El conflicto policial se extiende a la mayoría de las provincias

 El furibundo acuartelamiento policial cordobés se contagió a otros puntos del país. En algunas provincias el conflicto ya terminó, en otras está en plena ebullición y, en otras, aún no comenzó. Desde el estallido de Córdoba, que derivó en una ola de saqueos, se extendieron los focos de reclamos salariales de la policía en Buenos Aires, Chaco y Chubut. Con respecto a Entre Ríos, Santa Fe y Río Negro, se mantiene la situación de negociación. 
 
Ayer más de un centenar de policías de la Bonaerense quemó neumáticos e impidió la salida de móviles de un cuartel de infantería en La Plata, mientras se negaba a prestar servicio en el partido Estudiantes - Tigre. Los oficiales pedían salarios similares a los de la Metropolitana o los que acaban de acordar sus pares de Córdoba. La medida de fuerza se inició como un reclamo de familiares que se apostaron frente a las sedes de Infantería y Caballería de la policía bonaerense. Y luego se fueron sumando policías de franco y otros que salían de cumplir su servicio, aún vistiendo el uniforme.
 
Por otro lado, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, fue recibido en Chaco con una protesta policial que se inició en Sáenz Peña y rápidamente se extendió al resto de la provincia con la demanda de recomponer el salario básico de apenas $2.100. En Resistencia, por temor a saqueos, los comercios cerraron sus puertas y las empresas de transporte público de pasajeros suspendieron los servicios.
 
En Santa Fe, la tensión creció ayer al multiplicarse la protesta policial luego de que los uniformados autoconvocados rechazaran una oferta del gobierno de Antonio Bonfatti. La estrategia de la cartera de Seguridad de la Nación fue ordenar patrullajes masivos a las tropas de Gendarmería y Prefectura por las principales avenidas de Rosario y Santa Fe. El objetivo fue mostrar a la población que "no estaban desprotegidos".
 
Córdoba, San Juan, Neuquén, Río Negro y Catamarca, son las provincias donde se ha concedido el incremento salarial, pero en las última horas se sumó Chubut como resultado del "contagio" y una amenaza de protesta inminente en Corrientes. Además, esta madrugada había violentos saqueos en supermercados de Concordia, Entre Ríos.
 
Ante la sucesión de hechos, el Gobierno de CFK actúa en dos carriles paralelos que son contradictorios. Mientras Capitanich insiste en que la responsabilidad por la seguridad y los salarios policiales es de cada provincia y que los gobernadores deben hacerse cargo, Sergio Berni ha movilizado en las últimas horas diez mil gendarmes por distintas zonas del país.
 
¿Por qué hemos llegado a esta penosa situación que nos pone al borde de la anarquía, caldo de cultivo para que vuelvan a producirse episodios lamentables como fueron los saqueos de la semana pasada en Córdoba? Los policías, como en cualquier nación seria, deberían estar cuidando la seguridad, la vida y las propiedades de los ciudadanos, en lugar de estar sublevados, haciendo fogatas frente a un cuartel.
 
La protesta es consecuencia de un proceso de deterioro social, político y económico que se está registrando a lo largo y ancho del país. El caos que se está viviendo tiene responsables, con nombre y apellido, empezando por la presidenta Cristina Fernández, seguida por cada uno de los gobernadores que han apoyado, han sido funcionales o han aceptado el nefasto modelo autoritario de CFK. 
 
La Opinión Popular

 Lo que ocurrió en Córdoba muestra la bajeza de la política. Cristina Fernández queriendo tumbar un enemigo potencial para 2015, y José Manuel de la Sota cargando los costos políticos a su enconada enemiga. En el medio, dejaron la gente común, los saqueadores organizados, comerciantes y familias destrozadas, mientras la policía local "celebraba" haberle roto el brazo al mandatario mediterráneo.
 
En esa trama quedó pegado sin remedio el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que empieza a anoticiarse de que ser un primer ministro a cargo con una presidenta de protocolo, es de un infantilismo que supera el asombro de más de uno de sus colegas gobernadores, que no ocultan su incredulidad: "Me extraña de 'Coqui', que no es un iniciado".
 
