 400.000 usuarios en su área de concesión, concentrando el 71% del mercado de distribución de energía de toda la provincia. El restante 29% se encuentra atendido por 18 cooperativas eléctricas a las que a su vez ENERSA también brinda servicio. Ambos sistemas se han encargado de invertir y mantener un servicio de energía eléctrica que, como dicen los comprovincianos, "nunca nos deja a pata".
 
Pareciera que los habitantes de Entre Ríos hemos naturalizado estas cuestiones y consideramos que la forma en la que desarrollamos nuestra vida es así por alguna disposición divina. Sin embargo, recién cuando miramos lo que ocurre en otros distritos, nos damos cuenta de ello. Es una eficiencia estatal que está naturalizada por todos los entrerrianos.
 
Lo mismo ocurre con otras áreas: en Entre Ríos no faltan vacantes y las escuelas reciben a todos y todas. Claro que aún hay cosas por hacer y no se está exento de errores. Pero, en Buenos Aires, el macrismo ha desfinanciado la educación pública y fomentando la privada. No tiene bancos suficientes para los pibes de la ciudad porque faltan 50.000 vacantes en las escuelas públicas de CABA. En campaña electoral, ponen al distrito porteño como ejemplo, sin decir que es el más opulento ni mencionar los graves problemas que acarrea el modelo neoliberal privatizador que promueven.