Denuncian asociación ilícita opositora: connivencia mafiosa entre jueces, empresarios y funcionarios macristas

 El presidente Alberto Fernández fijó por cadena nacional la posición oficial frente al escándalo desatado por la filtración del chat entre jueces, ex espías macristas, empresarios de medios y altos funcionarios del gobierno porteño. El Presidente impulsará la investigación penal del viaje conjunto y que se abra un sumario a los jueces en el Consejo de la Magistratura. Es que el poder en las sombras fue puesto en evidencia. Y esta vez mediante pruebas que hablan del entramado mafioso que une a jueces federales, la gran prensa corporativa porteña, funcionarios del macrismo y la elite de los empresarios más ricos y poderosos.
 
Los audios y chats que se filtraron constituyen prueba ostensible de la reunión que mantuvieron el 13 de octubre, en Lago Escondido, en la mansión de Joe Lewis (el magnate inglés amigo de Mauricio Macri) dos altos directivos del Grupo Clarín: Pablo Casey (sobrino de Héctor Magnetto) y Jorge Rendo; los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; el ministro de Justicia de la CABA, el macrista Marcelo D'Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE, Leonardo Bergroth, y el publicista experto en campañas en redes sociales, Tomás Reinke.
 
En las conversaciones divulgadas, jueces, directivos de Clarín y D'Alessandro intercambian mensajes para organizar una operación tendiente a contrarrestar las informaciones referidas a aquel viaje. Con tal propósito proponen adquirir facturas truchas para justificar los gastos del vuelo en avión y la contratación del hospedaje y transporte en el sur que, todo indica, no fueron pagados por los viajeros lo que cabría calificar como "dádivas" según el Código Penal. También hablan de presiones sobre una fiscal de Bariloche para que la causa que investiga los hechos sea enviada al serpentario de Comodoro Py, y mencionan a varios periodistas que podrían prestarse para divulgar la versión interesada de los propios confabulados.
 
Uno de los jueces que integró la comitiva y participó de los intercambios para borrar huellas del contubernio, Julián Ercolini, es un viejo alfil del Grupo Clarín; de hecho archivó la causa que investigaba la transferencia de Papel Prensa durante la última dictadura, encabezó la persecución al Grupo Indalo y a Cristina en la causa Vialidad. Otro juez, Pablo Cayssials, no es menos solícito con la empresa de Magnetto, ya que evitó el proceso de desinversión para adecuarla a la Ley de Medios Audiovisuales.
 
Pero no solo con pedidos de investigación de dudosa eficacia se combate esta mafia en la democracia, porque el aparato de la justicia federal de Comodoro Py está cooptado por este poder en las sombras. A horas de conocerse la sentencia contra Cristina por la causa trucha Vialidad, con la que Cambiemos apuesta a una condena para enterrar los chats del lawfare, se requiere de mucha mayor determinación por parte del Frente de Todos y sus aliados para enfrentar esta gangrena que degrada a la democracia. Es con más política, más concientización y movilización para no dejar que el tema sea ocultado por la gran prensa dominante, como se puede afrontar esta decisiva pelea de fondo. Con mafia no hay democracia.
 
La Opinión Popular
 

 Pese a existir distintas evaluaciones en la Casa Gris, se conoció que el oficialismo provincial ingresará en la Cámara de Diputados un proyecto de ley por el cual se reformará el cronograma electoral de Entre Ríos. Concretamente, la iniciativa modifica la Ley 10.615 y deja abierta la puerta a que las elecciones PASO se convoquen para el 30 de julio, en tanto que las generales serían el 24 de setiembre, obviamente del 2023. En Nación, esta decisión no es bien vista.
 
En la iniciativa oficial, que será impulsada por el bloque mayoritario en la Legislatura, se le permitirá al gobernador Gustavo Bordet definir la convocatoria o no a un desdoblamiento de las elecciones. La Constitución provincial le otorga la facultad al Poder Ejecutivo en forma exclusiva de establecer que los comicios provinciales sean unificados o no con los nacionales. Si no se produce esta modificación, las elecciones con el calendario actual, se deberían realizar: en abril las PASO, y en junio las generales. Objetivamente la nueva iniciativa corre el calendario tres meses, y le da margen a Bordet, hasta fines de marzo y principios de abril, para definir si lo mejor es desdoblar las elecciones en la provincia, o bien sumarse al calendario electoral nacional que contempla las elecciones primarias PASO en agosto y las generales en octubre.
 