Lo de Córdoba demuestra que Cristina apelará a cualquier medio, si es preciso que se maten saqueadores y saqueados, para aniquilar a sus enemigos. Es un claro mensaje al resto de los gobernadores que quieren dejar de ser aliados sumisos para convertirse en potenciales rivales de una "liga" para adueñarse de la transición y la definición de las candidaturas del peronismo para dentro de dos años.
 
Esto les va a pasar, como le pasó a De la Sota, si en vez de permanecer arrodillados deciden de una vez por todas ponerse de pie. Casi podría imprimirse el mensaje y enviarlo a cada gobernación o municipio, con la firma de Cristina al pie.
 
Del mismo modo podría ocurrirle a Sergio Massa, el también, como De la Sota, es uno de los enemigos a los que CFK ha mandado aniquilar sin reparar en gastos. Al mismo tiempo, la presidenta decidió tratar con guantes de seda a Mauricio Macri y al santafesino Antonio Bonfatti.
 
El intendente porteño es el depositario del sueño trunco de Néstor Kirchner de provocar una elección en 2015 en la que se enfrentarían "la izquierda", que él decía representar, y "la derecha", personificada en el ingeniero. Cristina piensa a Macri como el mal menor, si el delfín que ella designe para las presidenciales (Capitanich, Urribarri, ¿Urtubey?) le toca perder frente a la oferta del resto del peronismo (De la Sota, Massa, el mismo Scioli), en la interna previa.
 
Lo que queda a la luz del día es que, de a poco, Cristina Fernández retoma todas las riendas del poder; se recuesta cada vez más en La Cámpora y que "su" hombre en el gabinete es Axel Kicillof y no Capitanich. La misma Cristina de siempre...

 Lo ocurrido en Córdoba, donde centenares de saqueadores se apoderaron de una ciudad liberada por la huelga policial, demostró la absoluta inoperancia de la Provincia para manejar un conflicto que estaba latente. Pero en paralelo, a la Casa Rosada retornó en llamas el bumerán que había lanzado.
 
Capitanich se incineró en la hoguera de su verborragia y el arrepentimiento llegó con tardanza. Lo cierto es que el miedo, que despertó la indefensión y la impotencia de las familias cordobesas, comenzó, aunque con otras características, a ganar también a la cúpula nacional del poder.
 
Por imitación o porque las condiciones socioeconómicas de las fuerzas policiales son similares, en otras regiones del país surgieron de inmediato reclamos y amenazas de rebeldías. Catamarca, zonas del Gran Buenos Aires, La Rioja, Bariloche y otras ciudades encendieron luces de alerta, en un tablero nacional que presagia un fin de año mucho más difícil que el que imaginaba Cristina Fernández.
 
Otro de los frentes se abrió también cuando la Corte Suprema de Justicia pidió una reunión con Capitanich. No dejarán de advertirle algo tan obvio como que el Gobierno debe dar cumplimiento a los fallos de la Corte. Eso incluye la sentencia por la Ley de Medios, donde claramente se sostiene que el órgano de aplicación debe ser imparcial.
 
Lorenzetti quiere compensar la pérdida de prestigio que le ocasionó en lo personal aquel fallo, y a la vez manifestar su disgusto por los cambios introducidos por el oficialismo al proyecto del nuevo Código Civil. En el Gobierno, en tanto, no parecen dispuestos a darles importancia a esos planteos.
 
Además de la convulsión social por los sucesos de Córdoba y los planteos que se vienen de los Jueces Supremos, Cristina se enfrenta a una preocupación que es de su exclusiva autoría. El avance de la causa Ciccone, que involucra de manera incontrastable al vicepresidente Amado Boudou, requiere una decisión necesaria y trascendente.
 
El problema para la Presidenta ya no es lo que diga la opinión pública ni la oposición. En el Gobierno ningún funcionario disimula que Boudou es una pesada carga que doblega las espaldas kirchneristas. El desprestigio del Vice no tiene límites y todos saben que las pruebas en contra de él son irrefutables.