De no mediar la reforma que se está impulsando, Bordet podría convocar a las elecciones generales para gobernador, intendentes, senadores y diputados provinciales y concejales, para el domingo 11 de junio de 2023. Si no las convoca antes del 12 de enero, las elecciones provinciales serían en octubre, junto con las nacionales. Esto complicaría a Juntos por Entre Ríos: en una elección unificada, la feroz interna nacional de JxC se metería de lleno en la elección provincial y la presencia de Javier Milei encabezando la boleta sábana de una elección que no prevé el ballotage, le restaría muchos votos por derecha.
 
La decisión final del "tiempista" Bordet tendrá que ver con el contexto nacional, en términos de humor social, índice inflacionario y hasta la evaluación del candidato a presidente que presente el Frente de Todos, para evitar que los temas de la agenda nacional se cuelen negativamente en los comicios que definirán el destino de la provincia para los próximos cuatro años. Sobre el tema social, el Gobernador recibió informes oficiales del Ministerio de Economía de la Nación, que indicarían la recuperación de la economía y la reducción de la inflación. La industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista, transporte y comunicaciones, la producción de bienes y servicios, la intermediación financiera vienen mostrando números positivos.
 
Pero el tema adquiere otro cariz cuando se habla del ingreso de la clase trabajadora que no logran recuperar las profundas caídas que sufrieron con la aplicación del nefasto modelo neoliberal del macrismo y es claro que la recuperación económica en curso no garantiza per se la recomposición salarial. Las enormes ganancias que vienen teniendo las grandes corporaciones empresarias no llega a los asalariados con lo cual la distribución del ingreso nacional sigue siendo regresiva. Esta es, precisamente, el mayor problema del actual Gobierno y lo complica en lo electoral dado que afecta directamente a su base de votantes.

 Como es público, todas las semanas a lo largo de más de tres años y medio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola protagonizaron un auténtico papelón: les declararon en contra hasta sus propios testigos. Y no sólo fue una debacle de los fiscales, sino también de los que instruyeron la causa entre 2016 y 2019. Acusaron a los 13 imputados por fraude contra el Estado sin una sola pericia que indicara qué ocurrió con las obras, dónde estuvo el fraude.
 
Al final del juicio el saldo es el siguiente:
 
·         Todas las rutas licitadas se construyeron y la construcción fue de buena calidad.
·         No se pagó nada que no se hubiera construido. Lo señalaron una auditoría convocada por el gobierno de Mauricio Macri y una consultora privada, Consulbaires.
·         Resultó falso que hubiera rutas que no conducían a ningún lado. Hubo un solo caso que llevaba a un parque industrial, pero ocurrió lo contrario: la ruta se construyó y el parque industrial tardó más en construirse.
·         Las empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de los 81 tramos en licitaciones que no fueron objetadas y en las que participaron empresarios que, en verdad, odiaban a Báez. El santacruceño no era parte de la Cámara de la Construcción y ofrecía precios más bajos.
·         En numerosas provincias la construcción de rutas se concentró en empresas de la zona: es costoso mover el personal y la maquinaria a enormes distancias. Más aún en el caso de Santa Cruz, a 2.800 kilómetros y con un clima adverso.
·         Todas las obras fueron votadas en los presupuestos de cada año en el Congreso Nacional. Fue falso que había obras que no estaban en el presupuesto.
·         En 2011 y 2013, la oposición presentó presupuestos alternativos. En ambos casos, figuraron las mismas obras a los mismos valores.
·         Los peritos del tribunal y de la fiscalía naufragaron de manera evidente cuando quisieron probar sobreprecios. Además, una Presidenta no tiene la menor relación con el valor, los presupuestos, de las obras.
·         Todas las obras se licitaron, adjudicaron, controlaron y pagaron en Santa Cruz. Y los fondos fueron administrados por los jefes de Gabinete, no por la Presidenta.
·         En tres años y medio de juicio no hubo un solo testigo ni documento en el que se evidenciara la existencia de una instrucción para favorecer a Báez.
 
Como ocurrió con Lula en Brasil o Rafael Correa en Ecuador utilizarán la justicia para la política, para intentar sacar de la cancha a las figuras que no se disciplinan ante los poderes fácticos internacionales y nacionales. Lo que se viene es una nueva batalla. Una más. Nada demasiado distinto a lo que ya viene siendo.